Informe de HRW: Gobierno fracasó en la reforma judicial y acusaciones contra Áñez son infundadas
"El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020)", dice el capítulo sobre Bolivia.
Agrega que "tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo".
Sobre la expresidenta Áñez asegura que el gobierno de Arce apoya acusaciones "infundadas y desproporcionadas" de terrorismo y genocidio contra ella y que esas figuras de uso muy amplio en Bolivia.
Tras recordar que el fiscal general Juan Lanchipa acusó a Áñez por genocidio en relación con dos eventos represivos que se produjeron durante su gobierno interino, Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio "eran infundados y manifiestamente desproporcionados".
El reporte de HRW también denuncia la situación de los dos exministros de Áñez que están detenidos por delitos definidos de manera excesivamente amplia en Bolivia.
Haciéndose eco del informe de mayo de 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán afirmó que "la injerencia en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data".
Además, casi el 50% de los jueces y el 70% de los fiscales permanecían como "transitorios".
HRW también hace referencia al caso de la muerte de Marco Aramayo, en abril de 2022, quien murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y torturas. Aramayo, que fue director del Fondo Indígena, denunció corrupción de parte de autoridades del MAS y, en vez de que esas irregularidades fueran investigadas, Aramayo enfrentó decenas de procesos judiciales y, por los malos tratos recibidos y la falta de atención médica, falleció tras siete años de detención.
Muertos por represión
El documento de Human Rights Watch recuerda que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe en agosto de 2021 en el cual documentó la muerte de 37 personas en el contexto de las protestas tras las elecciones de octubre de 2019.
El informe documentó actos de violencia "instigados" por el gobierno de Morales, que incluyen lesiones, privación de la libertad y torturas a manifestantes contrarios a Morales. Indicó que la policía no había protegido a las personas de la violencia cometida tanto por partidarios como por detractores de Morales, y que en algunos lugares incluso había alentado y colaborado con grupos violentos contrarios a Morales que actuaban como fuerzas "parapoliciales".
El informe también concluyó que, durante el gobierno de Áñez, las fuerzas de seguridad mataron a 20 partidarios de Morales e hirieron a más de 170 personas en las masacres de Sacaba, una ciudad en Cochabamba, y de Senkata, un barrio de El Alto.
Libertad de expresión
Respecto a los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión, el informe de HRW menciona dos entidades: la Asociación Nacional de la Prensa y la Asociación de Periodistas de La Paz, que denunciaron actos de acoso contra periodistas.
HRW menciona que en agosto, la Fiscalía anunció una investigación contra periodistas y presentadores que trabajaron para BTV durante el gobierno de Áñez, por presuntamente pagar al expresentador una remuneración superior a la permitida. Las acusaciones incluían delitos con una pena máxima de diez años de prisión.
El reporte de HRW menciona que el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, consideró la investigación como un intento del gobierno de Arce, en colaboración con la Fiscalía, de intimidar al periodismo boliviano.
También se hace mención a que Bolivia no cuenta con una ley que regule la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado. De enero a agosto, el 80% de los contratos publicitarios estatales con la prensa escrita se había asignado al periódico oficialista La Razón. En Bolivia tampoco hay una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución.
