Cantaleta o no, ¿qué es el neoliberalismo?
Para ser consecuentes con el discurso antineoliberal, tenemos mucho que corregir, dice el autor.
Enrique Velazco Reckling
investigador en desarrollo productivo
Con el creciente carácter plebiscitario que se está dando al referendo constitucional en torno a la imagen del presidente Morales y de la gestión de su gobierno, aumenta la frecuencia en el uso de "neoliberal” y "neoliberalismo” en los discursos y arengas, aunque con grandes diferencias semánticas y conceptuales. La fuerte ideologización y la carga de subjetividad en estas palabras está afectando negativamente la posibilidad de un serio debate sobre temas relevantes para el desarrollo.
De hecho, el uso más frecuente de "neoliberal” es como adjetivo "descalificador” de toda persona con opinión contraria o crítica a las políticas oficiales. Por ello, precisar el concepto de neoliberalismo tiene que ser parte de la profunda reflexión a la que el presidente Morales ha convocado luego de conocerse los resultados políticos en Argentina y Venezuela.
Se asocia conceptualmente el neoliberalismo al llamado Consenso de Washington (CW), que es un listado de 10 lineamientos de políticas en lo comercial, fiscal, monetario, financiero y productivo. Sin embargo, el CW no podría ser la definición de neoliberalismo en el proceso boliviano, a menos que aceptemos que la Constitución Política del Estado Plurinacional es neoliberal: con excepción de la privatización de empresas públicas, todo el decálogo del CW está incorporado en la CPE.
Tampoco son útiles ni orientadoras las manifestaciones del "antineoliberalismo” que estaría expresada en el control de la propiedad de los recursos naturales: primero, para los grandes capitalistas, el negocio no es tener los recursos naturales porque les es suficiente controlar el mercado y, segundo, hay muchas economías autodeclaradas (neo)liberales que controlan sus recursos. Lo mismo con la participación del Estado en la economía, como productor o regulador: hay muchos ejemplos de economías capitalistas con poderosas empresas públicas y de enormes intervenciones en mercados. Por último, los programas de subvenciones y las transferencias asistenciales son distintivas del "estado de bienestar” en economías centrales desde la Gran Depresión; paradójicamente, en el resto del mundo y en América Latina, en particular, muchos de estos programas han sido impulsados por el Banco Mundial (por cierto, no antineoliberal) como parte de las "estructuras de goteo” diseñadas para dar aire y estabilidad social a modelos económicos (neo)liberales.
En resumen, estas políticas -comúnmente asociadas al neoliberalismo- ni lo definen ni lo caracterizan. Pueden incluso ser instrumentos útiles de política en contextos específicos, al margen de la orientación ideológica del Estado: por ejemplo, el gasto fiscal descontrolado o el aislamiento comercial no son recomendables ni a socialistas ni a capitalistas. Pero, centrar el (falso) debate en estas políticas, oculta los verdaderos principios doctrinales del neoliberalismo: a) la distribución del ingreso con superioridad del capital sobre el trabajo; y b) que la oferta en el mercado determina los niveles de empleo y de los salarios.
En términos simples, el primer principio significa que, en la visión neoliberal, los aportes del trabajo y del capital a la creación del ingreso, deben ser remunerados según su valor relativo en el mercado, pero asume que el capital es el factor escaso y el trabajo el factor abundante, de manera que el capital es más importante y debe ser mejor remunerado que el trabajo.
Con este principio, los modelos neoliberales de crecimiento siempre privilegian la inversión (el capital), y menosprecian el aporte del trabajo y la creatividad de las personas como la fuente de creación de valor. Por ello, en las economías menos desarrolladas se fomenta el extractivismo rentista y en las avanzadas la financiarización; en general, privilegian el control de la inflación para preservar el valor de activos financieros.
