Por qué seis políticos y empresarios latinoamericanos están bajo la lupa de los congresistas de Estados Unidos
Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos se cuentan entre las razones por las que un grupo bipartidario solicitó al presidente Donald Trump que se les apliquen las sanciones que impone la Ley Global Magnitsky
Infobae
Un grupo bipartidario de miembros del Congreso de los Estados Unidos solicitó el jueves 2 de agosto al presidente Donald Trump que incluya en la lista de sanciones (entre ellas, la cancelación de sus visas y el congelamiento de sus bienes) a seis empresarios y políticos de El Salvador, Guatemala y Honduras, varios de ellos con causas abiertas ante la justicia y buscados por Interpol. Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violencia se cuentan entre las razones, reveladas el viernes 3, para solicitar que se aplique la Ley Global Magnitsky.
Los seis individuos señalados son José Luis Merino, viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador; el diputado del Partido Nacional de Honduras Óscar Ramón Nájera; el empresario de medios de origen mexicano Remigio Ángel González, dueño del conglomerado Albavisión; José Aquiles Enrique Rais López, Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Luis Alberto Mendizábal Barrutia.
La carta a la Casa Blanca lleva las firmas de los congresistas Eliot Engel (demócrata de Nueva York), titular del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, e Ileana Ros-Lehtinen (republicana de la Florida), titular emérita y miembro del mismo comité. También adhirieron a la solicitud Albio Sires (demócrata de Nueva Jersey), presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, y los cotitulares del Grupo sobre América Central, David Valadao (republicano de California) y Norma Torres (demócrata de California).
Este prominente empresario salvadoreño fue designado "un objetivo prioritario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y un sujeto de investigación internacional por sus vínculos con grupos del crimen organizado, empresas fantasmas, cárteles y políticos corruptos recientemente identificados en el escándalo de los Panama Papers", según estableció el 19º Circuito Judicial de la Florida. En esa misma denuncia con causa probable, el sheriff argumentó que "las aeronaves pertenecientes a Rais muestran amplias pruebas de actividades de tráfico de drogas, incluidos compartimentos modificados, costos desproporcionadamente altos por recursos aeronáuticos premium para aterrizar en lugares remotos y el uso de compañías fantasmas para registrar estas aeronaves, una de las cuales fue vigilada por otras actividades vinculadas a drogas".
Rais fue arrestado el 22 de agosto de 2016 en El Salvador por cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica, en distintas situaciones vinculadas a sus negocios. En esa ocasión también resultaron detenidos el ex fiscal general de ese país, Luis Martínez, su segundo, Julio Arriaza, y un sobrino y dos abogados de Rais. Lo acusaron de obstruir las investigaciones judiciales y adulterar pruebas para debilitar los casos en su contra y mejorar su posición en los casos contra sus adversarios.
"El corazón del caso es una disputa multimillonaria vinculada a la compañía de basura de Rais, Mides, que se ocupa del manejo de la mayor parte de los residuos sólidos de El Salvador", informaron los congresistas. Pero el 28 de agosto de 2018 la jueza de paz Évelyn Jiménez liberó a Rais por no considerarlo en peligro de fuga, a pesar de que tiene doble nacionalidad con Suiza, un país con el cual el estado salvadoreño no tiene acuerdo de extradición. Cuando su fallo fue revocado, Rais ya había dejado el país, presumiblemente hacia Suiza. Desde febrero de 2018 tiene pedido de captura de Interpol.
José Luis Merino (El Salvador)
Este alto miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desempeña actualmente como viceministro de Relaciones Exteriores del El Salvador. Él y Rais son copropietarios de la empresa de basura Mides.
Se cree que tiene vínculos con organizaciones transnacionales: en 2008, tras la muerte del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, los oficiales de seguridad de ese país encontraron en su laptop correos electrónicos que vinculaban a Merino con una red de tráfico de armas.
En 2017, el congresista Sires solicitó al Departamento del Tesoro que investigara las actividades bancarias de Merino en los Estados Unidos, dada su prolongada asociación con redes de mafias internacionales bajo investigación por tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Gustavo Adolfo Alejos Cambara (Gustavo Alejos, Guatemala)
El ex secretario de la Presidencia de Álvaro Colom fue procesado en Guatemala por asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. "Es un empresario que usó conexiones políticas para obtener millones de dólares en contratos estatales", sintetizaron los congresistas, y recordaron las causas que se le iniciaron en 2015 y 2016. Alejos ha sido además contribuyente a distintos grupos políticos de Guatemala: el Partido de Avanzada Nacional, PAN; la Gran Alianza Nacional, GANA; la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y el Partido Patriota, PP.
