¿Por qué las protestas indígenas en Ecuador hacen temblar al gobierno?
Las manifestaciones en Ecuador, lideradas por los movimientos indígenas, han escalado hasta la confrontación con las fuerzas de seguridad
Maria Sol Borja
Infobae
Ecuador se encuentra hoy miércoles en estado de excepción, con toque de queda y lleva una semana de paro nacional tras las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre, que incluyen el retiro del subsidio al diésel y a la gasolina. Las movilizaciones, que empezaron con un paro de transportistas, se han intensificado después de que el movimiento indígena se sumara a ellas.
Tras declarar el estado de excepción que, según la Constitución ecuatoriana, implica la posibilidad de “suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información”, Moreno anunció el traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda que restringe la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría.
El martes, cientos de manifestantes irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional y fueron desalojados con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. Ya hay al menos 570 personas detenidas.
Las protestas, que siguen convocando a comunidades indígenas de todo el país, no son un buen presagio para el débil gobierno actual. Moreno llegó al poder de la mano del movimiento Alianza País, que gobierna Ecuador desde 2007 (una década con Rafael Correa y dos años con Moreno, electo hasta 2021). El actual presidente, que fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, empezó a distanciarse de su antiguo coideario en julio de 2017, menos de dos meses después de tomar posesión. El distanciamiento terminó en una ruptura política definitiva tras la cual Moreno se quedó con la organización política fundada por Correa y la militancia se dividió entre correístas y morenistas.
Moreno acusa al expresidente, autoexiliado en Bélgica y con varios procesos penales abiertos en Ecuador, de estar detrás de las protestas que ponen en jaque la estabilidad del país. Y el morenismo también acusa a las organizaciones indígenas de “hacerle el juego” al exmandatario.
En Ecuador aún se recuerda la fuerza que tuvo el movimiento indígena a finales de los años noventa y a principios de los 2000, y su rol protagónico en las manifestaciones que concluyeron con el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Tras el anuncio de una serie de medidas económicas, en enero de 1997, el gobierno de Bucaram obtuvo la respuesta de miles de indígenas que protestaron con cierres de vías y barricadas en Quito. Días después Bucaram fue destituido y huyó del país. Algo similar ocurrió con Mahuad en enero de 2000, cuando varios líderes indígenas entraron a la sede del Congreso Nacional y fueron posteriormente respaldados por un grupo de militares insurrectos. Mahuad tuvo que abandonar el Palacio Presidencial. Una historia similar viviría Lucio Gutiérrez cuatro años después.
Han pasado 15 años desde ese convulso período pero la población y los políticos saben qué sucede cuando las organizaciones indígenas protestan. La última vez que marcharon hacia Quito fue en agosto de 2015, en la llamada Marcha por la Vida y la Dignidad. Correa gobernaba el país y varias organizaciones anunciaron un paro nacional.
Correa intentó minimizar la protesta indígena y cuestionó su legitimidad: “Empiezan una marcha que en realidad es una caravana motorizada. Se creen república independiente; se dicen ancestrales y creen que pueden someter a todo el mundo. Se les acabó la fiesta”.
Tras ocho años de gobierno, la relación entre Correa y el movimiento indígena se había resquebrajado. En 2006, cuando el entonces candidato sin partido se enfrentaba en segunda vuelta electoral con el empresario Álvaro Noboa, el brazo político del movimiento indígena, Pachakutik, respaldó la candidatura presidencial de Correa. Tras ganar, tomó posesión simbólica en una comunidad indígena.
El acuerdo duró poco. Tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, proyecto emblema de Correa, empezó el distanciamiento que llegó a ruptura cuatro años después, cuando varias organizaciones se reunieron en la misma comunidad para retirarle el bastón de mando que le habían entregado el día de su posesión. Correa había incumplido con los pueblos indígenas, decían.
Pero Correa había logrado dividir a las organizaciones entre aquellos que estaban con él y quienes lo cuestionaban. En 2015, mientras la marcha indígena fue reprimida en su intento de llegar al Palacio de Gobierno, otra facción del movimiento llegó sin dificultades para respaldar al gobierno. Correa hoy está en el autoexilio.
Ya en el gobierno de Lenín Moreno, el movimiento indígena puso como condición para cualquier diálogo que haya 20 indultos y 117 amnistías para sus líderes, criminalizados durante el gobierno de su predecesor. Moreno indultó a siete líderes, El descontento permaneció silencioso y estalló finalmente con las medidas que el presidente anunció este mes.
Moreno sabe que la historia no se puede ignorar. La protesta no se puede silenciar mirando para otro lado, incluso a pesar de actos vandálicos por parte de manifestantes que no se identifican con el movimiento indígena. Y el gobierno parece haber aprendido esa lección pues ya anunció que la Organización de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y las universidades actúan como mediadores en la búsqueda de un diálogo con las organizaciones indígenas.
