Tiquipaya: inversión millonaria para prevención no se ejecuta
Desde 2019, en la cuenca Taquiña no se ejecutaron dos “grandes” proyectos que podían contener la mazamorra que cobró una vida, sepultó casas y animales.
María Mena M. / Cochabamba
¿La tragedia en Tiquipaya, Cochabamba, pudo evitarse?, es la cuestionante que se realizan algunos vecinos de los distritos 5 y 6 de ese municipio, donde la madrugada del 20 de febrero una mazamorra de lodo y piedra bajó desde el Tunari por el río Taquiña anegando más de 250 viviendas. Los proyectos y presupuestos millonarios para reducir y contener los daños siempre los hubo, solo que nunca fueron ejecutados por cuestiones administrativas y burocráticas.
Es la segunda tragedia, de similares características, que sufre Tiquipaya. La primera se registró en febrero de 2018, cuando cinco personas perdieron la vida.
En ese entonces, dicho municipio realizó diferentes obras y proyectos para evitar más pérdidas, pero no fueron suficientes para contener el nuevo aluvión.
De acuerdo a información de la Unidad de Riesgos de Tiquipaya, las seis obras hidráulicas que construyeron quedaron destrozadas por la mazamorra, pero lograron retener algo de material.
Pero estas seis estructuras, y otras adicionales, son consideradas “pequeñas” frente a otros dos proyectos millonarios y de “envergadura” que debían ser ejecutados desde el año pasado y que, por diversos factores, están paralizados.
Militares, policías y rescatistas fueron desplegados.
La Gobernación de Cochabamba impulsa la ejecución de dos proyectos que buscan contener futuros aluviones y desastres, como lo sucedido el pasado 20 y 21 de febrero. El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer, detalló en qué consisten estas obras y a cuánto asciende la inversión.
El primer proyecto prevé la construcción de 15 disipadores. Nueve serán ejecutados en la parte media alta del río Taquiña y otros seis disipadores -u obras hidráulicas- estarán en la parte alta de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari.
La inversión será de 15 millones de bolivianos. Estos recursos serán puestos por el Gobierno central, la Gobernación de Cochabamba y las alcaldías de Cercado y Tiquipaya.
Estas obras contemplan proyectos hidráulicos, forestación, construcción de defensivos, piscinas de sedimentación, mejoramiento del sistema de riego de la parte alta -si fuese necesario-, zanjas de coronamientos para impermeabilizar algunas fracturas en los taludes y el manejo integral de los bosques.
Estos disipadores o diques tienen la función de “disipar” la energía y velocidad del agua del río Tunari. Además deben retener los sólidos y el agua si se presentaran inundaciones.
El segundo proyecto contempla la contratación de una consultora para el manejo integral de las cuencas Taquiña y Kora.
“Estos proyectos actualmente se encuentran en proceso de contratación de las empresas que las van a ejecutar. Los recursos los tenemos garantizados”, dijo Lisperguer.
Estos planes debían ejecutarse en 2019, pero debido a cuestiones administrativas y burocráticas -sobre todo en las alcaldías de Cercado (Demócratas) y Tiquipaya (MAS)- las obras están paralizadas. Lisperguer advirtió con procesos penales contra autoridades y funcionarios municipales por la cadena de “irresponsabilidades”.
“Para la firma del convenio la Alcaldía de Tiquipaya se demoró dos meses, la de Cercado casi cinco meses y así se fueron sumando los retrasos de las demás instituciones. Hemos llegado hasta fin de año (diciembre de 2019) sin la implementación de estos proyectos. Ahora que se cumplen todos estos procedimientos en la época de lluvia es imposible realizarlos”, precisó.
Indicó que concluida la temporada de lluvia se dará inicio a la construcción de los disipadores, pero el titular de la Secretaría de la Madre Tierra no garantiza que prevenga otro desastre similar a lo ocurrido la semana pasada o en febrero de 2018.
Está convencido que los daños serán menores, pero el riesgo siempre estará latente porque ese sector es inestable y no es apto para la urbanización. Además, las obras serán ejecutadas a largo plazo y los resultados serán visibles de tres a cinco años.
El director del Servicio Departamental de Cuencas, Juan Pablo Patiño, tiene una similar opinión a Lisperguer. Manifiesta que estos proyectos no son la solución para evitar desastres.
“Los proyectos no son suficientes. Las familias asentadas en las orillas del río Taquiña tienen que ser reubicadas”, dijo.
Continúan las tareas de rescate en la zona del desastre.
El Servicio Departamental de Cuencas (SDC) de la Gobernación tiene un presupuesto de 18,8 millones de bolivianos (2,7 millones de dólares) para la ejecución de proyectos en las 30 cuencas de Cochabamba. De acuerdo a sus datos, las áreas se dividen en micro, sub o macrocuencas. Estas últimas son Rocha, Mizque, Arque-Tapacarí y trópico.
