ANÁLISIS / La marcha con muletas y sillas de ruedas: el conflicto por un bono
Periodista
"Ese mil boliviano no alcanza”, dice Julia Pari, quien se traslada en silla de ruedas. Se refiere a que el bono anual que percibe por su situación de discapacidad no le abastece para cubrir sus necesidades. Tiene 50 años y sostiene que es paralítica de nacimiento, de la cintura para abajo. "No es accidente, es de nacimiento”, precisa.
Ella es una de los discapacitados que está en la sede de Gobierno y que llegaron en marcha esta semana en busca de un bono de 500 bolivianos al mes.
El epicentro de la protesta estuvo en Cochabamba. Una alerta se dio el 19 de febrero cuando representantes de este sector se sacaron sangre y con ella escribieron carteles en los que exigieron un bono de 500 bolivianos mensuales.
El 21 de marzo partieron desde Cochabamba rumbo a La Paz, en una caminata que no estuvo exenta de obstáculos que sortear, desde problemas en la vía hasta las inclemencias del tiempo. Llegaron el 26 de abril pasado.
La CPE, la normativa
En el país hay una serie de normas y resoluciones a favor de las personas en situación de discapacidad. Todo parte de la Constitución Política del Estado, que tiene un capítulo al respecto.
La Carta Magna establece que toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: a ser protegido por su familia y por el Estado; a una educación y salud integral gratuita; a la comunicación en lenguaje alternativo; a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna; al desarrollo de sus potencialidades individuales.
También se establece, entre otros detalles, tareas en el nivel subnacional y municipal, como la promoción y desarrollo de proyectos y políticas en beneficio de este sector.
En 2004, según la Defensoría del Pueblo, el Estado junto a las organizaciones de personas con discapacidad impulsaron la puesta en marcha del decreto 27477, con el que se busca garantizar que un 4% del total de empleados de cada entidad gubernamental o privadas sean personas con discapacidad.
En 2014, la Defensoría estableció que cerca de los 270 puestos de trabajo en entidades gubernamentales "deberían estar ejercidos por personas con discapacidad; sin embargo, 32% de esos cargos no tienen esa titularidad”.
Un punto importante en este conflicto es la Ley 3925, del 21 de agosto de 2008, que elimina el financiamiento estatal a los partidos políticos y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad, financiado con un aporte anual de 40 millones de bolivianos.
En la actualidad -según explicaron autoridades del Gobierno en su momento- la mitad de esos recursos son destinados a un fondo para pagar el bono anual que reciben los discapacitados y el resto es destinado a programas en beneficio del sector.
Si hay normativa y hay hasta un fondo para atender a ese sector. ¿Por qué se desató el conflicto? "Puede estar muy clara la ley, la política, el mayor problema es la implementación. Yo creo que hay problemas en la implementación”, explica la adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico.
Bono, PIB y publicidad
Las personas con discapacidad demandan un bono de 500 bolivianos por mes, lo que equivale a 6.000 bolivianos anuales por persona. Según el Ministerio de Economía, en la actualidad la Renta Solidaria se paga a 22.112 personas, que están en situación de discapacidad grave y muy grave.
La demanda del sector es que se cree un bono, el cual se pague a 61.447 personas. Los cálculos muestran que el Estado requerirá 30.723.500 de bolivianos para pagar cada mes el bono. Por año se estima se requerirá 368 millones de bolivianos.
El economista Julio Alvarado efectuó un cálculo para Ideas sobre lo que representa ese monto en torno a varios indicadores.
¿En relación al PIB a cuánto equivale esa cantidad de recursos? "El Producto Interno Bruto de Bolivia 2016 asciende a unos 262,463,600,000 de bolivianos. El bono representa un 0,14% del PIB”, explica el especialista.
Otro dato de Alvarado: "El Presupuesto General de la Administración Pública 2016 asciende a 217,139,563,218 de bolivianos. El bono representaría un 0,17% del Presupuesto”.
Pero la relación más interesante que hace este especialista es la referida a los montos en que el Ejecutivo gasta en publicidad. "El gobierno del presidente Evo Morales utilizó 180 millones de bolivianos para la publicidad durante el año 2015, lo que representa un poco menos del 50% del bono”, explica.
Otras experiencias
En otros países de la región se creó, por ejemplo, la figura de la "empresa promocional” que debe estar formada por personas discapacitadas hasta un determinado porcentaje para poder existir; además se dan facilidades para la importación de vehículos especiales y descuentos del costo de entradas para las actividades deportivas, culturales y recreativas de hasta 50% en las actividades organizadas por el Estado.
Respecto a una renta, por ejemplo, en Uruguay hay una pensión por invalidez mensual, la cual está destinada a personas que se encuentran incapacitadas en forma absoluta para todo trabajo (más detalles ver los cuadros adjuntos).
En el caso del conflicto entre los discapacitados y el Ejecutivo, el meollo está centrado en dos posturas: la demanda del bono de parte del sector y la negativa del Gobierno a ello. ¿Se pueden plantear alternativas de solución?
"Yo creo que hay que escuchar a las organizaciones. Estas están trabajando alternativas. No debe haber posiciones cerradas, sino apertura para escuchar. Ellos están trabajando. Han trabajado técnicamente algunas alternativas de propuesta”, sostiene Sillerico.
