Argentina entrega “certificados de vivienda” a 1,5 millones de personas de villas miseria
El Gobierno de Macri les dará los documentos para acceder a agua, luz y cloacas de forma legal
Carlos E. Cué
Buenos Aires, El País
No aparecen en los mapas urbanos, no figuran sus calles, las ambulancias se pierden al intentar llegar, no pagan agua ni luz. Para muchos no existen. Pero si se pusieran juntas, las llamadas “villas miseria”, los poblados chabolistas de Argentina, ocuparían 330 kilómetros cuadrados, más espacio que la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de Mauricio Macri, apoyado sobre el terreno por organizaciones sociales cercanas al Papa Francisco, ha elaborado un gran censo para entregarles a todos, por primera vez, un “certificado de vivienda”, un paso previo a llegar a un título de propiedad en el futuro. Con él podrán hacer contratos de agua, luz, y otros servicios. El censo ha encontrado 4.100 asentamientos en todo el país donde viven casi 1,5 millones de personas. Y es preliminar.
La imagen de la villa 31, la más emblemática de Buenos Aires, que empezó en los años 30, tras el crack del 29, se amplió en los 90 y se disparó desde el desastre de 2001, es una de las cosas que más impacta a los extranjeros cuando llegan desde el aeropuerto a La Recoleta, el barrio más caro de la ciudad, a pocos metros. Pero la 31, donde viven 40.000 personas, es solo una parte muy pequeña del problema de las villas miseria, una muestra de pobreza estructural que descoloca en un país que llegó a ser uno de los más ricos del planeta.
El Gobierno de Macri, muy criticado por los movimientos sociales, se puso esta vez de acuerdo con organizaciones como Techo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y les financió para hacer un gran censo y dar el salto al reconocimiento definitivo de esas 400.000 familias que viven entre cables de luz arremolinados –todos tomando la corriente de forma ilegal- calles de barro sin cloacas, con muy mal olor y graves problemas de higiene.
Estos números han quedado registrados en un decreto presidencial, que garantiza a todos ese “certificado de vivienda” que hará que existan para el Estado y podrá en el futuro llegar a un título de propiedad. “Vamos poco a poco porque hay muchas tierras que son propiedad de municipios, de provincias, de empresas públicas. Pero es el primer paso para llegar en el futuro a entregar cientos de miles de títulos de propiedad”, explican en la Casa Rosada. En la 31 ya se está avanzando para entregar títulos de propiedad pagados con créditos.
"Se trata de un documento que legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad. A acceder a la red pública de agua, electricidad y cloacas. Además, nos permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Hasta ahora, parece que nosotros vivimos en los barrios, pero nuestros derechos no. El Certificado de Vivienda Familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios. Esta es una reivindicación que se inscribirá entre las grandes conquistas de nuestro pueblo. Pero esto recién empieza", explican las asociaciones en un comunicado.
Es una batalla histórica, que también fue clave en Brasil, donde Lula prometió títulos de propiedad para todos aunque luego en la realidad tuvo tantos problemas legales que el proyecto se quedó a medias. Con este tipo de decisiones el Ejecutivo macrista busca también que dejen de clasificarle dentro de la derecha latinoamericana, algo que él siempre rechaza. "La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social", admite el decreto firmado por Macri.
Las villas miseria empezaron con la industrialización, cuando miles de campesinos llegaron a las ciudades. Pero era un fenómeno pequeño que se ha disparado en los últimos años. De hecho, de los 4.100 asentamientos relevados, 749 se crearon después de 2010, una etapa en la que Argentina estaba creciendo, lo que muestra la enorme desigualdad de un país con más de un 30% de pobreza.
