Temor por las "FARC ocultas", los disidentes que se fortalecen con extorsiones, alianzas narcos y reclutamiento infantil
Un informe de la Misión de la OEA en Colombia explica por qué a pesar de la desmovilización de la parte principal de la guerrilla, las rentas ilegales y la violencia crece en algunas regiones del país
Adriana Chica
Infobae
La firma del Acuerdo de Paz no ha logrado disminuir las economías ilegales y su consecuente violencia no da tregua. A esa conclusión llegó la Misión de la Organización de los Estados Americanos para el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA) luego de 1.500 visitas realizadas a territorios abandonados por la desmovilización de las FARC. En su informe 24, explica cómo se han fortalecido los grupos disidentes de esa ex guerrilla bajo prácticas criminales que generan incertidumbre en las expectativas de éxito del posconflicto.
Pese a que el nivel de violencia ha caído en comparación con los peores años del conflicto armado, los grupos al margen de la ley se mantienen en algunos territorios aptos para las rentas ilícitas. El Acuerdo, dice la Mapp, "no ha logrado impedir aún el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de sus territorios; los atentados y homicidios contra líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, entre otros".
El agravante según el informe es que las zonas anteriormente controladas por las FARC, a donde no llegó la institucionalidad después de la dejación de armas, están siendo disputadas por otras guerrillas como el ELN, el EPL y grupos paramilitares. Pero, además, la población civil ha declarado que varios miembros de la ex insurgencia permanecieron en los territorios tras la finalización del Acuerdo, representando "un riesgo contra la seguridad de las comunidades y un aumento de las dinámicas criminales".
En departamentos como Guaviare, Meta y Caquetá, la Misión encontró que varios miembros de las FARC nunca se trasladaron a las zonas de distensión dispuestas por el gobierno. Aclaran que no todos los casos terminaron en la continuación del ejercicio criminal, pero las comunidades mantienen la percepción de la presencia armada en sus territorios, razón por la cual no distinguen un cambio marcado después de la firma de la paz.
"En este contexto, la población civil continúa vinculando el actuar de estas personas a las dinámicas delincuenciales que se presentan en sus territorios. Tal situación ha sido observada en la Costa Pacífica Nariñense con epicentro en el municipio de Tumaco", describe el informe. Lo que ha quedado en el imaginario de la gente es que las FARC formaron una "reserva" para mantener el control en caso de que la implementación de los acuerdos fracase.
Un estudio de la Fundación InSight Crime ya había hablado sobre las 'FARC ocultas', que estarían conformadas por miembros de confianza del secretariado como parte de un "plan B" que pusieron en marcha antes de rendirse. Este grupo tendría acceso a armas y el objetivo de reanudar la lucha armada si no se cumple lo pactado. Este hecho es aparte de los grupos disidentes que se separaron de los líderes de la mesa de La Habana por desacuerdos sobre el proceso de negociación.
En Norte de Santander, por ejemplo, el informe de la OEA destaca que antes del inicio de las conversaciones, comandantes del Frente 33 de las FARC ordenaron a varios de sus hombres permanecer en el sector rural de La Gabarra, y no ir a las dispuestas para la desmovilización, "con el fin de conservar una reserva armada ante cualquier eventualidad". Al parecer, esa estructura de unas 25 personas aún se encuentra en la región, en zonas fronterizas con Venezuela.
"Algunas fuentes institucionales y comunitarias describen el perfil de quienes quedaron al mando de las disidencias, como miembros antiguos y de confianza de la antigua estructura militar de las FARC-EP. En consecuencia, distintos sectores de la población de estos departamentos consideran que ese es el motivo por el cual algunos excombatientes que se encuentran en el proceso de reincorporación y transición hacia un partido político no perciben una amenaza en el accionar de estas disidencias", asegura el informe.
La Mapp advierte que estos desertores están creciendo cada vez más, aumentando su capacidad delictiva y militar a través de prácticas como el cobro de vacunas, el reclutamiento infantil y alianzas narco con otras guerrillas.
Capacidad de las disidencias
El informe asegura que, a diferencia de la época del conflicto, las disidencias han optado por mantener un perfil bajo cuando se encuentran en las poblaciones, vestidos de civil y sin cargar armamento a la vista. Lo que, de acuerdo con la Mapp, corresponde a unas lógicas territoriales propias de las regiones donde operan varios actores armados, sobre todo en departamentos como Guaviare y Meta.
Asimismo, la población civil manifestó que los grupos disidentes no intervienen en los conflictos comunitarios como lo hacían las FARC-EP, que trataban de imponer una especie de control social bajo normas de convivencia que ellos mismos regulaban mediante métodos coercitivos. En cambio, han dejado claro que su único interés es en la cadena del narcotráfico. En Putumayo y Nariño, estas organizaciones se han limitado a coordinar a diferentes estructuras mafiosas, como parte de sus procesos de financiación.
