Pena de cadena perpetua obliga a abrir la CPE
Sucre, Los Tiempos
La Cumbre Nacional de Justicia concluyó ayer, después de dos días de debates, con la decisión de abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para incorporar la pena de cadena perpetua para delitos de violación, además de la sumatoria de penas, dos propuestas que no estaban en los ejes de las seis mesas ni en las precumbres y que fueron planteadas por el vicepresidente Álvaro García Linera en el acto de inauguración del efectuado evento en Sucre.
La modificación de la elección por voto de las autoridades judiciales, que finalmente no se concretó, era la única propuesta que obligaba a abrir la CPE, y que fue rechazada por los opositores ante la susceptibilidad de que se aproveche este pretexto para incluir la reelección del presidente Evo Morales.
La elección por voto de las altas autoridades judiciales, identificada como un factor que agravó en el último período la crisis del sistema judicial, fue ratificada en el encuentro. Para acabar con la corrupción -otro problema crónico- se determinó crear un "extra órgano" para sancionar a los servidores judiciales, también se dispuso evaluar a todos los operadores de justicia del país en 120 días, entre otras conclusiones.
“La intención (de la cumbre) era aprobar mejoras, pero los actores están totalmente dirigidos ya con consignas totalmente claras. La cadena perpetua planteada y aprobada es uno de los puntos que permite la apertura de la Constitución y no estaba en el temario original”, criticó Gustavo Rojas Ugarte, secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), al abandonar el trabajo de las mesas, antes que finalice el evento.
Según Rojas, todo estaba predispuesto y no se les permitió exponer en las mesas sus planteamientos y que constantemente eran rechiflados por los actores sociales e incluso no pudieron ni usar el micrófono.
Por similares criterios, los representantes del Colegio de Abogados de Bolivia abandonaron la cumbre el viernes, a pocas horas de instalarse las mesas, alegaron que la diferencia en la participación de juristas y académicos, con relación al número de organizaciones sociales, era demasiada, además que los puntos estaban predeterminados y no podían ser modificados aunque sean observados.
“La parte académica lastimosamente queda en un decir, por eso hemos decidido abandonar. Ya estaba todo determinado, ciertas situaciones y particularmente la CPE. Nosotros respetamos el Referendo Constitucional del 21 de febrero, pero siempre se buscó abrir la Carta Magna y el Sistema de la Universidad Boliviana no está de acuerdo con esto”, argumentó el representante de las universidades.
"Los sectores sociales ingresaron bajo consignas e intenciones totalmente dirigidas, el punto que pensamos que era el que iba a determinar la apertura de la CPE, la elección de los magistrados a través del voto universal, no fue así e incorporaron puntos (como la cadena perpetua) que no se consideró en los ejes temáticos oficiales", insistió.
La CPE vigente establece como pena máxima 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, condena que por el Código de Procedimiento Penal se aplica a los delitos de mayor gravedad y no puede exceder de ese tiempo en ningún caso. En base a estos datos, García Linera planteó establecer cadena perpetua para delitos de violación contra niños y niñas seguida de muerte. "Propuesta que los representantes de las organizaciones sociales que participaron del evento, únicamente la refrendaron”.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, coincidió con los representantes del Comité Ejecutivo de la Universidad de Bolivia (CEUB) y consideró que el tema de "cadena perpetua" implica la apertura de la Constitución.
"La Constitución Política del Estado señala con claridad que no hay esa figura de presidio perpetuo y pena de muerte, por lo que habría que abrir la Constitución para incluirla. La pena máxima en Bolivia es la privación de libertad de 30 años, sin derecho a indulto", sostuvo.
Explicó que para incorporar esta figura penal se debe realizar un "referendo constitucional", es decir, consultar al pueblo si está o no de acuerdo con aplicar la cadena perpetua para casos de violación de niños o niñas seguida de muerte.
