Caso Silala: Bolivia y Chile llegan a la etapa de alegatos con coincidencias
El 6 de junio de 2016, La Moneda interpuso la demanda con el petitorio de que La Haya declare que el Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional. En agosto de 2018, Bolivia presentó una contrademanda.
Rodríguez Veltzé también destacó que “la contrademanda de Bolivia, referida a la existencia de canales en su territorio que permiten un flujo artificial de las aguas, fue reconocida por Chile para su disposición por Bolivia y la recuperación del estado natural de los bofedales”.
En una entrevista, la agente de Chile, Ximena Fuentes, sostuvo que “las canalizaciones tienen un efecto de drenaje del agua que está casi en la superficie”. En ese marco, reconoció que hay “un extra” de agua superficial, la cual llega a territorio chileno a causa de la pendiente.
“Hemos calculado que es menos que un 1%. Entonces, estamos hablando de menos de 2%, un extra podemos decir de agua superficial”, declaró la agente de La Moneda una emisora chilena.
Andrés Guzmán Escobari, analista en temas internacionales, señaló que Chile con esas declaraciones reconoce que hay una porción de flujo de agua, que no llegaría a su territorio si no hubiera realizado las canalizaciones, algo que siempre negó.
“Así como Bolivia ha reconocido que una parte es natural, porque así ya lo han anunciado, ahora resulta que Chile también reconoce que una parte es artificial. Entonces, hay un total allanamiento en las versiones de ambas partes. Bolivia reconoce lo que dice Chile en cuanto a que es un río y Chile reconoce lo que dice Bolivia en cuanto a que hay una parte artificial”, aseguró.
Guzmán señaló que, con todo ello, el caso ya está resuelto: “La Corte va a fallar que es un río, donde hay una parte natural y la otra artificial. Claro, lo que sí falta definir son los porcentajes”.
Un día después de que Chile interpuso la demanda, el entonces presidente Evo Morales anunció la contrademanda. “Nos roban agua y nos demandan”, dijo el 7 de junio de 2016.
Pero no fue hasta dos años después, el 31 de agosto de 2018, que Bolivia presentó la contramemoria, acompañada de una contrademanda, en la que pide a la Corte, entre otros detalles, que declare que “Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, en los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio, y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá”.
Sin embargo, el 13 de febrero de 2020, la Cancillería, entonces presidida por Karen Longaric, emitió un comunicado en el que señaló que en los actuados procesales (contramemoria) “se admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile”.
“Cuando nosotros llegamos, nos enteramos que ya en la contrademanda ya no contemplaba la exclusividad de la propiedad de esas aguas de los manantiales del Silala, y que al decir que había un monto de aguas artificiales se había reconocido que el otro monto eran aguas naturales, y que, por tanto, constituían un acuífero transfronterizo al que se le aplicaba el derecho internacional”, indicó a este medio Jaime Aparicio, exagente ante La Haya.
El jurista expresó que con ese cambio el margen de acción de la defensa nacional quedó limitado. “Su margen de acción ahora está limitado, ya no a la soberanía de las aguas, sino a que la Corte, que va oír a los expertos, determine si esas aguas artificiales existen y si se debe compensar por esas aguas, en caso de que se acepte si hay aguas artificiales, y la propiedad de los canales”, afirmó.
Rodríguez Veltzé sostuvo que no hubo un giro alguno en las actuaciones de la defensa nacional ante la CIJ. Agregó que la naturaleza y los alcances de la demanda exigían un tratamiento responsable sobre la comprensión del Silala que no fue uniforme en el país desde los principios del siglo XX hasta que se conoció la demanda de Chile.
“No hubo giro alguno en las actuaciones de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Conocida la demanda chilena, Bolivia desarrolló un conjunto de actuaciones en el ámbito científico para actualizar la información que disponía -que era muy limitada- y realizar otros estudios para contrastar la prueba presentada por Chile. Era indispensable tener un entendimiento objetivo y respaldado con pruebas ciertas e inequívocas para respaldar tanto una contestación como una contrademanda”, manifestó.