No obstante, los múltiples intereses por el control de un mismo territorio hacen que las redes del narcotráfico no estén soportadas en una misma organización, sino que la siembra, producción y tráfico de cocaína se divide entre las bandas en disputa. Por eso, las disidencias han optado por otras alternativas de obtención de recursos. En las visitas a terreno identificaron un incremento en el número de comerciantes extorsionados, en la frecuencia del cobro y en los montos exigidos.
En algunos sectores cobran hasta 'vacunas retroactivas' correspondientes a la época de la negociación de paz. En municipios de Caquetá y Guaviare, comerciantes y ganaderos expresaron a la Misión que ahora los cobros de extorsiones se hacen semestrales, cuando en los tiempos de las FARC eran anuales, y la suma es casi del doble.
Y para fortalecer las filas, las disidencias han optado por la continuación del reclutamiento forzado de menores de edad, que ha aumentado en las zonas rurales apartadas de pocas oportunidades laborales y difícil situación socioeconómica, sobre todo en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Arauca, Córdoba y el sur de Bolívar. Con esta práctica esperan ocupar espacios dejados por las FARC tras la firma de paz. Además, muchas de las amenazas y asesinatos contra líderes y lideresas sociales están relacionados con denuncias sobre dicha estrategia.
Esta semana, La Fiscalía de la Nación reveló en RCN Radio que las disidencias en cabeza de Walter Artízala Vernaza, alias 'Guacho', estaban reclutando niños de Perú y Ecuador. Y relacionan el incremento de esta práctica criminal con el aumento de los cultivos de coca, especialmente en zonas de frontera, pues los menores reclutados son vinculados como 'raspachines'. Los mayores de 12 años cumplen también otra serie de actividades como cuidar secuestrados, traer víveres, cocinar, disparar, sembrar minas, entre otros.
En el caso de las niñas, son objeto de esclavitud sexual, sometidas a tratos inhumanos como abortos forzados. El informe de la OEA también advierte sobre el riesgo de violaciones de derechos de las mujeres, y el aumento de feminicidios y violencia sexual en zonas donde hacen presencia los grupos armados.
La Misión pudo comprobar que, como parte de la misma estrategia de financiación y consolidación militar, las disidencias de las FARC están haciendo alianzas en algunas regiones con el ELN. Los negocios incluyen repartirse los territorios dejados tras la desmovilización y así también los negocios ilícitos, principalmente la extorsión y el secuestro. "Estos acuerdos les permiten fortalecerse militarmente con nuevos miembros y armamento sin llegar a las confrontaciones armadas", dice el informe.
Ejemplo de ello ocurre en los municipios costeros de El Charco y Tumaco, en Nariño, donde han surgido grupos conformados por miembros de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del ELN denominados 'Guerrillas Unidas del Pacífico' o 'Gente del Orden'. Estos también se dedican a extorsiones, hurtos de insumos de combustibles y control territorial.
Pero las alianzas no son solamente con el ELN. En Norte de Santander, específicamente en la región del Catatumbo, donde tiene una fuerte presencia Los Pelusos, muchos exmiembros de las FARC-EP que no se acogieron a los Acuerdos decidieron ingresas a las filas de esta banda paramilitar que fue un 'reducto de las guerrillas del EPL', aunque ya no son consideradas como tal por las autoridades.
Cómo nacieron
Las disidencias de las FARC-EP se conformaron desde el mismo momento de la oficialización de las conversaciones de paz en Cuba. El Frente Primero o Armando Ríos, que controlaban las vías del narcotráfico y el reclutamiento forzado en Guaviare, Guainía y Vaupés, estuvo en desacuerdo con la negociación por la desconfianza de una real implementación de los acuerdos; afirma la Fundación InSight Crime.
Por eso, el secretariado en La Habana le encomendó al excomandante Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte', un guerrillero con más de 30 años de trayectoria en la organización, que vigilara el Frente Primero. Pero este, terminó aliándose con el líder de la estructura, alias 'Iván Mordisco', y fortaleciendo el grupo con 150 hombres. Ambos capos son objetivo militar de alto valor y, según investigación de inteligencia, están escondidos en Venezuela.
La oficialización de la conformación de frentes disidentes de las FARC-EP se dio en julio de 2016, cuando en una carta pública dieron a conocer sus intenciones de mantenerse en la criminalidad. Actualmente cuentan con por lo menos 400 integrantes -según cifras de InSight Crime-, concentrados en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta y Vichada, donde controlan rutas del narcotráfico en las fronteras con Brasil y Venezuela.
Sus principales cabecillas y prófugos de la justicia son Néstor Gregorio Fernández, alias 'Iván Mordisco'; Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte'; y Géner García Molina, alias 'Jhon 40'. Ellos han consolidado a esta organización como el actor criminal más importante del sur de Colombia, con alianzas con distintas bandas criminales y carteles extranjeros.