La fiscalía guatemalteca lo acusó de dirigir una red de corrupción en la provisión de medicinas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con la complicidad de funcionarios internos a los que pagaban sobornos, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también proveedores del IGSS. Así inflaban la venta de una medicina o un servicio, para favorecer a sus empresas.
Hasta 2014 Alejos trabajó para la farmacológica Agencia J.I. Cohen, que durante 30 años fue la principal proveedora del estado guatemalteco. Desde entonces Alejos constituyó distintas sociedades mediante testaferros (Droguería Colon, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma), con las que armó el esquema de corrupción.
Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violencia se cuentan entre las razones para solicitar que se aplique la Ley Global Magnitsky.
Tras su procesamiento en 2015 por el caso que en América Central se conoce como Negociantes de la Salud, se descubrió que fue el principal arquitecto de la red de corrupción. Un año más tarde la fiscalía implicó a Alejos en una red para el financiamiento ilegal de las campañas electorales de 2011 del ex presidente Otto Pérez Molina y su vice Roxanna Baldetti (quienes habían renunciado en 2015 por las acusaciones de corrupción masiva) a cambio de "trato preferencial para ganar los contratos estatales", según la información de los congresistas. Se trata del caso Cooptación del Estado.
En 2018 Alejos quedó implicado en otro caso de corrupción, el contrato de los buses Transurbano, en la ciudad de Guatemala. La tercera parte de los USD 35 millones que el gobierno de Colom pagó a una empresa que obtuvo el contrato en una licitación dudosa se atribuyó a equipos que nunca se compraron. Como secretario de Colom, Alejos está acusado de haber recibido alguno de esos fondos. Tras la revocación de su prisión domiciliaria, en abril, quedó detenido en el centro Mariscal Zavala a la espera de juicio.
Luis Alberto Mendizábal Barrutia (Guatemala)
Este experto en inteligencia, involucrado en varias operaciones de alto perfil según documentos obtenidos por InSight Crime, entre ellas el intento de golpe de estado contra el presidente Vinicio Cerezo Arévalo. En su boutique Emilio se formó el partido salvadoreño de extrema derecha ARENA y se cree que allí también se reunían los escuadrones de la muerte del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Una de las operaciones más conocidas de Mendizábal fue la grabación y distribución del video que apareció tras la muerte del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg en 2009: en el video (una puesta en escena del mismo Rosenberg, quien organizó su propio asesinato según investigaciones posteriores) el abogado acusó a la administración de Colom, y en particular a Gustavo Alejos, de su muerte.
Mendizábal participó de un grupo clandestino de seguridad, Los Oficiales de la Montaña, en los '80s, y en la creación de La Oficinita, "un aparato de seguridad oculto que coordinó acciones ilegales entre la inteligencia militar y la oficina del presidente en la década de 1990″, en el informe de los congresistas. "También se cree que Mendizábal participó en el Comando Antisecuestros, establecido por el general Marco Tulio Espinoza, un grupo acusado de graves violaciones de los derechos humanos".
El Ministerio Público de Guatemala lo implicó en 2015 en una red de fraude, La Línea, que operaba dentro de la Administración de Aduana e Impuestos desde 2011, cuyos sobornos se coordinaban en la boutique Emilio. "Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea", agregó el anexo a la carta dirigida a Trump. En el caso también estaban implicados el presidente Pérez Molina y la vice Baldetti, entre otros funcionarios.
Actualmente Interpol busca a Mendizábal.
Remigio Ángel González (Ángel González, nacido en México, delitos cometidos en Guatemala)
Este empresario de medios aparece en los Panama Papers como accionista de la empresa offshore Global Holding Properties, la principal del conglomerado de medios de Albavisión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha registrado que González tiene negocios en 11 países de América Latina, en los cuales posee 35 canales de televisión (entre ellos La Red en Chile, ATV en Perú, SNT en Paraguay y Canal 9 en Argentina), 114 estaciones de radio, dos periódicos y varias salas de cine.
En su presentación ante el Poder Ejecutivo, los congresistas estadounidenses señalaron que González vive desde 1987 en Miami, donde ha logrado "eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringen la propiedad extranjera de los medios de comunicación mediante empresas fantasmas a cargo de familiares, amigos y representantes". La Asociación Interamericana de Prensa alertó sobre el impacto de su monopolio en el derecho a la información.
