La tragedia de los migrantes cuestiona la política europea en Libia
El 70% de la ayuda que Bruselas da al vecino norteafricano se destina a la gestión migratoria y al control fronterizo
Silvia Blanco
Bernardo de Miguel
Madrid / Bruselas, El País
El drama humanitario que sufre Libia ha redoblado la presión internacional sobre Bruselas para que ataje un caos político, migratorio y territorial del que se responsabiliza en gran parte a Europa. El Viejo Continente, Londres y París, estuvo detrás del derrocamiento del dictador Muammar el Gadafi en 2011. El capital europeo se ha convertido en los últimos años en el principal puntal económico de una Administración a la que se acusa de mantener en condiciones infrahumanas a miles de migrantes subsaharianos. La Unión Europea es el mayor donante internacional para paliar la situación. El 71% de los 500 millones entregados a Libia se han destinado a la gestión migratoria y al control fronterizo.
La presión sobre una Europa aferrada a la idea de contener los flujos de personas, aunque para ello tenga que dejar el control fronterizo en manos de un Estado fallido y ayudarle económicamente para hacerlo, aumenta por momentos. El riesgo de desastre humanitario alcanza tal nivel que la agencia de la ONU para los refugiados, y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) piden que la ayuda internacional se condicione a que se garanticen los derechos humanos de las personas rescatadas en el mar y desembarcadas en Libia, cuyos puertos no son ni remotamente seguros. “Sin esas garantías, el apoyo debe cesar”, señalaron tajantes los dos organismos tras el bombardeo de un centro de detención de migrantes en Tayura, en Libia, en el que murieron 53 personas —seis de ellas, niños—.
Si Libia es un callejón sin salida para los migrantes, quienes intentan huir por mar lo hacen por la ruta más mortífera del Mediterráneo. El jueves se produjo el peor naufragio desde 2017. Hay más de 100 desaparecidos. ACNUR pidió ayer a Bruselas que se restablezcan las operaciones de rescate. Y todas las miradas internacionales se volvieron de nuevo hacia la Comisión Europea, que se vio obligada a reaccionar.
"Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del naufragio en la costa de Al Khoms en el que más de 100 personas han perdido la vida", señalaron en un comunicado conjunto la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los comisarios europeos de Vecindad y de Migración. El comunicado recuerda que el objetivo de la UE "siempre ha sido evitar la pérdida de vidas en el mar" y sostiene que continuarán trabajando "para impedir que estas peligrosas travesías tienen lugar".
El gesto de conmoción llega acompañado, como otras veces, de una petición de la Comisión para que "se ponga fin al sistema actual de gestión de la migración irregular en Libia y a la detención arbitraria de emigrantes y refugiados". Al mismo tiempo, la UE contribuye indirectamente al mantenimiento de ese sistema, si bien Bruselas insiste en que sus fondos se gestionan a través organismos internacionales fiables
El 71% de los 500 millones que ha desembolsado Bruselas está destinado a la gestión migratoria y al control fronterizo, según los datos más recientes proporcionados por fuentes comunitarias. En total, 355 millones de euros vinculados a unos movimientos migratorios que moldean las relaciones del bloque con el vecino norteafricano, algo que se explica, sobre todo, por la presión de llegadas que experimentó Italia desde Libia tras la caída del dictador Muammar el Gadafi, con 181.436 solo en 2016. Desde entonces, los flujos se han reducido drásticamente.
Esos 355 millones están canalizados a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, un instrumento lanzado en la cumbre de La Valeta entre líderes europeos y africanos en noviembre de 2015 con el objetivo de “abordar las causas profundas de la migración irregular”, en la creencia de que los millones en ayuda al desarrollo servirían para desincentivar los flujos procedentes de África. Los proyectos asignados a Libia mediante el fondo se reparten entre aquellos que buscan “proteger y ayudar a los necesitados”, con 157,7 millones; los que tienen como fin la “estabilización de las ciudades libias”, dotados con 110 millones, y otros 87,2 millones para la “gestión fronteriza integrada”.
Esta última partida es la más problemática. Está destinada a entrenar y dar apoyo técnico a polémica la Guardia Costera Libia. La idea es que sean los propios libios quienes intercepten las embarcaciones que salen de sus costas antes de que lleguen a Europa y practiquen rescates. Devueltos a Libia, los migrantes se enfrentan a la posibilidad de acabar encerrados en centros de detención donde la ONU ha documentado torturas, falta de comida, hacinamiento y condiciones antihigiénicas. Hay unas 5.600 personas en esta situación.
Varias ONG, como Médicos sin Fronteras, han denunciado los métodos brutales con los que los guardacostas libios tratan a los migrantes y también el hostigamiento —en ocasiones con tiros al aire— a los barcos de ONG. La escasa eficacia de la guardia también puede costar vidas: en algunos rescates, según las ONG, ni siquiera contestan al teléfono.
