Bolivia: la danza de los siete “mamuts blancos”
Como bien puede ser materia especializada el revisar los casos mayores de obras inservibles. Son “obras” que le costaron al país entre 300 y más de mil millones de dólares. Lo notable del caso resulta que, según varias denuncias, hay en gestación varios ejemplares de esta nueva especie. Ejemplares que podrían romper más récords.
Proyecto amargo
En concreto la lista suma hasta hoy siete casos consolidados, o en serias vías de hacerlo, como “mamuts blancos”. En el puesto siete está ubicado el ingenio azucarero de San Buenaventura. Fue construido con un crédito de 263 millones de dólares, pero ha ido acumulando pérdidas sostenidas desde que entró en producción en 2018. A casi cuatro años de su estreno el costo de esta obra se eleva aceleradamente hacia los 300 millones y, probablemente, llegará a más. Según un estudio del investigador Daniel Robinson para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el ingenio funciona al 28 por ciento de su capacidad. La denominada Empresa Azucarera de San Buenaventura (EASBA) presenta en promedio gastos anuales de 120 millones de bolivianos e ingresos de apenas 30 millones.
El estudio cita pormenorizadamente las variables de producción y las compara con los estándares internacionales que marcan los límites de rentabilidad. La evaluación compara los registros de toneladas de caña producida por hectárea, el porcentaje de sacarosa, la cantidad de azúcar bruta, etc. “Esto está lejos de ser rentable (…) son promedios bajísimos”, concluye. Se recuerda recurrentemente las advertencias que una década antes formularon estudios cubanos, brasileños y estadounidenses. Se pregunta de nuevo por qué no se realizó dicha inversión en Bermejo (Tarija). Allí funciona una ya vetusta, pero rentable industria y los bermejeños claman por apoyo para aquella industria que se hizo famosa desde 1968.
En el puesto seis la base fue de unos notables 306,8 millones de dólares. Este sexto mamut blanco de la lista se ubica en Caracollo, Oruro. Fue inaugurado en agosto de 2019 y presentado por el entonces presidente Evo Morales como “la fábrica de cemento más moderna de Sudamérica”. En noviembre de aquel año, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez frenó las operaciones con el fin de evaluar la factibilidad de esta industria.
En junio de 2021, el nuevo gobierno masista de Luis Arce “reinauguró” el proyecto con una inversión adicional de 8,4 millones de dólares. Preveía producir hasta diciembre más de medio millón de toneladas de cemento e ingresos por más de 420 millones de bolivianos. Pero el 1 de agosto el horno principal fue apagado y a mediados de septiembre las operaciones de la fábrica seguían paralizadas y se denunciaban fallas y daños en los equipos. Paralelamente se había desatado una dura pugna entre organizaciones sociales de la zona y los ejecutivos de la empresa. Corre ya el tercer año de la planta de los 315 millones de dólares y en Oruro más de una voz ya la ha definido como un gran elefante blanco.
En el quinto lugar está un caso muy parecido. Otra fábrica de cemento se construye a siete kilómetros de la ciudad de Potosí desde el 2018 por otros 306 millones de dólares. En noviembre 2019 se anunció que ya se había avanzado un 90 por ciento. En abril de 2021, el gerente de la Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia (Ecebol), José Luis Jiménez, señaló que las obras se hallaban en pie de reinicio. Sin embargo, varias visitas realizadas por periodistas y parlamentarios de la región observaron incluso en diciembre del pasado año que la construcción continuaba paralizada.
¿700 millones de dólares perdidos?
Mamuts blancos aún mucho más grandes hay en esta lista nacional. ¿Qué si no se puede llamar a la planta separadora de líquidos Carlos Villegas? Costó 695 millones de dólares. Fue concebida para producir gasolinas y gas licuado extraídos del gas exportado a Argentina y Brasil. También se la preveía como la generadora de la materia prima para una megaplanta productora de plásticos (petroquímica de polipropileno) que se iba a instalar en Yacuiba. Se calculó que anualmente la separadora de líquidos iba a generar 400 millones de dólares, que se pagaría sola en menos de tres años.
