Boris Johnson, acorralado tras un golpe sin precedentes para un premier británico: los dos caminos que le quedan
El histórico fallo de la Corte Suprema del Reino Unido, que declaró ilegal la suspensión del Parlamento, es una nueva frustración para el mandatario, que se aferra a la promesa de concretar el Brexit el 31 de octubre, pero parece atado de manos
Darío Mizrahi
dmizrahi@infobae.com
“Tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que los jueces han fallado. No creo que esté bien. Pero seguiremos adelante y, por supuesto, el Parlamento volverá (...) Lo importante es que nos pongamos en marcha y entreguemos el Brexit el 31 de octubre”, dijo Boris Johnson desde Nueva York, donde se encuentra para participar de la Asamblea General de la ONU.
Como si nada hubiera ocurrido, el primer ministro insiste en el plan con el cual asumió: sacar al Reino Unido de la Unión Europea como sea, en la fecha límite estipulada.
Sin embargo, Johnson sabe que se está quedando sin opciones. Ya tenía el récord de ser el único premier que había perdido todas las votaciones realizada en la Cámara de los Comunes desde su asunción el 24 de julio. Ahora sumó uno más: es el primero al que la Justicia, que tradicionalmente no interviene en los asuntos políticos en el Reino Unido, lo obliga a revertir un acto de gobierno. Claro, la suspensión del Parlamento que comenzó el 10 de septiembre fue la decisión más controversial de la que haya registro en las últimas décadas.
El ex alcalde de Londres está obsesionado con el Brexit porque entiende que es una demanda de la mayoría de los votantes conservadores, que demostraron en las elecciones europeas de mayo que estaban dispuestos a irse al Partido del Brexit de Nigel Farage si su propia fuerza no lo concreta.
Su problema es que el Parlamento rechazó tres veces el acuerdo de salida propuesto por Theresa May, su antecesora, por considerar que dejaba al Reino Unido a merced de Europa por demasiado tiempo. Pero también rechaza una salida sin acuerdo.
La primera respuesta que encontró Johnson a esa encerrona fue explosiva: suspender al Parlamento por cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. La suspensión es una atribución del gobierno, pero es un procedimiento administrativo que implica interrumpir la actividad legislativa solo para marcar el fin de un período y el comienzo de uno nuevo, inaugurado con un discurso de la reina.
Lo habitual es que dure solo unos días, y que se realice cuando no hay nada importante en discusión. La intención inconfesable del primer ministro era usarlo como arma para impedir que el Parlamento pusiera trabas a su principal apuesta: hacer que pase el tiempo hasta que el 31 de octubre, para que no haya más remedio que una salida automática y, probablemente, traumática de la UE.
El tribunal está obligado a concluir, por lo tanto, que la decisión de aconsejar a Su Majestad la suspensión del Parlamento fue ilegal
Eso es lo que frustró la Corte Suprema este martes. “El tribunal está obligado a concluir, por lo tanto, que la decisión de aconsejar a Su Majestad la suspensión del Parlamento fue ilegal, porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, dijo esta mañana Lady Brenda Hale, presidenta de la Corte Suprema, al leer los fundamentos de la sentencia.
El fallo no tiene precedentes, porque a diferencia de lo que ocurre en los sistemas presidenciales, en el parlamentarismo de Westminster la Justicia rara vez audita la legalidad de las decisiones de gobierno. Los jueces consideraron que lo hecho por Johnson era lo suficientemente grave como para romper la tradición.
Las reacciones de todo el arco político e institucional fueron inmediatas. John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, anunció que el cuerpo reanudará las sesiones a partir del miércoles a la mañana. Las principales fuerzas opositoras pidieron la renuncia inmediata de Johnson.
Dos caminos, dos finales opuestos
El máximo tribunal del Reino Unido terminó de complicar un curso de acción que ya había sido golpeado por el propio Parlamento. Antes de la entrada en vigor de la suspensión, aprobó la ley Benn —llamada así por el diputado laborista que la presentó— para bloquear un Brexit sin acuerdo.
La norma, que fue promulgada el lunes 9 de septiembre, le dio al gobierno tiempo hasta el 19 de octubre para llegar a un pacto de divorcio con la UE. En caso de no conseguirlo, lo obliga a pedirle a Bruselas una prórroga hasta el 31 de enero de 2020. Es decir que lo forzaría a incumplir el compromiso de abandonar el bloque europeo a fin del mes próximo.
Para mostrarse sujeto a derecho, Johnson insiste en que está negociando con los líderes europeos. En las últimas semanas se reunió con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y con Leo Varadkar, taoiseach —jefe de gobierno— de Irlanda, que está en el centro del conflicto por el futuro estatus de la frontera con Irlanda del Norte. Pero lo que llega desde Europa es que no hizo ninguna propuesta nueva y que no parece haber tiempo ni voluntad de alcanzar un nuevo entendimiento.
