El ‘caso Odebrecht’ golpea la recta final de Santos en Colombia
Las últimas revelaciones sobre el escándalo complican el último año de legislatura del presidente
Francesco Manetto
Bogotá, El País
Juan Manuel Santos tendrá un objetivo central en lo que le queda de mandato. El presidente de Colombia busca proteger su herencia, coronada por un acuerdo de paz con las FARC, ante la incertidumbre de las elecciones de 2018. Pero a esa zozobra se ha sumado de nuevo, esta semana, la sombra del caso Odebrecht, que puede complicar su última etapa como jefe del Gobierno y perjudicar ese legado mientras su popularidad experimenta un constante desgaste.
Ese escándalo de corrupción ya salpicó su campaña de 2014 después de que la Fiscalía vinculara el pasado mes de febrero parte de un soborno recibido por un exsenador, un millón de dólares, con las cuentas de esa carrera presidencial. La nueva confesión del entonces gerente de la candidatura, Roberto Prieto, extiende ahora las relaciones con la constructora brasileña a los comicios de 2010. Este asesor reconoció que la compañía les financió con 400.000 dólares que se destinaron a pagar dos millones de carteles electorales y aseguró que esas aportaciones eran irregulares.
Desde que se conocieran estos datos, el pasado martes, Santos ha tratado de mover ficha para defender su trabajo y el de su Ejecutivo. Tardó solo unos minutos en difundir una declaración en la que asegura que no estaba al tanto de los pagos de Odebrecht. “Me acabo de enterar”, afirmó. En ningún momento negó los hechos, lo que convierte su mensaje en una admisión indirecta. Después, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del ministro del Interior, que estudie la posibilidad de levantar la prescripción sobre las cuentas de la campaña de 2010. Este organismo nombró un ponente para poner en marcha esa operación.
El gesto, que busca transmitir transparencia a la ciudadanía, no ha evitado que las sospechas enturbien las aguas de la confrontación política. El escándalo ha golpeado a la política colombiana en un momento en el que, con la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras que se formalizará en los próximos días, todos los posibles candidatos se preparan para tomar posiciones en una precampaña que, de hecho, ya ha comenzado. La investigación del caso Odebrecht alcanza también a la oposición. Según la Fiscalía, existen pruebas que demostrarían que la constructora intervino en la financiación de las campañas de los dos principales aspirantes en las presidenciales de 2014. El principal contrincante de Santos, Óscar Iván Zuluaga, de Centro Democrático (el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe), declaró el jueves ante el CNE de forma voluntaria, negó las acusaciones y calificó su campaña de “honorable”.
Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma independiente, destaca que según datos oficiales los cinco candidatos “gastaron 66.000 millones de pesos en la campaña de primera vuelta y casi 19.000 mil millones en la de Segunda Vuelta en 2014”. En su conjunto, los gastos ascendieron a 85.000 millones de pesos, unos 27 millones de euros. De las cuentas de la primera votación, el 45% fue cubierto por anticipos del Estado, pero ni Santos ni Zuluaga recurrieron a la financiación estatal. Esta circunstancia, denuncia la MOE, “deja ver la magnitud de recursos que no están bajo el control estricto de las autoridades y que podría ser bastante mayor, teniendo en cuenta que persisten las dudas sobre el interés de las campañas políticas por reportar públicamente el 100% del origen de su financiación ante las autoridades”.
En este contexto, Colombia afronta las presidenciales de 2018 con nuevas dudas que se añaden a las tensiones políticas generadas por la negociación de los acuerdos de paz. Pero el principal blanco de las críticas, por la responsabilidad que ocupa, es precisamente el actual presidente. Su imagen, según la última medición de la firma Gallup difundida a principios de marzo, está afectada y más del 70% de los ciudadanos desaprueba su gestión, un 10% más que hace dos meses.
Santos se dirigió a los colombianos tras ganar las elecciones de 2010 con una declaración de intenciones que de alguna manera resulta válida para los comicios presidenciales de 2018. “Demos la vuelta a la página de los odios, de las divisiones”, exhortó. “A Colombia le llegó la hora y esa hora es la hora de la unidad”. Aunque estas palabras no hayan perdido su vigencia por la polarización de la sociedad, en los últimos siete años las circunstancias han cambiado de forma sustancial. En medio quedan un acuerdo entre el Estado y las FARC, el fin del conflicto armado con la principal guerrilla del país y también un premio Nobel de la Paz. El presidente hará lo posible para defender su legado.
