Marcha indígena cumple 20 días en defensa de su territorio
Según el líder indígena Marcial Fabricano, también protagonista de la histórica marcha de 1990 por la Dignidad y el Territorio, más pueblos se van sumando a la marcha, sus habitantes van dejando su casa para fortalecer la protesta pacífica. “Estamos construyendo familia, nos conocemos entre todos, nos estamos reconociendo, siendo diferentes también entre todos”
Acompaña a la marcha un pequeño camión que lleva los víveres, algunas pertenencias de los marchistas y vituallas para asistir a los más ancianos que sienten el efecto de la marcha, una ambulancia y algunos policías que van por detrás.
“Es salud y seguridad que está bien, nosotros no estamos desconfiando, porque vamos abiertos y con la conciencia en paz”, señaló el dirigente.
Durante la jornada del domingo, los marchistas recibieron la visita de plataformas como Ríos de Pie y ciudadanos que se solidarizaron con la marcha. Llevaron algo de alimentos y medicinas, también se vio a un diputado repartiendo yogurt y, como otros días, gente del MAS también se acercó a la movilización.
En un punto del recorrido también la Iglesia Católica se hizo presente a través de sus representantes para entregarles a los marchistas ayuda en alimentos, igual la gente en las comunidades pone la olla común sabiendo que pasarán por el lugar. Grupos de jóvenes activistas están pendientes de la seguridad de la marcha.
“Nosotros estamos haciendo nuestra marcha, somos humanos que estamos sintiendo los efectos de caminar ya van 20 días, no nos quejamos, no culpamos a nadie por lo que estamos sintiendo en este sacrificio y por eso recibimos al que viene a darnos un vaso de agua o aliento, de ahí solo pedimos respeto a nuestra autodeterminación de llegar a pedir al Gobierno se ratifique nuestras reivindicaciones”, dijo Fabricano.
En la marcha de tierras bajas participan los pueblos Moxeño Trinitario, Movima , Tacana, Sioriono, Guaraní , Guarayo , Weenhayek y Chiquitano Itonama.
Demandas históricas
A pesar del largo trayecto de la marcha indígena que empezó su paso en Guarayos, el Gobierno insiste en no conocer sus demandas. De acuerdo a la Red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), los pueblos indígenas demandan 36 escaños, respeto a la consulta previa y un alto a los avasallamientos.
La Comisión de Participación y Representación Política concluyó en la “demanda histórica” del movimiento indígena de Bolivia: la asignación de 36 escaños en la Asamblea Legislativa, una por cada nación y pueblo indígena reconocidos en la Constitución.
Luego de tres días de debate, el Re-encuentro Nacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reunió a 50 organizaciones, naciones y pueblos indígenas de los nueve departamentos del país, Unitas informa que se culminó con una Agenda Nacional que recoge sus principales demandas y necesidades, además plantea alternativas de solución y desafíos que deben atender los diferentes niveles de gobierno.
Reunidos en la ciudad de Santa Cruz entre el 9 y 11 de septiembre, a convocatoria de Unitas, los pueblos indígenas de tierras altas y bajas conformaron ocho comisiones para analizar los efectos del extractivismo, los avasallamientos, la educación y salud en las comunidades, las trabas que dificultan la autonomía indígena, los conflictos de la justicia indígena, la representación política, el paralelismo y división de sus organizaciones y su visión de desarrollo. Estas son sus principales conclusiones:
La Comisión de Gestión Territorial Indígena y Extractivismo abordó diferentes aspectos sobre la gestión del territorio que, desde la visión de los pueblos indígenas, se ha visto atropellada por proyectos extractivos que dividen a las organizaciones, arrasan bosques y contaminan la tierra y los ríos.
La Comisión de Tierra y Territorio identificó problemas en cinco áreas: saneamiento y titulación, avasallamientos, distribución de tierras fiscales, tráfico de tierras y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. El más álgido es relativo a los avasallamientos que sufren de parte de los colonizadores (hoy llamados interculturales), además de campesinos, ganaderos o terceros que ocupan tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas.
El narcotráfico fue identificado como una de las actividades ilegales que está afectando a las formas de vida de los pueblos indígenas, al perpetrarse en su territorio para desmontar áreas que sirven de pistas de aterrizaje. Esto se suma a la contaminación de fuentes de agua por el uso de químicos para la producción de droga.
La Comisión de Salud y Educación concluyó que la educación escolar en las comunidades indígenas no es gratuita como lo es en áreas urbanas. Allí, los problemas de acceso al agua, materiales e incluso de higiene son pagados por los propios comunarios. En lo que se refiere a educación universitaria, el factor económico es la principal causa para que muchos jóvenes no accedan a ella. Estimaron que 7 de cada 10 jóvenes van a la Universidad y de éstos, sólo uno logra llegar hasta la tesis.
El acceso a la salud es limitado, dado que la falta de caminos, ítems e infraestructura complica la atención médica y la reduce a medicamentos básicos para combatir enfermedades. “Las recetas que nos dan sólo es paracetamol, ya que es lo único que cubre el SUS (Sistema Único de Salud)”, se analizó al interior de la comisión.
La Comisión de Autonomías Indígena Originaria Campesinas enumeró un total de 12 trabas que impiden la consolidación de las autonomías indígenas en el país, siendo la burocracia, el desconocimiento de la normativa, la gestión de los recursos naturales, la falta de asignación presupuestaria y la ausencia de una norma específica para el funcionamiento de los gobiernos autónomos indígenas, los principales óbices en este camino.
“Los recursos naturales (renovables y no renovables) se constituyen en un tema central de conflicto y observación en los estatutos autonómicos por parte del Tribunal Constitucional, ya que los estatutos autonómicos plantean acceder y beneficiarse de manera directa, sin embargo, el Estado bajo la figura de Utilidad Pública, avasalla los territorios y niega las posibilidades de acceso a la riqueza natural y por lo tanto de recursos económicos”, se analizó al interior de esta comisión.
La Comisión de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina reflexionó sobre los problemas y desafíos de la justicia indígena. Hallaron que las resoluciones de la justicia indígena no son cumplidas por accionantes y accionados; además, hay temor de autoridades que administran la justicia indígena a ser demandados por sus acciones. A esto se suma los roces con la justicia ordinaria, mencionaron que jueces ordinarios no están de acuerdo con la aplicación de la justicia indígena, al grado que varios casos atendidos por ésta última llegan a la justicia ordinaria y son impugnadas.
La Comisión de Participación y Representación Política concluyó en la “demanda histórica” del movimiento indígenas de Bolivia: la asignación de 36 escaños en la Asamblea Legislativa, una por cada nación y pueblo indígena reconocidos en la Constitución.
