¿Sería posible un "Jair Bolsonaro" en otros países de América Latina?
Gustavo Segré
Especial desde San Pablo
No obstante, las elecciones son realizadas en Brasil, obviamente toda la región de América Latina está atenta al resultado del próximo domingo, por diversos motivos.
La pregunta más formulada en los últimos días es: "¿Sería posible que el efecto Bolsonaro se extienda a la región?".
La respuesta es "DEPENDE".
Jair Bolsonaro fue un fenómeno político, generado a partir de una acción jurídica.
La frase, confusa, debe ser analizada desde la historia reciente de Brasil. Es antiguo y fue muy utilizado "El Mecanismo" mediante el cual actores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se enriquecían a costo de contratos entre empresas constructoras con empresas estatales.
El Partido de los Trabajadores creó durante sus 14 años de gobierno, 40 nuevas empresas estatales, las que generaron una pérdida al Estado de R$ 8.000 millones (unos USD 2.500 millones en valores promedio del dólar).
La sociedad brasileña sabía de los asaltos al recurso público, la prensa investigaba y divulgaba los casos de corrupción, pero una Justicia lenta y sin leyes aplicables no sentenciaba y mucho menos detenía a los corruptos.
El sistema era perfecto: los legisladores vinculados a casos de corrupción eran mayoría en un Poder Legislativo corrupto que JAMÁS crearía una ley que pudiera poner fin al robo sistemático del recurso público.
"Todo termina en pizza", es un viejo dicho brasileño que explica por qué, aun a sabiendas de todos, NADIE TERMINABA PRESO por robarle a la sociedad.
El procedimiento que nació en la falta de leyes que permitieran que la Justicia investigue, procese y sentencie, se complementaba con lo que se denominaba "la corrupción minorista" en diferentes departamentos públicos, donde funcionarios de bajo escalón, tan corruptos como los legisladores, inventaban problemas para vender soluciones.
En lugar de trabajar para el país, trabajaban para ellos.
La obtención de fueros privilegiados al asumir como legislador, cerraba un circuito perfecto de propensión a robarle al Estado.
El caso más emblemático fue conocido como "os anões do orçamento" (los enanos del presupuesto) en que 37 legisladores de la Comisión de Presupuesto en Congreso Nacional de Brasil, sin ningún poder político (de allí el nombre de enanos), robaron en forma sistémica el equivalente a USD 100 millones a valores actualizados, por medio de alteraciones en el presupuesto nacional.
El líder de la asociación ilícita fue José Alves de Almeida, un diputado sin ninguna expresión política que, durante la investigación en que se estudió su crecimiento patrimonial, justificó la expansión de su riqueza afirmando que había ganado la lotería en 200 oportunidades.
El caso de los 37 diputados corruptos, fue denunciado por uno de los asesores de la referida comisión de presupuesto, el economista José Carlos Alves dos Santos, jefe de asesores de los diputados involucrados.
La legislación brasileña, determinaba que personas con fuero privilegiado, debían ser investigados por la Corte Suprema y los procesos solían demorar un tiempo superior a las penas determinadas en ley, por lo que NUNCA IBA NADIE PRESO.
El escándalo de los "enanos del presupuesto" terminó como siempre terminaban las investigaciones por corrupción: nadie en prisión y menos aún devolviendo lo robado.
La sociedad brasileña estaba tan acostumbrada al funcionamiento de la corrupción en el poder, que justificaba votar en candidatos que "robaban, pero hacían".
Ese fue el eslogan político informal de Paulo Maluf (Roba pero hace), quien después de más de 20 años de abierto un proceso de investigación por corrupción, y amparado por foro privilegiado, terminó sentenciado a prisión por la Corte Suprema y en función de su edad avanzada, se encuentra cumpliendo la pena en prisión domiciliaria.
Pero lo malo no debe durar para siempre: en el año 2010 y por presión popular, fue presentado en el Congreso con la firma de más de un millón de ciudadanos, el proyecto de ley de la "Ficha Limpia".
Luiz Inácio Lula da Silva (AFP PHOTO / Carlos Reyes)
Luiz Inácio Lula da Silva (AFP PHOTO / Carlos Reyes)
Esta ley determinaba que nadie podría ser candidato a cargo público si tuviera sentencia confirmada en segunda instancia (colegiado de jueces) durante un periodo mínimo de 8 años con posterioridad al cumplimiento efectivo de la pena de prisión.
