España: Rajoy tiene prisa en ser investido y sondeará ya el apoyo de otros partidos
El líder del PP creará una comisión negociadora si encuentra voluntad de acuerdo en Sánchez y Rivera
Natalia Junquera
Miguel González
Madrid / Bruselas, El País
Mariano Rajoy tiene prisa en ser investido presidente. Esta vez, al contrario de lo que sucedió tras las elecciones del 20-D, no esperará al encargo del Rey para formar Gobierno y ni siquiera a la constitución de las Cortes el próximo 19 de julio. A partir de este jueves se pondrá en contacto con los líderes de las fuerzas políticas —empezando por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez— para sondear su disponibilidad a apoyar, por activa (con el voto positivo) o por pasiva (con la abstención), su investidura.
En una conferencia de prensa en Bruselas, tras la cumbre europea dedicada a debatir las condiciones y consecuencias del Brexit, Rajoy ha argumentado esta premura, que contrasta con su parsimonia de los últimos seis meses, alegando que España lleva ya un largo periodo de Gobierno en funciones, un año entero sin presentarse un solo proyecto de ley y que los problemas apremian, empezando por la propia salida del Reino Unido de la UE y pasando por la elaboración de los presupuestos del próximo año, que deberían remitirse al Congreso antes del 1 de octubre. Todo ello requiere que haya Gobierno a finales de julio o principios de agosto como máximo.
Aunque el PSOE ya ha adelantado que no le facilitará su reelección con una abstención y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha repetido hasta la saciedad que no apoyará un Ejecutivo presidido por él, Rajoy está convencido de que esta vez no se topará con un no rotundo como el que recibió en diciembre pasado, ya que quien adopte esta posición se hará responsable ante la sociedad de una tercera e indeseable cita con las urnas. Rajoy sigue apostando por la gran coalición PP-PSOE, con la incorporación o no de Ciudadanos, que dotaría al Gobierno de estabilidad y amplio apoyo parlamentario para afrontar los grandes retos pendientes, pero insiste en que, si eso no es posible, se le permita gobernar en minoría, ya que no solo ha revalidado su victoria electoral, sino que la suya es la única fuerza política que ha mejorado sus resultados.
Solo una vez que explore la disposición de los restantes líderes políticos —una tarea que podría repartirse con la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría— y si esta fuera positiva, Rajoy formaría una comisión negociadora para discutir un programa de Gobierno para los próximos cuatro años e incluso la entrada en el Ejecutivo de representantes de otros partidos. "No se puede negociar nada con nadie si de entrada te dice: yo no quiero saber nada de usted", ha argumentado.
Rajoy no ha querido adelantar qué concesiones estaría dispuesto a realizar para ganarse el voto, o la abstención, de los socialistas, Ciudadanos o alguna otra fuerza política, pero ha reiterado la plena vigencia de la oferta de pactos de Estado que hizo tras las elecciones del 20-D (consolidación de la recuperación económica y de la creación de empleo; cumplimiento de los compromisos con Europa; sosteniemiento del Estado del bienestar; financiación autonómica; educación y lucha contra el terrorismo) y se ha mostrado dispuesto a escuchar otras propuestas, incidiendo "en los asuntos en los que puede haber acuerdo" y orillando aquellos en los "hay posiciones radicalmente diferentes". Aunque para él lo más importante es la voluntad de "cerrar cuanto antes" el periodo de bloqueo político de los últimos meses.
Estos son los principales elementos de la agenda negociadora, que el PP plantea todavía en términos muy genéricos:
Reforma constitucional. Mariano Rajoy dijo en su momento que estaría dispuesto a "hablar" de la reforma de la Constitución con el PSOE, pero "teniendo por adelantado muy claro para qué". El PP teme abrir "ese melón" por si Unidos Podemos aprovecha para plantear un debate sobre monarquía o república, por ejemplo.
Presupuestos. El PP cree que deberían empezar a tramitarse lo antes posible e incluirse en el acuerdo e investidura. En 2015 el Gobierno del PP aprobó en solitario los de 2016 pero están pendientes los de 2017. "Hay que presentarlos antes del 1 de octubre, pero antes hay que prepararlos", ha explicado Rajoy en Bruselas. Son la clave para la estabilidad del futuro Gobierno, que tendrá que asumir las consecuencias por el incumplimiento del déficit.