Infobae
La firma del Acuerdo de Paz no ha logrado disminuir las economías ilegales y su consecuente violencia no da tregua. A esa conclusión llegó la Misión de la Organización de los Estados Americanos para el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA) luego de 1.500 visitas realizadas a territorios abandonados por la desmovilización de las FARC. En su informe 24, explica cómo se han fortalecido los grupos disidentes de esa ex guerrilla bajo prácticas criminales que generan incertidumbre en las expectativas de éxito del posconflicto.
Pese a que el nivel de violencia ha caído en comparación con los peores años del conflicto armado, los grupos al margen de la ley se mantienen en algunos territorios aptos para las rentas ilícitas. El Acuerdo, dice la Mapp, "no ha logrado impedir aún el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de sus territorios; los atentados y homicidios contra líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, entre otros".
El agravante según el informe es que las zonas anteriormente controladas por las FARC, a donde no llegó la institucionalidad después de la dejación de armas, están siendo disputadas por otras guerrillas como el ELN, el EPL y grupos paramilitares. Pero, además, la población civil ha declarado que varios miembros de la ex insurgencia permanecieron en los territorios tras la finalización del Acuerdo, representando "un riesgo contra la seguridad de las comunidades y un aumento de las dinámicas criminales".
En departamentos como Guaviare, Meta y Caquetá, la Misión encontró que varios miembros de las FARC nunca se trasladaron a las zonas de distensión dispuestas por el gobierno. Aclaran que no todos los casos terminaron en la continuación del ejercicio criminal, pero las comunidades mantienen la percepción de la presencia armada en sus territorios, razón por la cual no distinguen un cambio marcado después de la firma de la paz.
"En este contexto, la población civil continúa vinculando el actuar de estas personas a las dinámicas delincuenciales que se presentan en sus territorios. Tal situación ha sido observada en la Costa Pacífica Nariñense con epicentro en el municipio de Tumaco", describe el informe. Lo que ha quedado en el imaginario de la gente es que las FARC formaron una "reserva" para mantener el control en caso de que la implementación de los acuerdos fracase.
Un estudio de la Fundación InSight Crime ya había hablado sobre las 'FARC ocultas', que estarían conformadas por miembros de confianza del secretariado como parte de un "plan B" que pusieron en marcha antes de rendirse. Este grupo tendría acceso a armas y el objetivo de reanudar la lucha armada si no se cumple lo pactado. Este hecho es aparte de los grupos disidentes que se separaron de los líderes de la mesa de La Habana por desacuerdos sobre el proceso de negociación.
En Norte de Santander, por ejemplo, el informe de la OEA destaca que antes del inicio de las conversaciones, comandantes del Frente 33 de las FARC ordenaron a varios de sus hombres permanecer en el sector rural de La Gabarra, y no ir a las dispuestas para la desmovilización, "con el fin de conservar una reserva armada ante cualquier eventualidad". Al parecer, esa estructura de unas 25 personas aún se encuentra en la región, en zonas fronterizas con Venezuela.
"Algunas fuentes institucionales y comunitarias describen el perfil de quienes quedaron al mando de las disidencias, como miembros antiguos y de confianza de la antigua estructura militar de las FARC-EP. En consecuencia, distintos sectores de la población de estos departamentos consideran que ese es el motivo por el cual algunos excombatientes que se encuentran en el proceso de reincorporación y transición hacia un partido político no perciben una amenaza en el accionar de estas disidencias", asegura el informe.
La Mapp advierte que estos desertores están creciendo cada vez más, aumentando su capacidad delictiva y militar a través de prácticas como el cobro de vacunas, el reclutamiento infantil y alianzas narco con otras guerrillas.
Capacidad de las disidencias
El informe asegura que, a diferencia de la época del conflicto, las disidencias han optado por mantener un perfil bajo cuando se encuentran en las poblaciones, vestidos de civil y sin cargar armamento a la vista. Lo que, de acuerdo con la Mapp, corresponde a unas lógicas territoriales propias de las regiones donde operan varios actores armados, sobre todo en departamentos como Guaviare y Meta.
Asimismo, la población civil manifestó que los grupos disidentes no intervienen en los conflictos comunitarios como lo hacían las FARC-EP, que trataban de imponer una especie de control social bajo normas de convivencia que ellos mismos regulaban mediante métodos coercitivos. En cambio, han dejado claro que su único interés es en la cadena del narcotráfico. En Putumayo y Nariño, estas organizaciones se han limitado a coordinar a diferentes estructuras mafiosas, como parte de sus procesos de financiación.