Cuando le preguntaron si cumpliría con la ley Benn y pediría una prórroga el 19 de octubre en caso de no haber llegado a un trato, Johnson fue drástico: “Preferiría estar muerto en una zanja”. Si cumple con su palabra y desconoce la norma, podría ser declarado en desacato y, eventualmente, arrestado. Antes se podía poner en duda si la Justicia iba a estar dispuesta a intervenir para poner límites al gobierno. Después del fallo de este martes todo hace pensar que no va a permanecer neutral.
El plan B del primer ministro era realizar elecciones anticipadas antes del 19 de octubre, con la esperanza de tener una mayoría más afín a sus intereses, que le permita concretar el Brexit como quiere. Pero necesitaba dos tercios de la Cámara de los Comunes para adelantar los comicios y la oposición no quiso seguirle el juego.
Si Johnson se mantiene firme con su promesa de no posponer la salida de la UE, sólo le quedarían dos caminos. Uno es renunciar. Como el Partido Conservador tiene mayoría, debería elegir a alguien para que lo reemplace, como ocurrió con la dimisión de May. Cuesta creer que vaya a tomar una decisión que puede dejarlo para siempre fuera del poder.
La alternativa con la que parece estar coqueteando es llevar a la oposición a aprobar una moción de censura para destituirlo. Ya hay varios legisladores que lo creen necesario tras el fallo de la Corte. Muchos más lo van a pensar en caso de que desoiga la Ley Benn.
Si prosperara la moción, el Parlamento tendría 14 días para elegir a un sucesor entre sus miembros. El candidato natural sería Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, principal fuerza opositora. Pero es probable que no alcance la mayoría, porque hay partidos como el Liberal Demócrata que son europeístas y que no confían en un dirigente que se mostró siempre más cerca del euroescepticismo, y que está muy corrido a la izquierda para su gusto.
Si cumplido el plazo de 14 días nadie alcanzara el apoyo parlamentario para ser primer ministro, el Parlamento quedaría disuelto y habría que llamar a elecciones 25 días laborables después. Los comicios caerían en noviembre, después de la fecha límite para el Brexit. En todo ese período de transición, Johnson seguiría siendo primer ministro, así que tendría en sus manos la posibilidad de avanzar hacia una ruptura total el 31 de octubre. Sería un desenlace soñado para él.
Las cosas también podrían salir al revés. Corbyn podría recibir el apoyo necesario para liderar un gobierno provisorio que evite una salida sin acuerdo. Y aún en caso de que no, si Johnson desconoce la Ley Benn el 19 de octubre no se puede descartar que la Justicia intervenga para arrestarlo y garantizar que el Gobierno cumpla y pida la prórroga. Sería el peor escenario para el premier.
dmizrahi@infobae.com
“Tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que los jueces han fallado. No creo que esté bien. Pero seguiremos adelante y, por supuesto, el Parlamento volverá (...) Lo importante es que nos pongamos en marcha y entreguemos el Brexit el 31 de octubre”, dijo Boris Johnson desde Nueva York, donde se encuentra para participar de la Asamblea General de la ONU.
Como si nada hubiera ocurrido, el primer ministro insiste en el plan con el cual asumió: sacar al Reino Unido de la Unión Europea como sea, en la fecha límite estipulada.
Sin embargo, Johnson sabe que se está quedando sin opciones. Ya tenía el récord de ser el único premier que había perdido todas las votaciones realizada en la Cámara de los Comunes desde su asunción el 24 de julio. Ahora sumó uno más: es el primero al que la Justicia, que tradicionalmente no interviene en los asuntos políticos en el Reino Unido, lo obliga a revertir un acto de gobierno. Claro, la suspensión del Parlamento que comenzó el 10 de septiembre fue la decisión más controversial de la que haya registro en las últimas décadas.
El ex alcalde de Londres está obsesionado con el Brexit porque entiende que es una demanda de la mayoría de los votantes conservadores, que demostraron en las elecciones europeas de mayo que estaban dispuestos a irse al Partido del Brexit de Nigel Farage si su propia fuerza no lo concreta.
Su problema es que el Parlamento rechazó tres veces el acuerdo de salida propuesto por Theresa May, su antecesora, por considerar que dejaba al Reino Unido a merced de Europa por demasiado tiempo. Pero también rechaza una salida sin acuerdo.
La primera respuesta que encontró Johnson a esa encerrona fue explosiva: suspender al Parlamento por cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. La suspensión es una atribución del gobierno, pero es un procedimiento administrativo que implica interrumpir la actividad legislativa solo para marcar el fin de un período y el comienzo de uno nuevo, inaugurado con un discurso de la reina.
Lo habitual es que dure solo unos días, y que se realice cuando no hay nada importante en discusión. La intención inconfesable del primer ministro era usarlo como arma para impedir que el Parlamento pusiera trabas a su principal apuesta: hacer que pase el tiempo hasta que el 31 de octubre, para que no haya más remedio que una salida automática y, probablemente, traumática de la UE.