Revisión del pacto de Toledo. El PP se opuso a la propuesta que el PSOE hizo durante la campaña para imponer un impuesto que financiara las pensiones. "Creemos que ahora no se trata de poner nuevos impuestos, sino de reducciones impositivas. Pero sí hay que hablar esta legislatura sobre cómo fomentar la natalidad para hacer sostenible el sistema", afirma Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas. Las medidas a tomar para garantizar las pensiones podrían formar parte también de la agenda negociadora.
Jorge Fernández-Díaz. Podría ser también una pieza en la negociación, especialmente después de que el Parlamento catalán haya destituido este miércoles al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por las grabaciones en las que conversa con el ministro del Interior sobre posibles acusaciones por corrupción que hagan "daño político" al soberanismo catalán.
Financiación autonómica. "Hay que revisarla este año para garantizar la sostenibilidad de las competencias autonómicas, especialmente, la sanidad, la educación y la asistencia social, para que el sistema sea lo menos fluctuante posible y prevea, de alguna manera, que una bajada de ingresos no corresponda una bajada de prestaciones", explica Levy. El PP incluye este asunto en la agenda negociadora con el PSOE, que gobierna en siete comunidades autónomas.
Educación. Teniendo en cuenta que varias comunidades autónomas se han negado a aplicar la LOMCE, el PP estaría dispuesto a buscar un consenso en materia educativa e incluirlo en los pactos para la investidura. "No se trata tanto de renunciar a la LOMCE como de modificar algunos aspectos sobre los que nos podamos poner de acuerdo", afirma Levy.
Mesa del Congreso. El pacto para investir a Rajoy podría incluir acuerdos para repartir la mesa del Congreso y que la presidencia volviera a ser ocupada por un socialista, como en la pasada legislatura.
Corrupción. Rajoy ha comentado en varias ocasiones que está dispuesto a estudiar "cualquier propuesta" de los partidos políticos en materia de regeneración y lucha contra la corrupción. El PP está abierto a revisar los aforamientos, aunque sin eliminarlos totalmente, porque recuerda Levy, "son una forma de evitar que las denuncias se conviertan en un arma política". "Me parece mucho más importante llegar a un acuerdo para que no haya indultos por corrupción".
Reforma laboral. El PSOE pactó derogarla con Ciudadanos el pasado febrero. El PP mantiene ahora que pueden hablar de medidas para impulsar la creación de puestos de trabajo, y apoyar a emprendedores o autónomos, pero rechaza su derogación. "Los datos de creación de empleo avalan esa reforma", afirma Levy.
Miguel González
Madrid / Bruselas, El País
Mariano Rajoy tiene prisa en ser investido presidente. Esta vez, al contrario de lo que sucedió tras las elecciones del 20-D, no esperará al encargo del Rey para formar Gobierno y ni siquiera a la constitución de las Cortes el próximo 19 de julio. A partir de este jueves se pondrá en contacto con los líderes de las fuerzas políticas —empezando por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez— para sondear su disponibilidad a apoyar, por activa (con el voto positivo) o por pasiva (con la abstención), su investidura.
En una conferencia de prensa en Bruselas, tras la cumbre europea dedicada a debatir las condiciones y consecuencias del Brexit, Rajoy ha argumentado esta premura, que contrasta con su parsimonia de los últimos seis meses, alegando que España lleva ya un largo periodo de Gobierno en funciones, un año entero sin presentarse un solo proyecto de ley y que los problemas apremian, empezando por la propia salida del Reino Unido de la UE y pasando por la elaboración de los presupuestos del próximo año, que deberían remitirse al Congreso antes del 1 de octubre. Todo ello requiere que haya Gobierno a finales de julio o principios de agosto como máximo.
Aunque el PSOE ya ha adelantado que no le facilitará su reelección con una abstención y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha repetido hasta la saciedad que no apoyará un Ejecutivo presidido por él, Rajoy está convencido de que esta vez no se topará con un no rotundo como el que recibió en diciembre pasado, ya que quien adopte esta posición se hará responsable ante la sociedad de una tercera e indeseable cita con las urnas. Rajoy sigue apostando por la gran coalición PP-PSOE, con la incorporación o no de Ciudadanos, que dotaría al Gobierno de estabilidad y amplio apoyo parlamentario para afrontar los grandes retos pendientes, pero insiste en que, si eso no es posible, se le permita gobernar en minoría, ya que no solo ha revalidado su victoria electoral, sino que la suya es la única fuerza política que ha mejorado sus resultados.
