Túnez, la república de los funcionarios insatisfechos
Las movilizaciones de los empleados públicos amenazan la estabilidad del Gobierno
Ricard González
Túnez, El País
El perfil de Cherif Jraifi es representativo de una amplia capa de la juventud en Túnez: los llamados diplomés chomeûrs (licenciados en paro). “Después de licenciarme, me he pasado 12 años pasando un trabajo precario a otro, todos sin cobertura social”, comenta este treintañero ataviado con una boina. Los jóvenes parados desempeñaron un papel clave en la revolución de 2011, cuyo detonante, la inmolación de Mohamed Buazizi, cumplió el lunes su octavo aniversario. Los diplomados en paro, unos 350.000, cuentan con un influyente sindicato desde 2006, la UDC, de la que Jraifi es presidente. La aspiración de la mayoría de sus miembros es entrar en la función pública.
Su objetivo no suena extraño en un país que ocupa la parte alta del ranking mundial de funcionarios per cápita. Sus 800,000 trabajadores públicos representan casi un 25% del total de la población empleada, una cifra notablemente superior a la media de la OCDE (18%) y que le acerca a los estándares escandinavos. Ellos forman la base de la UGTT, con más de un millón de afiliados, el sindicato más poderoso del mundo árabe, que recibió el premio Nobel de la Paz en 2015 por su rol de mediador en la única transición democrática nacida de la primavera árabe. “En el sector público tenemos una tasa de afiliación del 90%. En el privado, es de un 20%”, explica Buali Mbarki, vice secretario general de la organización.
Mientras en Europa los sindicatos experimentan un progresivo desgaste, su capacidad de movilización en Túnez sigue siendo vigorosa. Durante las últimas semanas, sus huelgas sectoriales han paralizado algunos sectores clave. Por ejemplo, los profesores de secundaria se han negado a realizar los exámenes de fin de trimestre y el sindicato está preparando una huelga general en toda la función pública para el 17 de enero. El motivo es la congelación salarial decretada por el Gobierno a pesar de una inflación superior al 7%. Según los analistas, la UGTT es hoy el actor más potente de la oposición.
El rol político de la UGTT
De hecho, la central sindical no rehúye ese rol político, como demuestra su campaña en la que pide la dimisión del primer ministro o las visitas de sus dirigentes a Siria para apoyar al presidente Bachar el Asad. “Tienen una legitimidad histórica vinculada a su papel en la lucha por la independencia … Y los tunecinos lo ven como representante de las clases populares, no solo de sus afiliados”, apunta Lorenzo Fe, un investigador especializado en la UGTT. El hecho de que los partidos de izquierda se hundieran en las últimas elecciones y tengan una presencia marginal en el Parlamento fortalece su condición de referente.
El principal argumento de la UGTT contra Ejecutivo tiene connotaciones nacionalistas. “Es inaceptable que las decisiones sobre el presupuesto vengan dictadas de fuera, sobre todo por el FMI”, espeta Mbarki. Entre las recetas del Fondo, que el Gobierno debe aplicar a cambio de un préstamo de 2.500 millones de euros, figura reducir la carga salarial de la masa funcionarial. En 2017 los sueldos de los funcionarios representaron casi el 15% del PIB, una cifra solo superada en el mundo por países como Corea del Norte o Cuba. El año pasado el Gobierno presentó un programa para incentivar la jubilación anticipada de los empleados públicos. No obstante, ha sido un fracaso y este año ha optado por congelar de nuevo los salarios.
Algunos comentaristas políticos atribuyen buena parte del problema a la contratación masiva que se produjo tras la revolución del 2011, que supuso un aumento casi de 150.000 personas a sueldo del Estado. Según los adversarios de Ennahda, el partido islamista moderado que gobernó buena parte de ese periodo, los islamistas colocaron a miles de sus seguidores con fines clientelistas. “No es cierto. La mayoría de contratados eran gente que había estado trabajando para el Estado durante años sin tener cobertura social. Lo único que se hizo fue regularizar su situación”, se defiende Sayida Unissi, la ministra de Trabajo, perteneciente a Ennahda.
