Ocho conflictos sociales marcaron los ocho meses del año
El mayor foco de tensión explotó el 10 de agosto, cuando los mineros cooperativistas iniciaron sus protestas contra las modificaciones a la Ley de Cooperativas. El conflicto se extendió por casi todo el mes y cobró la vida de cinco personas, entre ellas el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
Transurrieron ocho meses de 2016 y Bolivia enfrentó similar número de conflictos sociales que estuvieron encabezados por fabriles, jubilados, personas con discapacidad, salubristas, transportistas y mineros cooperativistas. Ocho meses de intensa conflictividad, que tuvo su punto más álgido y trágico en agosto, con un saldo de cinco muertos en los bloqueos que realizaron los cooperativistas mineros.
La primera protesta fue registrada el 5 de enero. En El Alto, cientos de alteños exigieron la ampliación de la carretera a Copacabana por la vía Juan Pablo II-San Roque. El Ejecutivo observó intereses políticos, pero tras negociaciones el ministro de Obras Pública, Milton Claros, comprometió Bs 83 millones para la obra y aplacó la protesta.
Dos días después, trabajadores de la ahora cerrada Empresa Nacional de Textil (Enatex) reclamaron el pago y reposición del segundo aguinaldo. El 29 de enero, un ampliado nacional de los transportistas de carga internacional determinó un bloqueo de carreteras interdepartamentales por la revisión y modificación del Código Tributario.
Febrero comenzó con 60.000 camiones bloquendo los puntos fronterizos de Tambo Quemado, Matarani, Puerto Suárez y Desaguadero. “Es una medida de presión ante la desatención del Gobierno”, expresó en ese entonces el dirigente Fidel Baptista. El Transporte declaró un cuarto intermedio hasta después del referéndum del 21 de febrero.
La presión llegó también por el lado de los cocaleros de Yungas. El 11 de febrero bloquearon la conexión con La Paz. Demandaron la construcción de un hospital, un referéndum para conocer el mercado de consumo de coca, formalización de 2.000 permisos de productores detallistas y otras. Un día antes, 39 dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron detenidos.
A mitad de marzo las personas con discapacidad iniciaron desde Cochabamba hasta La Paz una movilización por un bono mensual de Bs 500. Llegaron el 25 de abril a La Paz y permanecieron hasta el 29 julio: tres meses y cuatro días.
Una persona se cuelga del puente peatonal de la Pérez Velasco
La movilización social fue una constante por las calles de La Paz e incluso algunas personas de colgaron en sus sillas de ruedas desde el puente peatonal de la Pérez Velasco, en el centro paceño. En su intento por entrar a Plaza Murillo fueron gasificados y ellos respondieron con orín y lavandina. No lograron su objetivo y retornaron a sus lugares de origen.
El Gobierno denunció que la protesta fue manipulada y financiada por sectores de la derecha que buscaron desestabilizar al Gobierno.
En mayo estalló otro conflicto. Al menos 800 trabajadores de Enatex demandaron el respeto a sus fuentes de empleo luego de que el Gobierno oficializó el cierre de la empresa y su conversión en un Centro de Servicios Tecnológicos.
El 23 de mayo un grupo de exempleados instaló una huelga de hambre, en tanto, en las calles de La Paz, las movilizaciones se tornaron más violentas. José Luis Coarite perdió la mano izquierda por la mala manipulación de una dinamita durante la protesta.
Trabajadores de Enatex en huelga de hambre
En apoyo a los extrabajadores se sumó, en junio, la Central Obrera Boliviana (COB) que determinó tres paros: de 24, 48 y 72 horas, respectivamente. El Gobierno planteó recontratar a personas por jubilarse, mujeres en estado de gestación y casos especiales. El diálogo quedó en “statu quo”.
Otro sector que volvió a movilizarse fue el del Transporte Pesado. El 30 de mayo bloquearon carreteras de al menos cinco departamentos en rechazo al sistema tributario y al proyecto de ley de modificación del Código Tributario. Tras un paréntesis, el domingo 17 de julio retomaron sus medidas de presión.
Las principales demandas fueron: la universalización de las facturas de descargo y la rebaja de las multas por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En julio los transportistas llamaron a otro bloqueo por la liberación de ocho dirigentes detenidos en Sucre; sin embargo, la medida perdió fuerza los primeros días de aplicación.
La protesta del sector del transporte pesado en El Alto.
El mayor foco de tensión explotó el 10 de agosto. Cooperativistas mineros bloquearon rutas de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz en protesta por la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las modificaciones a la Ley General de Cooperativas que permite –según los cuentapropistas- la sindicalización al interior de las cooperativas. No obstante, la ley aplica solo a las cooperativas de servicios.
El 13 se instaló un diálogo que no prosperó y los mineros reactivaron sus bloqueos el 23 de agosto. El punto más radical fue Panduro, a más de 180 kilómetros de La Paz, en la carretera a Oruro.
En ese punto de bloqueo y en otros, en Cochabamba, miles de mineros se enfrentaron a contingentes de policías que pretendían desbloquear las rutas. El miércoles 24 se informó de la muerte de los mineros Severino Ichota y Fermín Mamani por proyectiles de arma de fuego.