El jefe de una de las unidades de los guardacostas libios, Abd al-Rahman al-Milad, incluso figura en la lista de cuatro responsables libios sancionados por la ONU y por la UE (con prohibición de viajar a Europa y congelación de sus bienes en territorio comunitario) por su implicación en el hundimiento de embarcaciones en pleno Mediterráneo. Fuentes europeas insisten, desde que la ONU aprobó las sanciones, en que Abd al-Rahman al-Milad no figura entre los guardias que han recibido formación por parte de la UE.
Pese a estas críticas, fuentes comunitarias inciden en que los recursos europeos se centran en ayudarles “a aumentar su capacidad inicial de control de operaciones en aguas territoriales, sobre todo para ser capaces de salvar vidas y luchar contra los traficantes [de personas] y para cumplir sus obligaciones legales, incluyendo el respeto de los derechos humanos y el trato correcto a los migrantes”. Ya se ha entrenado a 355 efectivos, y la formación incluye una parte destinada a fomentar el respeto de los derechos humanos.
“Ahora Europa tiene un interlocutor, el Gobierno reconocido por la ONU, que solo controla una parte del territorio y que se apoya en milicias que antes se dedicaban al tráfico de migrantes”, señala Lorenzo Gabrielli, miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “Parte de esas milicias”, añade, “se han reciclado ahora como guardacostas con dinero de la UE. Eso es problemático, por mucha formación en derechos humanos que reciban: un día son traficantes y al otro se dedican supuestamente a rescatar a migrantes”. Las fuentes europeas consultadas precisan que Bruselas no da dinero directamente a las autoridades libias, sino que todo se gestiona a través de las organizaciones internacionales y de otros “socios cuidadosamente elegidos”, como agencias de ayuda al desarrollo de países miembros u ONG.
Socio comercial
Además de ser el mayor donante en cooperación y ayuda humanitaria en Libia, la UE también es el principal socio comercial del país (el 59% de su comercio es con los socios comunitarios) y Libia sigue siendo un importante proveedor energético del continente. Los hidrocarburos suponen el 98,7% de las exportaciones libias a Europa y la facturación de ese capítulo se ha multiplicado por cuatro entre 2016 y 2018 hasta los 16.000 millones de euros. Mucho dinero para un país quebrado por la guerra, con un Gobierno que no controla el territorio y la presencia de mafias y milicias.
Bruselas también niega que permanezca de manos cruzadas ante el drama libio y recuerda que su ayuda contribuye a aliviar la situación de miles de migrantes y que los barcos europeos nunca han desembarcado a nadie en territorio libio. Dentro de los 355 millones del Fondo fiduciario de emergencia para África se incluyen 157,7 millones destinados a “mejorar la protección, las condiciones y el respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, y atender sus necesidades inmediatas dentro de los centros de detención, en los puntos de desembarque o en comunidades de acogida”, explican fuentes comunitarias. Además, trata de “promover una alternativa a la detención estableciendo refugios seguros y de ayudar a los migrantes atrapados a volver a su hogar o a encontrar un camino seguro a Europa a través del reasentamiento”.
De este modo, las ONG están presentes en 13 puntos de desembarco de migrantes o tienen acceso “habitual” a los centros de detención, donde se producen los mayores abusos. Con los fondos de la UE, 61.300 migrantes vulnerables han recibido mantas, ropa y kits de higiene, se ha dado servicio médico a 90.000 personas y 14.600 niños han recibido material educativo. Con esto se financia también el llamado “retorno voluntario humanitario”, para aquellos que, después de un peligroso periplo de meses y de soportar las terribles condiciones en Libia decidan regresar a su país. Por ahora lo han hecho 40.000 personas con “ayuda para la reintegración” y hay otras 4.000, todas con posibilidades de recibir protección internacional, que han sido evacuadas de Libia y esperan su reubicación. La UE también ha contribuido al cierre de 25 campos de detención.
El 29,9% de los 500 millones que la UE ha dado a Libia hasta ahora se reparte entre los 100 millones en ayuda bilateral —destinados a proyectos en sanidad, gobernanza, sociedad civil, juventud y educación—, que incluye un apoyo a la estabilización política del país con proyectos para rehabilitar servicios básicos y seguridad, mediación y ayuda para la preparación de elecciones.
Los fondos hacia Libia se completan con la ayuda humanitaria, que asciende a 44,3 millones de euros desde 2014. Esa partida se concentra en facilitar servicios sanitarios en un país donde, según la OMS, se han destruido el 17,5% de los hospitales y el 20% de los centros de salud. La ayuda europea se dirige, sobre todo, a los más de 95.000 libios desplazados dentro de su territorio y a unas 800.000 personas en condiciones de necesidad extrema.
