Expertos: En la zona arrasada por el fuego se prevé la siembra de soya
El Gobierno prepara la defensa legal de las normas que autorizan quemas; los agroindustriales rechazan la abrogación de las leyes y dicen que la zona devastada no es apta para cultivo de granos.
Cándido Tancara Castillo / La Paz
Entre julio y los últimos días, el fuego arrasó casi cuatro millones de hectáreas entre bosques y pastizales en la Chiquitania, pese a los esfuerzos de mitigación que hace el Gobierno con una inversión superior a los 20 millones de dólares. Al menos dos analistas sostienen que el terreno está preparado o chaqueado para la siembra de soya y creen que no lo harán los agroindustriales, sino los colonizadores, los beneficiarios de tierras fiscales, que son sus proveedores del grano.
El coordinador regional de Fundación Tierra Oriente, Alcides Vadillo, y el director de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, dijeron, por separado, que el “ganador del desastre medioambiental” chiquitano es el monocultivo de la soya para la exportación y otros granos.
Creen que la prueba está en que de manera coincidente el Gobierno y los agroindustriales cruceños no quieren anular cuatro leyes (337, 741, 1098 y 1171) y un decreto supremo (3973), promulgado por el presidente Evo Morales, entre 2013 y julio 2019, que autorizan desmontes y quemas en la Chiquitania, que arde desde julio.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció el martes (1) que “el Gobierno va a preparar una respuesta, la más coherente y consistente frente a este recurso” de inconstitucionalidad, admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional y presentado por los diputados opositores Horacio Poppe, Gróver Huanca y Gina Torre contra el DS 3973, que autoriza desmonte y quema.
El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y empresario cruceño Gabriel Dabdoub rechazó la derogación de las normas que incentivan la ampliación de la frontera agrícola, indicando que “de eso vivimos”, y el segundo vicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, dijo que “la finalidad es incrementar las posibilidades del país”. A todo ello el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, afirmó que el sector agroindustrial no plantearía ampliar la frontera agrícola en zonas de vocación forestal permanente no aptas para el cultivo agrícola, como es la Chiquitania.
Ya se prepara la siembra
El ejecutivo de Probioma, Miguel Ángel Crespo, sostuvo que el territorio de la Chiquitania chaqueado favorece al cultivo de la soya para la exportación y no así para la producción de alimentos para los bolivianos, porque es tierra seca y ahora está agravada por la deforestación que ahonda la sequía, la intensidad del calor y la ausencia de lluvia.
“Estamos hablando de bosque seco chiquitano”, dijo Crespo al recordar que el Gobierno autorizó a los agroindustriales el uso de semillas transgénicas resistentes a la sequía. “La autorización es demasiada casualidad”, manifestó. El Gobierno aprobó dos semillas transgénicas, decisión contraria al Art. 255 de la Constitución Política del Estado: HB4, tolerante a la sequía, y RR-40-3-2, resistente a glifosato.
Estimó que otra de las razones para respaldar el chaqueo masivo o incendio forestal en la Chiquitania es la negativa del Gobierno de declarar desastre nacional, porque de hacerlo, dijo, la cooperación internacional no solo recomendará la restauración del bosque seco, sino también hará investigación para encontrar las razones del incendio o auditoría ambiental.
Crespo manifestó que el territorio convertido en cenizas, en la Chiquitania, ya cumple con la función económica social (FES), pues son tierras saneadas, tituladas, desmontadas y chaqueadas, y para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ya es legal, pues no provocará avasallamientos porque los dueños son colonizadores afines al Gobierno.
“Ya se ve el impacto del incendio forestal, en Santa Ana, en la zona de San Ignacio de Velasco, camino a San Rafaelito de Suponema, y en la región del preparque (Noel Kempff Mercado), comunidades asentadas hace diez años, otras nuevas y en la zona quemada, ya hay actividad agrícola, hay movimiento de maquinaria; se prepara la campaña de soya de verano y solo se espera la llegada de la lluvia para sembrar; es tierra nueva para el cultivo de soya”, dijo Crespo, que trabaja en el región hace 29 años.
En esta línea, según el ejecutivo de Probioma, “esto muestra a toda luz que había intencionalidad de generar leyes y decretos que generaron este desastre” nacional.