El funcionariado, "política social" de Ben Alí
Sea como fuere, la verdad es que los siete Gobiernos que han asumido las riendas del país en el periodo posrevolucionario han recurrido a menudo a la oferta de empleos públicos sin contenido real para desactivar las recurrentes protestas sociales que han sacudido el país. Esta es una política con hondas raíces en la historia de Túnez. “El régimen de Ben Alí utilizaba el empleo público como una política social. Y servía también para apaciguar a la población”, asevera Unissi, una joven de solo 31 años con una carrera académica en Francia antes de entrar en política.
Esta política explica que, según un estudio del Banco Mundial, la productividad de los funcionarios tunecinos sea vergonzosa: equivale a ocho minutos de trabajo al día. Muchos de ellos simplemente no tienen nada que hacer. También explica la mentalidad de muchos diplomés chomeûrs. “No todos, pero sí muchos de nuestros miembros de la UDC quieren ser funcionarios porque es la única opción que ven de empleo estable y para toda la vida”, cuenta Jraifi, que considera que la oferta de empleo público debe ser una de las principales soluciones al problema del paro juvenil, cuya tasa dobla la media nacional con un 31%.
Sin embargo, Unissi replica que esta salida ya no es posible. Además, asegura que hay 150.000 vacantes de empleo en el país que no hay manera de ocupar. “En algunos casos es por falta de trabajadores cualificados. Pero en otros, la gente las rechaza por estar mal pagados y no tener cobertura social o por motivos culturales”, apostilla Unissi. Mientras muchos observadores occidentales insisten en buscar en el islam las claves del éxito o fracaso de la consolidación de la democracia, esta dependerá de la capacidad hacer encajar las potencialidades y recursos del país con las aspiraciones y formación de su juventud. Una compleja ecuación aún lastrada por la funesta herencia del sátrapa Ben Alí.
Túnez, El País
El perfil de Cherif Jraifi es representativo de una amplia capa de la juventud en Túnez: los llamados diplomés chomeûrs (licenciados en paro). “Después de licenciarme, me he pasado 12 años pasando un trabajo precario a otro, todos sin cobertura social”, comenta este treintañero ataviado con una boina. Los jóvenes parados desempeñaron un papel clave en la revolución de 2011, cuyo detonante, la inmolación de Mohamed Buazizi, cumplió el lunes su octavo aniversario. Los diplomados en paro, unos 350.000, cuentan con un influyente sindicato desde 2006, la UDC, de la que Jraifi es presidente. La aspiración de la mayoría de sus miembros es entrar en la función pública.
Su objetivo no suena extraño en un país que ocupa la parte alta del ranking mundial de funcionarios per cápita. Sus 800,000 trabajadores públicos representan casi un 25% del total de la población empleada, una cifra notablemente superior a la media de la OCDE (18%) y que le acerca a los estándares escandinavos. Ellos forman la base de la UGTT, con más de un millón de afiliados, el sindicato más poderoso del mundo árabe, que recibió el premio Nobel de la Paz en 2015 por su rol de mediador en la única transición democrática nacida de la primavera árabe. “En el sector público tenemos una tasa de afiliación del 90%. En el privado, es de un 20%”, explica Buali Mbarki, vice secretario general de la organización.
Mientras en Europa los sindicatos experimentan un progresivo desgaste, su capacidad de movilización en Túnez sigue siendo vigorosa. Durante las últimas semanas, sus huelgas sectoriales han paralizado algunos sectores clave. Por ejemplo, los profesores de secundaria se han negado a realizar los exámenes de fin de trimestre y el sindicato está preparando una huelga general en toda la función pública para el 17 de enero. El motivo es la congelación salarial decretada por el Gobierno a pesar de una inflación superior al 7%. Según los analistas, la UGTT es hoy el actor más potente de la oposición.
