Bolivia: Razones para dejar bajo tierra los hidrocarburos de las áreas protegidas

Mirna Inés Fernández Pradel*/ Kuala terengganu, Malasia
Luego de la celebración del acuerdo climático de París en diciembre de 2015, el mundo espera que los gobiernos de los países firmantes comiencen a tomar acciones para acabar con la era de los combustibles fósiles e iniciar una que esté dirigida hacia las energías alternativas. Pero sin presión de la sociedad civil esto simplemente no va a suceder.


Por este motivo, en mayo del presente año, voces de todo el mundo se unirán en una campaña global llamada Libérate de los combustibles fósiles, en la cual se denunciarán las razones por las cuales es necesario que la transición a energías limpias sea rápida y efectiva.

Bolivia es un caso especial. Es un país megadiverso. Culturas y paisajes cubren el territorio nacional con pinceladas de colores distintos. En esa diversidad yace la magia que nos identifica y de ella dependen todas las formas de vida.

Para lograr la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en el país hay varias estrategias. La más efectiva ha probado ser la conservación in situ. Esto significa proteger la biodiversidad en su lugar de origen.

Esto es más fácil que tratar de restaurar la biodiversidad cuando el lugar que la albergaba está destruido por las actividades humanas. Las áreas protegidas son actualmente el centro de una estrategia nacional de conservación in situ.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se estableció en 1992. Está compuesto por 22 áreas protegidas de carácter nacional que cubren el 15% del territorio boliviano. Ellas albergan algunos, y sólo algunos, de los paisajes más pintorescos de Bolivia.

Con sus ventajas y desventajas, el SNAP sigue funcionando. Es difícil mantener áreas protegidas cuando la agenda de conservación no es una prioridad nacional. En alguna oportunidad, el presidente Evo Morales alegó que "los países del norte quieren que nosotros seamos sus guardabosques (porque) ellos destrozaron su medioambiente y (ahora quieren que) nosotros se lo cuidemos”.

Pero en las cumbres internacionales del clima la posición boliviana sigue siendo la defensa de los derechos de la Madre Tierra. El discurso de la protección de la Madre Tierra y el de la descolonización deberían estar de la mano, jamás peleados.

Una buena estrategia de conservación nace de los gobiernos y organizaciones locales. De esta forma traspasa las fronteras nacionales y se enfoca en un desarrollo sostenible regional, que respete todas las formas de vida y culturas implicadas en el paisaje por conservar.

El marco legal y la biodiversidad

En mayo de 2015 el Gobierno boliviano emitió un decreto supremo que autoriza la prospección petrolera en áreas protegidas. El Decreto Supremo 2366 da luz verde para "el desarrollo de las actividades de exploración de hidrocarburos en las diferentes zonas y categorías dentro de las áreas protegidas”.

La norma establece que solamente el 1% de la inversión petrolera o gasífera será depositada para el mantenimiento del área protegida. La citada es parte de un conjunto de medidas gubernamentales que va en la misma dirección, como el Decreto Supremo 2298, que recorta en buena medida el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en cuanto a la explotación y exploración hidrocarburífera. Asimismo, el Decreto Supremo 2368 declara a los ductos para el transporte de hidrocarburos como una actividad de necesidad nacional.

Como el titular de la Defensoría del Pueblo, Rolando Villena, mencionó, esta normativa vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígena originario campesinos y omite el compromiso de Bolivia en varios tratados internacionales.

De acuerdo con información del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la aplicación de este decreto afectará parques como el Madidi, TIPNIS y Pilón Lajas, cuyos contratos petroleros se encontraban en una especie de statu quo y que, por acción del decreto, el inicio de operaciones exploratorias sería inminente.

Como resultante, tendremos 11 de las 22 áreas protegidas de carácter nacional amenazadas por la actividad hidrocarburífera.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN-ANMI Madidi), por ejemplo, está situado en la región de los Andes Tropicales, el lugar más biodiverso del planeta. Entre otras especies, el área alberga aproximadamente al 11% de todas las aves conocidas, de acuerdo con la información del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Wildlife Conservation Society (WCS).

No es un lugar donde las actividades extractivas deberían ser priorizadas. El ecoturismo y la promoción de energías limpias pueden satisfacer las necesidades locales mientras se generan beneficios económicos para el Estado y se empodera a las comunidades que viven dentro del área.

Más que importante, es un deber moral de cualquier gobierno hacer públicos los pros y contras de actividades extractivas en áreas protegidas a toda la sociedad civil. Esto implica a las comunidades que viven en el interior de ellas, pero también a la ciudadanía en general, pues las áreas protegidas de carácter nacional son patrimonio de todos los bolivianos.

Desde este punto de vista, los contras son tantos que ésta ni siquiera debería considerarse como una opción de desarrollo. No cuando el objetivo es implementar un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza y con las comunidades que dependen de ella.

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