“La gran explosión llego después de 2001, pero las personas de las villas son jóvenes –el 38% tiene menos de 35 años y apenas hay mayores de 65- que van teniendo hijos y ellos a su vez forman otras familias que hacen más villas, por eso crece a partir de 2010. Lo que hay es una pobreza estructural que se va consolidando, la Universidad Católica ya dijo que hay 1,5 millones de pobres más desde que llegó el nuevo Gobierno”, señala Walter Córdoba, responsable de Barrios de Pie en Buenos Aires. “Es muy importante este registro”, añade Córdoba. “En los mapas oficiales no figuran las áreas de estos barrios. Ahora se les reconoce y podrán acceder a servicios. Estos certificados de vivienda no son transferibles. Así se lucha también contra las mafias que controlan los alquileres. Hasta ahora ni los nombres de los barrios se reconocían. No creemos que sea el momento de dar la propiedad porque mientras no haya servicios sería como lavarse las manos”, remata. A partir de ahora empieza la parte más lenta, pero las villas miseria argentinas ya existen, por decreto, y con certificado de vivienda.
“Podemos pagar, sobre todo si es legal”
Ramiro Barreiro
Cada noticia que los medios publican acerca del proceso de urbanización de villas y asentamientos retumba primero en los barrios. En este caso, los titulares se han metido con un tema crucial: el reconocimiento legal de la residencia. Una recorrida de EL PAÍS por la Villa 31, la más emblemática de Buenos Aires, revela que si bien pocos vecinos saben que recibirán un certificado de vivienda, la propuesta es acogida con entusiasmo. “Me gustaría que me den el título de propiedad y estoy dispuesto a pagar por él. En la villa podemos pagar pero deberá ser una tasa cómoda porque hay que pensar en la canasta de alimentos, que cada vez se encarece más”, dice Nicolás González, un técnico industrial nacido en Bolivia hace 59 años y que pasó desempleado el último mes y medio.
“Hace 26 años que vivo en la villa y yo acá tuve que comprar mi propiedad y arreglarla. Llevo invertidos medio millón de pesos (unos 31.000 dólares) en materiales y generaría mucha confianza que nos reconozcan eso”. Nicolás vive en una de esas casas árbol, que se montan una arriba de la otra y se accede a las habitaciones mediante una escalera caracol. “Uno puede pagar y sobre todo si es legal, con agua, cloaca y cable sin necesidad de colgarse ilegalmente”, imagina el hombre. Elizabeth coincide; tiene 23 años y lleva a su hija dormida en brazos. Se dirige a una de las salidas de la villa surcando un callejón angosto y por momentos inundado: “No estaría mal que titulen en favor de los vecinos actuales, porque podríamos vivir mejor y beneficiaría la seguridad del barrio porque se terminaría uno de los negocios del barrio”.
Los anuncios sobre titularización y los censos oficiales que se han realizado en la 31 sólo alentaron la llegada de nuevos pobladores que sólo extendieron las fronteras del barrio y entorpecieron el proceso de urbanización. Es por ello que muchos temen que la entrega de títulos generaría una corrida inmobiliaria de aquellos que llegaron primero y se apuraron en hacer “la losa”, como se llama a la construcción del piso de piedra originario de toda construcción. La entrega de un certificado de vivienda antes de la titularización parece ser la solución para que se reconozca a los vecinos originales.
Santiago Leguía tiene 51 años y vive hace cuatro en la 31. Recién se recupera de una fractura en su cervical, producto de un accidente que sufrió gracias a la inseguridad estructural del barrio. Ingresando a su casa, ubicada unos cuantos metros arriba, cayó desplomado al suelo y quedó inconsciente. No fue el único contratiempo que debió atravesar: en los últimos años fue despedido dos veces por reducción de personal de los talleres textiles en los que trabajaba. Hoy hace changas dentro del barrio y suplica que “ojalá se acuerden de todos los vecinos de la villa y no sólo de los que son conocidos de los referentes”.
El hombre que también es padre de dos hijos pequeños empezó pagando 1.000 pesos (61 dólares) por el arriendo de una pieza dentro de la villa. Hoy abona 2.000 (unos 124 dólares). “¿A quién no le gustaría tener su título de propiedad en esta ciudad?”, se pregunta el hombre nacido en Perú al ser consultado por este diario. “Me sentiría más tranquilo porque hoy siento que pago un alquiler que no me reditúa nada a futuro. Es justamente el futuro lo que tendríamos garantizado si nos convertimos en dueños”. Es así como la villa abandonaría por fin una emergencia que se extiende desde hace más de un siglo.