Bernardo de Miguel
Madrid / Bruselas, El País
El drama humanitario que sufre Libia ha redoblado la presión internacional sobre Bruselas para que ataje un caos político, migratorio y territorial del que se responsabiliza en gran parte a Europa. El Viejo Continente, Londres y París, estuvo detrás del derrocamiento del dictador Muammar el Gadafi en 2011. El capital europeo se ha convertido en los últimos años en el principal puntal económico de una Administración a la que se acusa de mantener en condiciones infrahumanas a miles de migrantes subsaharianos. La Unión Europea es el mayor donante internacional para paliar la situación. El 71% de los 500 millones entregados a Libia se han destinado a la gestión migratoria y al control fronterizo.
La presión sobre una Europa aferrada a la idea de contener los flujos de personas, aunque para ello tenga que dejar el control fronterizo en manos de un Estado fallido y ayudarle económicamente para hacerlo, aumenta por momentos. El riesgo de desastre humanitario alcanza tal nivel que la agencia de la ONU para los refugiados, y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) piden que la ayuda internacional se condicione a que se garanticen los derechos humanos de las personas rescatadas en el mar y desembarcadas en Libia, cuyos puertos no son ni remotamente seguros. “Sin esas garantías, el apoyo debe cesar”, señalaron tajantes los dos organismos tras el bombardeo de un centro de detención de migrantes en Tayura, en Libia, en el que murieron 53 personas —seis de ellas, niños—.
Si Libia es un callejón sin salida para los migrantes, quienes intentan huir por mar lo hacen por la ruta más mortífera del Mediterráneo. El jueves se produjo el peor naufragio desde 2017. Hay más de 100 desaparecidos. ACNUR pidió ayer a Bruselas que se restablezcan las operaciones de rescate. Y todas las miradas internacionales se volvieron de nuevo hacia la Comisión Europea, que se vio obligada a reaccionar.
"Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del naufragio en la costa de Al Khoms en el que más de 100 personas han perdido la vida", señalaron en un comunicado conjunto la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los comisarios europeos de Vecindad y de Migración. El comunicado recuerda que el objetivo de la UE "siempre ha sido evitar la pérdida de vidas en el mar" y sostiene que continuarán trabajando "para impedir que estas peligrosas travesías tienen lugar".
El gesto de conmoción llega acompañado, como otras veces, de una petición de la Comisión para que "se ponga fin al sistema actual de gestión de la migración irregular en Libia y a la detención arbitraria de emigrantes y refugiados". Al mismo tiempo, la UE contribuye indirectamente al mantenimiento de ese sistema, si bien Bruselas insiste en que sus fondos se gestionan a través organismos internacionales fiables
El 71% de los 500 millones que ha desembolsado Bruselas está destinado a la gestión migratoria y al control fronterizo, según los datos más recientes proporcionados por fuentes comunitarias. En total, 355 millones de euros vinculados a unos movimientos migratorios que moldean las relaciones del bloque con el vecino norteafricano, algo que se explica, sobre todo, por la presión de llegadas que experimentó Italia desde Libia tras la caída del dictador Muammar el Gadafi, con 181.436 solo en 2016. Desde entonces, los flujos se han reducido drásticamente.
Esos 355 millones están canalizados a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, un instrumento lanzado en la cumbre de La Valeta entre líderes europeos y africanos en noviembre de 2015 con el objetivo de “abordar las causas profundas de la migración irregular”, en la creencia de que los millones en ayuda al desarrollo servirían para desincentivar los flujos procedentes de África. Los proyectos asignados a Libia mediante el fondo se reparten entre aquellos que buscan “proteger y ayudar a los necesitados”, con 157,7 millones; los que tienen como fin la “estabilización de las ciudades libias”, dotados con 110 millones, y otros 87,2 millones para la “gestión fronteriza integrada”.
Esta última partida es la más problemática. Está destinada a entrenar y dar apoyo técnico a polémica la Guardia Costera Libia. La idea es que sean los propios libios quienes intercepten las embarcaciones que salen de sus costas antes de que lleguen a Europa y practiquen rescates. Devueltos a Libia, los migrantes se enfrentan a la posibilidad de acabar encerrados en centros de detención donde la ONU ha documentado torturas, falta de comida, hacinamiento y condiciones antihigiénicas. Hay unas 5.600 personas en esta situación.
Varias ONG, como Médicos sin Fronteras, han denunciado los métodos brutales con los que los guardacostas libios tratan a los migrantes y también el hostigamiento —en ocasiones con tiros al aire— a los barcos de ONG. La escasa eficacia de la guardia también puede costar vidas: en algunos rescates, según las ONG, ni siquiera contestan al teléfono.
