Japón ejecutó al “asesino de Twitter”, el hombre que manipulaba a sus víctimas y las descuartizaba en su departamento
Takahiro Shiraishi, de 34 años, fue ahorcado por el homicidio de nueve personas, cuyos cuerpos mutiló y ocultó en cajas y neveras portátiles
Durante el juicio, Shiraishi reconoció los hechos y no mostró arrepentimiento. “Sí, los maté, y no hay duda de eso”, declaró ante el tribunal. El caso conmocionó a la opinión pública japonesa por la violencia de los actos y por la utilización de redes sociales para capturar a sus víctimas.
Los cuerpos fueron desmembrados y almacenados en cajas y neveras portátiles en su pequeño apartamento. La policía descubrió el caso tras la denuncia del hermano de una de las víctimas, quien logró acceder a la cuenta de su hermana en Twitter e identificar una conversación con el acusado.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia informó que había 107 personas en el corredor de la muerte. Los detenidos se mantienen en régimen de aislamiento durante años, sin conocer cuándo se ejecutará su condena. “La incertidumbre permanente constituye una forma de tortura psicológica”, ha advertido en reiteradas ocasiones Amnistía Internacional.
Japón, junto con Estados Unidos, es uno de los dos países del G7 que aún mantienen la pena de muerte. La sociedad japonesa, sin embargo, muestra un alto grado de respaldo a la práctica. Según una encuesta del gobierno de 2024, el 83% de los encuestados considera que la pena capital es “inevitable” para ciertos crímenes.
La última ejecución en Japón antes del caso de Shiraishi ocurrió en 2022, cuando fue ejecutado Tomohiro Kato, condenado por un ataque con vehículo y cuchillo en el barrio de Akihabara en 2008, que dejó siete muertos. En aquella ocasión, Kato declaró a la policía: “Vine a Akihabara a matar. No importaba a quién”.
Entre las ejecuciones más relevantes en la historia reciente de Japón figuran las de 2018, cuando fueron ejecutados el líder de la secta Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, y 12 de sus seguidores, responsables del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que dejó 14 muertos y más de 5.000 afectados.
El caso Shiraishi reabre el debate sobre la pena de muerte, el uso de redes sociales para la captación de víctimas vulnerables y la necesidad de mayor vigilancia sobre contenidos relacionados con el suicidio en internet. La ejecución ha sido recibida con atención por los medios y por organizaciones de derechos humanos que insisten en la necesidad de mayor transparencia en el sistema penal japonés.
