Elecciones judiciales: el reto es acabar con la injerencia política en la justicia
Según un informe de la CIDH, existe la percepción de que “la injerencia política y el tráfico de influencias son el único medio para obtener resultados en el aparato de justicia” boliviano.
Susana M. López / La Paz
La independencia del Órgano Judicial, frente a los poderes estatales, siempre queda en duda cuando se recuerdan casos como la represión a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina en 2011 o la del movimiento estudiantil en Caranavi en 2010.
En ambos casos la justicia dejó fuera de las investigaciones al ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, ahora representante permanente del Estado ante la ONU. La fiscal que obstaculizó la investigación y permitió la exclusión de Llorenti en el caso Chaparina fue Betty Yañíquez, ahora asambleísta del partido de Gobierno.
En ese sentido, las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre -además de permitir por segunda vez a la ciudadanía acudir a las urnas para elegir a los próximos representantes del Órgano Judicial- tienen el desafío de terminar con acciones como las de Yañíquez, que muestran cierta injerencia política en la justicia.
Según un informe de 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay la percepción de "injerencia política y el tráfico de influencias como el único medio para obtener resultados en el aparato de justicia”. El Órgano Judicial tiene como tarea la representatividad máxima de la administración de justicia, por ende, los candidatos a estas instancias deben ser los más idóneos.
Para el docente e investigador en materia de justicia Luis Pásara el interés fundamental de este proceso se ha centrado en introducir correcciones en él, de modo que se pueda elegir magistrados idóneos, tanto en términos de calidad profesional como de independencia e imparcialidad a la hora de adoptar decisiones.
A ese fin se han encaminado numerosas y estudiadas sugerencias de modificación de las normas que rigen el proceso; algunas de esas sugerencias han sido parcialmente atendidas. Este tipo de correcciones están relacionadas con la modificación de la composición de magistrados para el Órgano Judicial.
La Ley del 27 de abril de 2017 establece que el Tribunal Agroambiental Plurinacional estará compuesto por cinco magistradas o magistrados; el Consejo de la Magistratura por tres miembros y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por nueve. En el caso de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cantidad de magistrados se mantiene en 18 (nueve titulares y nueve suplentes).
Género y plurinacionalidad
En cuanto a la composición heterogénea del Órgano Judicial, la cuota de género y de plurinacionalidad se vio comprometida cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional declaró como desierta la primera convocatoria para candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional. Después del primer intento, se aprobó por segunda vez consecutiva el reglamento de preselección, esperando que esos espacios se completen. Finalmente, la comisión evaluadora remitió el informe final a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que decidió elegir a los mejores calificados para las elecciones de diciembre.
Según el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda, se tuvo que rellenar la lista de candidatos al Órgano Judicial porque "no había más de dónde elegir”, esto en respuesta de por qué el exmagistrado Pastor Mamani, quien declaró su admiración por el presidente Evo Morales, fue habilitado como candidato para el Tribunal Constitucional.
De hecho, el Tribunal Constitucional será el ente que decidirá si es posible una modificación a la Constitución Política del Estado, en cuanto a la probabilidad de repostulación, por cuarta vez, del presidente Evo Morales. El 30 de septiembre pasado, el TCP admitió un recurso que presentó el MAS para la anulación de cuatro artículos de la Constitución con el objetivo de habilitar al Presidente a las elecciones de 2019.
Impunidad en el sistema judicial
En el informe de la CIDH se estableció que existen "elementos que pueden cuestionar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces en Bolivia”.
La última Cumbre de Justicia, celebrada el 2016, sostuvo que se debe aplicar la prevención y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, el control social debe ser parte de esta lucha. La mesa de trabajo número cuatro, de prevención y lucha contra la corrupción, manifestó la necesidad de la creación de una ley que permita tener acceso a la información pública, así como también la prohibición del ejercicio en el sistema educativo público y privado de personas sancionadas por delitos de corrupción.
El 2013, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la administración de justicia, ya que se vería afectada por algunas prácticas que vulneran los derechos, y las mismas desembocan en la impunidad. En el caso de Caranavi, el año 2010, donde dos estudiantes resultaron muertos después de la represión policial, Sacha Llorenti, ex Ministro de Gobierno y el entonces comandante de la Policía Boliviana Óscar Nina fueron alejados de la investigación.
En el caso de la represión a la VIII marcha de los indígenas del Tipnis, Llorenti también fue alejado del proceso de investigación, pese a que en su contra recaían responsabilidades sobre la orden de intervención policial a la marcha. Entonces, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia en contra de la fiscal que atendía el caso, Betty Yañíquez -ahora asambleísta por el MAS- por incumpliendo de deberes, al negar información sobre la intervención del 25 de septiembre de 2011.