Participantes de la cumbre
En las dos jornadas de la Cumbre de Justicia participaron más de 1.500 personas entre representantes de organizaciones sociales, estatales y académicas que llegaron de distintos departamentos. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Ministerio de Justicia, el 73 por ciento del total de participantes pertenecía a las organizaciones sociales, 18 por ciento a instituciones estatales y el resto, 8 por ciento, a instancias académicas.
En el caso de las organizaciones sociales estaba de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Central Obrera Boliviana (COB), Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia, (todas estas afines del Gobierno de Movimiento Al Socialismo-MAS) y la asociación de víctimas de la justicia, entre otras.
En relación a las instituciones estatales participó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM), la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tribunales departamentales de justicia y Policía Nacional.
En representación de organizaciones académicas participó el Colegio de Abogados, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y representantes de algunas universidades estatales. Estos abandonaron las mesas de trabajo, los primeros antes de la instalación de las mesas y los últimos poco antes de la aprobación de las conclusiones del encuentro judicial.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA CUMBRE NACIONAL DE JUSTICIA
MESA 1
Elección de Magistrados
Se mantiene el voto popular como modalidad de elección de magistradas y magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. El sufragio universal "es una conquista social asumida por una mayoría del pueblo, que garantiza la independencia del Órgano Judicial cuya preselección (de postulantes) debe de ser mejorada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El coordinador del distrito XX del Movimiento Territorial, Raúl Cruz, en la lectura del documento, explicó que a diferencia de las elecciones de 2011, el perfil de los candidatos debe centrarse en el cumplimiento de más de 20 requisitos, entre los que se establecerá un mínimo de 30 años cumplidos para los postulantes; además de una minuciosa preselección.
Asimismo, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá elaborar, en un plazo de 120 días, el reglamento del proceso de preselección de candidatos con carácter público, que incluya la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las organizaciones sociales, de instituciones académicas y de instituciones representativas de la población.
En la inauguración de la cumbre, como parte de las propuestas del Gobierno, el vicepresidente Álvaro García Linera, planteó mantener la elección popular de magistrados porque es un derecho democrático conquistado, "pero si hemos de mantener la elección no podemos cometer los errores de 2011, para ello proponemos una modificación radical de los procedimientos parlamentarios para seleccionar a los candidatos que garanticen la meritocracia, desconolonización y la desrracionalización de los operadores de justicia", dijo.
MESA 2
Acceso a la justicia plural
Esta mesa pidió aplicar una serie de modificaciones, entre las que se pueden destacar:
Modificación de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), de la ley de deslinde jurisdiccional, realizar una Cumbre sobre Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), la creación de casas judiciales, crear una justicia itinerante para las áreas periurbanas, rurales y zonas de difícil acceso (siempre y cuando no implique limitar o anular la JIOC) previo estudio de necesidades. Crear Salas Constitucionales departamentales (para asegurar un contacto directo con las partes procesales), modificar la Ley del Tribunal Constitucional, el Código de Procesal Constitucional, la penalización de los crímenes de odio con sanción penal de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la creación de instancias de cobranzas en juzgados de familia para el efectivo pago de la asistencia familiar y la modificación del proceso de asistencia familiar para que sea corto y efectivo.
Pide refundar el sistema de justicia, a partir del ejemplo implementado por la Justicia Indígena Originario Campesina con base en la descolonización, despatriarcalización, interculturalidad y complementariedad. "La refundación del sistema de justicia tiene el propósito de lograr un cambio de cultura con base en los principios de justicia y valores plurales e inclusivos ya señalados en la Constitución Política del Estado, tomando como ejemplo la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC)", explicó el secretario general de la Central Unión de Comunidades Interculturales, Bernardino Choque.
Puntualizó que la desconcentración progresiva de los servicios de justicia debe responder a criterios técnicos de necesidades del servicio público de justicia, población y territorio para posibilitar un real acceso de la población a la justicia.
Además, exigieron mayor celeridad, con procedimientos simples y rápidos, con composición plural y de género (paritaria entre hombres y mujeres), especializada en el área para el conocimiento de acciones de defensa, como ser la acción de libertad, amparo constitucional, entre otras.