La fuerza social fue tan importante que el trámite legislativo fue récord.
La mayoría de los Diputados y la UNANIMIDAD DE LOS SENADORES, aprobaron la ley que fue promulgada sin cambiarle una sola letra por el entonces Presidente de Brasil, Lula da Silva.
La ley de la ficha limpia sería el inicio del cambio político de Brasil.
El impensado panorama anticorrupción cerraría su ciclo legislativo, nuevamente por presión popular, cuando entre los meses de junio y julio del año 2013, miles y miles de brasileños salieron DIARIAMENTE a las calles de las principales capitales a pedir el fin de la corrupción en la obra pública y en los contratos del estado y por esa estricta presión popular, nuevamente el Congreso y Dilma Rousseff, entonces Presidente del país, convertían en leyes, "la ley del arrepentido para casos de corrupción y la ley de leniencia para empresas corruptas".
Teniendo la legislación apropiada, solo faltaba que la Policía Federal investigue las denuncias de corrupción, que el Ministerio Público acuse a los denunciados judicialmente y que los jueces se interesaran por llevar adelante cada proceso en forma rápida e imparcial.
Brasil tenía juzgados penales independientes que solo tenían bajo su órbita casos de corrupción , ubicados en ciudades alejadas de Brasilia – la Capital Federal – con apoyo de Fiscales especializados en estos casos y una policía judicial que responden a estos juzgados.
Sérgio Moro, el juez que motorizó el Lava Jato (AFP/Getty Images)
Sérgio Moro, el juez que motorizó el Lava Jato (AFP/Getty Images)
En marzo del 2014, un desconocido Juez Penal de la Ciudad de Curitiba, Sérgio Moro, iniciaba lo que luego sería tomado como el punto de inflexión en la lucha contra la corrupción de Brasil y de la región. Nacía el proceso Lava Jato.
La sociedad brasileña entendió que el robo continuo y estructural del recurso público podía llegar a su fin, pero había un último problema para resolver, el sistema político tradicional era corrupto.
Ante esa misma sociedad brasileña, el sistema Judicial y las fuerzas de seguridad, crecían en la aceptación pública. Solo faltaba encontrar un referente que proponga un cambio en la forma de hacer política.
Allí nació el fenómeno Jair Bolsonaro.
Un diputado que durante 27 años de mandatos continuos fue contestatario; que se dio a conocer por su pensamiento machista, homofóbico, racista y defensor del accionar de las Fuerzas Armadas; que nunca tuvo un caso de corrupción en su contra (ni siquiera en etapa de investigación); que devolvió dinero de una campaña cuando supo que se trataba de dinero de la constructora Odebrecht; que hasta marzo no tenía partido que lo propusiera como candidato a presidente y que tuvo que ofrecer a tres personas la candidatura a la vicepresidencia, hasta que el general Mourão (el tercer ofrecimiento) aceptó.
Se hace complicado para otras culturas de América Latina entender cómo parte del pueblo brasileño acepta un candidato con personalidad machista, racista, homofóbica y defensora de las Fuerzas Armadas como Jair Bolsonaro, pero lo cierto es que basta un poco de historia contemporánea para interpretar esta visión.
En lo que respecta al preconcepto racial, fue solo en 1989 que se promulgó la Ley Nº 7.716, que impone penas a quien discrimine a un semejante por el color de su piel.
No obstante la enorme cantidad de gente con piel negra, Brasil era (en algunos casos, aún es) un país con una gran cantidad de racistas.
En lo relacionado con la homofobia, durante una conferencia de prensa para corresponsales del exterior, el candidato Jair Bolsonaro manifestó que "El Estado no tiene nada que ver con la orientación sexual de cada uno. Punto final". Y fiel a su estilo provocador, agrego: "Aquí debe haber entre ustedes algún homosexual. Y ¿qué tengo que ver con eso? Nada".
Por último, respecto de la defensa del candidato a las Fuerzas Armadas, se hace fundamental recordar que en Brasil no existió un golpe de Estado en que un grupo de militares implementó una Junta Militar destituyendo al Presidente en Ejercicio.
El Presidente constitucional era João "Jango" Goulart, quien fue destituido por el Congreso Nacional de Brasil el 31 de marzo de 1964, asumiendo en su lugar, también por determinación del Congreso Nacional, el General Castelo Branco.
