¿Quién está detrás de los ataques con explosivos en Chile?
Según los expertos, los ataques del jueves presentan diferencias con otros atentados registrados en Santiago en los últimos tiempos.
AFP / Chile
En Chile hay muchas preguntas pero pocas respuestas sobre la autoría de los dos nuevos ataques con explosivos -uno frustrado- que han remecido a una sociedad que había dejado en el olvido esta lacra que azotó durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Poco después del mediodía del jueves, un paquete explosivo -entregado a su destinatario por una funcionaria de correos- estalló al interior de una comisaría de Santiago, dejando a ocho policías lesionados, uno de ellos está en riesgo de perder un ojo.
Un segundo artefacto fue detectado antes de estallar. Su destinatario era Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior y Seguridad del primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), al frente hoy de uno de los grupos económicos más importantes del país.
Hasta este viernes nadie había reivindicado la autoría, aunque las autoridades consideran que los ataques pueden estar vinculados con grupos anarquistas descontentos con el modelo económico neoliberal.
Para el gobierno conservador de Piñera, se trata de "actos terroristas".
"Aquí no puede haber ninguna duda, no puede haber ninguna ventana, porque el enemigo que tenemos al frente es un enemigo cruel, implacable, además de muy poderoso como lo demostró ayer", señaló este viernes el presidente Piñera, tras visitar el cuartel policial atacado el jueves.
El ejecutivo activó un comité de emergencia y llamó al Congreso a acelerar la tramitación de una modificación de la 'Ley Antiterrorista' que data de la dictadura de Pinochet (1973-1990), promulgada para hacer frente a los grupos insurgentes que luchaban para acabar con ese régimen, que dejó un saldo de más de 3.200 muertos y desaparecidos.
Según los expertos, los ataques del jueves presentan diferencias con otros atentados registrados en Santiago en los últimos tiempos.
En enero pasado, un artefacto explosivo estalló en un paradero del autobús de Santiago, dejando a dos personas heridas. En mayo se desactivó un paquete explosivo enviado al presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange, mientras que dos años antes una carta explosiva estalló al interior de la casa del entonces presidente de la cuprífera estatal Codelco, Oscar Landerretche.
Después de tres años la investigación sobre el ataque de Landerretche no hay ningún inculpado todavía.
Violencia como forma de expresarse
Aunque no han generado víctimas fatales, estos últimos ataques han puesto en entredicho tanto al sistema de inteligencia chileno como la labor de la policía, incapaces de identificar a los autores de estas acciones, vinculadas hasta ahora a grupos anarquistas descontentos con el sistema económico imperante.
"Evidentemente hay grupos que están utilizando o que creen que la utilización de la violencia es una forma de expresarse", dice a la AFP la experta en materia de seguridad de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert.
Pero más que de grupos terroristas organizados -como los que existieron para enfrentar la dictadura de Pinochet- detrás de estos ataques estarían individuos radicalizados, contrarios al desigual sistema económico del país.
"Acá no hay grupos. Lo que vamos a encontrar es tal vez algunas redes de gente que comparte su malestar frente al sistema (…) y que los comparte en redes formales e informales y que eventualmente alguno de sus miembros entran en un proceso de radicalización", agrega Dammert.
Uno de los sectores más agitados es el estudiantil, donde algunos alumnos muy politizados han instalado la violencia en algunos centros del maltrecho sistema público, como el emblemático Instituto Nacional, principal escalón de la meritocracia chilena, donde se han registrado enfrentamientos con la policía y lanzamientos de cócteles Molotov que han amenazado con el cierre de la institución.
Chile también tiene otro foco de violencia en el sur del país, con algunos grupos radicales de indígenas mapuches -la principal étnia chilena- que reivindican acciones en contra de empresas forestales destinadas a recuperar las tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y expulsar a estas compañías de su territorio.
En Chile hay muchas preguntas pero pocas respuestas sobre la autoría de los dos nuevos ataques con explosivos -uno frustrado- que han remecido a una sociedad que había dejado en el olvido esta lacra que azotó durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Poco después del mediodía del jueves, un paquete explosivo -entregado a su destinatario por una funcionaria de correos- estalló al interior de una comisaría de Santiago, dejando a ocho policías lesionados, uno de ellos está en riesgo de perder un ojo.
Un segundo artefacto fue detectado antes de estallar. Su destinatario era Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior y Seguridad del primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), al frente hoy de uno de los grupos económicos más importantes del país.
Hasta este viernes nadie había reivindicado la autoría, aunque las autoridades consideran que los ataques pueden estar vinculados con grupos anarquistas descontentos con el modelo económico neoliberal.
Para el gobierno conservador de Piñera, se trata de "actos terroristas".
"Aquí no puede haber ninguna duda, no puede haber ninguna ventana, porque el enemigo que tenemos al frente es un enemigo cruel, implacable, además de muy poderoso como lo demostró ayer", señaló este viernes el presidente Piñera, tras visitar el cuartel policial atacado el jueves.
El ejecutivo activó un comité de emergencia y llamó al Congreso a acelerar la tramitación de una modificación de la 'Ley Antiterrorista' que data de la dictadura de Pinochet (1973-1990), promulgada para hacer frente a los grupos insurgentes que luchaban para acabar con ese régimen, que dejó un saldo de más de 3.200 muertos y desaparecidos.
Según los expertos, los ataques del jueves presentan diferencias con otros atentados registrados en Santiago en los últimos tiempos.
En enero pasado, un artefacto explosivo estalló en un paradero del autobús de Santiago, dejando a dos personas heridas. En mayo se desactivó un paquete explosivo enviado al presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange, mientras que dos años antes una carta explosiva estalló al interior de la casa del entonces presidente de la cuprífera estatal Codelco, Oscar Landerretche.
Después de tres años la investigación sobre el ataque de Landerretche no hay ningún inculpado todavía.
Violencia como forma de expresarse
Aunque no han generado víctimas fatales, estos últimos ataques han puesto en entredicho tanto al sistema de inteligencia chileno como la labor de la policía, incapaces de identificar a los autores de estas acciones, vinculadas hasta ahora a grupos anarquistas descontentos con el sistema económico imperante.
"Evidentemente hay grupos que están utilizando o que creen que la utilización de la violencia es una forma de expresarse", dice a la AFP la experta en materia de seguridad de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert.
Pero más que de grupos terroristas organizados -como los que existieron para enfrentar la dictadura de Pinochet- detrás de estos ataques estarían individuos radicalizados, contrarios al desigual sistema económico del país.
"Acá no hay grupos. Lo que vamos a encontrar es tal vez algunas redes de gente que comparte su malestar frente al sistema (…) y que los comparte en redes formales e informales y que eventualmente alguno de sus miembros entran en un proceso de radicalización", agrega Dammert.
Uno de los sectores más agitados es el estudiantil, donde algunos alumnos muy politizados han instalado la violencia en algunos centros del maltrecho sistema público, como el emblemático Instituto Nacional, principal escalón de la meritocracia chilena, donde se han registrado enfrentamientos con la policía y lanzamientos de cócteles Molotov que han amenazado con el cierre de la institución.
Chile también tiene otro foco de violencia en el sur del país, con algunos grupos radicales de indígenas mapuches -la principal étnia chilena- que reivindican acciones en contra de empresas forestales destinadas a recuperar las tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y expulsar a estas compañías de su territorio.
