La crisis hunde a la economía de Nicaragua tras años de crecimiento
El país pasa de crecer cerca del 5% anual a tener el segundo peor desempeño de América Latina en 2019, según la CEPAL
Carlos Salinas
México, El País
Cuando cerraron las puertas del avión, Bayardo Aguilar se echó a llorar. Este ingeniero en Computación de 40 años abandonaba Nicaragua en agosto por la crisis política que afecta al país y que ha dejado ya 325 muertos. Él se vio obligado a huir porque participó activamente en las manifestaciones que desde abril exigen el fin del régimen del presidente Daniel Ortega. Dice que había recibido amenazas. Atrás dejó toda una vida de trabajo y años de esfuerzos para sacar adelante su pequeña empresa, Mac Lab, dedicada a la reparación de equipos electrónicos. “No me hacía millonario, pero siempre tenía trabajo. En Nicaragua se podía hacer negocios, mientras no te metieras en algo que le interesara al régimen”, dice Aguilar, quien ahora busca refugio en México. Desempleado, con sus ahorros menguando, espera que la “dictadura” termine pronto para recuperar su vida y empresa en Nicaragua.
La crisis política ha golpeado con dureza la economía de este país centroamericano, que crecía a un ritmo anual del 4.9 %, uno de los mayores crecimientos de la región. Ahora, tras casi nueve meses de manifestaciones y una brutal represión del Ejecutivos sandinista, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estima que 417 000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, de las que 127 000 se encuentran en el desempleo. La CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la economía nicaragüense tendrá el segundo peor desempeño de América Latina, con un decrecimiento de -2.0 %. La crisis también ha generado un éxodo de nicaragüenses, que se refugian principalmente en Costa Rica, país que ha recibido más de 40 000 migrantes “nicas”, según las estadísticas de las autoridades migratorias de ese país.
“Jamás pensé irme de Nicaragua. Ni en mis sueños más locos pensé que terminaría pidiendo refugio en otro país”, afirma Bayardo Aguilar en una cafetería del céntrico Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Aguilar dice que se ha presentado en varias empresas mexicanas en busca de trabajo, principalmente en el área electrónica, pero le dicen que está sobre cualificado para los puestos disponibles. “México nos ha tratado bien, no tenemos ninguna queja, pero nos queremos regresar en el primer avión a Nicaragua”, asegura.
El presidente Daniel Ortega se jactaba en sus discursos del crecimiento económico de Nicaragua. Ortega mantuvo durante una década una relación estrecha con las cúpulas empresariales, en lo que era denominado como el “modelo de consenso”: las decisiones en temas macroeconómicos se tomaban entre los asesores económicos del mandatario y los representantes de los empresarios.
Esa alianza económica con las cúpulas empresariales permitió a Ortega galopar la crisis económica internacional que golpeó al mundo en 2009. El mandatario ofreció apertura para hacer negocios, facilidades para los inversores, rebajas de impuestos, mientras mantenía controlados los sindicatos, que prácticamente aceptaban las normas del mandatario. Nicaragua, además, no contaba con los niveles de violencia de sus vecinos Honduras o El Salvador, lo que lo hacía más atractivo.
Bayardo Aguilar y su esposa Yvonne Wallace en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
Bayardo Aguilar y su esposa Yvonne Wallace en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. C. S. Maldonado
El país mantuvo una década de estabilidad autoritaria. Ortega gobernó con los buenos precios internacionales de los productos de exportación (café, oro, carne, etc.), el apoyo de los organismos financieros internacionales, la ayuda petrolera de Venezuela (más de 500 millones de dólares anuales) y la confianza de los inversores extranjeros. Mientras, el exguerrillero destruía la democracia con el control de las instituciones del Estado, el Parlamento y las cortes. Poco a poco fue reforzando un sistema autoritario, que perseguía y acallaba las voces críticas. Los empresarios, contentos con el buen rendimiento de la economía, se mantenían al margen de la deriva autoritaria de Ortega.
