K’ara K’ara, epicentro de bloqueos, recibió Bs 400 millones en 13 años
“Desde 2010, los vecinos exigen la compensación mediante un plan de contingencia monetaria para la mitigación de los efectos adversos originados por el relleno sanitario de K’ara K’ara sobre su salud y medioambiente, inicialmente el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba asignaría los recursos para la mitigación ambiental del botadero y en áreas próximas impactadas por la actividad de disposición final, para mejorar la operación y disminuir los valores de contaminantes a la población circundante”, dice el documento.
En 2010, la compensación económica fue de tres millones de bolivianos; en 2013 de 18 millones; en 2014 de 42,5 millones; en 2015 de 30 millones; en 2018 de 51 millones; en 2019 de 54 millones; en 2021 de 126 millones y en 2022 de 84 millones, para totalizar 408,5 millones de bolivianos.
La explicación del jefe de la Unidad de Residuos Sólidos y Líquidos de la Alcaldía, Elías Abularach, indicó que los recursos por compensación de esta gestión “no se han ejecutado en todo su presupuesto por la falta de liquidez del municipio. Se estima que el 50% de ese dinero se ha consolidado en obras”.
Aparte de las compensaciones, las macro y micro mancomunidades de K’ara K’ara cada año reciben unos 2,1 millones de bolivianos por coparticipación tributaria, convirtiéndose esta zona en una de las más beneficiadas y privilegiadas del sur extremo de Cochabamba.
Sin ley
Estas compensaciones, que van destinadas a proyectos, obras y al cierre del botadero, no tienen respaldo legal, por lo que esos recursos salen de las recaudaciones por impuestos que deberían beneficiar al desarrollo de todas las zonas de Cochabamba. Abularach dijo que los dirigentes y habitantes de K’ara K’ara consolidaron las compensaciones mediante bloqueos y movilizaciones al cercar el botadero e impedir el recojo y disposición final de los desechos que se generan en Cochabamba.
“No existe una normativa, no hay nada establecido ni en la Ley Medioambiental (1333 o la Ley 755) ni otra norma que respalde las compensaciones económicas. Son recursos propios del municipio, de la recaudación de impuestos de los vecinos. Es por eso que los vecinos de las otras zonas, como del norte o central, se molestan porque tenemos que raspar de sus recursos para destinarlos a K’ara K’ara”, indicó el jefe de Residuos Sólidos.
El ambientalista Gregory Paz, en una investigación acerca del botadero, publicó lo siguiente: “Todos los conflictos se originaron por la misma causa, la contaminación ambiental del botadero, pero todos terminaron con la misma solución, obras urbanísticas de compensación”.
Los privilegios
K’ara K’ara está al sur extremo de la ciudad de Cochabamba. Está totalmente urbanizada. Sus principales vías están asfaltadas y al menos cinco líneas de transporte público prestan servicio por el sector: los minibuses 8, 40 y 122, y dos líneas de taxifrufis.
La zona cuenta con tres unidades educativas, un centro de salud de primer nivel, un mercado “modelo”, un módulo policial, un centro cultural, dos parques infantiles y varias canchas con pasto sintético.
Casi todos esos proyectos fueron construidos con los recursos de compensación por la disposición final de los desechos que la Alcaldía de Cochabamba destina a las tres mancomunidades del Distrito 15 (K’ara K’ara, Pampa San Miguel y Arrumani).
Sin embargo, pese a los beneficios económicos y a las obras, los vecinos de K’ara K’ara aún viven con limitaciones. Se proveen de agua potable a través de carros cisterna y no cuentan con un sistema de alcantarillado. Hace poco concluyó la instalación de las redes secundarias del gas domiciliario y los ductos para los servicios básicos.
“Lo más curioso es que ellos piden obras de compensación que no van al fondo del problema. Ahí no tienen agua ni alcantarillado y debería ser lo primero que pidan. Una sede social cuesta unos tres millones de bolivianos, eso deberían invertirlo en redes de distribución de agua o redes de alcantarillado, pero ellos prefieren la sede social porque les da credibilidad a los dirigentes de que han obtenido algo”, sostuvo Abularach.
