Los separatistas quieren aprobar la ley de ruptura antes del referéndum
Junts pel Sí y la CUP registran la norma de "transitoriedad jurídica y fundacional de la república"
Dani Cordero
Camilo S. Baquero
Barcelona, El País
Junts pel Sí y la CUP lanzaron ayer un nuevo órdago al registrar en el Parlamento catalán su proposición de ley de ruptura, que ha pasado a denominarse Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y que está abiertamente fuera de la Constitución. Los dos grupos anunciaron su intención de aprobar la norma antes del 1 de octubre —la fecha fijada para el referéndum ilegal de independencia—, algo que defendían ERC y la CUP frente a las reticencias del PDeCAT. La ley está pensada para entrar en vigor si se celebra la consulta y en esta se impone el sí sobre el no, aunque sea solo por un voto de diferencia.
El frente independentista puso ayer la directa al presentar en sociedad su ley de desconexión. En esta ocasión, sin embargo, no protagonizó la presentación ningún miembro del Govern, como sí ocurrió con la ley del referéndum el pasado 4 de julio.
Los 89 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley de transitoriedad jurídica, que suponen prácticamente una Constitución para Cataluña, son casi idénticos a los del borrador adelantado por EL PAÍS en julio. Según ese texto, el Gobierno catalán controlaría el poder judicial (pese a las injerencias que continuamente critica al Ejecutivo central); se arrogaría las propiedades del Estado en Cataluña y dejaría en el aire el pago de la parte catalana de la deuda que pesa sobre el Reino de España. El catalán, el castellano y el aranés serían lenguas oficiales, algo que supone un cambio frente a la propuesta inicial, que primaba al catalán.
Se trata, junto a la que regula el referéndum, de la ley más comprometida de las que han redactado Lluís Corominas, Jordi Orobitg (Junts pel Sí), Benet Salellas y Gabriela Serra (CUP) en sus carreras como diputados. Los cuatro comparecieron para presentar la norma, pero ninguno quiso explicar qué proceso se seguirá para intentar darle validez ante la segura intervención del Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional para que la suspenda. Sí anunciaron su decisión de aprobar la ley de ruptura antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Cuando eso suceda, el Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont tendrá que aprobar cinco decretos complementarios sobre materias que ayer se negaron a desvelar.
Triunfo de ERC y la CUP
Si la norma del referéndum sirve para tratar de dar una pátina de legalidad a la consulta, la que se registró ayer en el Parlament quiere mostrar a los independentistas y a los indecisos que existe un nuevo marco legal preparado para una hipotética Cataluña erigida en república independiente, siempre y cuando se impusiera el sí en el referéndum.
La decisión de aprobarla antes de celebrar la consulta supone un nuevo golpe a la hegemonía política ejercida en las últimas tres décadas por Convergència —desde hace un año PDeCAT—, única formación que hasta ayer ponía reparos a no esperar al resultado de la votación. Los neoconvergentes se han visto forzados a sumarse al resto de partidos y entidades independentistas para no visualizar una nueva división en la mayoría secesionista. Ese giro aparece otra vez como una victoria de la CUP y de las organizaciones separatistas: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.
La última disposición de la proposición de ley presentada ayer establece que el nuevo marco jurídico solo entrará en vigor si gana el sí, tal y como marca la ley del referéndum. Su vida se limitaría a un año, tiempo que los diputados de Junts pel Sí y la CUP creen suficiente para redactar la verdadera Constitución de la república catalana. Esta, según regula la norma presentada ayer, quedaría a expensas de lo que decidieran un foro social y la asamblea constituyente que saldría de unas futuras elecciones, y del posterior referéndum para ratificar la nueva Constitución.
“Esta ley da la cobertura jurídica al periodo inmediatamente posterior” al referéndum independentista, afirmó Lluís Corominas, presidente del grupo de Junts pel Sí, quien aseguró que, a falta de un mes para la consulta, existe tiempo suficiente para que la ciudadanía conozca los detalles del referéndum ilegal. Las convocatorias electorales habituales se realizan con un plazo de 55 días.
El diputado de la CUP Benet Salellas explicó que con la presentación de la ley ya “no habrá ninguna vacilación ni ningún nuevo debate” respecto al referéndum, dejando clara la desconfianza existente entre los anticapitalistas de que, sobre todo el PDeCAT, se pueda echar atrás en el último momento en el proceso independentista. “Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1 de octubre no habrá un nuevo debate procesista sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana”, dijo Salellas.
