Las quemas comienzan en Bolivia y hacen temer otro desastre ambiental
Redacción, Página Siete
Las quemas agrícolas para limpiar parcelas y ampliar áreas de cultivo han comenzado a expandirse en Bolivia antes de lo previsto, pese a la cuarentena que vive el país por la pandemia del coronavirus, lo que ha causado alarma en los ecologistas por el temor a que se repitan los graves incendios forestales sufridos en 2019.
Las autoridades están preocupadas y sancionan los casos que corresponde ya que no todas las quemas son ilegales. Por su parte, los productores señalan que es mejor usar el fuego ahora para que no coincida con los vientos fuertes esperados para agosto, que pueden causar los incendios descontrolados.
Entre el 1 de enero y el 6 de mayo se registraron 25.274 “focos de calor” en Bolivia, un 80 % más que los 14.048 reportados en el mismo período del 2019, según el informe satelital Aqua_MT que permite la comparación y al que se accede desde la web del ministerio de Medio Ambiente y Agua. Las regiones más afectadas son Santa Cruz (este, 19.614), Tarija (sur, 2.309) y Beni (noreste, 2.298), según el mismo reporte.
Los ambientalistas se han alarmado sobre la aparición temprana del fuego para habilitar terrenos agropecuarios, práctica conocida en Bolivia como chaqueos, y el hecho de que su número sea cerca del doble de las quemas del año pasado, cuando los incendios arrasaron 5,2 millones de hectáreas.
Otras mediciones indicaron que el número de quemas en el primer cuatrimestre era el mayor reportado en una década en el mismo período.
Los agricultores grandes y pequeños que desbrozan sus parcelas con fuego lo hacen por tradición y al amparo de una legislación aprobada por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que había entrado en una pausa ecológica hasta diciembre pasado, tras el desastre ambiental sufrido sobre todo en la zona de la Chiquitania (Santa Cruz).
El director de la Fundación Solón, el ambientalista Pablo Solón, en declaraciones a France 24, lamentó que se haya producido un crecimiento en las quemas respecto al año pasado y lo achacó al hecho de que los productores están aprovechando la falta de control durante la cuarentena.
Según Solón, una de las razones para se produzcan las quemas es que siguen vigentes las normas “incendiarias” promulgadas en el anterior gobierno y que no han sido anuladas por la administración transitoria de Jeanine Áñez, que asumió el 12 de noviembre tras la renuncia de Morales en medio de una profunda crisis política y social.
“Esperemos que las autoridades no reaccionen cuando ya esté ocurriendo una calamidad ambiental”, advirtió Solón.
Bolivia está bajo cuarentena absoluta desde el 22 de marzo, una medida que en algunas regiones podría ser flexibilizada a partir del 10 de mayo dependiendo de la evolución del número de infectados por el coronavirus.
En estos días, decenas de organizaciones ambientalistas han realizado reuniones virtuales para denunciar el riesgo de un nuevo “ecocidio” y han exigido la renuncia de autoridades del sector por no haber trabajado para abrogar las leyes y los decretos bautizados como “incendiarios”.
Los productores de Santa Cruz proveen el 70 % de los alimentos en Bolivia
Al contrario, el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, defendió que un 70 % de las quemas cuenta “con autorización de algún instrumento de gestión” vigente desde antes de la cuarentena, mientras que un 30 % son ilegales.
Hernández cree que las críticas del sector ambientalista no se basan en “un análisis objetivo de la información” porque las quemas se han adelantado al haber un pronóstico de sequía extrema para julio y agosto, lo que asociado a vientos que llegan a 100 kilómetros por hora, provocarían similares fuegos incontrolables a los de año pasado.
El empresario rechazó que el principal interés del sector agrícola sea solo producir soya o productos para la fabricación de biocombustible y destacó que Santa Cruz, la principal región productora del país, provee el 70 % de los alimentos consumidos en Bolivia.
