La pandemia sube la temperatura de la pugna entre el Gobierno y el partido de Evo Morales

Redacción, El Deber
La pandemia por el coronavirus eleva la temperatura de la tensión entre el gobierno de Jeanine Áñez y el Movimiento al Socialismo (MAS). Dos hechos ocurridos en Cochabamba lo demuestran.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, identificó a Liliana Vargas como la persona que encabezó esta semana la emboscada a efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) en la región de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, según resultados de la primera fase de investigación sobre el hecho.


“Ella tiene antecedentes de narcotráfico como sus padres y sus tíos, quienes fueron cómplices del narcotráfico, no es primera vez, ya incursionaron en estos ilícitos hace años y al parecer es parte de una organización, hasta familiar, que va pasando de generación en generación”, explicó el viceministro, señaló el Ministerio de Gobierno, en un comunicado de prensa.

Zamora aclaró que estas aseveraciones son parte de las investigaciones que están llevando adelante; las pesquisas de la primera fase muestran, primero, que Vargas tiene ligazón con el narcotráfico y, segundo, que fue quien salió y mandó a que se coloquen promontorios de tierra, y se contrate gente para que los efectivos sean agredidos y no puedan salir del lugar.


Según la versión gubernamental, los efectivos de Umopar, en el marco del operativo “Golpe”, encontraron a cinco personas cerca de una casa de madera, quienes, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga, internándose en el monte, los efectivos de esta unidad ingresaron a la casa y encontraron una olla con cocaína.

Entonces, empezó la emboscada, inmediatamente aparecieron personas que amenazaron y amedrentaron a los policías antinarcóticos, haciendo estallar petardos y aglomerándose armados con machetes, palos y piedras con la finalidad de agredirlos y arrebatarles las sustancias controladas. Destruyeron el puente de madera para imposibilitar la salida de las patrullas y utilizaron un arma de fuego.

El dirigente de los cocaleros, Leonardo Loza, respondió que el Gobierno solamente intenta criminalizar a los productores y al MAS, “prioriza la persecución de dirigentes, deteniendo a dirigentes cuando su (Rafael) ‘Tata’ Quispe, director del Fondo de Desarrollo Indígena hace y deshace la cuarentena y no respeta”. Reclamó que el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo pidió su renuncia, Quispe fue a declarar y no pasó de eso.


“Muy puntual y directo sobre la supuesta lucha contra el narcotráfico del Gobierno. Tenemos nuestras grandes sospechas y creemos que estas emboscadas con personas detenidas es un montaje y un show armado por el ministro de Gobierno, con eso quieren tapar el fracaso en tema de salud y lucha contra el coronavirus”, dijo en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que los uniformados estuvieron retenidos aproximadamente cuatro horas, hasta que llegaron en su auxilio otras patrullas de Umopar de Chimore y Umopar Oriente; los comunarios huyeron al monte, en la persecución dos mujeres fueron atrapadas. “Pasadas cuatro horas, a las 18:30, aproximadamente, llegó el apoyo aéreo de un helicóptero ‘Súper Puma’, para sacar a los heridos, en primera instancia”, narra el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).


“El nivel de ligazón entre lo político y lo ilícito, es como lo dijo el ministro de Gobierno, los cocaleros y la gente del Chapare, son presos del narcotráfico, hay muchos que tienen que sobrevivir (…) hay extranjeros y además la dependencia de los dirigentes que son del MAS”, indicó Zamora.

El viernes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, cuestionó a dirigentes cocaleros afines al MAS que anunciaron el envío de alimentos a otros departamentos, porque producto de los operativos de interdicción en el Trópico de Cochabamba, se encontraron sustancias controladas en camiones que retornaban a esa región después de haber cumplido la supuesta campaña de solidaridad.

“Estos camiones son los que sacaron con fruta del Chapare, era nada menos para sacar sustancias controladas, esa es la solidaridad que tienen estos caballeritos, la ´solidaridad´, sacar cuatro plátanos y meter sustancias controladas, el pueblo de Bolivia tiene que enterarse de la verdad”, manifestó el ministro Murillo.

En la tranca de Locotal, carretera Cochabamba, se aprehendió a los choferes de cuatro camiones, que transportaban en total más de 43.000 litros de gasolina, destinada y desviada al narcotráfico y otras sustancias controladas a establecer, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Cnel. Percy Frías.

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el MAS, del expresidente Evo Morales, reportó el diario El País, de España.

El matutino europeo dijo que el último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista.

Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora, según El País, ella ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena.

Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente.

“Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.