MESA 3
Retardación de justicia
Lograr que las decisiones judiciales se tomen sin dilación y oportunamente para evitar la retardación de la justicia, apuntando a una "justicia a tiempo", Además, propuso separar las funciones judiciales y fiscales de las labores administrativas,
Modernización gradual del sistema de justicia, a través de la implementación de nuevos modelos de funcionamiento por resultados judicial, fiscal y de defensa pública.
Establecer como obligación que los jueces dediquen mayor tiempo a realizar audiencias y tomar decisiones sobre la base de los planteamientos que las partes le presenten en audiencia.
Creación de oficinas de servicio judicial y fiscal para el cumplimiento de tareas administrativas, encargadas de brindar todo el soporte necesario para el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos judiciales.
Implementar y efectivizar la oralidad plena en todo el sistema de justicia.
Garantizar la inmediación y el contacto directo entre las partes, el tribunal, los declarantes y la prueba para eliminar la “chicanería”, la extorsión y la negociación de causas.
Se debe implementar la oralidad, el lenguaje de señas y braile, así como los idiomas genéricos.
Implementación del gobierno electrónico y la gestión en línea.
Establecer un sistema de evaluación y control de las actuaciones judiciales, fiscales y policiales para establecer responsabilidades por el incumplimiento de plazos procesales (modificación de la Ley del Órgano Judicial, Ministerio Publico y Reglamentos disciplinarios de la Policía).
Generar mecanismos que identifiquen denuncias falsas y que éstas puedan ser remitidas a proceso en la vía que corresponda.
Imponer sanciones disciplinarias y económicas severas a abogados que dilaten procesos, por negligencia y por la interposición de recursos impertinentes.
Evaluar a los jueces, vocales, fiscales, policías y abogados de defensa pública de todo el país en un plazo de 120 días, a cargo del Órgano Judicial con participación del Órgano Legislativo y Ejecutivo, con procesos públicos, manteniendo a operadores que tuvieran una carrera transparente y de reconocida ética, sin sanciones penales ni disciplinarias, para determinar una renovación de los operadores cuestionados y que tuvieran sentencias, sanciones, denuncias y un mal desempeño laboral.
MESA 4
Corrupción en el sistema judicial
Cesar a los operadores de justicia de sus funciones.
Crear un órgano extra encargado de fiscalizar el trabajo del Órgano Judicial.
Aprobación de una ley de acceso a información pública.
Impulsar la designación del Defensor del Litigante.
Implementar en oficinas del Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Policía Boliviana, cámaras de vigilancia para prevenir la corrupción.
Prohibir que personas sancionadas por delitos de corrupción ejerzan funciones como directores, maestros de escuelas, colegios, y rectores, directores o docentes en las universidades públicas y privadas.
Incorporar la figura del agente encubierto en la lucha contra la corrupción y personal altamente especializado que investigue la posible implicancia de operadores de justicia en hechos de corrupción, en consorcios de jueces, fiscales y abogados.
Elaborar una ley que admita como prueba idónea las filmaciones y grabaciones en delitos de corrupción o se adjunten por parte de las víctimas a las denuncias de posibles ilícitos de operadores de justicia, fiscales, policías, abogados u otros posibles involucrados.
Las conclusiones de la mesa apuntan a la prevención y lucha contra la corrupción en el sistema judicial en Bolivia, además de fortalecer el control social.
"El fortalecimiento del control social en el sistema de administración de justicia y selección de sus operadores, en los niveles nacional y subnacionales, a partir de la reglamentación inmediata de la Ley de Participación y Control Social, es una de las principales acciones", señaló Roberto Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia que presidió la mesa.
Otro de punto importante es que se debe prohibir que personas sancionadas por delitos de corrupción ejerzan funciones en el sistema educativo público y privado.
Con relación a la lucha contra la corrupción, señaló que plantearon un mecanismo de verificación patrimonial permanente de los operadores de justicia, que comprenda movimientos financieros y que alcance a sus familiares.
