La supuesta "paz" trae un mayor número de asesinatos y cocaína a las zonas rebeldes de Colombia
Infobae
En el extremo norte de los Andes colombianos, donde durante décadas los rebeldes marxistas controlaron la producción de cocaína y lucharon contra el ejército, se suponía que un aclamado acuerdo de paz en 2016 lo cambiaría todo. Pero para peor.
Las promesas de nuevas medidas de seguridad y sustitutos de cultivos no se han cumplido. Donde una vez hubo un régimen brutal y rebelde, hoy existe una cacofonía de mafias del narcotráfico, cada una de las cuales cobra a los granjeros tanto dinero por la protección que el café, el ganado o incluso la cocaína apenas son rentables. Los ex guerrilleros se están rearmando, la tasa de homicidios se está disparando y cientos de personas están huyendo, vaciando escuelas y negocios.
"Lo que está sucediendo es una reconfiguración criminal para el control del territorio y las economías ilegales", dijo Ariel Ávila, un analista político de la Fundación Paz y Reconciliación en Bogotá (Colombia). "Nadie contó con que el gobierno fuera tan lento en llegar a esta área".
El gobierno pasó cuatro años negociando un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que le valió al presidente saliente, Juan Manuel Santos, el Premio Nobel. El presidente electo Iván Duque, que ya asumió el mando, se enfrenta a una producción récord de cocaína, un campo invadido por ejércitos privados y una creciente disidencia de las FARC.
Duque dice que la coca -la materia prima para la fabricación de cocaína- es una "amenaza existencial" para la nación, y que para combatirla hará uso de la fumigación aérea con herbicidas e impulsará los programas de sustitución. Esto es música para los oídos del gobierno de Estados Unidos pero privará a muchas familias locales de su única fuente de ingresos.
Las promesas clave en el acuerdo de paz nunca se pusieron en marcha. Tan pronto como las FARC dieron un paso atrás, los grupos paramilitares ingresaron a Ituango, moviéndose a través de granjas y aldeas en grupos de docena personas o incluso más. No se ha desenterrado ni un solo arbusto de coca bajo el programa de sustitución de cultivos. Los proyectos destinados a crear trabajo para ex guerrilleros no se han materializado.
"Nos dejaron con nada más que nuestra ropa interior", admitía un ex guerrillero, que dijo que tanto los disidentes como un cártel de la droga han intentado reclutarlo. El cártel le ofreció USD 280 al mes.
El gobierno afirmó que el acuerdo de paz impulsaría el crecimiento en, al menos, medio punto porcentual por año, pero hasta ahora ha habido pocas señales de dicho "dividendo de paz". La economía de Colombia se expandió el año pasado a su ritmo más lento desde la crisis financiera mundial.
Un ex combatiente de las FARC que se hacía llamar "Rogelio" renunció al proceso de paz y abandonó un campamento supervisado por las Naciones Unidas para los combatientes desmovilizados de las FARC y estableció una nueva fuerza guerrillera a finales del año pasado. Rogelio es uno de los más de 1.000 de los 13.000 miembros de las FARC que participaron en el proceso de paz y que, ahora, han tomado las armas de nuevo. Por tanto, sus filas también han sido infladas por nuevos reclutas. La reaparición de las guerrilas en la región provocó un frenesí de violencia en el Clan del Golfo, o Gaitanistas, especializados en el tráfico de cocaína y que están asesinando a cualquier persona sospechosa de ayudar a los disidentes.
"Decidimos continuar la lucha debido a que el gobierno no cumplió con el acuerdo de paz y debido a los asesinatos de ex combatientes y líderes sociales", comentó un miembro del grupo de Rogelio que se identificó como "Picino".
Rogelio, que camina gracias a una extremidad protésica después de perder su pierna en una mina, declinó hacer declaraciones, diciendo que la intensidad de la lucha la hizo poco práctica. Una facción disidente separada de las FARC dirigida por "Cabuyo" también opera en la región, así como al menos otro cártel de drogas, según la policía.