La microcuenca Taquiña (el río que baja del Tunari) pertenece a la subcuenca Rocha. Las demás microcuencas son Pucara, Thola Pujru, Viloma, Chocaya, Siches, Pankuruma, Higuerani, Kuyaj Kocha, Huallaquea, Siriska y otros.
Para el exdirector del Parque Nacional Tunari (PNT) Carlos Espinoza no son solo 30 cuencas, sino 54, solo en la región metropolitana. Estas bajan de la Cordillera Tunari y abarcan los municipios de Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Colcapirua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
Desde 2019, el SDC ejecuta 17 proyectos de manejo integral con los siguientes componentes: asistencia técnica integral, manejo y conservación de suelos, manejo de pradera andina y ganadería, manejo y control de áreas degradadas y -por último- control hidráulico de cauces y torrenteras.
Se pretende beneficiar a casi 4.000 familias e intervenir en 930 hectáreas de superficie protegida contra la erosión.
Respecto al presupuesto, en 2014 el SDC contaba con 17,6 millones de bolivianos; en 2015 bajó drásticamente a 7,8 millones; en 2016 fue de 10 millones; en 2017 tuvo 10,7 millones; en 2018 la cifra fue de 10,2 millones y en 2019 de 18,8 millones.
Para el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer, este presupuesto es insuficiente frente a los recursos que contaba el Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic). Este contaba con hasta cinco millones de dólares anuales solo para el manejo de la cuenca Rocha del eje metropolitano. Mientras que el SDC abarca a todas las microcuencas de los 47 municipios del departamento.
La presidenta Jeanine Añez, en su visita a Tiquipaya, anunció la reactivación del Promic.
“Desde nuestra percepción el Promic sí funcionó, pero no era sustentable porque era financiado por la cooperación internacional y en cualquier momento esta siempre llega a su fin”, aseguró Lisperguer.
Espinoza recordó que en la década de los 70 a 80, la Corporación de Desarrollo Cochabamba -ex-Cordeco- era la encargada, con su unidad de torrenteras, del dragado de ríos como trabajo de emergencia.
“En los 90 y parte de los 2000 le reemplazó el Promic con un enfoque de manejo integral en 10 cuencas piloto, se concentró en la parte alta y no en las zonas bajas urbanizadas. La más representativa era la cuenca Taquiña”, afirmó Espinoza.
En 2015, el Promic fue reemplazado por el SDC, pero con “presupuesto insuficiente”.
2 desastres similares
Los distritos 5 y 6 del municipio de Tiquipaya fueron azotados en 2018 y 2020 por una mazamorra que descendió del Parque Nacional Tunari por el río Taquiña.
2018 La tarde del 6 de febrero de ese año una mazamorra de lodo afectó a las zonas Chilimarca, Villa Belén y Cruce Taquiña, del municipio de Tiquipaya. Una torrencial lluvia ocasionó el desborde de la cuenca.
5 personas perdieron la vida en el desastre. Gamaliel Rojas (de 12 años), Héctor Torrico (77), Teodoro Acuña (78), Paulina Montaño (42) y Janeth Nina (37). Hubo 122 casas destruidas, más de 300 dañadas y cerca de 30 familias debían ser reubicadas.
2019 La deforestación del Tunari es considerada la principal causa para el desborde del río. Ese año se quemaron más de 1.300 hectáreas del parque en el eje metropolitano.
2020 La madrugada del 20 de febrero otra mazamorra descendió del Tunari. Se pudo prevenir las muertes por una estación meteorológica de la cuenca Tunari, que anticipó el desastre.
22 de febrero de este año la presidenta Jeanine Añez, junto a un equipo de ministros, visitó la zona afectada de Tiquipaya y se comprometió a trabajar en medidas preventivas para evitar futuros desastres de similares dimensiones.
Las causas y efectos de la mazamorra en la cuenca Taquiña
Ambiental El desborde del río Taquiña en 2018 y este año se asocia a varios factores: naturales, ambientales, sociales, normativo institucionales y financieros, según el exdirector del PNT Carlos Espinoza.
Urbanizaciones “El casi abandono de la cuenca y el debilitamiento en la aplicación de normas ambientales como de las franjas de seguridad que fueron vulneradas por las urbanizaciones y aprobadas por las alcaldías”, añadió Espinoza.
Reporte Hasta el 26 de febrero, la Alcaldía de Tiquipaya reportó 130 familias afectadas (560 personas), 286 casas afectadas y 80 dañadas. Se habilitaron dos albergues: Libertad, con 270 personas, y Degues, con 70 afectados.