El rol político de la UGTT
De hecho, la central sindical no rehúye ese rol político, como demuestra su campaña en la que pide la dimisión del primer ministro o las visitas de sus dirigentes a Siria para apoyar al presidente Bachar el Asad. “Tienen una legitimidad histórica vinculada a su papel en la lucha por la independencia … Y los tunecinos lo ven como representante de las clases populares, no solo de sus afiliados”, apunta Lorenzo Fe, un investigador especializado en la UGTT. El hecho de que los partidos de izquierda se hundieran en las últimas elecciones y tengan una presencia marginal en el Parlamento fortalece su condición de referente.
El principal argumento de la UGTT contra Ejecutivo tiene connotaciones nacionalistas. “Es inaceptable que las decisiones sobre el presupuesto vengan dictadas de fuera, sobre todo por el FMI”, espeta Mbarki. Entre las recetas del Fondo, que el Gobierno debe aplicar a cambio de un préstamo de 2.500 millones de euros, figura reducir la carga salarial de la masa funcionarial. En 2017 los sueldos de los funcionarios representaron casi el 15% del PIB, una cifra solo superada en el mundo por países como Corea del Norte o Cuba. El año pasado el Gobierno presentó un programa para incentivar la jubilación anticipada de los empleados públicos. No obstante, ha sido un fracaso y este año ha optado por congelar de nuevo los salarios.
Algunos comentaristas políticos atribuyen buena parte del problema a la contratación masiva que se produjo tras la revolución del 2011, que supuso un aumento casi de 150.000 personas a sueldo del Estado. Según los adversarios de Ennahda, el partido islamista moderado que gobernó buena parte de ese periodo, los islamistas colocaron a miles de sus seguidores con fines clientelistas. “No es cierto. La mayoría de contratados eran gente que había estado trabajando para el Estado durante años sin tener cobertura social. Lo único que se hizo fue regularizar su situación”, se defiende Sayida Unissi, la ministra de Trabajo, perteneciente a Ennahda.
El funcionariado, "política social" de Ben Alí
Sea como fuere, la verdad es que los siete Gobiernos que han asumido las riendas del país en el periodo posrevolucionario han recurrido a menudo a la oferta de empleos públicos sin contenido real para desactivar las recurrentes protestas sociales que han sacudido el país. Esta es una política con hondas raíces en la historia de Túnez. “El régimen de Ben Alí utilizaba el empleo público como una política social. Y servía también para apaciguar a la población”, asevera Unissi, una joven de solo 31 años con una carrera académica en Francia antes de entrar en política.
Esta política explica que, según un estudio del Banco Mundial, la productividad de los funcionarios tunecinos sea vergonzosa: equivale a ocho minutos de trabajo al día. Muchos de ellos simplemente no tienen nada que hacer. También explica la mentalidad de muchos diplomés chomeûrs. “No todos, pero sí muchos de nuestros miembros de la UDC quieren ser funcionarios porque es la única opción que ven de empleo estable y para toda la vida”, cuenta Jraifi, que considera que la oferta de empleo público debe ser una de las principales soluciones al problema del paro juvenil, cuya tasa dobla la media nacional con un 31%.
Sin embargo, Unissi replica que esta salida ya no es posible. Además, asegura que hay 150.000 vacantes de empleo en el país que no hay manera de ocupar. “En algunos casos es por falta de trabajadores cualificados. Pero en otros, la gente las rechaza por estar mal pagados y no tener cobertura social o por motivos culturales”, apostilla Unissi. Mientras muchos observadores occidentales insisten en buscar en el islam las claves del éxito o fracaso de la consolidación de la democracia, esta dependerá de la capacidad hacer encajar las potencialidades y recursos del país con las aspiraciones y formación de su juventud. Una compleja ecuación aún lastrada por la funesta herencia del sátrapa Ben Alí.