Transparencia en la calificación
El objetivo central del reglamento de preselección era el de filtrar los candidatos que logren cumplir con las expectativas en cuanto a ética, experiencia laboral, nivel de estudios alcanzados, entre otros. La nota mínima para acceder a la siguiente fase de evaluación fue 36 sobre 70. Según la opinión del abogado Pásara, "si se pone una barrera tan baja, se busca la mediocridad y no la excelencia de los candidatos”.
La participación del sistema universitario se caracterizó por enfrentar varios obstáculos desde el principio. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, anunció el alejamiento de esa casa de estudios del proceso de preselección debido a que no se llegó a un acuerdo nacional entre oficialismo y oposición para el "renunciamiento a las aspiraciones partidarias de los políticos”. Así, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) participó con menos representaciones universitarias en el proceso eleccionario.
En la fase de verificación de documentos de los candidatos, el representante del CEUB, Lorenzo Flores, lamentó que la universidad no pueda emitir opinión alguna. Flores realizó una observación sobre la convalidación de certificados con "ocho años de experiencia”. La diputada Susana Rivero entonces le recordó que el reglamento estaba "clarísimo, la participación del sistema universitario con voz y voto es en la evaluación de méritos y el examen”.
La elaboración del banco de preguntas para la fase de la evaluación escrita no estuvo exenta de polémica. Algunos exámenes del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental fueron filtrados en las redes sociales. Las preguntas fueron duramente cuestionadas debido a la carencia de complejidad que debía existir para ese tipo de pruebas escritas.
Pese a ese tipo de observaciones, sólo dos postulantes al Tribunal Agroambiental lograron la calificación de 27.5 sobre 30 puntos. En cuanto a la entrevista, las comisiones evaluadoras no accedieron a la solicitud de acceso de los registros de video para verificar las respuestas de los candidatos. Las preguntas realizadas durante ese proceso fueron de índole general, específico y de propuesta para el fortalecimiento y mejora del sistema judicial boliviano.
Estos antecedentes ponen a las elecciones judiciales en la mira, pues está en juego la elección de los mejores magistrados y, por ende, la independencia y transparencia de la justicia boliviana.
* Este reportaje se realizó en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y la Fundación para el Periodismo (FPP).
La independencia del Órgano Judicial, frente a los poderes estatales, siempre queda en duda cuando se recuerdan casos como la represión a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina en 2011 o la del movimiento estudiantil en Caranavi en 2010.
En ambos casos la justicia dejó fuera de las investigaciones al ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, ahora representante permanente del Estado ante la ONU. La fiscal que obstaculizó la investigación y permitió la exclusión de Llorenti en el caso Chaparina fue Betty Yañíquez, ahora asambleísta del partido de Gobierno.
En ese sentido, las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre -además de permitir por segunda vez a la ciudadanía acudir a las urnas para elegir a los próximos representantes del Órgano Judicial- tienen el desafío de terminar con acciones como las de Yañíquez, que muestran cierta injerencia política en la justicia.
Según un informe de 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay la percepción de "injerencia política y el tráfico de influencias como el único medio para obtener resultados en el aparato de justicia”. El Órgano Judicial tiene como tarea la representatividad máxima de la administración de justicia, por ende, los candidatos a estas instancias deben ser los más idóneos.
Para el docente e investigador en materia de justicia Luis Pásara el interés fundamental de este proceso se ha centrado en introducir correcciones en él, de modo que se pueda elegir magistrados idóneos, tanto en términos de calidad profesional como de independencia e imparcialidad a la hora de adoptar decisiones.
A ese fin se han encaminado numerosas y estudiadas sugerencias de modificación de las normas que rigen el proceso; algunas de esas sugerencias han sido parcialmente atendidas. Este tipo de correcciones están relacionadas con la modificación de la composición de magistrados para el Órgano Judicial.
La Ley del 27 de abril de 2017 establece que el Tribunal Agroambiental Plurinacional estará compuesto por cinco magistradas o magistrados; el Consejo de la Magistratura por tres miembros y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por nueve. En el caso de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cantidad de magistrados se mantiene en 18 (nueve titulares y nueve suplentes).
Género y plurinacionalidad
En cuanto a la composición heterogénea del Órgano Judicial, la cuota de género y de plurinacionalidad se vio comprometida cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional declaró como desierta la primera convocatoria para candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional. Después del primer intento, se aprobó por segunda vez consecutiva el reglamento de preselección, esperando que esos espacios se completen. Finalmente, la comisión evaluadora remitió el informe final a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que decidió elegir a los mejores calificados para las elecciones de diciembre.
