Colombia batió el año pasado su récord de cultivo de coca
Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000
Santiago Torrado
Bogotá, El País
Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.
“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.
Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.
Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.
La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.
Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.
Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.
Bogotá, El País
Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.
“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.
Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.
Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.
La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.
Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.
Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.