Por el segundo principio, la dinámica económica está determinado por la oferta (generada con inversión); el mercado asegura la demanda "ajustando” los precios, incluidos los salarios; es decir, a mayor oferta bajan los precios, de manera que para permanecer en el mercado, es "legítimo” que las empresas reduzcan el empleo o los salarios. Se acepta que existe una tasa natural de desempleo, lo que justifica políticamente el desempleo y debilita la posición de los sindicatos y trabajadores; apoya el uso de tecnologías intensivas en capital, impulsando tasas de interés reales más altas, que benefician al sector financiero y a los dueños del capital. Un resultado es la terciarización del trabajo industrial hacia economías con salarios bajos.
Como efecto de estos principios, a partir de la década de los años 80, en las economías mundiales hay una sistemática y generalizada caída de la participación de la remuneración al trabajo en la distribución primaria del ingreso, una creciente concentración de la riqueza y una fuerte precarización del empleo. En Bolivia se han acentuado el extractivismo y la financiarización; controlar la inflación es la prioridad de las políticas macroeconómicas; el auto-empleo y la precarización del empleo aumentan; y la participación de los asalariados en la distribución del PIB fue del 34% en 1990, sube al 36% en 2000 y cae al 28% en 2014.
Fuera de estos principios, una economía efectivamente "anti-pos” neoliberal -una economía para la gente-, construiría su modelo de crecimiento sobre la base del trabajo, el esfuerzo y la creatividad del ser humano como fuente de la creación de valor, y de las personas como destinatarias directas y finales de los beneficios del crecimiento. Esto implica que el empleo digno debe ser la base del crecimiento -con el capital como un medio y no como un fin- y de la lucha contra la pobreza, y no el (imposible) resultado de políticas asistenciales.
En consecuencia, parece que para ser consecuentes con el discurso antineoliberal, tenemos mucho que corregir. Y quienes usen el término simplemente para descalificar a personas y opiniones, deberán mostrar que el actual modelo no está -peligrosamente- cerca de calificar como doctrinalmente neoliberal. De otra manera, Carlos Mesa tendría razón con lo de la cantaleta, ¿o no?
investigador en desarrollo productivo
Con el creciente carácter plebiscitario que se está dando al referendo constitucional en torno a la imagen del presidente Morales y de la gestión de su gobierno, aumenta la frecuencia en el uso de "neoliberal” y "neoliberalismo” en los discursos y arengas, aunque con grandes diferencias semánticas y conceptuales. La fuerte ideologización y la carga de subjetividad en estas palabras está afectando negativamente la posibilidad de un serio debate sobre temas relevantes para el desarrollo.
De hecho, el uso más frecuente de "neoliberal” es como adjetivo "descalificador” de toda persona con opinión contraria o crítica a las políticas oficiales. Por ello, precisar el concepto de neoliberalismo tiene que ser parte de la profunda reflexión a la que el presidente Morales ha convocado luego de conocerse los resultados políticos en Argentina y Venezuela.
Se asocia conceptualmente el neoliberalismo al llamado Consenso de Washington (CW), que es un listado de 10 lineamientos de políticas en lo comercial, fiscal, monetario, financiero y productivo. Sin embargo, el CW no podría ser la definición de neoliberalismo en el proceso boliviano, a menos que aceptemos que la Constitución Política del Estado Plurinacional es neoliberal: con excepción de la privatización de empresas públicas, todo el decálogo del CW está incorporado en la CPE.
Tampoco son útiles ni orientadoras las manifestaciones del "antineoliberalismo” que estaría expresada en el control de la propiedad de los recursos naturales: primero, para los grandes capitalistas, el negocio no es tener los recursos naturales porque les es suficiente controlar el mercado y, segundo, hay muchas economías autodeclaradas (neo)liberales que controlan sus recursos. Lo mismo con la participación del Estado en la economía, como productor o regulador: hay muchos ejemplos de economías capitalistas con poderosas empresas públicas y de enormes intervenciones en mercados. Por último, los programas de subvenciones y las transferencias asistenciales son distintivas del "estado de bienestar” en economías centrales desde la Gran Depresión; paradójicamente, en el resto del mundo y en América Latina, en particular, muchos de estos programas han sido impulsados por el Banco Mundial (por cierto, no antineoliberal) como parte de las "estructuras de goteo” diseñadas para dar aire y estabilidad social a modelos económicos (neo)liberales.