Buenos Aires, El País
No aparecen en los mapas urbanos, no figuran sus calles, las ambulancias se pierden al intentar llegar, no pagan agua ni luz. Para muchos no existen. Pero si se pusieran juntas, las llamadas “villas miseria”, los poblados chabolistas de Argentina, ocuparían 330 kilómetros cuadrados, más espacio que la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de Mauricio Macri, apoyado sobre el terreno por organizaciones sociales cercanas al Papa Francisco, ha elaborado un gran censo para entregarles a todos, por primera vez, un “certificado de vivienda”, un paso previo a llegar a un título de propiedad en el futuro. Con él podrán hacer contratos de agua, luz, y otros servicios. El censo ha encontrado 4.100 asentamientos en todo el país donde viven casi 1,5 millones de personas. Y es preliminar.
La imagen de la villa 31, la más emblemática de Buenos Aires, que empezó en los años 30, tras el crack del 29, se amplió en los 90 y se disparó desde el desastre de 2001, es una de las cosas que más impacta a los extranjeros cuando llegan desde el aeropuerto a La Recoleta, el barrio más caro de la ciudad, a pocos metros. Pero la 31, donde viven 40.000 personas, es solo una parte muy pequeña del problema de las villas miseria, una muestra de pobreza estructural que descoloca en un país que llegó a ser uno de los más ricos del planeta.
El Gobierno de Macri, muy criticado por los movimientos sociales, se puso esta vez de acuerdo con organizaciones como Techo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y les financió para hacer un gran censo y dar el salto al reconocimiento definitivo de esas 400.000 familias que viven entre cables de luz arremolinados –todos tomando la corriente de forma ilegal- calles de barro sin cloacas, con muy mal olor y graves problemas de higiene.
Estos números han quedado registrados en un decreto presidencial, que garantiza a todos ese “certificado de vivienda” que hará que existan para el Estado y podrá en el futuro llegar a un título de propiedad. “Vamos poco a poco porque hay muchas tierras que son propiedad de municipios, de provincias, de empresas públicas. Pero es el primer paso para llegar en el futuro a entregar cientos de miles de títulos de propiedad”, explican en la Casa Rosada. En la 31 ya se está avanzando para entregar títulos de propiedad pagados con créditos.
"Se trata de un documento que legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad. A acceder a la red pública de agua, electricidad y cloacas. Además, nos permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Hasta ahora, parece que nosotros vivimos en los barrios, pero nuestros derechos no. El Certificado de Vivienda Familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios. Esta es una reivindicación que se inscribirá entre las grandes conquistas de nuestro pueblo. Pero esto recién empieza", explican las asociaciones en un comunicado.
Es una batalla histórica, que también fue clave en Brasil, donde Lula prometió títulos de propiedad para todos aunque luego en la realidad tuvo tantos problemas legales que el proyecto se quedó a medias. Con este tipo de decisiones el Ejecutivo macrista busca también que dejen de clasificarle dentro de la derecha latinoamericana, algo que él siempre rechaza. "La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social", admite el decreto firmado por Macri.
Las villas miseria empezaron con la industrialización, cuando miles de campesinos llegaron a las ciudades. Pero era un fenómeno pequeño que se ha disparado en los últimos años. De hecho, de los 4.100 asentamientos relevados, 749 se crearon después de 2010, una etapa en la que Argentina estaba creciendo, lo que muestra la enorme desigualdad de un país con más de un 30% de pobreza.