Un día después, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Adolfo Illanes, fue secuestrado y torturado en Panduro; su cuerpo sin vida apareció la madrugada del 26 sobre a la vera del camino. Ese mismo día falleció el minero Rubén Aropaya.
Transurrieron ocho meses de 2016 y Bolivia enfrentó similar número de conflictos sociales que estuvieron encabezados por fabriles, jubilados, personas con discapacidad, salubristas, transportistas y mineros cooperativistas. Ocho meses de intensa conflictividad, que tuvo su punto más álgido y trágico en agosto, con un saldo de cinco muertos en los bloqueos que realizaron los cooperativistas mineros.
La primera protesta fue registrada el 5 de enero. En El Alto, cientos de alteños exigieron la ampliación de la carretera a Copacabana por la vía Juan Pablo II-San Roque. El Ejecutivo observó intereses políticos, pero tras negociaciones el ministro de Obras Pública, Milton Claros, comprometió Bs 83 millones para la obra y aplacó la protesta.
Dos días después, trabajadores de la ahora cerrada Empresa Nacional de Textil (Enatex) reclamaron el pago y reposición del segundo aguinaldo. El 29 de enero, un ampliado nacional de los transportistas de carga internacional determinó un bloqueo de carreteras interdepartamentales por la revisión y modificación del Código Tributario.
Febrero comenzó con 60.000 camiones bloquendo los puntos fronterizos de Tambo Quemado, Matarani, Puerto Suárez y Desaguadero. “Es una medida de presión ante la desatención del Gobierno”, expresó en ese entonces el dirigente Fidel Baptista. El Transporte declaró un cuarto intermedio hasta después del referéndum del 21 de febrero.
La presión llegó también por el lado de los cocaleros de Yungas. El 11 de febrero bloquearon la conexión con La Paz. Demandaron la construcción de un hospital, un referéndum para conocer el mercado de consumo de coca, formalización de 2.000 permisos de productores detallistas y otras. Un día antes, 39 dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron detenidos.
A mitad de marzo las personas con discapacidad iniciaron desde Cochabamba hasta La Paz una movilización por un bono mensual de Bs 500. Llegaron el 25 de abril a La Paz y permanecieron hasta el 29 julio: tres meses y cuatro días.
Una persona se cuelga del puente peatonal de la Pérez Velasco
La movilización social fue una constante por las calles de La Paz e incluso algunas personas de colgaron en sus sillas de ruedas desde el puente peatonal de la Pérez Velasco, en el centro paceño. En su intento por entrar a Plaza Murillo fueron gasificados y ellos respondieron con orín y lavandina. No lograron su objetivo y retornaron a sus lugares de origen.
El Gobierno denunció que la protesta fue manipulada y financiada por sectores de la derecha que buscaron desestabilizar al Gobierno.
En mayo estalló otro conflicto. Al menos 800 trabajadores de Enatex demandaron el respeto a sus fuentes de empleo luego de que el Gobierno oficializó el cierre de la empresa y su conversión en un Centro de Servicios Tecnológicos.
El 23 de mayo un grupo de exempleados instaló una huelga de hambre, en tanto, en las calles de La Paz, las movilizaciones se tornaron más violentas. José Luis Coarite perdió la mano izquierda por la mala manipulación de una dinamita durante la protesta.
Trabajadores de Enatex en huelga de hambre
En apoyo a los extrabajadores se sumó, en junio, la Central Obrera Boliviana (COB) que determinó tres paros: de 24, 48 y 72 horas, respectivamente. El Gobierno planteó recontratar a personas por jubilarse, mujeres en estado de gestación y casos especiales. El diálogo quedó en “statu quo”.
Otro sector que volvió a movilizarse fue el del Transporte Pesado. El 30 de mayo bloquearon carreteras de al menos cinco departamentos en rechazo al sistema tributario y al proyecto de ley de modificación del Código Tributario. Tras un paréntesis, el domingo 17 de julio retomaron sus medidas de presión.
Las principales demandas fueron: la universalización de las facturas de descargo y la rebaja de las multas por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En julio los transportistas llamaron a otro bloqueo por la liberación de ocho dirigentes detenidos en Sucre; sin embargo, la medida perdió fuerza los primeros días de aplicación.
La protesta del sector del transporte pesado en El Alto.
El mayor foco de tensión explotó el 10 de agosto. Cooperativistas mineros bloquearon rutas de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz en protesta por la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las modificaciones a la Ley General de Cooperativas que permite –según los cuentapropistas- la sindicalización al interior de las cooperativas. No obstante, la ley aplica solo a las cooperativas de servicios.
El 13 se instaló un diálogo que no prosperó y los mineros reactivaron sus bloqueos el 23 de agosto. El punto más radical fue Panduro, a más de 180 kilómetros de La Paz, en la carretera a Oruro.
En ese punto de bloqueo y en otros, en Cochabamba, miles de mineros se enfrentaron a contingentes de policías que pretendían desbloquear las rutas. El miércoles 24 se informó de la muerte de los mineros Severino Ichota y Fermín Mamani por proyectiles de arma de fuego.
Un día después, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Adolfo Illanes, fue secuestrado y torturado en Panduro; su cuerpo sin vida apareció la madrugada del 26 sobre a la vera del camino. Ese mismo día falleció el minero Rubén Aropaya.