“La producción de soya es la base que garantiza la producción de alimentos estratégicos que necesita el país porque se siembra en verano soya, y en invierno en esa misma superficie de siembra trigo, maíz, sorgo y girasol”, agregó el ejecutivo de los productores de oleaginosas.
Autoridad asegura que si es necesario se decretará otra pausa ecológica
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Áñez, dijo a France 24, que la posición del Gobierno “es proteger y preservar el medioambiente”, pero que no ha podido hacer nada sobre las llamadas normas “incendiarias” porque el partido de Evo Morales que aprobó esas leyes sigue controlando mayoritariamente la Asamblea Legislativa. Las normas también han sido demandadas ante el Tribunal Constitucional y se espera una respuesta.
Según el funcionario, la aparición de las quemas y su incremento ha causado una preocupación que les ha llevado a realizar un monitoreo y tareas de fiscalización que están dando lugar a intervenciones, sanciones y denuncias contra quienes prenden fuego a sus parcelas de forma ilegal.
Un 81 % de los chaqueos se han producido en terrenos agropecuarios cumpliendo la normativa y solo se han registrado cuatro incendios propiamente dichos, uno de ellos proveniente de Brasil, en algunas áreas protegidas del departamento Santa Cruz.
En esos incendios se quemaron 6.300 hectáreas de pastizales naturales y sabanas, pero sin dañar el área boscosa, precisó el funcionario.
Para prevenir que no vuelva a suceder lo del 2019, Víctor Hugo Áñez anunció que, de ser necesario cuando los pronósticos y las condiciones de clima sean adversas, se evaluará y dictará una norma para suspender temporalmente las quemas.
“Se va tomar la decisión en el momento oportuno. No vamos a esperar como el anterior Gobierno a perder 2,5 millones de hectáreas cuando la ABT determinó hacer una pausa”, sostuvo.
Así, el reto para Bolivia consiste en aprender las lecciones del año pasado, cuando los incendios no solo costaron bosques, áreas protegidas y especies de la fauna, sino también la vida de varios bomberos.
Las quemas agrícolas para limpiar parcelas y ampliar áreas de cultivo han comenzado a expandirse en Bolivia antes de lo previsto, pese a la cuarentena que vive el país por la pandemia del coronavirus, lo que ha causado alarma en los ecologistas por el temor a que se repitan los graves incendios forestales sufridos en 2019.
Las autoridades están preocupadas y sancionan los casos que corresponde ya que no todas las quemas son ilegales. Por su parte, los productores señalan que es mejor usar el fuego ahora para que no coincida con los vientos fuertes esperados para agosto, que pueden causar los incendios descontrolados.
Entre el 1 de enero y el 6 de mayo se registraron 25.274 “focos de calor” en Bolivia, un 80 % más que los 14.048 reportados en el mismo período del 2019, según el informe satelital Aqua_MT que permite la comparación y al que se accede desde la web del ministerio de Medio Ambiente y Agua. Las regiones más afectadas son Santa Cruz (este, 19.614), Tarija (sur, 2.309) y Beni (noreste, 2.298), según el mismo reporte.
Los ambientalistas se han alarmado sobre la aparición temprana del fuego para habilitar terrenos agropecuarios, práctica conocida en Bolivia como chaqueos, y el hecho de que su número sea cerca del doble de las quemas del año pasado, cuando los incendios arrasaron 5,2 millones de hectáreas.
Otras mediciones indicaron que el número de quemas en el primer cuatrimestre era el mayor reportado en una década en el mismo período.
Los agricultores grandes y pequeños que desbrozan sus parcelas con fuego lo hacen por tradición y al amparo de una legislación aprobada por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que había entrado en una pausa ecológica hasta diciembre pasado, tras el desastre ambiental sufrido sobre todo en la zona de la Chiquitania (Santa Cruz).