En ese marco, considera que el mayor problema que padecen las personas con discapacidad tiene que ver precisamente con el acceso al derecho al trabajo. "No tienen un ingreso económico estable”, comenta.
"A mí me parece fundamental pedir a las autoridades que abran una mesa de diálogo y escuchen, porque si han llegado a la sede de Gobierno es para hacer conocer sus propuestas (...). Hay que dialogar y ver alternativas”, afirma.
Un "rally” de creatividad y capacidad de propuesta
Por Enrique Velazco R. , científico boliviano
A lo largo del día, hemos oído desde las autoridades que conceder el bono a los marchistas pondría en riesgo toda la estabilidad económica y rompería el equilibrio fiscal.
Aceptando como cierto que pagar el bono implica 396 millones de bolivianos anuales (para 61.500 personas), el hecho es que ese total significa 0,15% del PIB; 0,25% de las Operaciones Consolidadas del Sector Público No Financiero; 0,37% de las Operaciones Consolidadas del Gobierno General; o, finalmente, 0,7% de las recaudaciones tributarias en el mercado interno.
Es decir, no parecería imposible hacer algunos ajustes que permitirían disponer de los recursos necesarios.
Propongo que hagamos un listado de posibles "fuentes razonables y fundamentadas” de las cuales se podrían extraer –aplicando principios y valores de equidad, solidaridad, justicia y racionalidad– los recursos que harían falta para responder en algo a la dramática realidad de las personas con capacidades diferentes.
Ya han aparecido muchas, como:
• Poner techos tope a los viajes y gastos en propaganda oficial.
• Que los saldos no ejecutados en cada gestión no vayan al "Evo Cumple”, sino a un Fondo Especial.
• Que la coca pague impuestos.
• Prohibición de comprar vehículos de lujo para servicio oficial, etc.
También aparecen otros que implican poner en práctica la equidad y la igualdad entre bolivianos:
• Que las condiciones de jubilación de los militares sean iguales a las de los trabajadores "normales” que han aportado toda su vida.
• Que las recaudaciones impositivas en el mercado interno se ajusten estrictamente a planes plurianuales de gasto, entre los cuales un 0,1% tenga como destino aportar al bono.
• Eliminar todos los pagos a suplentes en la ALP, asambleas departamentales y concejos municipales;
• Dar una parte del bono en especie, estableciendo bancos de medicamentos genéricos para ciertas terapias comunes, o acordando con algún fabricante nacional la producción especializada de pañales a menor costo, etc.
Se pueden encontrar soluciones realistas; por supuesto, "alguienes” verán afectados sus intereses (o sus egos), pero el bien mayor… es el bien mayor.
El panorama sobre el tema en Perú
Entre las medidas que hay en Perú para favorecer a los discapacitados están: la vivienda para la persona con discapacidad, descuentos en el costo de las entradas para actividades deportivas, culturales y recreativas.
Sobre esto último, la persona en situación de discapacidad tiene un descuento de hasta el 50% en las entradas a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos que organicen instancias del Estado.
En la normativa del vecino país también se contempla la "empresa promocional de persona con discapacidad”, que es aquella que debe contar, por lo menos, con un 30% de personal con discapacidad. En ese marco, también se establece que en los procesos de contratación de bienes, servicios u obras convocados por entidades públicas, "la empresa promocional de personas con discapacidad tiene preferencia en el caso de empate entre dos o más propuestas”.
El caso de Uruguay y su sistema
En Uruguay se creó un sistema de protección integral. Según la normativa de aquel país este mecanismo es para asegurarles a los discapacitados atención médica, educación; rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional; y su cobertura de seguridad social.
De igual forma se establece beneficios, prestaciones y estímulos "que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”.
En el ordenamiento legal se contempla la pensión mensual por invalidez; además se establece "ayudas especiales” , que se trata de contribuciones económicas destinadas a favorecer la inserción social, educativa y cultural, así como la rehabilitación de niños y adultos con discapacidad a través de servicios.
Argentina y sus facilidades
Entre las medidas que hay en este país a favor de las personas en situación de discapacidad están el empleo en la administración pública, según solesdebuenosaires.org.ar.
En ese portal web se establece que la persona en situación de discapacidad tiene el derecho a un empleo en la administración pública, en los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, en las empresas del Estado, las empresas privatizadas, en las empresas concesionarias de servicios públicos, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en los gobiernos provinciales y las municipalidades.
También se contempla la pensión no contributiva por invalidez y los viajes gratuitos. Sobre esto último, según el portal, los discapacitados tienen el derecho a viajar de forma gratuita en todas las líneas del transporte público terrestre y en distintos tipos de transportes públicos.
Chile y su política de inclusión
Chile lleva adelante la Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Ese país tiene varias medidas en favor de las personas con discapacidad.
Entre ellas están la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, los beneficios arancelarios y tributarios importación de vehículos, las ayudas técnicas, y el subsidio para las personas con discapacidad mental que son menores de 18 años.
"Ley vigente a contar del 1º de julio de 2008, establece un subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere la Ley Nº18.600, menores de 18 años de edad”, dice el portal senadis.gob.cl.
Una de las particularidades del caso chileno son los fondos concursables para educación, salud e inclusión laboral, que permiten acceder a financiamiento total o parcial de proyectos para desarrollar actividades ligadas a esos mismos ámbitos.
