Sin pruebas y con testigos falsos: así monta casos la fiscalía salvadoreña y ordena apresar a los adversarios políticos de Nayib Bukele
Las investigaciones judiciales se inician a partir de publicaciones en medios afines al presidente y se utilizan endebles mensajes en redes sociales como documentación
En mayo de 2023, Muyshondt reveló, en sus cuentas de redes sociales, información sobre Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de Bukele. Publicó fotos de artículos de lujo supuestamente adquiridos por Sanabria y lo acusó de corrupción. Luego, a finales de julio de 2023, Muyshondt acusó a Erick García, un diputado del oficialismo, de estar vinculado con el narcotráfico. Una funcionaria del primer gobierno Bukele (2019-2024) aseguró a Infobae que el presidente estaba al tanto de las indagaciones de Muyshondt en torno a Sanabria y a García.
El diputado García fue detenido por un supuesto delito de falsificación de documentos, pero a Sanabria, el secretario de prensa y uno de los hombres que se han mostrado más cercanos al presidente y a su familia, la fiscalía nunca lo investigó por presunta corrupción. Sanabria, quien suele acosar a periodistas a través de sus redes sociales y de Diario El Salvador, que es uno de los instrumentos de propaganda del bukelismo, nunca ha respondido por los señalamientos de Muyshondt.
A principios de agosto, antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) dijera algo sobre Muyshondt, Bukele anunció que su asesor de seguridad nacional había sido capturado por sospechas de que filtraba información sensible a periodistas y a Mauricio Funes, un expresidente prófugo, acusado de varios actos de corrupción y asilado en Nicaragua bajo el amparo del dictador Daniel Ortega.
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La tesis fiscal es que en conversaciones a través de mensajes directos en la red X, Muyshondt dijo a un tercero que, en un momento determinado, Bukele no estaba en Casa Presidencial, donde está su despacho en San Salvador, la capital. El tercero en cuestión es el expresidente Mauricio Funes.
Esa supuesta conversación a través de mensajes directos en X bastó a la fiscalía para acusar a Muyshondt de ser parte de un elaborado plan para atentar contra el presidente. La única prueba propuesta por los fiscales son conversaciones digitales que, en los documentos iniciales presentados a un juez, fueron validadas por un testigo anónimo.
Los fiscales también aseguran, en su acusación, que Muyshondt dio a Funes información que le ayudó a evadir la justicia salvadoreña en conversaciones digitales que sostuvo con él entre julio de 2019 y junio de 2020. Funes, en realidad, se había dado a la fuga mucho antes, en 2016, año en que el dictador nicaragüense Daniel Ortega le dio asilo político. En la acusación presentada al juez, los fiscales no hacen referencias a fechas concretas de las supuestas conversaciones, ni explican cómo las obtuvieron, solo hablan de un “testigo protegido” que “confirma” las pláticas digitales.
La investigación, además, arranca el dos de agosto de 2023, solo una semana antes de que Bukele anunciara en sus redes sociales la captura de Muyshondt. Y la única razón por la que las pesquisas empezaron, al menos según se lo hicieron saber los fiscales al juez, es porque los diarios digitales La Huella y Última Hora SV, dos portales de noticias falsas que suelen reproducir los discursos del gobierno, publicaron que “en redes sociales circulaban denuncias en contra de Alejandro Muyshondt”. Última Hora SV estuvo ligada a Porfirio Chica, uno de los propagandistas de Bukele, cercano al secretario de prensa Sanabria.
Cuando el ex asesor de seguridad nacional fue detenido, El Salvador llevaba un año y medio bajo régimen de excepción, que fue decretado en marzo de 2022 luego de que un pacto de gobernabilidad entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18 se rompió. Debido al régimen, Muyshondt pasó semanas sin ver a un abogado o a sus familiares. Estuvo recluido en carceletas de la Policía Nacional Civil en San Salvador y en algún momento de septiembre fue trasladado a un hospital público.
A finales de octubre, en redes sociales empezaron a circular rumores de que Muyshondt estaba muy enfermo, incluso muerto, lo cual fue desmentido por la fiscalía en noviembre de 2023. El primer día de ese mes, en su cuenta X, la FGR publicó un video en el que se va a Muyshondt sentado, demacrado e incapaz de articular palabras mientras una voz en off, se supone que la de un fiscal, lee partes de la acusación.
Después de aquel video, nadie, aparte de los médicos bajo cuyo cuidado estaba, ningún familiar o abogado. volvió a ver a Alejandro Muyshondt.
El 7 de febrero de 2024, por la tarde, volvieron a circular en redes sociales rumores de que Muyshondt había muerto. El día siguiente, familiares del ex asesor de seguridad nacional llamaron al hospital en el que estaba recluido desde septiembre de 2023; una empleada informó que, en efecto, Alejandro Muyshondt había fallecido. Murió sin ver a un juez y, de acuerdo con información filtrada por un grupo de hackers salvadoreños que se hacen llamar CiberinteligenciaSV, tras sufrir un accidente cardiovascular. No mucho tiempo antes, Muyshondt había sido uno de los hombres de confianza de Nayib Bukele, y lo fue hasta que empezó a revelar al público supuestos actos de corrupción en el entorno presidencial.