Y mientras el paro continúa y las protestas no cesan, el gobierno tiene la urgencia de demostrar su capacidad de diálogo y negociación frente a un movimiento fragmentado pero con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear.
Infobae
Ecuador se encuentra hoy miércoles en estado de excepción, con toque de queda y lleva una semana de paro nacional tras las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre, que incluyen el retiro del subsidio al diésel y a la gasolina. Las movilizaciones, que empezaron con un paro de transportistas, se han intensificado después de que el movimiento indígena se sumara a ellas.
Tras declarar el estado de excepción que, según la Constitución ecuatoriana, implica la posibilidad de “suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información”, Moreno anunció el traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda que restringe la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría.
El martes, cientos de manifestantes irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional y fueron desalojados con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. Ya hay al menos 570 personas detenidas.
Las protestas, que siguen convocando a comunidades indígenas de todo el país, no son un buen presagio para el débil gobierno actual. Moreno llegó al poder de la mano del movimiento Alianza País, que gobierna Ecuador desde 2007 (una década con Rafael Correa y dos años con Moreno, electo hasta 2021). El actual presidente, que fue vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, empezó a distanciarse de su antiguo coideario en julio de 2017, menos de dos meses después de tomar posesión. El distanciamiento terminó en una ruptura política definitiva tras la cual Moreno se quedó con la organización política fundada por Correa y la militancia se dividió entre correístas y morenistas.
Moreno acusa al expresidente, autoexiliado en Bélgica y con varios procesos penales abiertos en Ecuador, de estar detrás de las protestas que ponen en jaque la estabilidad del país. Y el morenismo también acusa a las organizaciones indígenas de “hacerle el juego” al exmandatario.
En Ecuador aún se recuerda la fuerza que tuvo el movimiento indígena a finales de los años noventa y a principios de los 2000, y su rol protagónico en las manifestaciones que concluyeron con el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Tras el anuncio de una serie de medidas económicas, en enero de 1997, el gobierno de Bucaram obtuvo la respuesta de miles de indígenas que protestaron con cierres de vías y barricadas en Quito. Días después Bucaram fue destituido y huyó del país. Algo similar ocurrió con Mahuad en enero de 2000, cuando varios líderes indígenas entraron a la sede del Congreso Nacional y fueron posteriormente respaldados por un grupo de militares insurrectos. Mahuad tuvo que abandonar el Palacio Presidencial. Una historia similar viviría Lucio Gutiérrez cuatro años después.
Han pasado 15 años desde ese convulso período pero la población y los políticos saben qué sucede cuando las organizaciones indígenas protestan. La última vez que marcharon hacia Quito fue en agosto de 2015, en la llamada Marcha por la Vida y la Dignidad. Correa gobernaba el país y varias organizaciones anunciaron un paro nacional.
Correa intentó minimizar la protesta indígena y cuestionó su legitimidad: “Empiezan una marcha que en realidad es una caravana motorizada. Se creen república independiente; se dicen ancestrales y creen que pueden someter a todo el mundo. Se les acabó la fiesta”.
Tras ocho años de gobierno, la relación entre Correa y el movimiento indígena se había resquebrajado. En 2006, cuando el entonces candidato sin partido se enfrentaba en segunda vuelta electoral con el empresario Álvaro Noboa, el brazo político del movimiento indígena, Pachakutik, respaldó la candidatura presidencial de Correa. Tras ganar, tomó posesión simbólica en una comunidad indígena.
El acuerdo duró poco. Tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, proyecto emblema de Correa, empezó el distanciamiento que llegó a ruptura cuatro años después, cuando varias organizaciones se reunieron en la misma comunidad para retirarle el bastón de mando que le habían entregado el día de su posesión. Correa había incumplido con los pueblos indígenas, decían.
Pero Correa había logrado dividir a las organizaciones entre aquellos que estaban con él y quienes lo cuestionaban. En 2015, mientras la marcha indígena fue reprimida en su intento de llegar al Palacio de Gobierno, otra facción del movimiento llegó sin dificultades para respaldar al gobierno. Correa hoy está en el autoexilio.
Ya en el gobierno de Lenín Moreno, el movimiento indígena puso como condición para cualquier diálogo que haya 20 indultos y 117 amnistías para sus líderes, criminalizados durante el gobierno de su predecesor. Moreno indultó a siete líderes, El descontento permaneció silencioso y estalló finalmente con las medidas que el presidente anunció este mes.
Moreno sabe que la historia no se puede ignorar. La protesta no se puede silenciar mirando para otro lado, incluso a pesar de actos vandálicos por parte de manifestantes que no se identifican con el movimiento indígena. Y el gobierno parece haber aprendido esa lección pues ya anunció que la Organización de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y las universidades actúan como mediadores en la búsqueda de un diálogo con las organizaciones indígenas.
Y mientras el paro continúa y las protestas no cesan, el gobierno tiene la urgencia de demostrar su capacidad de diálogo y negociación frente a un movimiento fragmentado pero con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear.
