Marco Aramayo, un hombre de honor
Debe entenderse el esquema general que logró consolidarse. Un esquema de corrupción verdaderamente compacto. Se distinguen cinco niveles de funcionamiento.
Nivel 1
Uno, el nivel jerárquico político en la cúspide del modelo. Está conformado por el directorio del Fondo Indígena. El directorio estuvo copado de 2010 a 2015 por 39 dirigentes sociales de las ocho organizaciones sindicales aliadas al gobierno y que, en su momento, formaron parte del Pacto de Unidad. Los líderes indígenas/campesinos como la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo; Rodolfo Machaca; Julia Ramos; Juanita Ancieta, Pedro Calderón; Felipa Huanca y Ever Choquehuanca están entre aquellos dirigentes que ocuparon un cargo en el directorio. Fueron los verdaderos “dueños” del Fondo Indígena.
Cabe señalar con absoluta franqueza que no existió un directorio que planificara los actos de corrupción. No, el rasgo más destacable de este órgano fue, por el contrario, su condición de “ingobernable” como reconoció la propia exministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
Entonces, ¿cómo se ponían de acuerdo en la aprobación de obras teniendo en cuenta que lograron aprobar 3.462 proyectos? Pues cada representante de una organización, llámese Cidob o Conamaq, traía su propio listado de obras con sus respetivos presupuestos y exigía el beneplácito de sus colegas. Por tanto, la aprobación era faccional y acumulativa. Bajo ninguna circunstancia se procedió a una selección de obras en función a criterios de necesidad y/o mérito, por mencionar un par de parámetros decisivos.
No, lo que primó fue el respaldo político de cada organización. La decisión final fue siempre adoptada por este grupo de poder. Una suerte de “consejo de sabios” con capacidad de incidir en el uso de recursos públicos al margen de las instituciones representativas existentes como ser la Asamblea Legislativa y/o los municipios.
Lo remarcable es el hecho de que sólo cuatro de estos 39 dirigentes recibieron alguna sanción: Julia Ramos, exministra de Justicia de Desarrollo Rural y Tierras; el exejecutivo de la Csutcb, disidente del MAS y actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori; la exautoridad originaria del Conamaq, Félix Becerra, y la presidenta de la Cidob, Melva Hurtado. Prevaleció pues la impunidad. Se sancionó a algunos sólo para posibilitar la “tranquilidad” de la gran mayoría.
Nivel 2
Dos, el nivel tecnocrático como instrumento del directorio. Son técnicos quienes conformaron el segundo nivel del esquema de corrupción del Fondo Indígena. Los funcionarios fueron designados en base a cuotas sindicales que delatan la reedición de la denostada democracia partidaria pactada del pasado por una democracia sindical pactada del presente. La obligación de estos técnicos fue “aprobar lo que los dirigentes sindicales del directorio les ordenan que aprueben, si es para eso que los han contratado”. De ese modo, se tiene el registro de que 98 de los 106 empleados del Fondo han sido elegidos por estos miembros del directorio. En suma, el modelo de corrupción vigente visualizaba un segundo rasgo: se consolidó una tecnocracia incestuosa.
Nivel 3
Tres, el nivel gubernamental. Aunque el gobierno se lavó las manos alegando que el Fondo Indígena es el único responsable, es evidente que su actuación no es ajena a las penalidades de ley. La ministra Lenny Valdivia cargaba toda la responsabilidad en el Fondo. Un sólido análisis jurídico contradice esta versión y visibiliza la complicidad del Ministerio de Desarrollo Económico, arguyendo que “por mandato de la Ley 1178 y el DS. 28571 el Ministro de Economía debió proceder al congelamiento de cuentas ante las evidentes señales de mal funcionamiento, pero no se lo hizo, lo que permitió que se dilapiden, malversen y apropien los recursos durante más de cinco gestiones debido a la falta de control, como establece la ley”.
Esta versión parece más coherente teniendo en cuenta que tres viceministerios estuvieron involucrados: el de Planificación, el de Presupuesto y el del Tesoro. ¡No hicieron nada! En síntesis, el modelo de corrupción montado denotaba un tercer rasgo: la legitimación política. A los aliados había que darles carta blanca. Cualquier atisbo de corrupción resultaba menos importante que la lealtad de los dirigentes en cuestión.
Nivel 4
Cuatro, el nivel empresarial o de competencia en el mercado. Se parte de la hipótesis de que las obras a ser realizadas serían lanzadas a convocatoria pública. ¿Es así? Con seguridad que sí, sin embargo, lo serían bajo una modalidad particular de competencia de mercado: una competencia cautiva.