Esa burbuja de crecimiento estalló en abril, cuando el sandinista impuso una reforma a la Seguridad Social sin consenso con los empresarios. Las medidas incluían un controvertido recorte del 5 % a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores. El Gobierno aducía que con estos recortes buscaba rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un sistema en estado de coma debido a años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, según investigaciones de la prensa independiente nicaragüense.
Las cúpulas empresariales rechazaron las reformas y en Managua comenzaron manifestaciones de jubilados que exigían derogarlas. El Ejecutivo respondió con una dura represión, que causó un sentimiento general de rechazo. El 19 de abril estallaron las protestas en todo el país y aunque Ortega derogó la reforma días después, la gente ya exigía el fin de once años de autoritarismo. El mandatario recrudeció la represión, al ordenar el ataque con armas de fuego contra los manifestantes. En cuatro días los muertos se contaban por decenas. La respuesta violenta hizo que la patronal rompiera el modelo de consenso. “Si hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril (cuando comenzaron las manifestaciones), no hubiera apostado en ningún momento en esa ruta de trabajo. Jamás”, dijo a EL PAÍS José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (la principal agrupación empresarial de Nicaragua).
La crisis sacudió la economía y el turismo. La Cámara de Turismo calcula que el país ha dejado de recibir 600.000 visitantes extranjeros y suman pérdidas superiores a los 400 millones de dólares. El sector más golpeado ha sido el comercio, donde se han perdido al menos 172 000 empleos, según el FUNIDES, un organismo relacionado al sector privado. La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de los nicaragüenses ha provocado un aumento de la pobreza. El FUNIDES calcula que esta aumentará hasta 38.9 %, un incremento de 9 puntos con respecto a 2014, cuando el Gobierno calculó que la pobreza afectaba al 29.6 % de la población. De continuar la crisis en 2019, afirman desde el organismo, “existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce”.
En Managua es común ahora ver negocios cerrados, mientras otros cuelgan anuncios en los que se leen mensajes como "¡Ayudémonos!" o "Se buscan clientes, no importa la experiencia". La crisis también ha golpeado a las coloniales León y Granada, enclaves turísticos del país. Desde el sector turismo calculan que el 80 % de los pequeños hoteles han echado el cierre.
El escenario a corto plazo no es halagüeño. La revista Confidencial de Managua informó a inicios de diciembre que los bancos estadounidenses Wells Fargo y Bank of America rompían relaciones con los bancos nicaragüenses debido al aumento del “riesgo país” de Nicaragua, la cooperación venezolana se desplomó de 563.8 millones de dólares en 2011 a 30.9 millones en 2017, la fuga de capitales podría superar los mil millones de dólares, la inversión extranjera prácticamente es nula y Estados Unidos ha impuesto sanciones al Gobierno de Ortega por la violación a los derechos humanos, lo que contribuye a espantar a los inversionistas. Además, esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría discutir la expulsión de Nicaragua, lo que tendría severas consecuencias económicas para el país.
“El país enfrenta desafíos en materia de financiamiento internacional”, asegura la CEPAL en su informe. “Las principales firmas calificadoras de riesgo han revisado a la baja su evaluación de Nicaragua”. Enrique Bolaños, rector de la escuela de negocios INCAE, aseguró el martes que la economía está "al borde del colapso". "Hoy estamos viviendo un ciclo más de nuestra historia, y el reto que todos tenemos es ver que este sea el momento histórico de romper ese ciclo para siempre. Quiero insistir en este mensaje: el ciclo se rompe pasando por democracia y por institucionalidad. Rompiendo el ciclo se resuelve lo económico", dijo Bolaños en un encuentro con empresarios.
A pesar de estar acorralado por este desplome económico, Ortega parece no estar dispuesto a hallar una salida negociada a la crisis. Y de continuar este escenario, advierten desde el FUNIDES, seguirá creciendo el desempleo y con él la migración de los nicaragüenses, entre ellos profesionales cualificados como Bayardo Aguilar, el ingeniero en computación que lloró cuando se cerraron las puertas del avión que lo alejaban de Nicaragua y su pequeña empresa.