Solo una vez que explore la disposición de los restantes líderes políticos —una tarea que podría repartirse con la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría— y si esta fuera positiva, Rajoy formaría una comisión negociadora para discutir un programa de Gobierno para los próximos cuatro años e incluso la entrada en el Ejecutivo de representantes de otros partidos. "No se puede negociar nada con nadie si de entrada te dice: yo no quiero saber nada de usted", ha argumentado.
Rajoy no ha querido adelantar qué concesiones estaría dispuesto a realizar para ganarse el voto, o la abstención, de los socialistas, Ciudadanos o alguna otra fuerza política, pero ha reiterado la plena vigencia de la oferta de pactos de Estado que hizo tras las elecciones del 20-D (consolidación de la recuperación económica y de la creación de empleo; cumplimiento de los compromisos con Europa; sosteniemiento del Estado del bienestar; financiación autonómica; educación y lucha contra el terrorismo) y se ha mostrado dispuesto a escuchar otras propuestas, incidiendo "en los asuntos en los que puede haber acuerdo" y orillando aquellos en los "hay posiciones radicalmente diferentes". Aunque para él lo más importante es la voluntad de "cerrar cuanto antes" el periodo de bloqueo político de los últimos meses.
Estos son los principales elementos de la agenda negociadora, que el PP plantea todavía en términos muy genéricos:
Reforma constitucional. Mariano Rajoy dijo en su momento que estaría dispuesto a "hablar" de la reforma de la Constitución con el PSOE, pero "teniendo por adelantado muy claro para qué". El PP teme abrir "ese melón" por si Unidos Podemos aprovecha para plantear un debate sobre monarquía o república, por ejemplo.
Presupuestos. El PP cree que deberían empezar a tramitarse lo antes posible e incluirse en el acuerdo e investidura. En 2015 el Gobierno del PP aprobó en solitario los de 2016 pero están pendientes los de 2017. "Hay que presentarlos antes del 1 de octubre, pero antes hay que prepararlos", ha explicado Rajoy en Bruselas. Son la clave para la estabilidad del futuro Gobierno, que tendrá que asumir las consecuencias por el incumplimiento del déficit.
Revisión del pacto de Toledo. El PP se opuso a la propuesta que el PSOE hizo durante la campaña para imponer un impuesto que financiara las pensiones. "Creemos que ahora no se trata de poner nuevos impuestos, sino de reducciones impositivas. Pero sí hay que hablar esta legislatura sobre cómo fomentar la natalidad para hacer sostenible el sistema", afirma Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas. Las medidas a tomar para garantizar las pensiones podrían formar parte también de la agenda negociadora.
Jorge Fernández-Díaz. Podría ser también una pieza en la negociación, especialmente después de que el Parlamento catalán haya destituido este miércoles al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por las grabaciones en las que conversa con el ministro del Interior sobre posibles acusaciones por corrupción que hagan "daño político" al soberanismo catalán.
Financiación autonómica. "Hay que revisarla este año para garantizar la sostenibilidad de las competencias autonómicas, especialmente, la sanidad, la educación y la asistencia social, para que el sistema sea lo menos fluctuante posible y prevea, de alguna manera, que una bajada de ingresos no corresponda una bajada de prestaciones", explica Levy. El PP incluye este asunto en la agenda negociadora con el PSOE, que gobierna en siete comunidades autónomas.
Educación. Teniendo en cuenta que varias comunidades autónomas se han negado a aplicar la LOMCE, el PP estaría dispuesto a buscar un consenso en materia educativa e incluirlo en los pactos para la investidura. "No se trata tanto de renunciar a la LOMCE como de modificar algunos aspectos sobre los que nos podamos poner de acuerdo", afirma Levy.
Mesa del Congreso. El pacto para investir a Rajoy podría incluir acuerdos para repartir la mesa del Congreso y que la presidencia volviera a ser ocupada por un socialista, como en la pasada legislatura.
Corrupción. Rajoy ha comentado en varias ocasiones que está dispuesto a estudiar "cualquier propuesta" de los partidos políticos en materia de regeneración y lucha contra la corrupción. El PP está abierto a revisar los aforamientos, aunque sin eliminarlos totalmente, porque recuerda Levy, "son una forma de evitar que las denuncias se conviertan en un arma política". "Me parece mucho más importante llegar a un acuerdo para que no haya indultos por corrupción".
Reforma laboral. El PSOE pactó derogarla con Ciudadanos el pasado febrero. El PP mantiene ahora que pueden hablar de medidas para impulsar la creación de puestos de trabajo, y apoyar a emprendedores o autónomos, pero rechaza su derogación. "Los datos de creación de empleo avalan esa reforma", afirma Levy.