Vadillo y Crespo dijeron que la tierra chaqueada tiene valor de mercado, antes de julio y cerca de los bosques la hectáreas costaba 400 dólares y hoy en los mismos lugares subió a 1.500 y 2.500 dólares.
Deforestación con incentivo
El coordinador regional de Fundación Tierra Oriente, Alcides Vadillo, sostuvo que el norte integrado, donde la producción de soya es industrial, tiene la “tierra cansada”, porque se produce en verano e invierno y por ello, dijo, la frontera agrícola avanza hacia la Chiquitania. Sin embargo, continuó, es una zona de bosque seco, donde la vocación es forestal y ganadera, no es para la producción de granos.
Si bien para Vadillo es un aparente error del Gobierno y de los agroindustriales avanzar hacia la ahora zona devastada por el fuego, porque es seco y con poca lluvia, tiene su salvedad porque hay incentivo para producir caña y soya con semilla transgénica, resistentes a la sequía. El Gobierno autorizó en marzo el cultivo de soya en 250 mil nuevas hectáreas para producir cien millones de litros de aceite vegetal para la producción de biodiésel. También aprobó la ampliación del cultivo de caña de azúcar de 150 mil a 305 mil hectáreas en los próximos ocho años para la producción de 380 millones de litro de etanol para que luego mezclar con la gasolina convencional. En la firma de los convenios entre Gobierno y los agroindustriales (CAO, Anapo y Cainco) se dijo que la pretensión es disminuir la subvención a los hidrocarburos en 400 millones de bolivianos anuales.
Vadillo dijo que con semillas resistentes a la sequía se puede producir soya, maíz, sorgo, sésamo y chía en la Chiquitania, todo para la exportación, pues “muy poco” se consume en el país. “La Chiquitania tiene tierra con vocación maderera y ganadera, pero ahora se pretende cambiar esa vocación natural”, añadió.
Reveló que en la zona del desastre se registró una acelerada deforestación en los últimos años. Recordó que entre el 2000 y 2012 la deforestación legal y autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) era de 50.000 hectáreas por año. El 2013, en concordancia con las cuatro leyes y un decreto promulgados, la deforestación trepó a 100 mil hectáreas el mismo año y desde 2015, después de la Cumbre Sembrando Bolivia, se aceleró a 270 mil, porque se dieron varios acuerdos con los agroindustriales para ampliar la frontera agrícola (que de 2,5 millones de hectáreas en 2005 subió a 3,6 millones en 2018).
Vadillo afirmó que el origen de este incremento está en el incentivo a la deforestación. Se autorizó hacer desmontes de cinco a 20 hectáreas sin trámites y con el solo llenado de un formulario PDM20 o Plan de Desmonte 20 Hectáreas. Este incentivo fue legalizado por la Ley 741 y la implementó la ABT.
Crespo y Vadillo coincidieron en señalar que pese a todas los objetivos trazados por el Gobierno y los agroindustriales, que apuestan encarar la agroindustria en la Chiquitania, año que pasa la zona es seca y con la quema de bosques la situación se vuelve crítica.
Explicaron que hace diez años la siembra de maíz era en agosto y en diciembre se comía tamales, ahora se siembra con las primeras lluvias de noviembre y se cosecha en Carnaval. “Las lluvias disminuyeron en 40%, en términos de mililitros, y esto será peor en los próximos años por el incendio, pues se quemaron bosques”, dijo Vadillo.
Crespo dijo que los chaqueos se hacían después de la primera lluvia para preparar la tierra y ahora se hizo antes (julio). Dijo que en la región cada vez es menor el trabajo natural de los bosques, porque están quemados: reguladores de clima, generadores de agua y controladores de plagas.
Santa Cruz en cifras
Fuego Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, hasta el 2 de octubre se quemaron 5,3 millones de hectáreas, de las cuales más de 3,9 millones en la Chiquitania.
Producción Santa Cruz concentra más del 70% de la producción agrícola, destaca la producción oleaginosa y cereales, abarca el 43% del hato ganadero nacional (4.147.129 cabezas) y la producción de carne superó las 126 mil toneladas y representó el 56% de la producción de huevo, 300.339.454 litros de leche y 1.002.894 cabezas de ganado porcino. IBCE.