México, El País
Cuando cerraron las puertas del avión, Bayardo Aguilar se echó a llorar. Este ingeniero en Computación de 40 años abandonaba Nicaragua en agosto por la crisis política que afecta al país y que ha dejado ya 325 muertos. Él se vio obligado a huir porque participó activamente en las manifestaciones que desde abril exigen el fin del régimen del presidente Daniel Ortega. Dice que había recibido amenazas. Atrás dejó toda una vida de trabajo y años de esfuerzos para sacar adelante su pequeña empresa, Mac Lab, dedicada a la reparación de equipos electrónicos. “No me hacía millonario, pero siempre tenía trabajo. En Nicaragua se podía hacer negocios, mientras no te metieras en algo que le interesara al régimen”, dice Aguilar, quien ahora busca refugio en México. Desempleado, con sus ahorros menguando, espera que la “dictadura” termine pronto para recuperar su vida y empresa en Nicaragua.
La crisis política ha golpeado con dureza la economía de este país centroamericano, que crecía a un ritmo anual del 4.9 %, uno de los mayores crecimientos de la región. Ahora, tras casi nueve meses de manifestaciones y una brutal represión del Ejecutivos sandinista, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estima que 417 000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, de las que 127 000 se encuentran en el desempleo. La CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la economía nicaragüense tendrá el segundo peor desempeño de América Latina, con un decrecimiento de -2.0 %. La crisis también ha generado un éxodo de nicaragüenses, que se refugian principalmente en Costa Rica, país que ha recibido más de 40 000 migrantes “nicas”, según las estadísticas de las autoridades migratorias de ese país.
“Jamás pensé irme de Nicaragua. Ni en mis sueños más locos pensé que terminaría pidiendo refugio en otro país”, afirma Bayardo Aguilar en una cafetería del céntrico Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Aguilar dice que se ha presentado en varias empresas mexicanas en busca de trabajo, principalmente en el área electrónica, pero le dicen que está sobre cualificado para los puestos disponibles. “México nos ha tratado bien, no tenemos ninguna queja, pero nos queremos regresar en el primer avión a Nicaragua”, asegura.
El presidente Daniel Ortega se jactaba en sus discursos del crecimiento económico de Nicaragua. Ortega mantuvo durante una década una relación estrecha con las cúpulas empresariales, en lo que era denominado como el “modelo de consenso”: las decisiones en temas macroeconómicos se tomaban entre los asesores económicos del mandatario y los representantes de los empresarios.
Esa alianza económica con las cúpulas empresariales permitió a Ortega galopar la crisis económica internacional que golpeó al mundo en 2009. El mandatario ofreció apertura para hacer negocios, facilidades para los inversores, rebajas de impuestos, mientras mantenía controlados los sindicatos, que prácticamente aceptaban las normas del mandatario. Nicaragua, además, no contaba con los niveles de violencia de sus vecinos Honduras o El Salvador, lo que lo hacía más atractivo.
Bayardo Aguilar y su esposa Yvonne Wallace en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
Bayardo Aguilar y su esposa Yvonne Wallace en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. C. S. Maldonado
El país mantuvo una década de estabilidad autoritaria. Ortega gobernó con los buenos precios internacionales de los productos de exportación (café, oro, carne, etc.), el apoyo de los organismos financieros internacionales, la ayuda petrolera de Venezuela (más de 500 millones de dólares anuales) y la confianza de los inversores extranjeros. Mientras, el exguerrillero destruía la democracia con el control de las instituciones del Estado, el Parlamento y las cortes. Poco a poco fue reforzando un sistema autoritario, que perseguía y acallaba las voces críticas. Los empresarios, contentos con el buen rendimiento de la economía, se mantenían al margen de la deriva autoritaria de Ortega.