Movilizados Trabajan 620 militares, la Policía con 221 efectivos y hay 90 rescatistas. El área afectada es 28 hectáreas.
María Mena M. / Cochabamba
¿La tragedia en Tiquipaya, Cochabamba, pudo evitarse?, es la cuestionante que se realizan algunos vecinos de los distritos 5 y 6 de ese municipio, donde la madrugada del 20 de febrero una mazamorra de lodo y piedra bajó desde el Tunari por el río Taquiña anegando más de 250 viviendas. Los proyectos y presupuestos millonarios para reducir y contener los daños siempre los hubo, solo que nunca fueron ejecutados por cuestiones administrativas y burocráticas.
Es la segunda tragedia, de similares características, que sufre Tiquipaya. La primera se registró en febrero de 2018, cuando cinco personas perdieron la vida.
En ese entonces, dicho municipio realizó diferentes obras y proyectos para evitar más pérdidas, pero no fueron suficientes para contener el nuevo aluvión.
De acuerdo a información de la Unidad de Riesgos de Tiquipaya, las seis obras hidráulicas que construyeron quedaron destrozadas por la mazamorra, pero lograron retener algo de material.
Pero estas seis estructuras, y otras adicionales, son consideradas “pequeñas” frente a otros dos proyectos millonarios y de “envergadura” que debían ser ejecutados desde el año pasado y que, por diversos factores, están paralizados.
Militares, policías y rescatistas fueron desplegados.
La Gobernación de Cochabamba impulsa la ejecución de dos proyectos que buscan contener futuros aluviones y desastres, como lo sucedido el pasado 20 y 21 de febrero. El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer, detalló en qué consisten estas obras y a cuánto asciende la inversión.
El primer proyecto prevé la construcción de 15 disipadores. Nueve serán ejecutados en la parte media alta del río Taquiña y otros seis disipadores -u obras hidráulicas- estarán en la parte alta de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari.
La inversión será de 15 millones de bolivianos. Estos recursos serán puestos por el Gobierno central, la Gobernación de Cochabamba y las alcaldías de Cercado y Tiquipaya.
Estas obras contemplan proyectos hidráulicos, forestación, construcción de defensivos, piscinas de sedimentación, mejoramiento del sistema de riego de la parte alta -si fuese necesario-, zanjas de coronamientos para impermeabilizar algunas fracturas en los taludes y el manejo integral de los bosques.
Estos disipadores o diques tienen la función de “disipar” la energía y velocidad del agua del río Tunari. Además deben retener los sólidos y el agua si se presentaran inundaciones.
El segundo proyecto contempla la contratación de una consultora para el manejo integral de las cuencas Taquiña y Kora.
“Estos proyectos actualmente se encuentran en proceso de contratación de las empresas que las van a ejecutar. Los recursos los tenemos garantizados”, dijo Lisperguer.
Estos planes debían ejecutarse en 2019, pero debido a cuestiones administrativas y burocráticas -sobre todo en las alcaldías de Cercado (Demócratas) y Tiquipaya (MAS)- las obras están paralizadas. Lisperguer advirtió con procesos penales contra autoridades y funcionarios municipales por la cadena de “irresponsabilidades”.
“Para la firma del convenio la Alcaldía de Tiquipaya se demoró dos meses, la de Cercado casi cinco meses y así se fueron sumando los retrasos de las demás instituciones. Hemos llegado hasta fin de año (diciembre de 2019) sin la implementación de estos proyectos. Ahora que se cumplen todos estos procedimientos en la época de lluvia es imposible realizarlos”, precisó.
Indicó que concluida la temporada de lluvia se dará inicio a la construcción de los disipadores, pero el titular de la Secretaría de la Madre Tierra no garantiza que prevenga otro desastre similar a lo ocurrido la semana pasada o en febrero de 2018.
Está convencido que los daños serán menores, pero el riesgo siempre estará latente porque ese sector es inestable y no es apto para la urbanización. Además, las obras serán ejecutadas a largo plazo y los resultados serán visibles de tres a cinco años.
El director del Servicio Departamental de Cuencas, Juan Pablo Patiño, tiene una similar opinión a Lisperguer. Manifiesta que estos proyectos no son la solución para evitar desastres.
“Los proyectos no son suficientes. Las familias asentadas en las orillas del río Taquiña tienen que ser reubicadas”, dijo.
Continúan las tareas de rescate en la zona del desastre.
El Servicio Departamental de Cuencas (SDC) de la Gobernación tiene un presupuesto de 18,8 millones de bolivianos (2,7 millones de dólares) para la ejecución de proyectos en las 30 cuencas de Cochabamba. De acuerdo a sus datos, las áreas se dividen en micro, sub o macrocuencas. Estas últimas son Rocha, Mizque, Arque-Tapacarí y trópico.