La década de 1970 fue conocida como la década del "milagro económico" y es tanta la diferencia social en la percepción del pueblo brasileño respecto de los años de régimen militar -comparadas con otras dictaduras de la región-, que solo así se puede explicar que una de las rutas más importantes del Estado Provincial de San Pablo tenga como nombre Castelo Branco, mientras que una autopista para pasar por arriba del centro de la Ciudad de San Pablo, tiene el nombre de Costa e Silva en homenaje a otro de los Presidentes de la Dictadura Militar de la época.
Es impensable imaginar nombres de ex presidentes militares en rutas y avenidas, por ejemplo en la República Argentina.
Los dictadores brasileños Humberto de Alencar Branco, Arthur Da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel y Joao Figueiredo
Los dictadores brasileños Humberto de Alencar Branco, Arthur Da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel y Joao Figueiredo
Conclusiones:
Las características culturales propias de Brasil, no permiten suponer la aparición de un Jair Bolsonaro en países de la región (que no guardan la misma historia que los brasileños).
La diferencia en la velocidad y eficacia de las investigaciones por corrupción que Brasil está mostrando, tampoco permiten imaginar que pueda aparecer alguien proveniente del poder judicial o de las fuerzas de seguridad, ya que la lucha contra la corrupción en Brasil, como se ha descrito en esta nota, obedece a una serie de factores propios y únicos del gigante de América Latina.
Para que pueda nacer un "Jair Bolsonaro" se hacen necesarios cambios electorales, judiciales y culturales y ningún cambio en estos ámbitos de la sociedad latinoamericana es obtenido en corto plazo.
Por supuesto que el cansancio social ante políticos corruptos que por leyes retrogradas consiguen continuar en lo más alto del Poder Legislativo, junto con Gobiernos que no consiguen encontrar el rumbo en lo económico, pueden generar la demanda por un salvador de la Patria, pero no necesariamente tendrá las características del casi Presidente de Brasil.
Una cosa sí puede darse como cierta: si Bolsonaro efectivamente gana la elección del próximo domingo y sus primeras medidas alientan a la economía, al empleo y la esperanza del pueblo brasileño, será muy difícil el regreso de partidos con orientación populista de izquierda en la región.
Especial desde San Pablo
No obstante, las elecciones son realizadas en Brasil, obviamente toda la región de América Latina está atenta al resultado del próximo domingo, por diversos motivos.
La pregunta más formulada en los últimos días es: "¿Sería posible que el efecto Bolsonaro se extienda a la región?".
La respuesta es "DEPENDE".
Jair Bolsonaro fue un fenómeno político, generado a partir de una acción jurídica.
La frase, confusa, debe ser analizada desde la historia reciente de Brasil. Es antiguo y fue muy utilizado "El Mecanismo" mediante el cual actores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se enriquecían a costo de contratos entre empresas constructoras con empresas estatales.
El Partido de los Trabajadores creó durante sus 14 años de gobierno, 40 nuevas empresas estatales, las que generaron una pérdida al Estado de R$ 8.000 millones (unos USD 2.500 millones en valores promedio del dólar).
La sociedad brasileña sabía de los asaltos al recurso público, la prensa investigaba y divulgaba los casos de corrupción, pero una Justicia lenta y sin leyes aplicables no sentenciaba y mucho menos detenía a los corruptos.
El sistema era perfecto: los legisladores vinculados a casos de corrupción eran mayoría en un Poder Legislativo corrupto que JAMÁS crearía una ley que pudiera poner fin al robo sistemático del recurso público.
"Todo termina en pizza", es un viejo dicho brasileño que explica por qué, aun a sabiendas de todos, NADIE TERMINABA PRESO por robarle a la sociedad.
El procedimiento que nació en la falta de leyes que permitieran que la Justicia investigue, procese y sentencie, se complementaba con lo que se denominaba "la corrupción minorista" en diferentes departamentos públicos, donde funcionarios de bajo escalón, tan corruptos como los legisladores, inventaban problemas para vender soluciones.
En lugar de trabajar para el país, trabajaban para ellos.
La obtención de fueros privilegiados al asumir como legislador, cerraba un circuito perfecto de propensión a robarle al Estado.