Existe un solo ingreso a esa zona, por el kilómetro 5 de la avenida Petrolera, y es por ese acceso que todos los días los carros basureros circulan y desechan en el vertedero las 640 toneladas de basura que se genera al día en Cochabamba.
Ese acceso es el principal punto de bloqueo de los habitantes de K’ara K’ara como medida de presión para exigir el cierre definitivo del botadero y la entrega de más recursos.
De acuerdo con Abularach, en los bloqueos a principios de año los dirigentes exigían a la Alcaldía más recursos para la construcción de un estadio de similares características al proyecto de El Batán, que fue planificado con una capacidad para 15.000 personas y una villa deportiva con canchas auxiliares. Este plan, que no fue ejecutado, demandaba un presupuesto de 80 millones de dólares.
“No hay un monto establecido (de las compensaciones). Se les ocurre una cosa y piden. En las últimas negociaciones, a principios de año, han pedido un estadio. El alcalde (Manfred Reyes Villa) les dijo que no hay recursos y que tengan un poco más de cordura. Era un gasto irrisorio. Querían uno como El Batán”, recordó el funcionario.
Este medio intentó comunicarse sin éxito, en reiteradas oportunidades, con dirigentes de K’ara K’ara, pero no atendieron las llamadas o no respondieron las preguntas.
Mientras, el botadero es la única opción para la disposición final de desechos que generan los cochabambinos y la Alcaldía seguirá dando recursos a manera de compensación.
Todas las gestiones municipales, desde 2010, buscaron sin éxito su cierre definitivo, porque no encuentran un lugar viable para el tratamiento de la basura.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación de Cochabamba, Dora Claros, anunció que los 47 municipios tienen hasta 2026 para que concluyan el cierre definitivo de botaderos.
“La Gobernación ya los notificó y ya están en proceso de cierre, hasta 2026 no deben existir más botaderos”, precisó Claros.
En 29 años, casi un centenar de bloqueos cercaron el lugar
En 29 años, desde 1994 hasta 2022, se registró casi un centenar de bloqueos en K’ara K’ara que impidieron el ingreso y disposición de los carros basureros de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA). Los años más conflictivos por el daño ambiental causado fueron 2019 y 2020, en plena pandemia del coronavirus, ya que se identificó casi una veintena de movilizaciones que cercaron el botadero.
Documentación de la Alcaldía precisa que el botadero fue habilitado como tal en 1987, en terrenos de la Universidad Mayor de San Simón, en K’ara K’ara.
En ese entonces no existía ningún tratamiento ni planificación de la basura. Recién en 1993 se realizó un convenio con la universidad para instalar un centro de investigación en gestión de residuos sólidos en ese lugar.
El ambientalista e investigador que hace seguimiento al botadero de K’ara K’ara, Gregory Paz Valderrama, recabó información sobre las movilizaciones y número de bloqueos organizados por los habitantes del Distrito 15. Según sus registros, en 1994 sucedió la primera movilización de cerco del relleno sanitario. De ese año hasta 2008 anotó un total de 17 paros, desde cinco horas hasta 12 días.
La principal petición era el cierre definitivo y otras demandas, como la presencia de canes vagabundos, quejas contra EMSA, obras y compensaciones.
La Alcaldía anotó los paros más prolongados de 2010 a 2022. En 2019 hubo más de cinco y en 2020 hubo 11 que causaron el cierre de hasta casi 100 días en ambas gestiones (32 en 2019 y 64 en 2020).
Por estos años, los bloqueos no sólo fueron protagonizados por habitantes de K’ara K’ara, sino también se sumaron padres de familia por la canasta familiar, rechazo a la cuarentena rígida por la Covid-19 y por universitarios con demandas sectoriales.
El botadero se convirtió en el epicentro de bloqueos y movilizaciones para diferentes demandas de grupos.
“Sin duda los últimos años han sido los más conflictivos y prolongados, porque a esto se suma el componente político-partidario”, aseguró Paz.
“Las causas de los bloqueos están vinculadas al chantaje municipal. Son demandas provocadas por la municipalidad y la Gobernación del departamento de Cochabamba”, afirmó el ambientalista Jaime Ponce.