La microcuenca Taquiña (el río que baja del Tunari) pertenece a la subcuenca Rocha. Las demás microcuencas son Pucara, Thola Pujru, Viloma, Chocaya, Siches, Pankuruma, Higuerani, Kuyaj Kocha, Huallaquea, Siriska y otros.
Para el exdirector del Parque Nacional Tunari (PNT) Carlos Espinoza no son solo 30 cuencas, sino 54, solo en la región metropolitana. Estas bajan de la Cordillera Tunari y abarcan los municipios de Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Colcapirua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
Desde 2019, el SDC ejecuta 17 proyectos de manejo integral con los siguientes componentes: asistencia técnica integral, manejo y conservación de suelos, manejo de pradera andina y ganadería, manejo y control de áreas degradadas y -por último- control hidráulico de cauces y torrenteras.
Se pretende beneficiar a casi 4.000 familias e intervenir en 930 hectáreas de superficie protegida contra la erosión.
Respecto al presupuesto, en 2014 el SDC contaba con 17,6 millones de bolivianos; en 2015 bajó drásticamente a 7,8 millones; en 2016 fue de 10 millones; en 2017 tuvo 10,7 millones; en 2018 la cifra fue de 10,2 millones y en 2019 de 18,8 millones.
Para el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer, este presupuesto es insuficiente frente a los recursos que contaba el Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic). Este contaba con hasta cinco millones de dólares anuales solo para el manejo de la cuenca Rocha del eje metropolitano. Mientras que el SDC abarca a todas las microcuencas de los 47 municipios del departamento.
La presidenta Jeanine Añez, en su visita a Tiquipaya, anunció la reactivación del Promic.
“Desde nuestra percepción el Promic sí funcionó, pero no era sustentable porque era financiado por la cooperación internacional y en cualquier momento esta siempre llega a su fin”, aseguró Lisperguer.
Espinoza recordó que en la década de los 70 a 80, la Corporación de Desarrollo Cochabamba -ex-Cordeco- era la encargada, con su unidad de torrenteras, del dragado de ríos como trabajo de emergencia.
“En los 90 y parte de los 2000 le reemplazó el Promic con un enfoque de manejo integral en 10 cuencas piloto, se concentró en la parte alta y no en las zonas bajas urbanizadas. La más representativa era la cuenca Taquiña”, afirmó Espinoza.
En 2015, el Promic fue reemplazado por el SDC, pero con “presupuesto insuficiente”.
2 desastres similares
Los distritos 5 y 6 del municipio de Tiquipaya fueron azotados en 2018 y 2020 por una mazamorra que descendió del Parque Nacional Tunari por el río Taquiña.
2018 La tarde del 6 de febrero de ese año una mazamorra de lodo afectó a las zonas Chilimarca, Villa Belén y Cruce Taquiña, del municipio de Tiquipaya. Una torrencial lluvia ocasionó el desborde de la cuenca.
5 personas perdieron la vida en el desastre. Gamaliel Rojas (de 12 años), Héctor Torrico (77), Teodoro Acuña (78), Paulina Montaño (42) y Janeth Nina (37). Hubo 122 casas destruidas, más de 300 dañadas y cerca de 30 familias debían ser reubicadas.
2019 La deforestación del Tunari es considerada la principal causa para el desborde del río. Ese año se quemaron más de 1.300 hectáreas del parque en el eje metropolitano.
2020 La madrugada del 20 de febrero otra mazamorra descendió del Tunari. Se pudo prevenir las muertes por una estación meteorológica de la cuenca Tunari, que anticipó el desastre.
22 de febrero de este año la presidenta Jeanine Añez, junto a un equipo de ministros, visitó la zona afectada de Tiquipaya y se comprometió a trabajar en medidas preventivas para evitar futuros desastres de similares dimensiones.
Las causas y efectos de la mazamorra en la cuenca Taquiña
Ambiental El desborde del río Taquiña en 2018 y este año se asocia a varios factores: naturales, ambientales, sociales, normativo institucionales y financieros, según el exdirector del PNT Carlos Espinoza.
Urbanizaciones “El casi abandono de la cuenca y el debilitamiento en la aplicación de normas ambientales como de las franjas de seguridad que fueron vulneradas por las urbanizaciones y aprobadas por las alcaldías”, añadió Espinoza.
Reporte Hasta el 26 de febrero, la Alcaldía de Tiquipaya reportó 130 familias afectadas (560 personas), 286 casas afectadas y 80 dañadas. Se habilitaron dos albergues: Libertad, con 270 personas, y Degues, con 70 afectados.
Movilizados Trabajan 620 militares, la Policía con 221 efectivos y hay 90 rescatistas. El área afectada es 28 hectáreas.