La CUP sostiene desde hace semanas que la presentación de esta ley servirá para matar el “procesismo”. De hecho, la proposición tenía que haber sido presentada en sociedad en julio, pero los titubeos de una parte del independentismo frenó ese paso.
La fórmula que se utilizará para la aprobación de la ley continúa siendo una incógnita, si bien los anticapitalistas, por una cuestión de tiempo y del previsible bloqueo del Constitucional, apenas tienen dos opciones: aprobarla en el Parlament modificando in extremis el orden del día en el mismo momento en que se celebre el pleno, o que el Govern la apruebe por decreto ley. Esta segunda vía sería incoherente con el redactado presentado ayer. Su artículo 32.2 reza que no pueden ser objeto de decretos ley “la reforma de esta ley, la regulación del proceso constituyente, la Constitución de Cataluña, el presupuesto y la ley electoral”.
La ley fija en sólo tres quintas partes del Parlament (81 diputados) el consenso que se requeriría para aprobar la supuesta Constitución de la futura república catalana. Actualmente, una reforma del Estatuto de Autonomía requiere el apoyo de dos terceras partes (90). La ley presentada ayer y la del referéndum, si se llegan a votar en el pleno, se aprobarán con tan solo 72 diputados.
“Golpe de Estado”
La presentación de la norma no sorprendió a la oposición, que aguardaba que esta semana los independentistas reemprendieran la actividad política lanzados hacia el referéndum y el choque con el resto del Estado. La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), se alineó con el Gobierno central y aseguró que ninguna de las dos leyes de desconexión entrarán en vigor, “porque serán suspendidas por el Constitucional”. Arrimadas calificó los dos textos de “barbaridad jurídica”.
El socialista Miquel Iceta redujo la presentación de ayer a “un nuevo engaño de un proceso engañoso”. “No habrá referéndum el 1 de octubre ni el día 2 tendremos una república”, dijo. Xavier García Albiol (PP) opinó que con la apresurada presentación de la ley se buscaba “tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación [contra el terrorismo] del sábado”, y llegó a reabrir la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución para evitar el “golpe de Estado” del separatismo.
Camilo S. Baquero
Barcelona, El País
Junts pel Sí y la CUP lanzaron ayer un nuevo órdago al registrar en el Parlamento catalán su proposición de ley de ruptura, que ha pasado a denominarse Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y que está abiertamente fuera de la Constitución. Los dos grupos anunciaron su intención de aprobar la norma antes del 1 de octubre —la fecha fijada para el referéndum ilegal de independencia—, algo que defendían ERC y la CUP frente a las reticencias del PDeCAT. La ley está pensada para entrar en vigor si se celebra la consulta y en esta se impone el sí sobre el no, aunque sea solo por un voto de diferencia.
El frente independentista puso ayer la directa al presentar en sociedad su ley de desconexión. En esta ocasión, sin embargo, no protagonizó la presentación ningún miembro del Govern, como sí ocurrió con la ley del referéndum el pasado 4 de julio.
Los 89 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley de transitoriedad jurídica, que suponen prácticamente una Constitución para Cataluña, son casi idénticos a los del borrador adelantado por EL PAÍS en julio. Según ese texto, el Gobierno catalán controlaría el poder judicial (pese a las injerencias que continuamente critica al Ejecutivo central); se arrogaría las propiedades del Estado en Cataluña y dejaría en el aire el pago de la parte catalana de la deuda que pesa sobre el Reino de España. El catalán, el castellano y el aranés serían lenguas oficiales, algo que supone un cambio frente a la propuesta inicial, que primaba al catalán.
Se trata, junto a la que regula el referéndum, de la ley más comprometida de las que han redactado Lluís Corominas, Jordi Orobitg (Junts pel Sí), Benet Salellas y Gabriela Serra (CUP) en sus carreras como diputados. Los cuatro comparecieron para presentar la norma, pero ninguno quiso explicar qué proceso se seguirá para intentar darle validez ante la segura intervención del Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional para que la suspenda. Sí anunciaron su decisión de aprobar la ley de ruptura antes del 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum. Cuando eso suceda, el Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont tendrá que aprobar cinco decretos complementarios sobre materias que ayer se negaron a desvelar.
