El otro conflicto docente de Argentina
Los profesores universitarios se suman a las demandas salariales de los maestros de educación inicial
Ramiro Barreiro
Buenos Aires, El País
La semana que se avecina parece traer otro frente de tormenta para el gobierno de Mauricio Macri. Todavía resta conocer que pasará con el conflicto docente que paraliza las clases de primaria y secundaria en buena parte del país y que lleva más de una semana de discusiones entre los sindicatos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Educación nacional. Ahora se suma otro problema: los profesores universitarios. Los sindicatos Conadu y Conadu histórica, divididas políticamente durante la gestión kirchnerista, se han unido contra Macri y marcharan juntos en una movilización nacional convocada por los maestros para el 21 y 22 de marzo. Esas son las fechas previstas para el inicio de clases en la mayoría de las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país.
“Más de las mitad de las facultades va a adherir a la huelga por encima del 70% y el resto están discutiendo. Va a ser una marcha muy masiva”, dice Federico Montero, secretario general de la Federación de docentes de la UBA (FedUBA) en las facultades de Sociales, Medicina, Filosofía, Psicología y Ciencias Exactas. Los profesores reclaman un aumento salarial del 35%, que contemple las inflaciones de 2016 y 2017, algo difícil de lograr, aunque se debatirá en un terreno un poco menos árido que el que transitan sus colegas de nivel inicial. El plan de lucha también incluye clases públicas en parques y calles.
Danya Tavela, subsecretaria de política universitaria del ministerio de Educación, opinó a EL PAÍS que “el acatamiento (a la doble jornada de huelga) va a ser dispar porque tiene que ver con el grado de afiliación que hay en las distintas universidades y las características de cada facultad”. Dijo además que entre los objetivos del miniserio “está repetir la experiencia del año pasado en términos de diálogo y en términos de paritaria, porque el acuerdo que alcanzamos finalmente superó en cuatro puntos a la inflación”. Montero, en cambio, adviertió que “este año no sólo estamos discutiendo lo que corresponde al período actual sino también, lo que perdimos del año pasado -entre un 8 y 10%-”. “Nosotros proyectamos para este año una inflación del 25%, muy alejado a lo que dice el gobierno”, advirtió.
Lo que la mayoría de los gremios reclaman –en verdad existen seis organizaciones que representan a los docentes y no todas se pliegan a la protesta- es la activación de una “cláusula gatillo”, firmada en el acuerdo anterior y que dejó a referencia de las cifras de inflación anual una recomposición salarial que desde el ministerio no creen que deban pagar. “Si la inflación superaba el 35% resolvimos ajustar lo que habíamos perdido por inflación. Eso sucedió en septiembre y el gobierno nunca activó esa cláusula gatillo”, recuerda Montero, quien también es secretario de organización de Conadu. “Para nosotros no hay que reconocer ningún atraso con respecto a la inflación de 2016”, aclara Tavela. Ese parece que será el principal punto a discutir entre las partes.
La oferta del ministerio para concertar un nuevo salario para los 200.000 docentes reunidos en las 50 universidades nacionales de Argentina no tiene piso ni techo, sino que busca reconocer la inflación que la agencia de estadísticas (Indec) informe mes a mes. “A eso le agregamos un 2% que se pagaría en noviembre en concepto de jerarquización, una iniciativa que busca ir recuperando el salario histórico en forma paulatina y por la cual el año pasado dimos tres puntos”, agrega la funcionaria, y justifica: “Argentina vive una situación de déficit público importante, que el gobierno está haciendo esfuerzo para controlar el proceso inflacionario que se desató en los últimos cuatro años”. “Esta paritaria la venimos presionando desde el mes de febrero”, advierte Montero, “El gobierno se mantiene en ofrecer un ajuste mes a mes del salario a partir de lo que arroje el índice de inflación pero eso nos da 10 cuotas de unos 200 pesos por mes para el cargo testigo (promedio)”.
Otro problema que atañe a los docentes universitarios de la UBA es la cantidad de trabajadores ad honorem, una categoría creada para clases extraordinarias o visitas de jerarquía, pero que desde hace décadas sirve para evadir el pago de los salarios a maestros de planta permanente y que, en la actualidad afecta a unos 5.000 profesionales. En tanto, las universidades nacionales más nuevas también cuentan con 3.000 docentes contratados, una condición similar. “A las universidades el presupuesto se los asigna el Congreso”, aclara Tavela, “En la UBA, en el año 2005, diseñamos un programa de incorporación de los ad honorem con un fuerte apoyo económico de aquel gobierno. Pero, cinco o seis años después, están de nuevo colapsados y eso tiene que ver con la propia administración de la universidad, que es autónoma. Con los contratados ocurre lo mismo, sin embargo, lo tenemos en agenda y tenemos que discutir con cada universidad como van a llevar adelante ese cambio. Se necesita un compromiso de las tres partes: ministerio, comunidad educativa y los rectorados”.
“Todos los científicos afectados al conflicto de diciembre son además docentes universitarios, por lo que van a marchar la próxima semana junto a todas las federaciones universitarias y las estudiantiles. Hace 15 años que esto no sucedía”, se entusiasma Montero. Habrá que ver si la dilatada negociación entre el gobierno y los docentes del sector inicial servirá o no de lección para resolver este nuevo/viejo conflicto.