El director de la Fundación Solón, el ambientalista Pablo Solón, en declaraciones a France 24, lamentó que se haya producido un crecimiento en las quemas respecto al año pasado y lo achacó al hecho de que los productores están aprovechando la falta de control durante la cuarentena.
Según Solón, una de las razones para se produzcan las quemas es que siguen vigentes las normas “incendiarias” promulgadas en el anterior gobierno y que no han sido anuladas por la administración transitoria de Jeanine Áñez, que asumió el 12 de noviembre tras la renuncia de Morales en medio de una profunda crisis política y social.
“Esperemos que las autoridades no reaccionen cuando ya esté ocurriendo una calamidad ambiental”, advirtió Solón.
Bolivia está bajo cuarentena absoluta desde el 22 de marzo, una medida que en algunas regiones podría ser flexibilizada a partir del 10 de mayo dependiendo de la evolución del número de infectados por el coronavirus.
En estos días, decenas de organizaciones ambientalistas han realizado reuniones virtuales para denunciar el riesgo de un nuevo “ecocidio” y han exigido la renuncia de autoridades del sector por no haber trabajado para abrogar las leyes y los decretos bautizados como “incendiarios”.
Los productores de Santa Cruz proveen el 70 % de los alimentos en Bolivia
Al contrario, el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, defendió que un 70 % de las quemas cuenta “con autorización de algún instrumento de gestión” vigente desde antes de la cuarentena, mientras que un 30 % son ilegales.
Hernández cree que las críticas del sector ambientalista no se basan en “un análisis objetivo de la información” porque las quemas se han adelantado al haber un pronóstico de sequía extrema para julio y agosto, lo que asociado a vientos que llegan a 100 kilómetros por hora, provocarían similares fuegos incontrolables a los de año pasado.
El empresario rechazó que el principal interés del sector agrícola sea solo producir soya o productos para la fabricación de biocombustible y destacó que Santa Cruz, la principal región productora del país, provee el 70 % de los alimentos consumidos en Bolivia.
“La producción de soya es la base que garantiza la producción de alimentos estratégicos que necesita el país porque se siembra en verano soya, y en invierno en esa misma superficie de siembra trigo, maíz, sorgo y girasol”, agregó el ejecutivo de los productores de oleaginosas.
Autoridad asegura que si es necesario se decretará otra pausa ecológica
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Áñez, dijo a France 24, que la posición del Gobierno “es proteger y preservar el medioambiente”, pero que no ha podido hacer nada sobre las llamadas normas “incendiarias” porque el partido de Evo Morales que aprobó esas leyes sigue controlando mayoritariamente la Asamblea Legislativa. Las normas también han sido demandadas ante el Tribunal Constitucional y se espera una respuesta.
Según el funcionario, la aparición de las quemas y su incremento ha causado una preocupación que les ha llevado a realizar un monitoreo y tareas de fiscalización que están dando lugar a intervenciones, sanciones y denuncias contra quienes prenden fuego a sus parcelas de forma ilegal.
Un 81 % de los chaqueos se han producido en terrenos agropecuarios cumpliendo la normativa y solo se han registrado cuatro incendios propiamente dichos, uno de ellos proveniente de Brasil, en algunas áreas protegidas del departamento Santa Cruz.
En esos incendios se quemaron 6.300 hectáreas de pastizales naturales y sabanas, pero sin dañar el área boscosa, precisó el funcionario.
Para prevenir que no vuelva a suceder lo del 2019, Víctor Hugo Áñez anunció que, de ser necesario cuando los pronósticos y las condiciones de clima sean adversas, se evaluará y dictará una norma para suspender temporalmente las quemas.
“Se va tomar la decisión en el momento oportuno. No vamos a esperar como el anterior Gobierno a perder 2,5 millones de hectáreas cuando la ABT determinó hacer una pausa”, sostuvo.
Así, el reto para Bolivia consiste en aprender las lecciones del año pasado, cuando los incendios no solo costaron bosques, áreas protegidas y especies de la fauna, sino también la vida de varios bomberos.