Triunfo de ERC y la CUP
Si la norma del referéndum sirve para tratar de dar una pátina de legalidad a la consulta, la que se registró ayer en el Parlament quiere mostrar a los independentistas y a los indecisos que existe un nuevo marco legal preparado para una hipotética Cataluña erigida en república independiente, siempre y cuando se impusiera el sí en el referéndum.
La decisión de aprobarla antes de celebrar la consulta supone un nuevo golpe a la hegemonía política ejercida en las últimas tres décadas por Convergència —desde hace un año PDeCAT—, única formación que hasta ayer ponía reparos a no esperar al resultado de la votación. Los neoconvergentes se han visto forzados a sumarse al resto de partidos y entidades independentistas para no visualizar una nueva división en la mayoría secesionista. Ese giro aparece otra vez como una victoria de la CUP y de las organizaciones separatistas: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.
La última disposición de la proposición de ley presentada ayer establece que el nuevo marco jurídico solo entrará en vigor si gana el sí, tal y como marca la ley del referéndum. Su vida se limitaría a un año, tiempo que los diputados de Junts pel Sí y la CUP creen suficiente para redactar la verdadera Constitución de la república catalana. Esta, según regula la norma presentada ayer, quedaría a expensas de lo que decidieran un foro social y la asamblea constituyente que saldría de unas futuras elecciones, y del posterior referéndum para ratificar la nueva Constitución.
“Esta ley da la cobertura jurídica al periodo inmediatamente posterior” al referéndum independentista, afirmó Lluís Corominas, presidente del grupo de Junts pel Sí, quien aseguró que, a falta de un mes para la consulta, existe tiempo suficiente para que la ciudadanía conozca los detalles del referéndum ilegal. Las convocatorias electorales habituales se realizan con un plazo de 55 días.
El diputado de la CUP Benet Salellas explicó que con la presentación de la ley ya “no habrá ninguna vacilación ni ningún nuevo debate” respecto al referéndum, dejando clara la desconfianza existente entre los anticapitalistas de que, sobre todo el PDeCAT, se pueda echar atrás en el último momento en el proceso independentista. “Esta ley es también una herramienta de determinación, de dejar claro que tras el 1 de octubre no habrá un nuevo debate procesista sobre qué hacer, porque se crearán las instituciones y la república catalana”, dijo Salellas.
La CUP sostiene desde hace semanas que la presentación de esta ley servirá para matar el “procesismo”. De hecho, la proposición tenía que haber sido presentada en sociedad en julio, pero los titubeos de una parte del independentismo frenó ese paso.
La fórmula que se utilizará para la aprobación de la ley continúa siendo una incógnita, si bien los anticapitalistas, por una cuestión de tiempo y del previsible bloqueo del Constitucional, apenas tienen dos opciones: aprobarla en el Parlament modificando in extremis el orden del día en el mismo momento en que se celebre el pleno, o que el Govern la apruebe por decreto ley. Esta segunda vía sería incoherente con el redactado presentado ayer. Su artículo 32.2 reza que no pueden ser objeto de decretos ley “la reforma de esta ley, la regulación del proceso constituyente, la Constitución de Cataluña, el presupuesto y la ley electoral”.
La ley fija en sólo tres quintas partes del Parlament (81 diputados) el consenso que se requeriría para aprobar la supuesta Constitución de la futura república catalana. Actualmente, una reforma del Estatuto de Autonomía requiere el apoyo de dos terceras partes (90). La ley presentada ayer y la del referéndum, si se llegan a votar en el pleno, se aprobarán con tan solo 72 diputados.
“Golpe de Estado”
La presentación de la norma no sorprendió a la oposición, que aguardaba que esta semana los independentistas reemprendieran la actividad política lanzados hacia el referéndum y el choque con el resto del Estado. La jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), se alineó con el Gobierno central y aseguró que ninguna de las dos leyes de desconexión entrarán en vigor, “porque serán suspendidas por el Constitucional”. Arrimadas calificó los dos textos de “barbaridad jurídica”.
El socialista Miquel Iceta redujo la presentación de ayer a “un nuevo engaño de un proceso engañoso”. “No habrá referéndum el 1 de octubre ni el día 2 tendremos una república”, dijo. Xavier García Albiol (PP) opinó que con la apresurada presentación de la ley se buscaba “tapar la vergüenza del comportamiento de los independentistas en la manifestación [contra el terrorismo] del sábado”, y llegó a reabrir la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución para evitar el “golpe de Estado” del separatismo.