No obstante, los múltiples intereses por el control de un mismo territorio hacen que las redes del narcotráfico no estén soportadas en una misma organización, sino que la siembra, producción y tráfico de cocaína se divide entre las bandas en disputa. Por eso, las disidencias han optado por otras alternativas de obtención de recursos. En las visitas a terreno identificaron un incremento en el número de comerciantes extorsionados, en la frecuencia del cobro y en los montos exigidos.
En algunos sectores cobran hasta 'vacunas retroactivas' correspondientes a la época de la negociación de paz. En municipios de Caquetá y Guaviare, comerciantes y ganaderos expresaron a la Misión que ahora los cobros de extorsiones se hacen semestrales, cuando en los tiempos de las FARC eran anuales, y la suma es casi del doble.
Y para fortalecer las filas, las disidencias han optado por la continuación del reclutamiento forzado de menores de edad, que ha aumentado en las zonas rurales apartadas de pocas oportunidades laborales y difícil situación socioeconómica, sobre todo en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Arauca, Córdoba y el sur de Bolívar. Con esta práctica esperan ocupar espacios dejados por las FARC tras la firma de paz. Además, muchas de las amenazas y asesinatos contra líderes y lideresas sociales están relacionados con denuncias sobre dicha estrategia.
Esta semana, La Fiscalía de la Nación reveló en RCN Radio que las disidencias en cabeza de Walter Artízala Vernaza, alias 'Guacho', estaban reclutando niños de Perú y Ecuador. Y relacionan el incremento de esta práctica criminal con el aumento de los cultivos de coca, especialmente en zonas de frontera, pues los menores reclutados son vinculados como 'raspachines'. Los mayores de 12 años cumplen también otra serie de actividades como cuidar secuestrados, traer víveres, cocinar, disparar, sembrar minas, entre otros.
En el caso de las niñas, son objeto de esclavitud sexual, sometidas a tratos inhumanos como abortos forzados. El informe de la OEA también advierte sobre el riesgo de violaciones de derechos de las mujeres, y el aumento de feminicidios y violencia sexual en zonas donde hacen presencia los grupos armados.
La Misión pudo comprobar que, como parte de la misma estrategia de financiación y consolidación militar, las disidencias de las FARC están haciendo alianzas en algunas regiones con el ELN. Los negocios incluyen repartirse los territorios dejados tras la desmovilización y así también los negocios ilícitos, principalmente la extorsión y el secuestro. "Estos acuerdos les permiten fortalecerse militarmente con nuevos miembros y armamento sin llegar a las confrontaciones armadas", dice el informe.
Ejemplo de ello ocurre en los municipios costeros de El Charco y Tumaco, en Nariño, donde han surgido grupos conformados por miembros de las disidencias de las FARC y de la guerrilla del ELN denominados 'Guerrillas Unidas del Pacífico' o 'Gente del Orden'. Estos también se dedican a extorsiones, hurtos de insumos de combustibles y control territorial.
Pero las alianzas no son solamente con el ELN. En Norte de Santander, específicamente en la región del Catatumbo, donde tiene una fuerte presencia Los Pelusos, muchos exmiembros de las FARC-EP que no se acogieron a los Acuerdos decidieron ingresas a las filas de esta banda paramilitar que fue un 'reducto de las guerrillas del EPL', aunque ya no son consideradas como tal por las autoridades.
Cómo nacieron
Las disidencias de las FARC-EP se conformaron desde el mismo momento de la oficialización de las conversaciones de paz en Cuba. El Frente Primero o Armando Ríos, que controlaban las vías del narcotráfico y el reclutamiento forzado en Guaviare, Guainía y Vaupés, estuvo en desacuerdo con la negociación por la desconfianza de una real implementación de los acuerdos; afirma la Fundación InSight Crime.
Por eso, el secretariado en La Habana le encomendó al excomandante Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte', un guerrillero con más de 30 años de trayectoria en la organización, que vigilara el Frente Primero. Pero este, terminó aliándose con el líder de la estructura, alias 'Iván Mordisco', y fortaleciendo el grupo con 150 hombres. Ambos capos son objetivo militar de alto valor y, según investigación de inteligencia, están escondidos en Venezuela.
La oficialización de la conformación de frentes disidentes de las FARC-EP se dio en julio de 2016, cuando en una carta pública dieron a conocer sus intenciones de mantenerse en la criminalidad. Actualmente cuentan con por lo menos 400 integrantes -según cifras de InSight Crime-, concentrados en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta y Vichada, donde controlan rutas del narcotráfico en las fronteras con Brasil y Venezuela.
Sus principales cabecillas y prófugos de la justicia son Néstor Gregorio Fernández, alias 'Iván Mordisco'; Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte'; y Géner García Molina, alias 'Jhon 40'. Ellos han consolidado a esta organización como el actor criminal más importante del sur de Colombia, con alianzas con distintas bandas criminales y carteles extranjeros.
