El limbo legal de los migrantes del clima

El aumento del nivel del mar ligado al calentamiento global comienza a obligar a comunidades a dejar sus hogares

Manuel Planelles
Madrid, El País
El de los migrantes climáticos es un problema tan complejo que ni siquiera tiene nombre y apellido. A Fernando López Ramón, catedrático de la Universidad de Zaragoza especialista en derecho medioambiental, le salen hasta nueve combinaciones para definir este fenómeno. El nombre podría ser refugiado, desplazado o emigrante. Y se le podría poner el apellido ambiental, ecológico o climático. La elección no es baladí.


Por ejemplo, si se usa el término refugiado, se equipara el fenómeno con "los refugiados políticos objeto de la Convención de Ginebra", señala López en un artículo en la revista de la Fundación Manuel Giménez Abad. Y si se usa el apellido climático, implica relacionar el problema con el calentamiento global inducido por el hombre y, por lo tanto, que sea objeto de las negociaciones internacionales como las que arrancan este lunes en la cumbre del clima de la ONU, que este año se celebra en Bonn (Alemania).

El Acuerdo de París contra el cambio climático pasa de puntillas por este problema. Solo insta a los firmantes a "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones" relativas a "los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes..."

"No existe una definición de refugiado climático y me sorprendería mucho que el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas la aceptara", explica por correo electrónico Anja Mihr, investigadora alemana experta en derechos humanos. Para esta especialista, el término "migrantes inducidos por el cambio climático probablemente describe mejor la situación que refugiados". Porque la gran diferencia con los refugiados es que los migrantes climáticos no tendrán la posibilidad de regresar a unos hogares que ya no existen o no son habitables. añade.
Proyecciones

Al margen de su definición, ¿cuántas personas son? The Lancet, la prestigiosa revista médica británica, publicó la semana pasada su informe anual sobre los impactos del calentamiento global. Señalaba que al menos "4.400 personas se han visto obligadas a migrar debido solo al cambio climático". Se trata de las familias que se han tenido que marchar de sus hogares debido a la erosión de la costa y el aumento del nivel del mar. Este aumento, vinculado al deshielo por el calentamiento, es un efecto directo y fácil de cuantificar. Pero el informe de The Lancet reconocía que la cifra de 4.400 personas está subestimada, "ya que excluye casos donde hay más de un factor que puede estar contribuyendo a la decisión de migrar".

El estudio hace una proyección de los efectos del deshielo, tomando como base los datos de las personas que vivían en 2000 en zonas costeras por debajo de 10 metros sobre el nivel del mar. Y concluye que a partir de 2010 habrá entre 830 millones y 1.184 millones de personas que se pueden ver obligadas a migrar "debido a la subida del nivel del mar" causada por el deshielo. Pero advierte de que esa migración se daría en el caso de que no se hiciera nada en su mitigación —es decir, que no se reduzcan los gases de efecto invernadero para frenar el impacto del calentamiento— y de adaptación —que los Estados no tomen medidas para minimizar los efectos del cambio global—.

Pese a la indefinición, algunos Estados están intentando tomar medidas. Fernando López Ramón pone el ejemplo de Nueva Zelanda. Su nuevo Gobierno, donde están presentes Los Verdes, está planteándose crear una categoría experimental de visado para los pueblos del Pacífico desplazados por el incremento del nivel del mar. Sin embargo, los tribunales de ese país ya han rechazado varios casos en los que se concedía asilo por razones relacionadas con el cambio climático.

"Creo que es un enfoque interesante y una manera de avanzar", señala Mihr sobre esos visados neozelandeses. "Necesitamos un nuevo acuerdo mundial que proteja a estas personas de convertirse en apátridas. Los países tienen que reaccionar rápidamente y no tienen tiempo para esperar hasta que la ONU encuentre una solución", alerta esta investigadora.

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