Los ambientalistas de Santa Marta y los veteranos de guerra
El de Muyshondt no es el único caso de acusados por la fiscalía bukelista en el que las pruebas ofrecidas son, en el mejor de los casos, dudosas. Otros dos casos recientes hablan de la forma en que el gobierno de Bukele ha utilizado a la FGR para poner en prisión a personas u organizaciones que se han opuesto a las políticas del presidente.
El de los veteranos de guerra es uno de los casos más recientes.
La noche del jueves 30 de mayo de 2024, en la víspera de la segunda juramentación de Bukele como presidente tras una polémica reelección, la Policía Nacional Civil irrumpió en la casa de José Santos Melara, un veterano del conflicto armado interno que El Salvador vivió en los años 80, lo detuvo y lo acusó de ser el líder de un grupo que preparaba una serie de atentados dinamiteros en gasolineras y otros lugares del país el día de la juramentación. El mismo día detuvieron a otros líderes y, horas después, a Atilio Montalvo, un exlíder combatiente que fue firmante de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra en 1992.
Acto seguido, las redes sociales de diputados y propagandistas del oficialismo se llenaron con estruendosas acusaciones contra los veteranos capturados, todos ellos septuagenarios. La policía publicó fotos y listas de supuestos explosivos decomisados, entre ellos sulfato de amonio, el cual sirve como fertilizante y se puede comprar por poco dinero en cualquier ferretería del país. Para finales de esta semana, la Fiscalía no había presentado acusación, lo cual es posible gracias al régimen de excepción, que los diputados del presidente acaban de prolongar 28ª ocasión.
Roxana Cardona, abogada de Santos Melara, denunció que no había podido ver a su cliente e introdujo un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, que también controla Bukele. Cardona también ha sido defensora de Karla Raquel García Cáceres, una joven que tuvo que abortar en una de las cárceles del país tras recibir una golpiza de los soldados que la arrestaron.
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Una defensora de derechos humanos en El Salvador, quien habló con Infobae desde el anonimato por temor a represalias, aseguró que Santos Melara es uno de los líderes opositores con mejor convocatoria en las protestas callejeras contra Bukele y sus políticas, las cuales se realizaron en el país hasta que el presidente decretó el régimen de excepción y eran cada vez más numerosas.
El 11 de enero de 2023, en otro caso, Delgado, el fiscal bukelista, anunció en su cuenta X que había detenido a seis “excomandantes guerrilleros” por un supuesto crimen cometido en 1989. En resumen, los fiscales de Bukele acusan a estos detenidos de planificar el secuestro y asesinato de una mujer en 1989, tres años antes del final del conflicto armado. Las pruebas son, de nuevo, dudosas.
Los seis implicados en este caso son ambientalistas en Santa Marta, un pueblo en el norte de El Salvador, quienes se han opuesto con éxito a la aprobación de proyectos mineros en la zona. Aunque la minería metálica está prohibida en El Salvador, el gobierno de Bukele ha mostrado interés en modificar la ley para reinstaurarla, lo cual es posible gracias a la supermayoría del oficialismo en el congreso.
La prueba más importante contra los de Santa Marta es, como en el caso de Alejandro Muyshondt, un testigo anónimo, en este caso un hombre que asegura haber visto a algunos de los acusados en las cercanías de un lugar en que se supone estuvo secuestrada la víctima. En una audiencia, sin embargo, la defensa desvirtuó el testimonio al lograr que el testigo aceptara que él no había visto nada y que su testimonio estaba basado en lo que alguien más le había dicho. Ya un juez de segunda instancia ha ordenado la liberación de los ambientalistas, pero, sin explicación alguna, estos siguen presos.
La introducción de testigos falsos o cuestionables no es algo nuevo en la carrera de Rodolfo Delgado, el fiscal general al que los diputados de Bukele nombraron el 1 de mayo de 2021 tras destituir de forma ilegal a su antecesor. Cuando fue fiscal contra el crimen organizado, Delgado presidió investigaciones controversiales en que los testigos fueron cuestionados por la Procuraduría de Derechos Humanos, por jueces y por investigaciones periodísticas, como los casos de la violación y asesinato de una niña en 1999 o el asesinato de un sindicalista salvadoreño-estadounidense en 2004.
Las acciones legales promovidas por Bukele contra críticos, opositores o adversarios políticos -incluso entre los miembros de su movimiento político- también se han extendido a la prensa independiente, que se ha visto expuesta a investigaciones por lavado de dinero o evasión fiscal.
Como en el caso contra Alejandro Muyshondt, el exasesor de seguridad nacional que murió bajo custodia del estado luego de investigar a colaboradores del presidente, lo poco que se conoce de las acusaciones hechas por la fiscalía general es por filtraciones hechas por hackers o por agentes del Estado: debido al control absoluto del Judicial y de los organismos de información pública, los hombres del presidente han podido, en la mayoría de ocasiones, sustituir la evidencia real, o la falta de ella, con propaganda.
