¿Por qué Estados Unidos demora tanto en contar votos?

La Corte Suprema podría fijar características comunes para todas las elecciones, independientemente donde tengan lugar o se emita el voto, que considere la tradición del país y buenos ejemplos internacionales

Lo anterior se refleja en la escasa cobertura periodística acerca de cómo y donde figura EEUU en las encuestas comparativas de sistemas electorales a nivel internacional, ya que así se difundiría que en los rankings hechos por especialistas sobre la confiabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales, la ubicación de EEUU es mediocre, en la medianía, más allá del país y su tradición.

Lo de especialistas electorales se diferencia de la gran masa de personas o de medios de comunicación que a través del mundo tienen la imagen que es un buen sistema, quizás por tratarse de Estados Unidos. De hecho, las proyecciones de la TV de los ganadores son presentadas como si fueran resultados oficiales, pero, aunque sean correctas, simplemente no lo son. Son eso, proyecciones.

EEUU tampoco cuenta, ni a nivel federal ni de los estados, con un sistema de justicia electoral especializado en elecciones o en la resolución rápida de reclamaciones o disputas, con lo que el contencioso gira entre tribunales que muchas veces tienen fallos hasta contradictorios. De hecho, no lo ha tenido nunca como tampoco existe o ha existido uniformidad en los requisitos para votar o en las exigencias que los distintos sistemas deben cumplir como tampoco estándares nacionales, quizás porque el país nunca ha contado con UN sistema electoral, al depender constitucionalmente de los Estados, por lo que hoy son nada menos que 51 (los 50 Estados más el Distrito Federal, la capital Washington).

Lo que está detrás no es el Colegio Electoral que ha caracterizado a Estados Unidos desde su nacimiento, sino la confiabilidad y seguridad del sistema (o sistemas), es decir, lo que lleva a que en las recientes elecciones del 8 de noviembre, 2 semanas después, todavía se estén contando los votos para la alcaldía de Los Ángeles o que en el Estado de Arizona se estén presentando denuncias a los tribunales, judicialización que no impedirá la asunción de los ganadores, pero mantendrá el tema de supuesta ilegitimidad durante años.

No se trata de negacionismos muy conocidos como es el de la “trama rusa” donde ante la sorpresa de la elección de Trump, el 2016 se tejió la argumentación no comprobada pero muy difundida que el triunfo se habría debido a Vladimir Putin, nada menos. Seria también el caso opuesto el del propio Trump que insiste aun hoy que no perdió el 2020, sino que la elección le habría sido robada.

En ninguno de estos dos casos se ha presentado evidencia que los sustente, pero es notable el gran número que los cree al igual que la irresponsabilidad de medios de comunicación cercanos que respaldan estas teorías conspirativas. Es el tipo de cosas, al igual que el retraso en contar votos, que se no espera que pasen en este país, pero pasan, y crecientemente perjudican al sistema democrático mismo.

Además de las muchas diferencias que hay entre los Estados sobre votación anticipada por correo, lo cierto, es que los sistemas, al ser tantos, presentan irregularidades y diferencias entre uno y otro, incluso a nivel de municipalidades y condados en cuanto a recursos y modernidad de las maquinas utilizadas, lo que incluye diferencias en la velocidad de escrutinios, como también que no en todos se hace el escrutinio en la misma forma y en los mismos horarios, variando el tipo de identificación que se pide en el sufragio presencial, no exigiéndose en algunos casos una cédula oficial con fotografía, aceptándose todavía la “cosecha” de votos, donde alguien recolecta un conjunto de sufragios, por ejemplo, en una residencia de mayores de edad, y los lleva directamente al lugar del escrutinio.

Es este tipo de situaciones, donde ha habido irregularidades, la que alimenta la judicialización en tribunales variados, y las teorías conspirativas, pero por lo mismo, es decir, por las características de ser sistemas extraordinariamente variados y descentralizados, es casi imposible sospechar siquiera que en las elecciones del 2016 o el 2020 pudo haber resultados distintos a los conocidos.

La duda sigue siendo porque hay tanta gente que les cree en EEUU, lo que tiene un efecto muy negativo, dada la división y polarización que hoy se vive. Que existan 51 sistemas y no uno tiene una explicación clara y convincente en el sistema constitucional de Estados Unidos.

La Constitución de 1787 tiene su fundamento en que el país fue un acuerdo entre estados, por lo que esa idea cruza los 7 artículos (si, es breve) que la componen, por lo que al predominar lo estadual, todo lo que se relaciona con elecciones es resorte de las legislaturas de cada estado. Figura en los orígenes de Estados Unidos, en el nombre del país y nada esencial ha cambiado en esa situación.