“La gran explosión llego después de 2001, pero las personas de las villas son jóvenes –el 38% tiene menos de 35 años y apenas hay mayores de 65- que van teniendo hijos y ellos a su vez forman otras familias que hacen más villas, por eso crece a partir de 2010. Lo que hay es una pobreza estructural que se va consolidando, la Universidad Católica ya dijo que hay 1,5 millones de pobres más desde que llegó el nuevo Gobierno”, señala Walter Córdoba, responsable de Barrios de Pie en Buenos Aires. “Es muy importante este registro”, añade Córdoba. “En los mapas oficiales no figuran las áreas de estos barrios. Ahora se les reconoce y podrán acceder a servicios. Estos certificados de vivienda no son transferibles. Así se lucha también contra las mafias que controlan los alquileres. Hasta ahora ni los nombres de los barrios se reconocían. No creemos que sea el momento de dar la propiedad porque mientras no haya servicios sería como lavarse las manos”, remata. A partir de ahora empieza la parte más lenta, pero las villas miseria argentinas ya existen, por decreto, y con certificado de vivienda.
“Podemos pagar, sobre todo si es legal”
Ramiro Barreiro
Cada noticia que los medios publican acerca del proceso de urbanización de villas y asentamientos retumba primero en los barrios. En este caso, los titulares se han metido con un tema crucial: el reconocimiento legal de la residencia. Una recorrida de EL PAÍS por la Villa 31, la más emblemática de Buenos Aires, revela que si bien pocos vecinos saben que recibirán un certificado de vivienda, la propuesta es acogida con entusiasmo. “Me gustaría que me den el título de propiedad y estoy dispuesto a pagar por él. En la villa podemos pagar pero deberá ser una tasa cómoda porque hay que pensar en la canasta de alimentos, que cada vez se encarece más”, dice Nicolás González, un técnico industrial nacido en Bolivia hace 59 años y que pasó desempleado el último mes y medio.
“Hace 26 años que vivo en la villa y yo acá tuve que comprar mi propiedad y arreglarla. Llevo invertidos medio millón de pesos (unos 31.000 dólares) en materiales y generaría mucha confianza que nos reconozcan eso”. Nicolás vive en una de esas casas árbol, que se montan una arriba de la otra y se accede a las habitaciones mediante una escalera caracol. “Uno puede pagar y sobre todo si es legal, con agua, cloaca y cable sin necesidad de colgarse ilegalmente”, imagina el hombre. Elizabeth coincide; tiene 23 años y lleva a su hija dormida en brazos. Se dirige a una de las salidas de la villa surcando un callejón angosto y por momentos inundado: “No estaría mal que titulen en favor de los vecinos actuales, porque podríamos vivir mejor y beneficiaría la seguridad del barrio porque se terminaría uno de los negocios del barrio”.
Los anuncios sobre titularización y los censos oficiales que se han realizado en la 31 sólo alentaron la llegada de nuevos pobladores que sólo extendieron las fronteras del barrio y entorpecieron el proceso de urbanización. Es por ello que muchos temen que la entrega de títulos generaría una corrida inmobiliaria de aquellos que llegaron primero y se apuraron en hacer “la losa”, como se llama a la construcción del piso de piedra originario de toda construcción. La entrega de un certificado de vivienda antes de la titularización parece ser la solución para que se reconozca a los vecinos originales.
Santiago Leguía tiene 51 años y vive hace cuatro en la 31. Recién se recupera de una fractura en su cervical, producto de un accidente que sufrió gracias a la inseguridad estructural del barrio. Ingresando a su casa, ubicada unos cuantos metros arriba, cayó desplomado al suelo y quedó inconsciente. No fue el único contratiempo que debió atravesar: en los últimos años fue despedido dos veces por reducción de personal de los talleres textiles en los que trabajaba. Hoy hace changas dentro del barrio y suplica que “ojalá se acuerden de todos los vecinos de la villa y no sólo de los que son conocidos de los referentes”.
El hombre que también es padre de dos hijos pequeños empezó pagando 1.000 pesos (61 dólares) por el arriendo de una pieza dentro de la villa. Hoy abona 2.000 (unos 124 dólares). “¿A quién no le gustaría tener su título de propiedad en esta ciudad?”, se pregunta el hombre nacido en Perú al ser consultado por este diario. “Me sentiría más tranquilo porque hoy siento que pago un alquiler que no me reditúa nada a futuro. Es justamente el futuro lo que tendríamos garantizado si nos convertimos en dueños”. Es así como la villa abandonaría por fin una emergencia que se extiende desde hace más de un siglo.
