Bajo el árbol de Navidad, los brasileños encontraron decepción por las promesas incumplidas de Lula
La principal crítica es que los decretos del primer años de gobierno se han centrado más en repartir nombramientos y cargos políticos que en crear programas, sobre todo sociales
Los primeros perjudicados fueron los indígenas. A pesar de que en la ceremonia de investidura Lula se fotografió al subir la rampa con representantes de los sectores más vulnerables y hasta entonces marginados de la población, entre ellos el líder simbólico de la lucha indígena, Raoni, el primero en lanzar críticas contra Lula fue él mismo. “No hizo lo que prometió”, declaró al diario O Globo a finales de octubre. La última vez que me reuní con él, en la ceremonia de investidura, me prometió que actuaría a favor de los pueblos indígenas, para que no hubiera más amenazas ni violencia contra nosotros. Y esto no está ocurriendo”, afirmó Raoni. La cuestión más acuciante para los más de 1,6 millones de indígenas de Brasil, que representan a los 260 grupos étnicos del país, es la demarcación de tierras. “Muchos de ellos están sufriendo y sufrirán aún más a causa de la violencia. La salida es que la tierra quede en manos de quienes tienen derecho a ella. Todos los líderes indígenas me han buscado para pedírselo a Lula”.
Brasil cuenta en la actualidad con más de 700 tierras indígenas reconocidas, pero cerca de un tercio siguen a la espera de ser demarcadas legalmente como reservas. La Constitución del país no menciona ningún límite para las reservas indígenas, que actualmente cubren el 11,6% del territorio brasileño. Este vacío legal ha creado controversia y confusión. El Congreso revocó a mediados de diciembre la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) del pasado septiembre, que había dictaminado la inconstitucionalidad del llamado “Marco Temporal”. Se trata de un proyecto de ley según el cual los pueblos indígenas no tienen derecho a la tierra donde no estaban presentes en 1988, año en que se ratificó la actual Constitución. Con 321 votos a favor y 137 en contra, el lobby del agronegocio anuló el veto de Lula, que había defendido la decisión del STF.
Incluso los programas sociales, históricos pilares de los gobiernos Lula como el de vivienda “Mi Casa, Mi Vida », han tardado en reactivarse, con una aceleración en los últimos meses, también con vistas a las elecciones municipales del próximo año. La principal crítica es que el programa favorece la construcción de viviendas sociales en terrenos de bajo coste. Esta política ha llevado a la creación de complejos de viviendas alejados de los centros urbanos, con escaso acceso al transporte público y carentes de instalaciones esenciales como escuelas, centros de salud y zonas recreativas. Muchos de estos complejos tampoco ofrecen zonas para el comercio, lo que dificulta la vida de los residentes. En resumen, esta política ha reforzado, en lugar de debilitar, el proceso de expulsión de los pobres a los suburbios.
Sin embargo, los brasileños no pierden la esperanza. Para el profesor de políticas públicas Fábio Andrade, el gran número de decretos firmados por Lula para otorgar nombramientos y promover sus relaciones con el resto del mundo son funcionales a la organización de la máquina pública. “Los resultados de las políticas públicas están estrechamente ligados a la máquina que va a funcionar”, afirmó. A pesar de que una reciente encuesta del Instituto Ipec (Inteligencia en Investigación y Consultoría Estratégica) estima que sólo el 33% de los brasileños tiene esperanzas en este gobierno y que el 24% ya está decepcionado, los brasileños miran con esperanza el año que viene. Según una encuesta de DataFolha que acaba de publicarse, 7 de cada 10 brasileños esperan que 2024 sea mejor que este año, tanto para la economía como para el mercado laboral. Entre otras cosas, porque en 2023 Lula ha conseguido por fin que se elabore un plan nacional de igualdad salarial entre hombres y mujeres. El pasado noviembre, el presidente promulgó un decreto que regula la ley para obligar a las empresas con más de 100 empleados a publicar semestralmente un informe sobre la transparencia de los salarios y los criterios de remuneración. Para el país sudamericano, se trata de un gran paso en la dirección de una distribución más justa de la renta. Además, aunque limitada en su valor y en el hecho de que se calcula sobre el Producto Interior Bruto y la tasa de inflación de los dos años anteriores, se ha seguido una política de aumento del salario mínimo. En agosto de este año, Lula sancionó la ley que prevé un incremento permanente del importe mínimo a pagar a los trabajadores, que actualmente se sitúa en 1.320 reales, unos 272 dólares. Así pues, esta Navidad, los brasileños ya calientan motores para 2024, un año que se anuncia imprevisible y, quizás, mejor.