De la misma manera, agregó que aprobaron la figura del Agente Encubierto en la lucha contra la corrupción, y personal altamente especializado que investigue la posible implicancia de operadores de justicia en hechos de corrupción, en consorcios de jueces, fiscales y abogados.
MESA 5
Política criminal y justicia penal
Diseñar una política criminal, preventiva, generacional descolonizada, despatriarcalizada, democrática, plural, intercultural, planificada, concertada, integral, basada en la gestión pacífica de la conflictividad con enfoque de derechos humanos y acorde a la realidad social.
Compilación de los tipos penales en un solo código.
Aplicar la sumatoria de penas para delitos de alta relevancia social y casos de reincidencia.
Incorporar la pena de cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte.
Discriminalizar los tipos penales de escasa relevancia social.
Aplicación excepcional de la detención preventiva y ampliación de las medidas alternativas a la detención preventiva tomando en cuenta la realidad socioeconómica de las personas. Detención preventiva con una duración determinada.
Reestructuración, reingeniería y modernización de la Policía Boliviana, Ministerio Público y el IDIF, Iitcup, con policías, fiscales, peritos forenses especializados, bajo nuevos modelos de gestión policial y fiscal eficientes, con servicios desconcentrados ajustando sus leyes orgánicas.
Reestructuración, reingeniería y modernización de los Servicios Legales Integrales Municipales, Defensorías, Defensa Publica, con servicios desconcentrados.
Reestructuración y reingeniería del Órgano Judicial en materia penal, implementando un nuevo modelo de gestión procesal penal.
Reestructuración y reforma integral del sistema penitenciario y seguridad penitenciaria.
Según el dirigente Kenny Morató, que presidió la mesa, fueron aprobados como propuesta el enfoque de la política criminal, gestión del conflicto, prevención, la disuasión o control, normativa penal, detención preventiva, investigación y sanción penal, ejecución de penas, y temáticas especiales del derecho penal.
Sostuvo que en la normativa penal es importante la compilación de los tipos penales en un solo código. Asimismo, aplicar la sumatoria de penas para delitos de alta relevancia social y casos de reincidencia.
MESA 6
Formación, ingreso, régimen disciplinario
El sistema universitario público privado debe planificar la oferta académica en función de la demanda de profesionales.
Modificar y adecuar las mallas curriculares a la realidad social, económica, política, cultural, nacional e internacional en base a la Constitución Política del Estado adicionando nuevas materias con enfoque holístico (pluralismo jurídico, Derechos Humanos, ética, deontología jurídica, oralidad, MASC, derecho autonómico, idiomas, entre otros).
Transparentar la designación de docentes en universidades públicas y privadas a través de concurso de méritos, convocatorias públicas y examen oral de competencias con la conformación de tribunales evaluadores externos dentro del sistema universitario boliviano.
Las universidades públicas, privadas y de régimen especial deberán destinar parte de su presupuesto en actividades de investigación y actualización para mejorar la formación académica tanto de los estudiantes como también del plantel docente permanente.
Fortalecer la Escuela de Jueces, Escuela de fiscales del Estado y Universidad Policial.
Crear la Inspectoría Independiente encargada del régimen disciplinario de vocales, jueces y demás operadores judiciales, con plena participación y control social.
Establecer la suspensión de la matrícula profesional desde 5 hasta 20 años para los profesionales abogados y todos los operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones cuando incurran en una falta grave o gravísima.
Esta mesa aprobó el rediseño del perfil de los estudiantes de la carrera de Derecho: formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.
"Los estudiantes de Derecho deberán estandarizar sus conocimientos, deberá aplicarse materias psicológicas-técnicas y el sistema universitario público privado debe planificar la oferta académica en función de la demanda de profesionales", dijo la delegada de la mesa Vanesa Veizaga.
Asimismo, sostuvo que es importante modificar la Ley del Órgano Judicial, introduciendo el procedimiento de designación de vocales, jueces y personal de apoyo judicial, promoviendo la meritocracia y probidad.
Por otro lado, indicó que es importante fortalecer la Escuela de Jueces, Escuela de fiscales del Estado y Universidad Policial.