Corre el séptimo año de su puesta en marcha y la planta nunca generó más de 25 millones de dólares. Tampoco pudo funcionar a más del 30 por ciento de su capacidad. Tanto las exportaciones como las reservas de gas bajaron de manera sostenida y se suspendió la construcción de la planta de polipropileno. Las proyecciones de varios expertos, por ejemplo, de la Fundación Jubileo, señalan que probablemente hacia 2025 Bolivia deberá importar gas. Es decir que probablemente la separadora de líquidos chaqueña nunca supere su condición de mamut blanco, uno de los más grandes de nuestra historia.
Pero hay más grandes aún, en esta área los políticos bolivianos no dejan de dar sorpresas. Este mamut puede ser considerado el patriarca de la serie y también ha castigado a tierras potosinas. Se trata de la planta para la Fundición de Plomo y Plata de Karachipampa, ubicada a 7 kilómetros de Potosí. Se la proyectó a fines del gobierno Banzer y empezó a ser construida en los siguientes gobiernos militares, sin que se llegue a visos de estreno. Se “invirtieron” cerca de 200 millones de dólares (entre 1977 y 1982) en aquel complejo metalúrgico que nunca funcionó. Debido a la devaluación, hoy se calcula que esa suma equivale a cerca de 860 millones de la divisa estadounidense. En filas castrenses, una bonanciosa promoción de coroneles recibió el mote de “los karachipampas”.
Una colosal infraestructura prevista para procesar 51 mil toneladas de mineral sigue erigida en la zona. Durante el gobierno de la Unión Democrática y Popular (1982-1985), se sumaron algunos millones a otro intento de estreno. Y en el primer gobierno del MAS el proyecto fue relanzado con al menos otros 20 millones de dólares de reinversión. Por eso, con todo demérito, el mamut blanco de Karachipampa ocupa, un sitio en el podio de los monumentos a la corrupción y la ineficiencia.
Más de mil millones en juego
Si alguien malpensó que se llegaría a los mil millones, al millardo, en lo que a elefantes blancos se refiere, pues probablemente haya acertado. Por ahora, dos megaproyectos del siglo XXI pugnan por situarse en el primer lugar de los mamut bolivianos: la planta productora de amoniaco y urea, ubicada en la zona de Bulo Bulo, Cochabamba, y Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), instalada en el salar de Uyuni. La construcción de la primera tuvo un costo de 953 millones de dólares, pero se prevé complementarla con un ferrocarril presupuestado en 267 millones. Es decir, una inversión prevista de 1.220 millones de dólares.
Sin embargo, desde su inauguración, en septiembre de 2017, hasta 2019 experimentó al menos cuatro paralizaciones forzosas y operó por debajo de su capacidad pese a tener materia prima (gas) subvencionada. Tras el cambio de gobierno de ese año, la planta se mantuvo paralizada durante casi un año. En septiembre de 2021, y lanzando una ola de criticas y acusaciones a sus predecesores, el presidente Luis Arce dispuso el reinicio de actividades de la planta. Sin embargo, hasta el presente no se concretó ningún contrato de exportación de estos fertilizantes que permita prever la recuperación de lo invertido y nuevos ingresos para el país. Adicionalmente, también pesa la baja en la producción de gas que experimenta Bolivia.
En suma, en medio de la esperanza, está el riesgo de que Bolivia pierda más de mil millones de dólares en otro proyecto quebrado. Sin embargo, más crítica aún parece haber sido la otra cuasi millonaria inversión realizada en el célebre desierto de sal boliviano. La intención era producir, sobre todo, carbonato de litio (LCE), la materia prima para las célebres baterías que dinamizan hoy al planeta. También se proyectaba instalar una fábrica de dichas baterías, pese a que la materia prima sólo constituye el 3 por ciento de estos artefactos.