El caso más emblemático fue conocido como "os anões do orçamento" (los enanos del presupuesto) en que 37 legisladores de la Comisión de Presupuesto en Congreso Nacional de Brasil, sin ningún poder político (de allí el nombre de enanos), robaron en forma sistémica el equivalente a USD 100 millones a valores actualizados, por medio de alteraciones en el presupuesto nacional.
El líder de la asociación ilícita fue José Alves de Almeida, un diputado sin ninguna expresión política que, durante la investigación en que se estudió su crecimiento patrimonial, justificó la expansión de su riqueza afirmando que había ganado la lotería en 200 oportunidades.
El caso de los 37 diputados corruptos, fue denunciado por uno de los asesores de la referida comisión de presupuesto, el economista José Carlos Alves dos Santos, jefe de asesores de los diputados involucrados.
La legislación brasileña, determinaba que personas con fuero privilegiado, debían ser investigados por la Corte Suprema y los procesos solían demorar un tiempo superior a las penas determinadas en ley, por lo que NUNCA IBA NADIE PRESO.
El escándalo de los "enanos del presupuesto" terminó como siempre terminaban las investigaciones por corrupción: nadie en prisión y menos aún devolviendo lo robado.
La sociedad brasileña estaba tan acostumbrada al funcionamiento de la corrupción en el poder, que justificaba votar en candidatos que "robaban, pero hacían".
Ese fue el eslogan político informal de Paulo Maluf (Roba pero hace), quien después de más de 20 años de abierto un proceso de investigación por corrupción, y amparado por foro privilegiado, terminó sentenciado a prisión por la Corte Suprema y en función de su edad avanzada, se encuentra cumpliendo la pena en prisión domiciliaria.
Pero lo malo no debe durar para siempre: en el año 2010 y por presión popular, fue presentado en el Congreso con la firma de más de un millón de ciudadanos, el proyecto de ley de la "Ficha Limpia".
Luiz Inácio Lula da Silva (AFP PHOTO / Carlos Reyes)
Luiz Inácio Lula da Silva (AFP PHOTO / Carlos Reyes)
Esta ley determinaba que nadie podría ser candidato a cargo público si tuviera sentencia confirmada en segunda instancia (colegiado de jueces) durante un periodo mínimo de 8 años con posterioridad al cumplimiento efectivo de la pena de prisión.
La fuerza social fue tan importante que el trámite legislativo fue récord.
La mayoría de los Diputados y la UNANIMIDAD DE LOS SENADORES, aprobaron la ley que fue promulgada sin cambiarle una sola letra por el entonces Presidente de Brasil, Lula da Silva.
La ley de la ficha limpia sería el inicio del cambio político de Brasil.
El impensado panorama anticorrupción cerraría su ciclo legislativo, nuevamente por presión popular, cuando entre los meses de junio y julio del año 2013, miles y miles de brasileños salieron DIARIAMENTE a las calles de las principales capitales a pedir el fin de la corrupción en la obra pública y en los contratos del estado y por esa estricta presión popular, nuevamente el Congreso y Dilma Rousseff, entonces Presidente del país, convertían en leyes, "la ley del arrepentido para casos de corrupción y la ley de leniencia para empresas corruptas".
Teniendo la legislación apropiada, solo faltaba que la Policía Federal investigue las denuncias de corrupción, que el Ministerio Público acuse a los denunciados judicialmente y que los jueces se interesaran por llevar adelante cada proceso en forma rápida e imparcial.
Brasil tenía juzgados penales independientes que solo tenían bajo su órbita casos de corrupción , ubicados en ciudades alejadas de Brasilia – la Capital Federal – con apoyo de Fiscales especializados en estos casos y una policía judicial que responden a estos juzgados.
Sérgio Moro, el juez que motorizó el Lava Jato (AFP/Getty Images)
Sérgio Moro, el juez que motorizó el Lava Jato (AFP/Getty Images)
En marzo del 2014, un desconocido Juez Penal de la Ciudad de Curitiba, Sérgio Moro, iniciaba lo que luego sería tomado como el punto de inflexión en la lucha contra la corrupción de Brasil y de la región. Nacía el proceso Lava Jato.
La sociedad brasileña entendió que el robo continuo y estructural del recurso público podía llegar a su fin, pero había un último problema para resolver, el sistema político tradicional era corrupto.
Ante esa misma sociedad brasileña, el sistema Judicial y las fuerzas de seguridad, crecían en la aceptación pública. Solo faltaba encontrar un referente que proponga un cambio en la forma de hacer política.