El jefe de una de las unidades de los guardacostas libios, Abd al-Rahman al-Milad, incluso figura en la lista de cuatro responsables libios sancionados por la ONU y por la UE (con prohibición de viajar a Europa y congelación de sus bienes en territorio comunitario) por su implicación en el hundimiento de embarcaciones en pleno Mediterráneo. Fuentes europeas insisten, desde que la ONU aprobó las sanciones, en que Abd al-Rahman al-Milad no figura entre los guardias que han recibido formación por parte de la UE.
Pese a estas críticas, fuentes comunitarias inciden en que los recursos europeos se centran en ayudarles “a aumentar su capacidad inicial de control de operaciones en aguas territoriales, sobre todo para ser capaces de salvar vidas y luchar contra los traficantes [de personas] y para cumplir sus obligaciones legales, incluyendo el respeto de los derechos humanos y el trato correcto a los migrantes”. Ya se ha entrenado a 355 efectivos, y la formación incluye una parte destinada a fomentar el respeto de los derechos humanos.
“Ahora Europa tiene un interlocutor, el Gobierno reconocido por la ONU, que solo controla una parte del territorio y que se apoya en milicias que antes se dedicaban al tráfico de migrantes”, señala Lorenzo Gabrielli, miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre Inmigración de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “Parte de esas milicias”, añade, “se han reciclado ahora como guardacostas con dinero de la UE. Eso es problemático, por mucha formación en derechos humanos que reciban: un día son traficantes y al otro se dedican supuestamente a rescatar a migrantes”. Las fuentes europeas consultadas precisan que Bruselas no da dinero directamente a las autoridades libias, sino que todo se gestiona a través de las organizaciones internacionales y de otros “socios cuidadosamente elegidos”, como agencias de ayuda al desarrollo de países miembros u ONG.
Socio comercial
Además de ser el mayor donante en cooperación y ayuda humanitaria en Libia, la UE también es el principal socio comercial del país (el 59% de su comercio es con los socios comunitarios) y Libia sigue siendo un importante proveedor energético del continente. Los hidrocarburos suponen el 98,7% de las exportaciones libias a Europa y la facturación de ese capítulo se ha multiplicado por cuatro entre 2016 y 2018 hasta los 16.000 millones de euros. Mucho dinero para un país quebrado por la guerra, con un Gobierno que no controla el territorio y la presencia de mafias y milicias.
Bruselas también niega que permanezca de manos cruzadas ante el drama libio y recuerda que su ayuda contribuye a aliviar la situación de miles de migrantes y que los barcos europeos nunca han desembarcado a nadie en territorio libio. Dentro de los 355 millones del Fondo fiduciario de emergencia para África se incluyen 157,7 millones destinados a “mejorar la protección, las condiciones y el respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, y atender sus necesidades inmediatas dentro de los centros de detención, en los puntos de desembarque o en comunidades de acogida”, explican fuentes comunitarias. Además, trata de “promover una alternativa a la detención estableciendo refugios seguros y de ayudar a los migrantes atrapados a volver a su hogar o a encontrar un camino seguro a Europa a través del reasentamiento”.
De este modo, las ONG están presentes en 13 puntos de desembarco de migrantes o tienen acceso “habitual” a los centros de detención, donde se producen los mayores abusos. Con los fondos de la UE, 61.300 migrantes vulnerables han recibido mantas, ropa y kits de higiene, se ha dado servicio médico a 90.000 personas y 14.600 niños han recibido material educativo. Con esto se financia también el llamado “retorno voluntario humanitario”, para aquellos que, después de un peligroso periplo de meses y de soportar las terribles condiciones en Libia decidan regresar a su país. Por ahora lo han hecho 40.000 personas con “ayuda para la reintegración” y hay otras 4.000, todas con posibilidades de recibir protección internacional, que han sido evacuadas de Libia y esperan su reubicación. La UE también ha contribuido al cierre de 25 campos de detención.
El 29,9% de los 500 millones que la UE ha dado a Libia hasta ahora se reparte entre los 100 millones en ayuda bilateral —destinados a proyectos en sanidad, gobernanza, sociedad civil, juventud y educación—, que incluye un apoyo a la estabilización política del país con proyectos para rehabilitar servicios básicos y seguridad, mediación y ayuda para la preparación de elecciones.
Los fondos hacia Libia se completan con la ayuda humanitaria, que asciende a 44,3 millones de euros desde 2014. Esa partida se concentra en facilitar servicios sanitarios en un país donde, según la OMS, se han destruido el 17,5% de los hospitales y el 20% de los centros de salud. La ayuda europea se dirige, sobre todo, a los más de 95.000 libios desplazados dentro de su territorio y a unas 800.000 personas en condiciones de necesidad extrema.