Los responsables del proyecto insistieron en que se desarrollaría una tecnología boliviana para tales propósitos. Los resultados son elocuentes. Según una evaluación de los países con mayores reservas de litio realizada por la revista británica The Economist, en 2016, cuando YLB ya cumplía ocho años de actividades, Bolivia había producido entre mil y tres mil veces menos LCE que tres de sus principales competidores. Chile había exportado 76 mil toneladas de LCE; Australia, 74.250; Argentina, 25 mil, y Bolivia 25 toneladas. Sí, sólo 25.
El investigador Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), detalla que en 13 años lo único que se logró fue aplicar una tecnología desfasada en 40 años. Ello, pese a que hubo ofertas de universidades y expertos nacionales e internacionales para implementar métodos más modernos. “Esto significa que se fueron 1.000 millones de dólares en una tecnología obsoleta cuando nos decían que estaban creando una tecnología boliviana”, concluye Villegas en su análisis. Pese al tiempo y recursos invertidos, aún no se sabe cuándo ni cómo Bolivia podrá obtener beneficios de su riqueza evaporítica. El mamut de sal brilla como uno de los mayores despilfarros de la historia nacional.
¿Futuros mamuts blancos?
Pero competidores nuevos y vigorosos al parecer no le faltan. Las voces de alerta, que rara vez han fallado a la hora de divisar elefantes y mamuts blancos, ya advierten tres en el horizonte. El primero es una de las banderas de la campaña electoral del presidente Luis Arce. Un proyecto casi personalísimo, tanto que los promotores son el mandatario y su hijo, Marcelo Arce, devenido en ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Se trata de la planta de diésel renovable o HVO para la que ya se han presupuestado 300 millones de dólares. Sin embargo, se han multiplicado alertas sobre la materia prima suficiente, la deforestación, los insumos a importarse y hasta la competitividad del precio del producto. La periodista Amalia Pando, citando a varios expertos, señaló que el proyecto podría llegar a un costo de 2.000 millones de dólares, sin que esté garantizada su viabilidad ni mucho menos.
El segundo posible mamut blanco que parece haber pasado ya del proceso embrionario constituye el caro anhelo nacional de la siderúrgica de El Mutún. El proyecto tiene un presupuesto de 465 millones de dólares, se inició en 2017 y se preveía concluirlo en 30 meses. Sin embargo, a más de cuatro años de su lanzamiento no se ha superado ni el 25 por ciento del avance de obra. En la mira se halla la empresa china Sinosteel a la que se acusó de no tener experiencia en el rubro. A propósito de chinos, 440 millones de dólares para El Mutún corresponden a un crédito del gobierno de aquel país.
Y otro crédito chino mucho mayor también volvió a sugerir la posibilidad de un proyecto tan ambicioso como cuestionado y rechazado en años recientes: la hidroélectrica del Chepete-Bala. En agosto diversas organizaciones indígenas de la región afectada (el parque Madidi) alertaron que algunos operadores del gobierno buscaban relanzar aquel proyecto valuado inicialmente en 7.000 millones de dólares. Ello pese a una serie de contradicciones que organizaciones indígenas, ambientalistas y sociales realizaron sobre su inviabilidad y gravísimos daños que podría causar su ejecución.
La dimensión de la cifra prevista bien haría que dicho proyecto supere el nivel mamut blanco y precise ser clasificado en otra categoría. Por ahora, sólo en los siete casos citados que muestran indicios de descalabro virtualmente irremediable, el país ha perdido cerca de 4.800 millones de dólares. Una cifra que probablemente se duplique o más si se le suman los casos menores. Todo frente a un gigantesco y redondo cero: el cero que representa al número de culpables juzgados, procesados y sentenciados por estos delitos que afectan los más elementales derechos del pueblo boliviano.