Sí, a decir de Marco Antonio Aramayo “las empresas que ganaron las convocatorias eran todas empresas definidas desde arriba e incluso en algunos casos eran empresas de los propios dirigentes del directorio o de parientes muy allegados”.
Se divisó el perfil del modelo económico vigente: un modelo de “capitalismo de caras conocidas”, caracterizado por no dejar ningún detalle librado al azar. La lógica del modelo exigía una cerrazón total: los recursos requerían fluir endogámicamente: todo dentro del esquema, nada fuera de él. Como insistió Aramayo “en algún caso, los propios comunarios crearon una empresa. Se hicieron asesorar y en pocos días tenían los papeles en mano, hasta registro de Fundempresa”.
En suma, un modelo de este tipo requería generar lealtad económica de parte de estas empresas incestuosas. Y si se reparte la torta de manera eficiente entre los miembros de la coalición corrupta, la lealtad está asegurada.
Nivel 5
Cinco, el nivel del respaldo social o de la sociedad fabricada. Es el último nivel del modelo que ciertamente no es menos relevante. En él se desnuda un último componente: la creación de sociedades artificiales. ¿Qué supone este aspecto final? Pues la continuación del pacto ampliado hasta el nivel territorial de base: la comunidad.
¿Se premia a determinadas comunidades con los proyectos? Sí, con seguridad que sí; los poco más de 1.000 proyectos aprobados no van a cubrir un espectro social compuesto por más de 20 mil comunidades de base. ¡No van a abarcar más que una porción marginal del 5% del tejido social existente! Sin embargo, ése no es el mayor problema. Lo es la distribución notoriamente asimétrica de las obras, siendo las Bartolinas o la Csutcb los más beneficiados y la APG y/o Conamaq, que se opusieron al gobierno en distintas jornadas, las menos beneficiadas. No hay duda que esta desigualdad tuvo lugar como consecuencia del mayor o menor respaldo al gobierno: quien más apoya recibe más.
Sin embargo, lo peor es lo que advertía Aramayo: “Para poder negociar mejor las coimas, los dirigentes del directorio o gente enviada por ellos iban al sector A de una comunidad (por ponerle una denominación) y les proponían hacer una obra. Inmediatamente, les advertían que, de hacerse la obra, un porcentaje del 10 al 15% sería para esta dirigencia; si el sector A rechazaba esta moción, se dirigían al sector B y así sucesivamente hasta tener el respaldo faccional de la comunidad y el respectivo porcentaje de comisión”.
Posiblemente éste es el efecto menos conocido, pero el más lacerante del esquema de corrupción montado: las comunidades quedaron fragmentadas. En esa tónica de clientelismo exacerbado, el tejido social ancestral quedó destruido, aunque la camarilla dominante se fortificó agrupando en torno a sí a los fragmentos sociales leales. Se generó pues una lealtad sociopolítica. En resumidas cuentas, el modelo de corrupción creado mostró el último rastro de su narcisismo, fagocitándose el eslabón final de la cadena cleptocrática: la sociedad civil.
Un último nivel
Me permito añadir un sexto nivel: aquel de la supervisión y control gubernamentales.
Ya vimos que la Contraloría tuvo escaso peso en el asunto no sólo por haber afirmado que la responsabilidad no sobrepasaba los Bs 70 millones, sino porque ya no hizo más seguimiento al Fondo.
Ante el escándalo suscitado, el gobierno se vio obligado a crear una oficina encargada de supervisar la labor del Fondo Indígena: la “interventora”, a cargo de la señora Larisa Fuentes. Su labor tenía un propósito claro: visualizar la corrupción existente. ¿Lo logró? Más allá del mediático acto de creación de esta oficina y de su previsible conclusión (“solo un poco más de Bs 100 millones fueron malversados”), esta institución terminó subiéndose al negocio.
Es por demás útil la información de Aramayo al respecto. Según él las obras que nunca se hicieron o estaban a medias merecían ser penalizadas. Pero la oficina a cargo de dar ese tipo de veredictos —la mentada “interventora”— prefirió, en variadas oportunidades, transar con los delincuentes bajo el siguiente tenor argumentativo: “Sabemos que la obra no existe y no va a existir, lo que significa que ustedes van a ir a la cárcel. Sin embargo, les ofrecemos un trato. Ustedes nos dan 3 a 10 mil dólares y nosotros ponemos el siguiente rótulo a su obra: ‘en operación’, con lo que no quedan exculpados, pero tampoco se los acusa. ¿Aceptan?”.
No, no aceptamos y si hay alguien que no aceptó fue precisamente Marcos Aramayo. A él mi más distinguido reconocimiento.