En Guatemala las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca, procesada en 2016 por el caso Cooptación del Estado y buscada por Interpol. El esquema para financiar la campaña de Pérez Molina y Baldetti y luego obtener beneficios en los contratos estatales, obtuvo fondos mediante una red de empresas a cargo de la candidata y luego vicepresidenta de Guatemala. Ninguna compañía tenía actividad comercial real: eran "canales para el dinero que en secreto entregaban representantes de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), propiedad de González".
Las sanciones que solicitan los congresistas estadounidenses incluyen la cancelación de las visas y el congelamiento de los bienes.
Así llegaron al Partido Patriota, PP, unos USD 2,3 millones que no se declararon ante el Tribunal Superior Electoral y se emplearon en la compra de automóviles nuevos. "A cambio, las empresas de televisión de González presuntamente se beneficiaron de contratos millonarios de publicidad oficial", que comenzaron con la asunción de Pérez Molina: unos USD 26 millones, estimó la fiscalía, o el 69% de toda la publicidad oficial en televisión.
González comenzó su carrera vendiendo telenovelas mexicanas en 1971. Dos años más tarde se instaló en Guatemala con su primera esposa, hermana de quien sería Ministro de Comunicación de Alfonso Portillo y presidente del Congreso a comienzos de los 2000, Luis Armando Rabbé Tejada, quien creó puestos falsos en el Congreso para ganar dinero. Rabbé, a su vez, se casó con una hermana de González.
En 1981 González compró los canales 3 y 7 de Guatemala, en sociedad con dos cubanos exiliados. Uno de ellos, Gerardo Sampedro, fue detenido en Miami en 1995 por tráfico de droga y colaboración con el Cártel de Cali. González amplió sus operaciones de medios a Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, México, Chile y Argentina, entre otros países; en 2008 creó el conglomerado Albavisión.
Oscar Ramón Nájera (Honduras)
El terrateniente de la zona del Bajo Aguán lleva 27 años en el Congreso de Honduras, donde representa el Partido Nacional. Los representantes estadounidenses aluden a sus vínculos con el narcotráfico a partir de las declaraciones del líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Madariaga, quien dijo ante los Tribunales de Distrito de Nueva York que Nájera colaboró con ese cártel.
Rivera declaró que en 2013 el diputado Nájera y otras dos personas participaron en una reunión con Los Cachiros para "en relación con una disputa sobre propiedades incautadas": los narcotraficantes pagaron a los tres por una lista de las cuentas y las propiedades que la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI) planeaba incautar. Por ese motivo, además, la Procuraduría General y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron que investigarían a Nájera.
Los congresistas citaron una investigación del sitio ContraCorriente, que incluye a Nájera entre sus fuentes, en la cual se argumenta que podría haber sido el lazo de Los Cachiros con los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo.
Qué es la Ley Global Magnitsky
"Valoramos el compromiso del gobierno para implementar la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad en Derechos Humanos", comenzó el texto presentado a Trump. "En tanto los Estados Unidos continúan apoyando los esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado en la región del Triángulo Norte de Centroamérica", le solicitaron que mediante el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro se evaluara si los antecedentes de los seis empresarios y políticos ameritaban que se los sancionara por una ley que recuerda a un abogado ruso que denunció la corrupción en su país y murió por ello.
La Ley Global, aprobada en 2016, permite que los Estados Unidos impongan sanciones económicas a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hubieran cometido actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en sus países. Se inspira en la Ley Magnitsky, de 2012, que sólo sancionaba a funcionarios rusos, específicamente del gobierno de Vladimir Putin, acusados de haber estado involucrados en la muerte Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009.
En 2008 el auditor Magnitsky descubrió una red de fraude impositivo y corrupción que involucraba a 23 empresas, al Kremlin y a personas cercanas al gobierno de Putin, por un total de USD 230 millones. Al realizar la denuncia terminó detenido, aunque sin cargos; fue tratado con violencia y murió con circunstancias misteriosas pocos días antes de su presunta libertad.
Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas hallaron que "las condiciones de detención inhumanas, el aislamiento de su familia, la falta de acceso regular a sus abogados y la negativa intencional a brindarle la asistencia médica adecuada tuvieron como consecuencia el haberle causado gran dolor y sufrimiento, y finalmente la muerte" a Magnistky.