Esa burbuja de crecimiento estalló en abril, cuando el sandinista impuso una reforma a la Seguridad Social sin consenso con los empresarios. Las medidas incluían un controvertido recorte del 5 % a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores. El Gobierno aducía que con estos recortes buscaba rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un sistema en estado de coma debido a años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, según investigaciones de la prensa independiente nicaragüense.
Las cúpulas empresariales rechazaron las reformas y en Managua comenzaron manifestaciones de jubilados que exigían derogarlas. El Ejecutivo respondió con una dura represión, que causó un sentimiento general de rechazo. El 19 de abril estallaron las protestas en todo el país y aunque Ortega derogó la reforma días después, la gente ya exigía el fin de once años de autoritarismo. El mandatario recrudeció la represión, al ordenar el ataque con armas de fuego contra los manifestantes. En cuatro días los muertos se contaban por decenas. La respuesta violenta hizo que la patronal rompiera el modelo de consenso. “Si hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril (cuando comenzaron las manifestaciones), no hubiera apostado en ningún momento en esa ruta de trabajo. Jamás”, dijo a EL PAÍS José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (la principal agrupación empresarial de Nicaragua).
La crisis sacudió la economía y el turismo. La Cámara de Turismo calcula que el país ha dejado de recibir 600.000 visitantes extranjeros y suman pérdidas superiores a los 400 millones de dólares. El sector más golpeado ha sido el comercio, donde se han perdido al menos 172 000 empleos, según el FUNIDES, un organismo relacionado al sector privado. La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de los nicaragüenses ha provocado un aumento de la pobreza. El FUNIDES calcula que esta aumentará hasta 38.9 %, un incremento de 9 puntos con respecto a 2014, cuando el Gobierno calculó que la pobreza afectaba al 29.6 % de la población. De continuar la crisis en 2019, afirman desde el organismo, “existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce”.
En Managua es común ahora ver negocios cerrados, mientras otros cuelgan anuncios en los que se leen mensajes como "¡Ayudémonos!" o "Se buscan clientes, no importa la experiencia". La crisis también ha golpeado a las coloniales León y Granada, enclaves turísticos del país. Desde el sector turismo calculan que el 80 % de los pequeños hoteles han echado el cierre.
El escenario a corto plazo no es halagüeño. La revista Confidencial de Managua informó a inicios de diciembre que los bancos estadounidenses Wells Fargo y Bank of America rompían relaciones con los bancos nicaragüenses debido al aumento del “riesgo país” de Nicaragua, la cooperación venezolana se desplomó de 563.8 millones de dólares en 2011 a 30.9 millones en 2017, la fuga de capitales podría superar los mil millones de dólares, la inversión extranjera prácticamente es nula y Estados Unidos ha impuesto sanciones al Gobierno de Ortega por la violación a los derechos humanos, lo que contribuye a espantar a los inversionistas. Además, esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría discutir la expulsión de Nicaragua, lo que tendría severas consecuencias económicas para el país.
“El país enfrenta desafíos en materia de financiamiento internacional”, asegura la CEPAL en su informe. “Las principales firmas calificadoras de riesgo han revisado a la baja su evaluación de Nicaragua”. Enrique Bolaños, rector de la escuela de negocios INCAE, aseguró el martes que la economía está "al borde del colapso". "Hoy estamos viviendo un ciclo más de nuestra historia, y el reto que todos tenemos es ver que este sea el momento histórico de romper ese ciclo para siempre. Quiero insistir en este mensaje: el ciclo se rompe pasando por democracia y por institucionalidad. Rompiendo el ciclo se resuelve lo económico", dijo Bolaños en un encuentro con empresarios.
A pesar de estar acorralado por este desplome económico, Ortega parece no estar dispuesto a hallar una salida negociada a la crisis. Y de continuar este escenario, advierten desde el FUNIDES, seguirá creciendo el desempleo y con él la migración de los nicaragüenses, entre ellos profesionales cualificados como Bayardo Aguilar, el ingeniero en computación que lloró cuando se cerraron las puertas del avión que lo alejaban de Nicaragua y su pequeña empresa.