Anticipan que se convertirá en zona cocalera
La extensa zona chaqueada, por el incendio forestal descontrolado en la Chiquitania, al parecer se convertirá en zona cocalera en los próximos años. “(A futuro) no me sorprendería que en el país solo haya coca yungueña, coca del Chapare y también coca chiquitana”, dijo el coordinador regional de Fundación Tierra Oriente, Alcides Vadillo.
Sostuvo que en la región hay colonizadores que constituyeron 1.400 comunidades a partir del 2011 e ingresaron con la autorización del Gobierno; recibieron tierras fiscales saneadas y ahora chaqueadas.
El director de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, dijo que no le sorprendería cultivos de coca en la Chiquitania, pues esta actividad que era propia solo de los Yungas, luego avanzó al Chapare y ahora ya está en Yapacaní (Santa Cruz).
El padre jesuita y vicario judicial del Arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzanera, sostuvo que como las zonas del Chapare ya están agotadas para sembrar coca, algunos sectores de los cocaleros buscan nuevas tierras y ven en las zonas chaqueadas en la Chiquitania como una opción.
“Ya se está viendo cómo ya los mismos cocaleros, pues ya ven que las tierras del Chapare ya están medio agotadas para producir la coca, entonces hay aquí (en la Chiquitania) un elemento muy callado pero muy real de que estas zonas (chaqueadas) también se piensa utilizar para cultivos de coca. Habrá que hacer algún arreglo, pero yo creo que va por ahí la discusión”, dijo.
El analista económico Carlos Toranzo, en su artículo de opinión “Cuidado con el circuito coca cocaína”, recordó que Yapacaní no tenía nada que ver con la coca, ahora es un lugar del negocio de la coca y de la cocaína. También menciona que si bien aún no se construyó la carretera por el Tipnis, pero sí dos puentes, en la parte sur de esa reserva ya se cultiva coca.
Señala que los colonizadores que ingresaron a la Chiquitania “son cocaleros o pronto lo serán” y advirtió que el Gobierno “está jugando con fuego al ser amigable con quienes son los actores del circuito coca cocaína”.
Entre julio y los últimos días, el fuego arrasó casi cuatro millones de hectáreas entre bosques y pastizales en la Chiquitania, pese a los esfuerzos de mitigación que hace el Gobierno con una inversión superior a los 20 millones de dólares. Al menos dos analistas sostienen que el terreno está preparado o chaqueado para la siembra de soya y creen que no lo harán los agroindustriales, sino los colonizadores, los beneficiarios de tierras fiscales, que son sus proveedores del grano.
El coordinador regional de Fundación Tierra Oriente, Alcides Vadillo, y el director de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, dijeron, por separado, que el “ganador del desastre medioambiental” chiquitano es el monocultivo de la soya para la exportación y otros granos.
Creen que la prueba está en que de manera coincidente el Gobierno y los agroindustriales cruceños no quieren anular cuatro leyes (337, 741, 1098 y 1171) y un decreto supremo (3973), promulgado por el presidente Evo Morales, entre 2013 y julio 2019, que autorizan desmontes y quemas en la Chiquitania, que arde desde julio.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció el martes (1) que “el Gobierno va a preparar una respuesta, la más coherente y consistente frente a este recurso” de inconstitucionalidad, admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional y presentado por los diputados opositores Horacio Poppe, Gróver Huanca y Gina Torre contra el DS 3973, que autoriza desmonte y quema.
El expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y empresario cruceño Gabriel Dabdoub rechazó la derogación de las normas que incentivan la ampliación de la frontera agrícola, indicando que “de eso vivimos”, y el segundo vicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, dijo que “la finalidad es incrementar las posibilidades del país”. A todo ello el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, afirmó que el sector agroindustrial no plantearía ampliar la frontera agrícola en zonas de vocación forestal permanente no aptas para el cultivo agrícola, como es la Chiquitania.