Bogotá, El País
Juan Manuel Santos tendrá un objetivo central en lo que le queda de mandato. El presidente de Colombia busca proteger su herencia, coronada por un acuerdo de paz con las FARC, ante la incertidumbre de las elecciones de 2018. Pero a esa zozobra se ha sumado de nuevo, esta semana, la sombra del caso Odebrecht, que puede complicar su última etapa como jefe del Gobierno y perjudicar ese legado mientras su popularidad experimenta un constante desgaste.
Ese escándalo de corrupción ya salpicó su campaña de 2014 después de que la Fiscalía vinculara el pasado mes de febrero parte de un soborno recibido por un exsenador, un millón de dólares, con las cuentas de esa carrera presidencial. La nueva confesión del entonces gerente de la candidatura, Roberto Prieto, extiende ahora las relaciones con la constructora brasileña a los comicios de 2010. Este asesor reconoció que la compañía les financió con 400.000 dólares que se destinaron a pagar dos millones de carteles electorales y aseguró que esas aportaciones eran irregulares.
Desde que se conocieran estos datos, el pasado martes, Santos ha tratado de mover ficha para defender su trabajo y el de su Ejecutivo. Tardó solo unos minutos en difundir una declaración en la que asegura que no estaba al tanto de los pagos de Odebrecht. “Me acabo de enterar”, afirmó. En ningún momento negó los hechos, lo que convierte su mensaje en una admisión indirecta. Después, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del ministro del Interior, que estudie la posibilidad de levantar la prescripción sobre las cuentas de la campaña de 2010. Este organismo nombró un ponente para poner en marcha esa operación.
El gesto, que busca transmitir transparencia a la ciudadanía, no ha evitado que las sospechas enturbien las aguas de la confrontación política. El escándalo ha golpeado a la política colombiana en un momento en el que, con la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras que se formalizará en los próximos días, todos los posibles candidatos se preparan para tomar posiciones en una precampaña que, de hecho, ya ha comenzado. La investigación del caso Odebrecht alcanza también a la oposición. Según la Fiscalía, existen pruebas que demostrarían que la constructora intervino en la financiación de las campañas de los dos principales aspirantes en las presidenciales de 2014. El principal contrincante de Santos, Óscar Iván Zuluaga, de Centro Democrático (el partido fundado por el exmandatario Álvaro Uribe), declaró el jueves ante el CNE de forma voluntaria, negó las acusaciones y calificó su campaña de “honorable”.
Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma independiente, destaca que según datos oficiales los cinco candidatos “gastaron 66.000 millones de pesos en la campaña de primera vuelta y casi 19.000 mil millones en la de Segunda Vuelta en 2014”. En su conjunto, los gastos ascendieron a 85.000 millones de pesos, unos 27 millones de euros. De las cuentas de la primera votación, el 45% fue cubierto por anticipos del Estado, pero ni Santos ni Zuluaga recurrieron a la financiación estatal. Esta circunstancia, denuncia la MOE, “deja ver la magnitud de recursos que no están bajo el control estricto de las autoridades y que podría ser bastante mayor, teniendo en cuenta que persisten las dudas sobre el interés de las campañas políticas por reportar públicamente el 100% del origen de su financiación ante las autoridades”.
En este contexto, Colombia afronta las presidenciales de 2018 con nuevas dudas que se añaden a las tensiones políticas generadas por la negociación de los acuerdos de paz. Pero el principal blanco de las críticas, por la responsabilidad que ocupa, es precisamente el actual presidente. Su imagen, según la última medición de la firma Gallup difundida a principios de marzo, está afectada y más del 70% de los ciudadanos desaprueba su gestión, un 10% más que hace dos meses.
Santos se dirigió a los colombianos tras ganar las elecciones de 2010 con una declaración de intenciones que de alguna manera resulta válida para los comicios presidenciales de 2018. “Demos la vuelta a la página de los odios, de las divisiones”, exhortó. “A Colombia le llegó la hora y esa hora es la hora de la unidad”. Aunque estas palabras no hayan perdido su vigencia por la polarización de la sociedad, en los últimos siete años las circunstancias han cambiado de forma sustancial. En medio quedan un acuerdo entre el Estado y las FARC, el fin del conflicto armado con la principal guerrilla del país y también un premio Nobel de la Paz. El presidente hará lo posible para defender su legado.