El tribunal está obligado a concluir, por lo tanto, que la decisión de aconsejar a Su Majestad la suspensión del Parlamento fue ilegal
Eso es lo que frustró la Corte Suprema este martes. “El tribunal está obligado a concluir, por lo tanto, que la decisión de aconsejar a Su Majestad la suspensión del Parlamento fue ilegal, porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, dijo esta mañana Lady Brenda Hale, presidenta de la Corte Suprema, al leer los fundamentos de la sentencia.
El fallo no tiene precedentes, porque a diferencia de lo que ocurre en los sistemas presidenciales, en el parlamentarismo de Westminster la Justicia rara vez audita la legalidad de las decisiones de gobierno. Los jueces consideraron que lo hecho por Johnson era lo suficientemente grave como para romper la tradición.
Las reacciones de todo el arco político e institucional fueron inmediatas. John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, anunció que el cuerpo reanudará las sesiones a partir del miércoles a la mañana. Las principales fuerzas opositoras pidieron la renuncia inmediata de Johnson.
Dos caminos, dos finales opuestos
El máximo tribunal del Reino Unido terminó de complicar un curso de acción que ya había sido golpeado por el propio Parlamento. Antes de la entrada en vigor de la suspensión, aprobó la ley Benn —llamada así por el diputado laborista que la presentó— para bloquear un Brexit sin acuerdo.
La norma, que fue promulgada el lunes 9 de septiembre, le dio al gobierno tiempo hasta el 19 de octubre para llegar a un pacto de divorcio con la UE. En caso de no conseguirlo, lo obliga a pedirle a Bruselas una prórroga hasta el 31 de enero de 2020. Es decir que lo forzaría a incumplir el compromiso de abandonar el bloque europeo a fin del mes próximo.
Para mostrarse sujeto a derecho, Johnson insiste en que está negociando con los líderes europeos. En las últimas semanas se reunió con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y con Leo Varadkar, taoiseach —jefe de gobierno— de Irlanda, que está en el centro del conflicto por el futuro estatus de la frontera con Irlanda del Norte. Pero lo que llega desde Europa es que no hizo ninguna propuesta nueva y que no parece haber tiempo ni voluntad de alcanzar un nuevo entendimiento.
Cuando le preguntaron si cumpliría con la ley Benn y pediría una prórroga el 19 de octubre en caso de no haber llegado a un trato, Johnson fue drástico: “Preferiría estar muerto en una zanja”. Si cumple con su palabra y desconoce la norma, podría ser declarado en desacato y, eventualmente, arrestado. Antes se podía poner en duda si la Justicia iba a estar dispuesta a intervenir para poner límites al gobierno. Después del fallo de este martes todo hace pensar que no va a permanecer neutral.
El plan B del primer ministro era realizar elecciones anticipadas antes del 19 de octubre, con la esperanza de tener una mayoría más afín a sus intereses, que le permita concretar el Brexit como quiere. Pero necesitaba dos tercios de la Cámara de los Comunes para adelantar los comicios y la oposición no quiso seguirle el juego.
Si Johnson se mantiene firme con su promesa de no posponer la salida de la UE, sólo le quedarían dos caminos. Uno es renunciar. Como el Partido Conservador tiene mayoría, debería elegir a alguien para que lo reemplace, como ocurrió con la dimisión de May. Cuesta creer que vaya a tomar una decisión que puede dejarlo para siempre fuera del poder.
La alternativa con la que parece estar coqueteando es llevar a la oposición a aprobar una moción de censura para destituirlo. Ya hay varios legisladores que lo creen necesario tras el fallo de la Corte. Muchos más lo van a pensar en caso de que desoiga la Ley Benn.
Si prosperara la moción, el Parlamento tendría 14 días para elegir a un sucesor entre sus miembros. El candidato natural sería Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, principal fuerza opositora. Pero es probable que no alcance la mayoría, porque hay partidos como el Liberal Demócrata que son europeístas y que no confían en un dirigente que se mostró siempre más cerca del euroescepticismo, y que está muy corrido a la izquierda para su gusto.
Si cumplido el plazo de 14 días nadie alcanzara el apoyo parlamentario para ser primer ministro, el Parlamento quedaría disuelto y habría que llamar a elecciones 25 días laborables después. Los comicios caerían en noviembre, después de la fecha límite para el Brexit. En todo ese período de transición, Johnson seguiría siendo primer ministro, así que tendría en sus manos la posibilidad de avanzar hacia una ruptura total el 31 de octubre. Sería un desenlace soñado para él.
Las cosas también podrían salir al revés. Corbyn podría recibir el apoyo necesario para liderar un gobierno provisorio que evite una salida sin acuerdo. Y aún en caso de que no, si Johnson desconoce la Ley Benn el 19 de octubre no se puede descartar que la Justicia intervenga para arrestarlo y garantizar que el Gobierno cumpla y pida la prórroga. Sería el peor escenario para el premier.