De manera póstuma, el contador fue juzgado y considerado culpable por la justicia rusa.
Un grupo bipartidario de miembros del Congreso de los Estados Unidos solicitó el jueves 2 de agosto al presidente Donald Trump que incluya en la lista de sanciones (entre ellas, la cancelación de sus visas y el congelamiento de sus bienes) a seis empresarios y políticos de El Salvador, Guatemala y Honduras, varios de ellos con causas abiertas ante la justicia y buscados por Interpol. Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violencia se cuentan entre las razones, reveladas el viernes 3, para solicitar que se aplique la Ley Global Magnitsky.
Los seis individuos señalados son José Luis Merino, viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador; el diputado del Partido Nacional de Honduras Óscar Ramón Nájera; el empresario de medios de origen mexicano Remigio Ángel González, dueño del conglomerado Albavisión; José Aquiles Enrique Rais López, Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Luis Alberto Mendizábal Barrutia.
La carta a la Casa Blanca lleva las firmas de los congresistas Eliot Engel (demócrata de Nueva York), titular del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, e Ileana Ros-Lehtinen (republicana de la Florida), titular emérita y miembro del mismo comité. También adhirieron a la solicitud Albio Sires (demócrata de Nueva Jersey), presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, y los cotitulares del Grupo sobre América Central, David Valadao (republicano de California) y Norma Torres (demócrata de California).
Este prominente empresario salvadoreño fue designado "un objetivo prioritario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y un sujeto de investigación internacional por sus vínculos con grupos del crimen organizado, empresas fantasmas, cárteles y políticos corruptos recientemente identificados en el escándalo de los Panama Papers", según estableció el 19º Circuito Judicial de la Florida. En esa misma denuncia con causa probable, el sheriff argumentó que "las aeronaves pertenecientes a Rais muestran amplias pruebas de actividades de tráfico de drogas, incluidos compartimentos modificados, costos desproporcionadamente altos por recursos aeronáuticos premium para aterrizar en lugares remotos y el uso de compañías fantasmas para registrar estas aeronaves, una de las cuales fue vigilada por otras actividades vinculadas a drogas".
Rais fue arrestado el 22 de agosto de 2016 en El Salvador por cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica, en distintas situaciones vinculadas a sus negocios. En esa ocasión también resultaron detenidos el ex fiscal general de ese país, Luis Martínez, su segundo, Julio Arriaza, y un sobrino y dos abogados de Rais. Lo acusaron de obstruir las investigaciones judiciales y adulterar pruebas para debilitar los casos en su contra y mejorar su posición en los casos contra sus adversarios.
"El corazón del caso es una disputa multimillonaria vinculada a la compañía de basura de Rais, Mides, que se ocupa del manejo de la mayor parte de los residuos sólidos de El Salvador", informaron los congresistas. Pero el 28 de agosto de 2018 la jueza de paz Évelyn Jiménez liberó a Rais por no considerarlo en peligro de fuga, a pesar de que tiene doble nacionalidad con Suiza, un país con el cual el estado salvadoreño no tiene acuerdo de extradición. Cuando su fallo fue revocado, Rais ya había dejado el país, presumiblemente hacia Suiza. Desde febrero de 2018 tiene pedido de captura de Interpol.
José Luis Merino (El Salvador)
Este alto miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desempeña actualmente como viceministro de Relaciones Exteriores del El Salvador. Él y Rais son copropietarios de la empresa de basura Mides.
Se cree que tiene vínculos con organizaciones transnacionales: en 2008, tras la muerte del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, los oficiales de seguridad de ese país encontraron en su laptop correos electrónicos que vinculaban a Merino con una red de tráfico de armas.
En 2017, el congresista Sires solicitó al Departamento del Tesoro que investigara las actividades bancarias de Merino en los Estados Unidos, dada su prolongada asociación con redes de mafias internacionales bajo investigación por tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Gustavo Adolfo Alejos Cambara (Gustavo Alejos, Guatemala)
El ex secretario de la Presidencia de Álvaro Colom fue procesado en Guatemala por asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. "Es un empresario que usó conexiones políticas para obtener millones de dólares en contratos estatales", sintetizaron los congresistas, y recordaron las causas que se le iniciaron en 2015 y 2016. Alejos ha sido además contribuyente a distintos grupos políticos de Guatemala: el Partido de Avanzada Nacional, PAN; la Gran Alianza Nacional, GANA; la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y el Partido Patriota, PP.