Según el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda, se tuvo que rellenar la lista de candidatos al Órgano Judicial porque "no había más de dónde elegir”, esto en respuesta de por qué el exmagistrado Pastor Mamani, quien declaró su admiración por el presidente Evo Morales, fue habilitado como candidato para el Tribunal Constitucional.
De hecho, el Tribunal Constitucional será el ente que decidirá si es posible una modificación a la Constitución Política del Estado, en cuanto a la probabilidad de repostulación, por cuarta vez, del presidente Evo Morales. El 30 de septiembre pasado, el TCP admitió un recurso que presentó el MAS para la anulación de cuatro artículos de la Constitución con el objetivo de habilitar al Presidente a las elecciones de 2019.
Impunidad en el sistema judicial
En el informe de la CIDH se estableció que existen "elementos que pueden cuestionar la independencia, imparcialidad e idoneidad de los jueces en Bolivia”.
La última Cumbre de Justicia, celebrada el 2016, sostuvo que se debe aplicar la prevención y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial, el control social debe ser parte de esta lucha. La mesa de trabajo número cuatro, de prevención y lucha contra la corrupción, manifestó la necesidad de la creación de una ley que permita tener acceso a la información pública, así como también la prohibición del ejercicio en el sistema educativo público y privado de personas sancionadas por delitos de corrupción.
El 2013, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la administración de justicia, ya que se vería afectada por algunas prácticas que vulneran los derechos, y las mismas desembocan en la impunidad. En el caso de Caranavi, el año 2010, donde dos estudiantes resultaron muertos después de la represión policial, Sacha Llorenti, ex Ministro de Gobierno y el entonces comandante de la Policía Boliviana Óscar Nina fueron alejados de la investigación.
En el caso de la represión a la VIII marcha de los indígenas del Tipnis, Llorenti también fue alejado del proceso de investigación, pese a que en su contra recaían responsabilidades sobre la orden de intervención policial a la marcha. Entonces, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia en contra de la fiscal que atendía el caso, Betty Yañíquez -ahora asambleísta por el MAS- por incumpliendo de deberes, al negar información sobre la intervención del 25 de septiembre de 2011.
Transparencia en la calificación
El objetivo central del reglamento de preselección era el de filtrar los candidatos que logren cumplir con las expectativas en cuanto a ética, experiencia laboral, nivel de estudios alcanzados, entre otros. La nota mínima para acceder a la siguiente fase de evaluación fue 36 sobre 70. Según la opinión del abogado Pásara, "si se pone una barrera tan baja, se busca la mediocridad y no la excelencia de los candidatos”.
La participación del sistema universitario se caracterizó por enfrentar varios obstáculos desde el principio. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, anunció el alejamiento de esa casa de estudios del proceso de preselección debido a que no se llegó a un acuerdo nacional entre oficialismo y oposición para el "renunciamiento a las aspiraciones partidarias de los políticos”. Así, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) participó con menos representaciones universitarias en el proceso eleccionario.
En la fase de verificación de documentos de los candidatos, el representante del CEUB, Lorenzo Flores, lamentó que la universidad no pueda emitir opinión alguna. Flores realizó una observación sobre la convalidación de certificados con "ocho años de experiencia”. La diputada Susana Rivero entonces le recordó que el reglamento estaba "clarísimo, la participación del sistema universitario con voz y voto es en la evaluación de méritos y el examen”.
La elaboración del banco de preguntas para la fase de la evaluación escrita no estuvo exenta de polémica. Algunos exámenes del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental fueron filtrados en las redes sociales. Las preguntas fueron duramente cuestionadas debido a la carencia de complejidad que debía existir para ese tipo de pruebas escritas.
Pese a ese tipo de observaciones, sólo dos postulantes al Tribunal Agroambiental lograron la calificación de 27.5 sobre 30 puntos. En cuanto a la entrevista, las comisiones evaluadoras no accedieron a la solicitud de acceso de los registros de video para verificar las respuestas de los candidatos. Las preguntas realizadas durante ese proceso fueron de índole general, específico y de propuesta para el fortalecimiento y mejora del sistema judicial boliviano.
Estos antecedentes ponen a las elecciones judiciales en la mira, pues está en juego la elección de los mejores magistrados y, por ende, la independencia y transparencia de la justicia boliviana.
* Este reportaje se realizó en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y la Fundación para el Periodismo (FPP).