En resumen, estas políticas -comúnmente asociadas al neoliberalismo- ni lo definen ni lo caracterizan. Pueden incluso ser instrumentos útiles de política en contextos específicos, al margen de la orientación ideológica del Estado: por ejemplo, el gasto fiscal descontrolado o el aislamiento comercial no son recomendables ni a socialistas ni a capitalistas. Pero, centrar el (falso) debate en estas políticas, oculta los verdaderos principios doctrinales del neoliberalismo: a) la distribución del ingreso con superioridad del capital sobre el trabajo; y b) que la oferta en el mercado determina los niveles de empleo y de los salarios.
En términos simples, el primer principio significa que, en la visión neoliberal, los aportes del trabajo y del capital a la creación del ingreso, deben ser remunerados según su valor relativo en el mercado, pero asume que el capital es el factor escaso y el trabajo el factor abundante, de manera que el capital es más importante y debe ser mejor remunerado que el trabajo.
Con este principio, los modelos neoliberales de crecimiento siempre privilegian la inversión (el capital), y menosprecian el aporte del trabajo y la creatividad de las personas como la fuente de creación de valor. Por ello, en las economías menos desarrolladas se fomenta el extractivismo rentista y en las avanzadas la financiarización; en general, privilegian el control de la inflación para preservar el valor de activos financieros.
Por el segundo principio, la dinámica económica está determinado por la oferta (generada con inversión); el mercado asegura la demanda "ajustando” los precios, incluidos los salarios; es decir, a mayor oferta bajan los precios, de manera que para permanecer en el mercado, es "legítimo” que las empresas reduzcan el empleo o los salarios. Se acepta que existe una tasa natural de desempleo, lo que justifica políticamente el desempleo y debilita la posición de los sindicatos y trabajadores; apoya el uso de tecnologías intensivas en capital, impulsando tasas de interés reales más altas, que benefician al sector financiero y a los dueños del capital. Un resultado es la terciarización del trabajo industrial hacia economías con salarios bajos.
Como efecto de estos principios, a partir de la década de los años 80, en las economías mundiales hay una sistemática y generalizada caída de la participación de la remuneración al trabajo en la distribución primaria del ingreso, una creciente concentración de la riqueza y una fuerte precarización del empleo. En Bolivia se han acentuado el extractivismo y la financiarización; controlar la inflación es la prioridad de las políticas macroeconómicas; el auto-empleo y la precarización del empleo aumentan; y la participación de los asalariados en la distribución del PIB fue del 34% en 1990, sube al 36% en 2000 y cae al 28% en 2014.
Fuera de estos principios, una economía efectivamente "anti-pos” neoliberal -una economía para la gente-, construiría su modelo de crecimiento sobre la base del trabajo, el esfuerzo y la creatividad del ser humano como fuente de la creación de valor, y de las personas como destinatarias directas y finales de los beneficios del crecimiento. Esto implica que el empleo digno debe ser la base del crecimiento -con el capital como un medio y no como un fin- y de la lucha contra la pobreza, y no el (imposible) resultado de políticas asistenciales.
En consecuencia, parece que para ser consecuentes con el discurso antineoliberal, tenemos mucho que corregir. Y quienes usen el término simplemente para descalificar a personas y opiniones, deberán mostrar que el actual modelo no está -peligrosamente- cerca de calificar como doctrinalmente neoliberal. De otra manera, Carlos Mesa tendría razón con lo de la cantaleta, ¿o no?