La fiscalía guatemalteca lo acusó de dirigir una red de corrupción en la provisión de medicinas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con la complicidad de funcionarios internos a los que pagaban sobornos, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también proveedores del IGSS. Así inflaban la venta de una medicina o un servicio, para favorecer a sus empresas.
Hasta 2014 Alejos trabajó para la farmacológica Agencia J.I. Cohen, que durante 30 años fue la principal proveedora del estado guatemalteco. Desde entonces Alejos constituyó distintas sociedades mediante testaferros (Droguería Colon, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma), con las que armó el esquema de corrupción.
Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violencia se cuentan entre las razones para solicitar que se aplique la Ley Global Magnitsky.
Tras su procesamiento en 2015 por el caso que en América Central se conoce como Negociantes de la Salud, se descubrió que fue el principal arquitecto de la red de corrupción. Un año más tarde la fiscalía implicó a Alejos en una red para el financiamiento ilegal de las campañas electorales de 2011 del ex presidente Otto Pérez Molina y su vice Roxanna Baldetti (quienes habían renunciado en 2015 por las acusaciones de corrupción masiva) a cambio de "trato preferencial para ganar los contratos estatales", según la información de los congresistas. Se trata del caso Cooptación del Estado.
En 2018 Alejos quedó implicado en otro caso de corrupción, el contrato de los buses Transurbano, en la ciudad de Guatemala. La tercera parte de los USD 35 millones que el gobierno de Colom pagó a una empresa que obtuvo el contrato en una licitación dudosa se atribuyó a equipos que nunca se compraron. Como secretario de Colom, Alejos está acusado de haber recibido alguno de esos fondos. Tras la revocación de su prisión domiciliaria, en abril, quedó detenido en el centro Mariscal Zavala a la espera de juicio.
Luis Alberto Mendizábal Barrutia (Guatemala)
Este experto en inteligencia, involucrado en varias operaciones de alto perfil según documentos obtenidos por InSight Crime, entre ellas el intento de golpe de estado contra el presidente Vinicio Cerezo Arévalo. En su boutique Emilio se formó el partido salvadoreño de extrema derecha ARENA y se cree que allí también se reunían los escuadrones de la muerte del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Una de las operaciones más conocidas de Mendizábal fue la grabación y distribución del video que apareció tras la muerte del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg en 2009: en el video (una puesta en escena del mismo Rosenberg, quien organizó su propio asesinato según investigaciones posteriores) el abogado acusó a la administración de Colom, y en particular a Gustavo Alejos, de su muerte.
Mendizábal participó de un grupo clandestino de seguridad, Los Oficiales de la Montaña, en los '80s, y en la creación de La Oficinita, "un aparato de seguridad oculto que coordinó acciones ilegales entre la inteligencia militar y la oficina del presidente en la década de 1990″, en el informe de los congresistas. "También se cree que Mendizábal participó en el Comando Antisecuestros, establecido por el general Marco Tulio Espinoza, un grupo acusado de graves violaciones de los derechos humanos".
El Ministerio Público de Guatemala lo implicó en 2015 en una red de fraude, La Línea, que operaba dentro de la Administración de Aduana e Impuestos desde 2011, cuyos sobornos se coordinaban en la boutique Emilio. "Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea", agregó el anexo a la carta dirigida a Trump. En el caso también estaban implicados el presidente Pérez Molina y la vice Baldetti, entre otros funcionarios.
Actualmente Interpol busca a Mendizábal.
Remigio Ángel González (Ángel González, nacido en México, delitos cometidos en Guatemala)
Este empresario de medios aparece en los Panama Papers como accionista de la empresa offshore Global Holding Properties, la principal del conglomerado de medios de Albavisión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha registrado que González tiene negocios en 11 países de América Latina, en los cuales posee 35 canales de televisión (entre ellos La Red en Chile, ATV en Perú, SNT en Paraguay y Canal 9 en Argentina), 114 estaciones de radio, dos periódicos y varias salas de cine.
En su presentación ante el Poder Ejecutivo, los congresistas estadounidenses señalaron que González vive desde 1987 en Miami, donde ha logrado "eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringen la propiedad extranjera de los medios de comunicación mediante empresas fantasmas a cargo de familiares, amigos y representantes". La Asociación Interamericana de Prensa alertó sobre el impacto de su monopolio en el derecho a la información.
