Gobernación cruceña no pagará el incremento salarial y los privados hablan de ‘ajuste’
Panorama. Los empresarios indicaron que darán el beneficio y retroactivo. Las mypes lo harán, pero dicen que reducirán el personal; están en crisis. El Gobierno departamental cruceño sostiene que tiene pocos recursos
Ernesto Estremadoiro
El Deber
El incremento salarial no llegará a todos de hecho, según el propio Gobierno, el sector público no está obligado a realizar el pago del beneficio. En Santa Cruz, la Gobernación anunció que no cumplirá con el pago. La misma decisión tomó la Gobernación de La Paz. El sector privado dijo que cumplirá la disposición, pero anticiparon secuelas en la fuerza laboral; es decir, a los trabajadores.
El 1 de mayo el presidente Evo Morales fijó un incremento de 3% al salario mínimo y un 5,5% al haber básico. Y dio plazo hasta el 31 del mes para dar el retroactivo.
Gobernaciones no pagarán
Sin embargo, como se explicó anteriormente en el sector público, el pago no es obligatorio.
José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que no acatarán la medida con el fin de previsionar el pago del segundo aguinaldo, anunciado por el Gobierno, por los buenos pronósticos oficiales de la economía nacional.
“El presidente dijo que el crecimiento va a ser del 4,5% y hay que alistar el segundo aguinaldo que es un gasto adicional del 8%”, manifestó.
Parada justificó la decisión del gobierno departamental, porque en los últimos dos años sus recursos cayeron un 63%.
Por estos recortes se rescindió contrato a 1.500 trabajadores. Sin embargo, indicó que se incrementarán sus ingresos a los ítems en salud “que no son nuestra competencia”.
Consultado sobre el mismo tema, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, señaló que su administración no está en condiciones de cumplir.
Municipios negocian
Otra realidad es la de los municipios. Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), informó que los 55 municipios afiliados a la entidad están negociando el pago del beneficio.
El monto fijado para negociar con los funcionarios municipales, según Vallejos, está entre un 2 y 3%, dependiendo de la situación de cada región. “Negociamos para que los trabajadores estén conformes, porque no se incrementaron los precios en la canasta familiar, la economía está estable”, precisó.
Se envió un cuestionario al Ministerio de Economía, que no fue respondido. Pero el Gobierno en días pasados dijo que el incremento es una reivindicación para el trabajador.
Pago obligatorio y secuelas
Félix Nicasio es un microempresario textil, tiene claro el panorama con respecto al incremento salarial, si sus números no cuadran reducirá el personal de su taller para pagar al resto de los trabajadores que le queden. La situación no da para más: la recesión económica tocó fondo para él. Lo mismo pasa con las pequeñas y empresas grandes. “Es complicada la situación y el Gobierno no entiende”, añade.
Vitalino Almendras, que cuenta con un taller de confección, resignado, dice que hará un sobreesfuerzo para cumplir. Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, señaló que muchos de sus afiliados no podrán sostener el incremento. “No podemos pagar. El sector no crece como corresponde”, afirmó Vargas.
Según Fedemype, la situación del sector es vulnerable. De sus 5.000 unidades productivas afiliadas, la mitad opera a un 50%, otra parte un 30%, e incluso algunos han cerrado sus negocios. “La situación es producto de todas las medidas (incrementos salariales) que se realizaron en los últimos años”, afirmó Vargas.
Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), afirmó que su gremio cumplirá el pago, pero anticipó que no todos podrán sostenerlo. “Los grandes y los medianos van a poder, pero los chicos van a estar en dificultades”, afirmó.
Pese al alto costo, Villegas dijo que siendo “un sector que cumple las normas acatarán el pago”. Eso sí, afirmó que la medida no es sana para el empresariado. Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) indicaron que siendo el incremento una norma legal “es de cumplimiento obligatorio, por lo que cada empresa tendrá que analizar su situación y tomar las medidas que el caso amerite”.
Consultados sobre si la medida ocasionará un reajuste en la fuerza laboral, la entidad señaló que en “los casos donde los números no cuadren se adoptarán medidas sobre el personal ”.
Para el sector constructor, el incremento es excesivo y está por encima de sus posibilidades. “Hay desaceleración; no hay márgenes para absorber estos costos”, dijo la Cadecocruz.
En la actualidad, según los constructores, los contratos de obras abarcan un promedio de 18 a 24 meses y no existe la posibilidad de hacer reajustes.
“Gestionamos que el incremento se traslade a un ajuste de precios en las “Incidencias de las Cargas Sociales en el Costo Laboral de la Construcción” que no varían desde 2004, pese a la continua elevación de sueldos y salarios”, dijo la entidad.
Ambiente inestable
Para la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) el incremento se da en un momento poco alentador, luego de una década de crecimiento (2006-2016) las cifras se contraen desde el año pasado.