Buenos Aires, El País
La semana que se avecina parece traer otro frente de tormenta para el gobierno de Mauricio Macri. Todavía resta conocer que pasará con el conflicto docente que paraliza las clases de primaria y secundaria en buena parte del país y que lleva más de una semana de discusiones entre los sindicatos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Educación nacional. Ahora se suma otro problema: los profesores universitarios. Los sindicatos Conadu y Conadu histórica, divididas políticamente durante la gestión kirchnerista, se han unido contra Macri y marcharan juntos en una movilización nacional convocada por los maestros para el 21 y 22 de marzo. Esas son las fechas previstas para el inicio de clases en la mayoría de las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país.
“Más de las mitad de las facultades va a adherir a la huelga por encima del 70% y el resto están discutiendo. Va a ser una marcha muy masiva”, dice Federico Montero, secretario general de la Federación de docentes de la UBA (FedUBA) en las facultades de Sociales, Medicina, Filosofía, Psicología y Ciencias Exactas. Los profesores reclaman un aumento salarial del 35%, que contemple las inflaciones de 2016 y 2017, algo difícil de lograr, aunque se debatirá en un terreno un poco menos árido que el que transitan sus colegas de nivel inicial. El plan de lucha también incluye clases públicas en parques y calles.
Danya Tavela, subsecretaria de política universitaria del ministerio de Educación, opinó a EL PAÍS que “el acatamiento (a la doble jornada de huelga) va a ser dispar porque tiene que ver con el grado de afiliación que hay en las distintas universidades y las características de cada facultad”. Dijo además que entre los objetivos del miniserio “está repetir la experiencia del año pasado en términos de diálogo y en términos de paritaria, porque el acuerdo que alcanzamos finalmente superó en cuatro puntos a la inflación”. Montero, en cambio, adviertió que “este año no sólo estamos discutiendo lo que corresponde al período actual sino también, lo que perdimos del año pasado -entre un 8 y 10%-”. “Nosotros proyectamos para este año una inflación del 25%, muy alejado a lo que dice el gobierno”, advirtió.
Lo que la mayoría de los gremios reclaman –en verdad existen seis organizaciones que representan a los docentes y no todas se pliegan a la protesta- es la activación de una “cláusula gatillo”, firmada en el acuerdo anterior y que dejó a referencia de las cifras de inflación anual una recomposición salarial que desde el ministerio no creen que deban pagar. “Si la inflación superaba el 35% resolvimos ajustar lo que habíamos perdido por inflación. Eso sucedió en septiembre y el gobierno nunca activó esa cláusula gatillo”, recuerda Montero, quien también es secretario de organización de Conadu. “Para nosotros no hay que reconocer ningún atraso con respecto a la inflación de 2016”, aclara Tavela. Ese parece que será el principal punto a discutir entre las partes.
La oferta del ministerio para concertar un nuevo salario para los 200.000 docentes reunidos en las 50 universidades nacionales de Argentina no tiene piso ni techo, sino que busca reconocer la inflación que la agencia de estadísticas (Indec) informe mes a mes. “A eso le agregamos un 2% que se pagaría en noviembre en concepto de jerarquización, una iniciativa que busca ir recuperando el salario histórico en forma paulatina y por la cual el año pasado dimos tres puntos”, agrega la funcionaria, y justifica: “Argentina vive una situación de déficit público importante, que el gobierno está haciendo esfuerzo para controlar el proceso inflacionario que se desató en los últimos cuatro años”. “Esta paritaria la venimos presionando desde el mes de febrero”, advierte Montero, “El gobierno se mantiene en ofrecer un ajuste mes a mes del salario a partir de lo que arroje el índice de inflación pero eso nos da 10 cuotas de unos 200 pesos por mes para el cargo testigo (promedio)”.
Otro problema que atañe a los docentes universitarios de la UBA es la cantidad de trabajadores ad honorem, una categoría creada para clases extraordinarias o visitas de jerarquía, pero que desde hace décadas sirve para evadir el pago de los salarios a maestros de planta permanente y que, en la actualidad afecta a unos 5.000 profesionales. En tanto, las universidades nacionales más nuevas también cuentan con 3.000 docentes contratados, una condición similar. “A las universidades el presupuesto se los asigna el Congreso”, aclara Tavela, “En la UBA, en el año 2005, diseñamos un programa de incorporación de los ad honorem con un fuerte apoyo económico de aquel gobierno. Pero, cinco o seis años después, están de nuevo colapsados y eso tiene que ver con la propia administración de la universidad, que es autónoma. Con los contratados ocurre lo mismo, sin embargo, lo tenemos en agenda y tenemos que discutir con cada universidad como van a llevar adelante ese cambio. Se necesita un compromiso de las tres partes: ministerio, comunidad educativa y los rectorados”.
“Todos los científicos afectados al conflicto de diciembre son además docentes universitarios, por lo que van a marchar la próxima semana junto a todas las federaciones universitarias y las estudiantiles. Hace 15 años que esto no sucedía”, se entusiasma Montero. Habrá que ver si la dilatada negociación entre el gobierno y los docentes del sector inicial servirá o no de lección para resolver este nuevo/viejo conflicto.