En Guatemala las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca, procesada en 2016 por el caso Cooptación del Estado y buscada por Interpol. El esquema para financiar la campaña de Pérez Molina y Baldetti y luego obtener beneficios en los contratos estatales, obtuvo fondos mediante una red de empresas a cargo de la candidata y luego vicepresidenta de Guatemala. Ninguna compañía tenía actividad comercial real: eran "canales para el dinero que en secreto entregaban representantes de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), propiedad de González".
Las sanciones que solicitan los congresistas estadounidenses incluyen la cancelación de las visas y el congelamiento de los bienes.
Así llegaron al Partido Patriota, PP, unos USD 2,3 millones que no se declararon ante el Tribunal Superior Electoral y se emplearon en la compra de automóviles nuevos. "A cambio, las empresas de televisión de González presuntamente se beneficiaron de contratos millonarios de publicidad oficial", que comenzaron con la asunción de Pérez Molina: unos USD 26 millones, estimó la fiscalía, o el 69% de toda la publicidad oficial en televisión.
González comenzó su carrera vendiendo telenovelas mexicanas en 1971. Dos años más tarde se instaló en Guatemala con su primera esposa, hermana de quien sería Ministro de Comunicación de Alfonso Portillo y presidente del Congreso a comienzos de los 2000, Luis Armando Rabbé Tejada, quien creó puestos falsos en el Congreso para ganar dinero. Rabbé, a su vez, se casó con una hermana de González.
En 1981 González compró los canales 3 y 7 de Guatemala, en sociedad con dos cubanos exiliados. Uno de ellos, Gerardo Sampedro, fue detenido en Miami en 1995 por tráfico de droga y colaboración con el Cártel de Cali. González amplió sus operaciones de medios a Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, México, Chile y Argentina, entre otros países; en 2008 creó el conglomerado Albavisión.
Oscar Ramón Nájera (Honduras)
El terrateniente de la zona del Bajo Aguán lleva 27 años en el Congreso de Honduras, donde representa el Partido Nacional. Los representantes estadounidenses aluden a sus vínculos con el narcotráfico a partir de las declaraciones del líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Madariaga, quien dijo ante los Tribunales de Distrito de Nueva York que Nájera colaboró con ese cártel.
Rivera declaró que en 2013 el diputado Nájera y otras dos personas participaron en una reunión con Los Cachiros para "en relación con una disputa sobre propiedades incautadas": los narcotraficantes pagaron a los tres por una lista de las cuentas y las propiedades que la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI) planeaba incautar. Por ese motivo, además, la Procuraduría General y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaron que investigarían a Nájera.
Los congresistas citaron una investigación del sitio ContraCorriente, que incluye a Nájera entre sus fuentes, en la cual se argumenta que podría haber sido el lazo de Los Cachiros con los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo.
Qué es la Ley Global Magnitsky
"Valoramos el compromiso del gobierno para implementar la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad en Derechos Humanos", comenzó el texto presentado a Trump. "En tanto los Estados Unidos continúan apoyando los esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado en la región del Triángulo Norte de Centroamérica", le solicitaron que mediante el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro se evaluara si los antecedentes de los seis empresarios y políticos ameritaban que se los sancionara por una ley que recuerda a un abogado ruso que denunció la corrupción en su país y murió por ello.
La Ley Global, aprobada en 2016, permite que los Estados Unidos impongan sanciones económicas a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hubieran cometido actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en sus países. Se inspira en la Ley Magnitsky, de 2012, que sólo sancionaba a funcionarios rusos, específicamente del gobierno de Vladimir Putin, acusados de haber estado involucrados en la muerte Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009.
En 2008 el auditor Magnitsky descubrió una red de fraude impositivo y corrupción que involucraba a 23 empresas, al Kremlin y a personas cercanas al gobierno de Putin, por un total de USD 230 millones. Al realizar la denuncia terminó detenido, aunque sin cargos; fue tratado con violencia y murió con circunstancias misteriosas pocos días antes de su presunta libertad.
Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas hallaron que "las condiciones de detención inhumanas, el aislamiento de su familia, la falta de acceso regular a sus abogados y la negativa intencional a brindarle la asistencia médica adecuada tuvieron como consecuencia el haberle causado gran dolor y sufrimiento, y finalmente la muerte" a Magnistky.
De manera póstuma, el contador fue juzgado y considerado culpable por la justicia rusa.