Ya se prepara la siembra
El ejecutivo de Probioma, Miguel Ángel Crespo, sostuvo que el territorio de la Chiquitania chaqueado favorece al cultivo de la soya para la exportación y no así para la producción de alimentos para los bolivianos, porque es tierra seca y ahora está agravada por la deforestación que ahonda la sequía, la intensidad del calor y la ausencia de lluvia.
“Estamos hablando de bosque seco chiquitano”, dijo Crespo al recordar que el Gobierno autorizó a los agroindustriales el uso de semillas transgénicas resistentes a la sequía. “La autorización es demasiada casualidad”, manifestó. El Gobierno aprobó dos semillas transgénicas, decisión contraria al Art. 255 de la Constitución Política del Estado: HB4, tolerante a la sequía, y RR-40-3-2, resistente a glifosato.
Estimó que otra de las razones para respaldar el chaqueo masivo o incendio forestal en la Chiquitania es la negativa del Gobierno de declarar desastre nacional, porque de hacerlo, dijo, la cooperación internacional no solo recomendará la restauración del bosque seco, sino también hará investigación para encontrar las razones del incendio o auditoría ambiental.
Crespo manifestó que el territorio convertido en cenizas, en la Chiquitania, ya cumple con la función económica social (FES), pues son tierras saneadas, tituladas, desmontadas y chaqueadas, y para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ya es legal, pues no provocará avasallamientos porque los dueños son colonizadores afines al Gobierno.
“Ya se ve el impacto del incendio forestal, en Santa Ana, en la zona de San Ignacio de Velasco, camino a San Rafaelito de Suponema, y en la región del preparque (Noel Kempff Mercado), comunidades asentadas hace diez años, otras nuevas y en la zona quemada, ya hay actividad agrícola, hay movimiento de maquinaria; se prepara la campaña de soya de verano y solo se espera la llegada de la lluvia para sembrar; es tierra nueva para el cultivo de soya”, dijo Crespo, que trabaja en el región hace 29 años.
En esta línea, según el ejecutivo de Probioma, “esto muestra a toda luz que había intencionalidad de generar leyes y decretos que generaron este desastre” nacional.
Vadillo y Crespo dijeron que la tierra chaqueada tiene valor de mercado, antes de julio y cerca de los bosques la hectáreas costaba 400 dólares y hoy en los mismos lugares subió a 1.500 y 2.500 dólares.
Deforestación con incentivo
El coordinador regional de Fundación Tierra Oriente, Alcides Vadillo, sostuvo que el norte integrado, donde la producción de soya es industrial, tiene la “tierra cansada”, porque se produce en verano e invierno y por ello, dijo, la frontera agrícola avanza hacia la Chiquitania. Sin embargo, continuó, es una zona de bosque seco, donde la vocación es forestal y ganadera, no es para la producción de granos.
Si bien para Vadillo es un aparente error del Gobierno y de los agroindustriales avanzar hacia la ahora zona devastada por el fuego, porque es seco y con poca lluvia, tiene su salvedad porque hay incentivo para producir caña y soya con semilla transgénica, resistentes a la sequía. El Gobierno autorizó en marzo el cultivo de soya en 250 mil nuevas hectáreas para producir cien millones de litros de aceite vegetal para la producción de biodiésel. También aprobó la ampliación del cultivo de caña de azúcar de 150 mil a 305 mil hectáreas en los próximos ocho años para la producción de 380 millones de litro de etanol para que luego mezclar con la gasolina convencional. En la firma de los convenios entre Gobierno y los agroindustriales (CAO, Anapo y Cainco) se dijo que la pretensión es disminuir la subvención a los hidrocarburos en 400 millones de bolivianos anuales.
Vadillo dijo que con semillas resistentes a la sequía se puede producir soya, maíz, sorgo, sésamo y chía en la Chiquitania, todo para la exportación, pues “muy poco” se consume en el país. “La Chiquitania tiene tierra con vocación maderera y ganadera, pero ahora se pretende cambiar esa vocación natural”, añadió.