Dicho lo anterior, EEUU necesita hoy una revisión y actualización de su manejo de elecciones a un triple nivel, federal (nacional), estadual y local. Es así como el propio jefe de estado no es electo directamente por los votantes, sino indirectamente a través de electores en un colegio electoral. En cambio, los integrantes del Congreso si son electos directamente.

La Constitución establece que el presidente debe ser electo en un solo día en todo el país (aunque hay muchos votos por correo y anticipados), pero las elecciones para cargos al Congreso pueden ser en distintos momentos, cada seis años en el caso de senadores y cada dos para representantes. Más aún, la regulación de y calificación de los candidatos que aparecen en elecciones del Congreso y locales, corresponde a la legislación de cada estado.

El Colegio Electoral ha sido muchas veces criticado, sobre todo, por el hecho que, en la práctica, los votantes de algunos estados resultan ser más importantes que otros, por ejemplo, cuando corresponden a lugares que cambian de opinión de una elección a otra, por lo que los esfuerzos y recursos se centran en estos y no en los de mayor población, pero donde quien gana es previsible. La defensa del Colegio argumenta que es un mecanismo para que incluso los estados más pequeños puedan tener gravitación e importancia. De hecho, al requerir toda modificación una enmienda constitucional, nunca ha prosperado alguna reforma.

Desde 1964, el Colegio Electoral tiene 538 compromisarios que, aunque no están obligados, se comprometen a apoyar a los ganadores, pero no son los votantes, sino ellos los que eligen al presidente y al vicepresidente, y en muchos casos, quien gana el estado se lleva todos sus votos electorales. También existe un factor de número poblacional, ya que cada estado tiene tantos compromisarios como la suma de sus representantes y senadores al congreso (la suma total es 538). Sin duda, el sistema de compromisarios obedece a sus orígenes en el siglo XVIII, una sociedad campesina, donde no había posibilidad que los votantes conocieran bien a todos los candidatos, pero si a gente de su propio Estado.

Sean elecciones presidenciales, del congreso o locales (incluyen también jueces y sheriffs en muchos lugares), el voto anticipado y por correo, emitidos antes del día de la elección se cuentan cuando lo señala la legislación de cada estado.

En el caso de la votación de medio termino (mitad del periodo presidencial) que acaba de tener lugar este 8 de noviembre, hay al menos 10 pasos a seguir. Así como hay territorios donde se funciona sin problemas, la verdad es que no hay ninguna razón que pueda explicar la demora que se produce en algunos lugares, además en forma reiterada. Nada lo explica, al igual que sea tan complicado.

El sistema necesita urgente modernización y reforma, pero ¿cómo? Una reforma constitucional es virtualmente imposible, ya que los estados no van a renunciar a sus atribuciones. Como la posibilidad de reforma es hoy nula en el Congreso, el camino debiera ser la Corte Suprema que más de una vez lo ha hecho en la historia, como, por ejemplo, en el tema de la igualdad racial en los 50s.

Sería lo más rápido, además que tiene atribuciones casi únicas en el mundo, ya que sus fallos y decisiones son obligatorias para todos, igual como si fuera una ley. El problema yo lo veo en que no tienen obligación de aceptar todo lo que se les presenta, resolviendo anualmente pocos casos, en general, aquellos que tienen una raíz constitucional, y que nadie más puede resolver en el país.

En las presentaciones de los últimos años y que he revisado para esta columna, noto el mismo problema o defecto, el hecho que no se advierte trabajo o preparación similar a la que ha existido en aquellas situaciones donde la Corte ha resuelto un tema que no tenía entonces salida política. En aquellos casos que intervino, hubo una gran preparación previa por parte de los interesados, paso a paso, mientras que las de los últimos años han buscado pedirle que resuelva-a favor o en contra- en forma inmediata, con lo que terminan rechazados.

De ser convencida, y sin alterar los equilibrios constitucionales, en su sentencia la Corte Suprema podría fijar características comunes para todas las elecciones y escrutinios, independientemente donde tengan lugar o se emita el voto, que considere la tradición del país y buenos ejemplos internacionales, uniformando los requisitos, para evitar la incertidumbre y los cuestionamientos al acto del cual surge la legitimidad de todo el sistema. También la forma de contar los votos.

Se lo agradecería la república y el sistema democrático. Ganaría la confianza.

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