La reducción del dinamismo económico se refleja en la baja demanda. Por ejemplo, el consumo de energía, gas y agua, en 2016 creció un 6% en promedio, mientras que el año pasado lo hizo a una tasa del 2,5%.
Por otro lado, las ventas del transporte aéreo de pasajeros y carga tuvieron un destacable crecimiento del 11% en promedio hasta 2016, que fueron seguidas por una modesta expansión del 3% el año pasado.
En este contexto, las operaciones de los restaurantes, cayeron un 2% luego de un incremento del 21% en los diez años previos. “Se generó una sobrecarga con bonos y aportes. Esto representa más del 40% del haber básico que se debe pagar a cada trabajador”, dijo la Cainco.
La entidad empresarial afirmó que se afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan alrededor del 70% del empleo de Bolivia. Se habló al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, pero dijo que no hablaría sobre este tema.
Sin embargo en días pasados la CEPB se declaró en emergencia por el alza salarial y por la promulgación de la Ley de Empresas Sociales.
Gobernaciones no pagarán
En el sector público, el pago no es obligatorio. De hecho, en la Gobernación de Santa Cruz, indicaron que no pagarán.
José Luis Parada, asesor general de la Gobernación cruceña, indicó que no acatarán la medida con el fin de previsionar el pago del segundo aguinaldo. Además, indicó que en los últimos años los recursos de la administración departamental se redujeron en un 63%.
Por estos recortes, la entidad subnacional tuvo que rescindir los contratos a 1.500 trabajadores en los dos últimos años. “El presidente dijo que el crecimiento va a ser del 4,5% y hay que previsionar el segundo aguinaldo que es un gasto adicional del 8%”, dijo.
Sin embargo, afirmó que a los únicos que se les incrementarán sus ingresos serán a los ítems en salud “que no son nuestra competencia”.
Consultado sobre el mismo tema, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, señaló que su administración no está en condiciones de poder cumplir el incremento.
Municipios negocian
Otra realidad es la de los municipios. Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), afirmó que los 55 municipios afiliados están negociando el pago del beneficio.
El monto fijado para negociar con los funcionarios municipales, según Vallejos, está entre un 2 y 3%, dependiendo de la situación de cada región. “Negociamos para que los trabajadores estén conformes, porque no se incrementaron los precios en la canasta familiar”, precisó Vallejos.
Sin embargo, afirmó que se dará otro trato a los funcionarios que ganen por debajo del Salario Mínimo Nacional, que está fijado en Bs 2.060.
Se envió un cuestionario al Ministerio de Economía, que fue respondido. Pero el Gobierno en días pasados dijo que el incremento es una reivindicación para el trabajador.
El Deber
El incremento salarial no llegará a todos de hecho, según el propio Gobierno, el sector público no está obligado a realizar el pago del beneficio. En Santa Cruz, la Gobernación anunció que no cumplirá con el pago. La misma decisión tomó la Gobernación de La Paz. El sector privado dijo que cumplirá la disposición, pero anticiparon secuelas en la fuerza laboral; es decir, a los trabajadores.
El 1 de mayo el presidente Evo Morales fijó un incremento de 3% al salario mínimo y un 5,5% al haber básico. Y dio plazo hasta el 31 del mes para dar el retroactivo.
Gobernaciones no pagarán
Sin embargo, como se explicó anteriormente en el sector público, el pago no es obligatorio.
José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que no acatarán la medida con el fin de previsionar el pago del segundo aguinaldo, anunciado por el Gobierno, por los buenos pronósticos oficiales de la economía nacional.
“El presidente dijo que el crecimiento va a ser del 4,5% y hay que alistar el segundo aguinaldo que es un gasto adicional del 8%”, manifestó.
Parada justificó la decisión del gobierno departamental, porque en los últimos dos años sus recursos cayeron un 63%.
Por estos recortes se rescindió contrato a 1.500 trabajadores. Sin embargo, indicó que se incrementarán sus ingresos a los ítems en salud “que no son nuestra competencia”.
Consultado sobre el mismo tema, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, señaló que su administración no está en condiciones de cumplir.
Municipios negocian
Otra realidad es la de los municipios. Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), informó que los 55 municipios afiliados a la entidad están negociando el pago del beneficio.
El monto fijado para negociar con los funcionarios municipales, según Vallejos, está entre un 2 y 3%, dependiendo de la situación de cada región. “Negociamos para que los trabajadores estén conformes, porque no se incrementaron los precios en la canasta familiar, la economía está estable”, precisó.
Se envió un cuestionario al Ministerio de Economía, que no fue respondido. Pero el Gobierno en días pasados dijo que el incremento es una reivindicación para el trabajador.
Pago obligatorio y secuelas
Félix Nicasio es un microempresario textil, tiene claro el panorama con respecto al incremento salarial, si sus números no cuadran reducirá el personal de su taller para pagar al resto de los trabajadores que le queden. La situación no da para más: la recesión económica tocó fondo para él. Lo mismo pasa con las pequeñas y empresas grandes. “Es complicada la situación y el Gobierno no entiende”, añade.