Reveló que en la zona del desastre se registró una acelerada deforestación en los últimos años. Recordó que entre el 2000 y 2012 la deforestación legal y autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) era de 50.000 hectáreas por año. El 2013, en concordancia con las cuatro leyes y un decreto promulgados, la deforestación trepó a 100 mil hectáreas el mismo año y desde 2015, después de la Cumbre Sembrando Bolivia, se aceleró a 270 mil, porque se dieron varios acuerdos con los agroindustriales para ampliar la frontera agrícola (que de 2,5 millones de hectáreas en 2005 subió a 3,6 millones en 2018).
Vadillo afirmó que el origen de este incremento está en el incentivo a la deforestación. Se autorizó hacer desmontes de cinco a 20 hectáreas sin trámites y con el solo llenado de un formulario PDM20 o Plan de Desmonte 20 Hectáreas. Este incentivo fue legalizado por la Ley 741 y la implementó la ABT.
Crespo y Vadillo coincidieron en señalar que pese a todas los objetivos trazados por el Gobierno y los agroindustriales, que apuestan encarar la agroindustria en la Chiquitania, año que pasa la zona es seca y con la quema de bosques la situación se vuelve crítica.
Explicaron que hace diez años la siembra de maíz era en agosto y en diciembre se comía tamales, ahora se siembra con las primeras lluvias de noviembre y se cosecha en Carnaval. “Las lluvias disminuyeron en 40%, en términos de mililitros, y esto será peor en los próximos años por el incendio, pues se quemaron bosques”, dijo Vadillo.
Crespo dijo que los chaqueos se hacían después de la primera lluvia para preparar la tierra y ahora se hizo antes (julio). Dijo que en la región cada vez es menor el trabajo natural de los bosques, porque están quemados: reguladores de clima, generadores de agua y controladores de plagas.
Santa Cruz en cifras
Fuego Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, hasta el 2 de octubre se quemaron 5,3 millones de hectáreas, de las cuales más de 3,9 millones en la Chiquitania.
Producción Santa Cruz concentra más del 70% de la producción agrícola, destaca la producción oleaginosa y cereales, abarca el 43% del hato ganadero nacional (4.147.129 cabezas) y la producción de carne superó las 126 mil toneladas y representó el 56% de la producción de huevo, 300.339.454 litros de leche y 1.002.894 cabezas de ganado porcino. IBCE.
Anticipan que se convertirá en zona cocalera
La extensa zona chaqueada, por el incendio forestal descontrolado en la Chiquitania, al parecer se convertirá en zona cocalera en los próximos años. “(A futuro) no me sorprendería que en el país solo haya coca yungueña, coca del Chapare y también coca chiquitana”, dijo el coordinador regional de Fundación Tierra Oriente, Alcides Vadillo.
Sostuvo que en la región hay colonizadores que constituyeron 1.400 comunidades a partir del 2011 e ingresaron con la autorización del Gobierno; recibieron tierras fiscales saneadas y ahora chaqueadas.
El director de Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, dijo que no le sorprendería cultivos de coca en la Chiquitania, pues esta actividad que era propia solo de los Yungas, luego avanzó al Chapare y ahora ya está en Yapacaní (Santa Cruz).
El padre jesuita y vicario judicial del Arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzanera, sostuvo que como las zonas del Chapare ya están agotadas para sembrar coca, algunos sectores de los cocaleros buscan nuevas tierras y ven en las zonas chaqueadas en la Chiquitania como una opción.
“Ya se está viendo cómo ya los mismos cocaleros, pues ya ven que las tierras del Chapare ya están medio agotadas para producir la coca, entonces hay aquí (en la Chiquitania) un elemento muy callado pero muy real de que estas zonas (chaqueadas) también se piensa utilizar para cultivos de coca. Habrá que hacer algún arreglo, pero yo creo que va por ahí la discusión”, dijo.
El analista económico Carlos Toranzo, en su artículo de opinión “Cuidado con el circuito coca cocaína”, recordó que Yapacaní no tenía nada que ver con la coca, ahora es un lugar del negocio de la coca y de la cocaína. También menciona que si bien aún no se construyó la carretera por el Tipnis, pero sí dos puentes, en la parte sur de esa reserva ya se cultiva coca.
Señala que los colonizadores que ingresaron a la Chiquitania “son cocaleros o pronto lo serán” y advirtió que el Gobierno “está jugando con fuego al ser amigable con quienes son los actores del circuito coca cocaína”.