Allí nació el fenómeno Jair Bolsonaro.
Un diputado que durante 27 años de mandatos continuos fue contestatario; que se dio a conocer por su pensamiento machista, homofóbico, racista y defensor del accionar de las Fuerzas Armadas; que nunca tuvo un caso de corrupción en su contra (ni siquiera en etapa de investigación); que devolvió dinero de una campaña cuando supo que se trataba de dinero de la constructora Odebrecht; que hasta marzo no tenía partido que lo propusiera como candidato a presidente y que tuvo que ofrecer a tres personas la candidatura a la vicepresidencia, hasta que el general Mourão (el tercer ofrecimiento) aceptó.
Se hace complicado para otras culturas de América Latina entender cómo parte del pueblo brasileño acepta un candidato con personalidad machista, racista, homofóbica y defensora de las Fuerzas Armadas como Jair Bolsonaro, pero lo cierto es que basta un poco de historia contemporánea para interpretar esta visión.
En lo que respecta al preconcepto racial, fue solo en 1989 que se promulgó la Ley Nº 7.716, que impone penas a quien discrimine a un semejante por el color de su piel.
No obstante la enorme cantidad de gente con piel negra, Brasil era (en algunos casos, aún es) un país con una gran cantidad de racistas.
En lo relacionado con la homofobia, durante una conferencia de prensa para corresponsales del exterior, el candidato Jair Bolsonaro manifestó que "El Estado no tiene nada que ver con la orientación sexual de cada uno. Punto final". Y fiel a su estilo provocador, agrego: "Aquí debe haber entre ustedes algún homosexual. Y ¿qué tengo que ver con eso? Nada".
Por último, respecto de la defensa del candidato a las Fuerzas Armadas, se hace fundamental recordar que en Brasil no existió un golpe de Estado en que un grupo de militares implementó una Junta Militar destituyendo al Presidente en Ejercicio.
El Presidente constitucional era João "Jango" Goulart, quien fue destituido por el Congreso Nacional de Brasil el 31 de marzo de 1964, asumiendo en su lugar, también por determinación del Congreso Nacional, el General Castelo Branco.
La década de 1970 fue conocida como la década del "milagro económico" y es tanta la diferencia social en la percepción del pueblo brasileño respecto de los años de régimen militar -comparadas con otras dictaduras de la región-, que solo así se puede explicar que una de las rutas más importantes del Estado Provincial de San Pablo tenga como nombre Castelo Branco, mientras que una autopista para pasar por arriba del centro de la Ciudad de San Pablo, tiene el nombre de Costa e Silva en homenaje a otro de los Presidentes de la Dictadura Militar de la época.
Es impensable imaginar nombres de ex presidentes militares en rutas y avenidas, por ejemplo en la República Argentina.
Los dictadores brasileños Humberto de Alencar Branco, Arthur Da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel y Joao Figueiredo
Los dictadores brasileños Humberto de Alencar Branco, Arthur Da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel y Joao Figueiredo
Conclusiones:
Las características culturales propias de Brasil, no permiten suponer la aparición de un Jair Bolsonaro en países de la región (que no guardan la misma historia que los brasileños).
La diferencia en la velocidad y eficacia de las investigaciones por corrupción que Brasil está mostrando, tampoco permiten imaginar que pueda aparecer alguien proveniente del poder judicial o de las fuerzas de seguridad, ya que la lucha contra la corrupción en Brasil, como se ha descrito en esta nota, obedece a una serie de factores propios y únicos del gigante de América Latina.
Para que pueda nacer un "Jair Bolsonaro" se hacen necesarios cambios electorales, judiciales y culturales y ningún cambio en estos ámbitos de la sociedad latinoamericana es obtenido en corto plazo.
Por supuesto que el cansancio social ante políticos corruptos que por leyes retrogradas consiguen continuar en lo más alto del Poder Legislativo, junto con Gobiernos que no consiguen encontrar el rumbo en lo económico, pueden generar la demanda por un salvador de la Patria, pero no necesariamente tendrá las características del casi Presidente de Brasil.
Una cosa sí puede darse como cierta: si Bolsonaro efectivamente gana la elección del próximo domingo y sus primeras medidas alientan a la economía, al empleo y la esperanza del pueblo brasileño, será muy difícil el regreso de partidos con orientación populista de izquierda en la región.