"Quiero salir de este infierno", señaló una mujer en las afueras de la funeraria de Ituango después de que su hijo de 18 años fuera asesinado, aparentemente por el Clan del Golfo.
En Ituango, los agricultores y las empresas locales solían pagar dinero a las FARC como protección. Ahora, reciben demandas de extorsión de diferentes facciones y se arriesgan a morir si un grupo se entera de un pago a sus rivales. Los grupos paramilitares están cobrando a los agricultores USD 35 por cabeza de ganado, de acuerdo a un líder comercial local, y se espera que impongan un "impuesto" paralizante sobre la próxima cosecha de café.
Y mientras que las FARC impulsan un "impuesto" en el comercio de la pasta de coca – un tipo de coca sin refinar producido por los agricultores – el Clan Golfo, a menudo, va a comprar la pasta a crédito para evitar pagar por ella, diciendo que el envío fue capturado por la policía, según un local está familiarizado con este tipo de plantaciones. También roban pollos cultivos y todo lo que necesitan de los agricultores.
Si bien la tasa de homicidios ha continuado su tendencia a la baja en las grandes ciudades de Colombia, ha aumentado en las regiones productoras de cocaína, como en Tumaco en la costa del Pacífico o Catatumbo en la frontera con Venezuela e Ituango.
Desde el acuerdo de paz, Ituango se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del planeta. En lo que va de año, 43 personas han sido asesinadas aquí. Eso hace que Ituango, con una población de aproximadamente 25.000 habitantes, sea cuatro veces más mortal que El Salvador, la nación más violenta del mundo.
Ituango tiene la desgracia de ser un lugar estratégico para el tráfico de cocaína, ya que cerca de aquí, las montañas de los Andes dan paso a la planicie costera que conduce al Caribe y es desde ahí donde se envía la droga a América Central y México.
Los disidentes conocen las montañas de Ituango mejor que nadie y tienen más experiencia de combate que sus enemigos, pero el Clan del Golfo tiene más dinero y armamento. Los civiles están atrapados en el medio.
Los lugareños ahora viven en un estado de terror. En el camino a la ciudad de Santa Rita, el Clan del Golfo ha llevado a arrastrar a los pasajeros fuera de los autobuses para ejecutarlos a un lado de la carretera. También imponen un toque de queda a la población civil, prohibiéndoles viajar después del anochecer.
El Consejo de Paz de Ituango, compuesto por representantes de la comunidad, líderes empresariales, la iglesia y la oficina del alcalde, suspendió sus operaciones en julio después de recibir amenazas de muerte. Uno de sus miembros, Mary Castrillon, huyó cuatro horas después de recibir amenazas de muerte a los miembros de su familia.
Después de que un hombre armado llegara a la puerta de Castrillón el año pasado, la Unidad de Protección Nacional, que brinda servicios de guardaespaldas a las personas en riesgo, estudió su caso y determinó que el nivel de riesgo era "normal". Fue por esa razón que se negó a ayudarla.
Los líderes de la comunidad en la región son "los muertos vivientes" mientras que las familias de los ex combatientes de las FARC sienten el "olor a líquido de embalsamiento", según relata el padre Carlos Cárdenas, el sacerdote local.
Al menos seis ex miembros de las FARC han sido asesinados en Ituango desde el acuerdo de paz, dos de ellos dentro de los anillos de seguridad que protegen su campamento. En febrero, alguien arrojó una granada a través de la ventana de una familia sospechosa de estar vinculada a uno de los grupos armados y mató a una niña de tres años.
"Cuando comenzó el proceso de paz, vimos un gran futuro para Ituango, la gente comenzó a regresar después de muchos años", indicó Gladys Zapata, que trabaja en una escuela local. "Hubo mucha esperanza, pero ahora, Dios mío, las cosas están peor de lo que estaban antes".