Vitalino Almendras, que cuenta con un taller de confección, resignado, dice que hará un sobreesfuerzo para cumplir. Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, señaló que muchos de sus afiliados no podrán sostener el incremento. “No podemos pagar. El sector no crece como corresponde”, afirmó Vargas.
Según Fedemype, la situación del sector es vulnerable. De sus 5.000 unidades productivas afiliadas, la mitad opera a un 50%, otra parte un 30%, e incluso algunos han cerrado sus negocios. “La situación es producto de todas las medidas (incrementos salariales) que se realizaron en los últimos años”, afirmó Vargas.
Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), afirmó que su gremio cumplirá el pago, pero anticipó que no todos podrán sostenerlo. “Los grandes y los medianos van a poder, pero los chicos van a estar en dificultades”, afirmó.
Pese al alto costo, Villegas dijo que siendo “un sector que cumple las normas acatarán el pago”. Eso sí, afirmó que la medida no es sana para el empresariado. Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) indicaron que siendo el incremento una norma legal “es de cumplimiento obligatorio, por lo que cada empresa tendrá que analizar su situación y tomar las medidas que el caso amerite”.
Consultados sobre si la medida ocasionará un reajuste en la fuerza laboral, la entidad señaló que en “los casos donde los números no cuadren se adoptarán medidas sobre el personal ”.
Para el sector constructor, el incremento es excesivo y está por encima de sus posibilidades. “Hay desaceleración; no hay márgenes para absorber estos costos”, dijo la Cadecocruz.
En la actualidad, según los constructores, los contratos de obras abarcan un promedio de 18 a 24 meses y no existe la posibilidad de hacer reajustes.
“Gestionamos que el incremento se traslade a un ajuste de precios en las “Incidencias de las Cargas Sociales en el Costo Laboral de la Construcción” que no varían desde 2004, pese a la continua elevación de sueldos y salarios”, dijo la entidad.
Ambiente inestable
Para la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) el incremento se da en un momento poco alentador, luego de una década de crecimiento (2006-2016) las cifras se contraen desde el año pasado.
La reducción del dinamismo económico se refleja en la baja demanda. Por ejemplo, el consumo de energía, gas y agua, en 2016 creció un 6% en promedio, mientras que el año pasado lo hizo a una tasa del 2,5%.
Por otro lado, las ventas del transporte aéreo de pasajeros y carga tuvieron un destacable crecimiento del 11% en promedio hasta 2016, que fueron seguidas por una modesta expansión del 3% el año pasado.
En este contexto, las operaciones de los restaurantes, cayeron un 2% luego de un incremento del 21% en los diez años previos. “Se generó una sobrecarga con bonos y aportes. Esto representa más del 40% del haber básico que se debe pagar a cada trabajador”, dijo la Cainco.
La entidad empresarial afirmó que se afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan alrededor del 70% del empleo de Bolivia. Se habló al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, pero dijo que no hablaría sobre este tema.
Sin embargo en días pasados la CEPB se declaró en emergencia por el alza salarial y por la promulgación de la Ley de Empresas Sociales.
Gobernaciones no pagarán
En el sector público, el pago no es obligatorio. De hecho, en la Gobernación de Santa Cruz, indicaron que no pagarán.
José Luis Parada, asesor general de la Gobernación cruceña, indicó que no acatarán la medida con el fin de previsionar el pago del segundo aguinaldo. Además, indicó que en los últimos años los recursos de la administración departamental se redujeron en un 63%.
Por estos recortes, la entidad subnacional tuvo que rescindir los contratos a 1.500 trabajadores en los dos últimos años. “El presidente dijo que el crecimiento va a ser del 4,5% y hay que previsionar el segundo aguinaldo que es un gasto adicional del 8%”, dijo.
Sin embargo, afirmó que a los únicos que se les incrementarán sus ingresos serán a los ítems en salud “que no son nuestra competencia”.
Consultado sobre el mismo tema, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, señaló que su administración no está en condiciones de poder cumplir el incremento.
Municipios negocian
Otra realidad es la de los municipios. Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), afirmó que los 55 municipios afiliados están negociando el pago del beneficio.
El monto fijado para negociar con los funcionarios municipales, según Vallejos, está entre un 2 y 3%, dependiendo de la situación de cada región. “Negociamos para que los trabajadores estén conformes, porque no se incrementaron los precios en la canasta familiar”, precisó Vallejos.
Sin embargo, afirmó que se dará otro trato a los funcionarios que ganen por debajo del Salario Mínimo Nacional, que está fijado en Bs 2.060.
Se envió un cuestionario al Ministerio de Economía, que fue respondido. Pero el Gobierno en días pasados dijo que el incremento es una reivindicación para el trabajador.
