¿Naciones del Reino Unido de España?
El acomodo de Cataluña o el País Vasco en España puede girar alrededor del concepto nación, pero como todas las palabras, esta está cargada de interpretaciones y de política
José Luis Barbería, El País
“Yo me comprometería a alcanzar un acuerdo de reforma constitucional con el PSOE en 48 horas”, asegura el diputado del Partido Popular Gabriel Elorriaga. “La democracia española requiere reformas profundas. No hace falta una causa general sobre la Constitución, pero hay que dar un impulso de reacción democrática y avanzaremos mucho castigando con rapidez a los que roban. Debemos dar la batalla por la reforma constitucional, combatir la narrativa victimista y del privilegio”, enfatiza Ignacio Astarloa, ex secretario de Estado para la Seguridad y profesor de Derecho Constitucional.
EL PP no está en contra de la reforma, no, al menos, de una cierta reforma constitucional, aunque en pleno desafío secesionista y a pocas semanas de las elecciones generales, no ve condiciones políticas para darle su espaldarazo. “Lo que veo es un debate nacionalista sobre cómo burlar al Tribunal Constitucional, veo que el reconocimiento de la identidad y la lengua y todos los recursos que los españoles pusimos en 1978 han sido utilizados no para la integración sino para fabricar independentistas”, afirma Elorriaga. Los populares temen que un gesto de su parte sea interpretado como concesión al chantaje independentista y desconfían, además, de la utilización del término nación, el concepto totémico sobre el que los nacionalismos catalán y vasco erigen un pretendido derecho a la formación de un Estado. No pocos juristas que buscan una salida constitucional a la actual situación inspirándose en la fórmula “suficiente para Cataluña y aceptable para España” creen, sin embargo, que la palabra nación debe hacerse explícita por el alto valor simbólico que posee en los nacionalismos catalán y vasco, aunque convenientemente desacralizada y formulada en clave cultural.
“El concepto de nación ha sido reformulado y modernizado profundamente. De hecho, el Consejo de Europa dice que no es un concepto político, fundamento de la soberanía, sino un sentimiento personal de pertenencia a una comunidad cultural, lingüística o de otro tipo. Eso significa que una comunidad asentada en un territorio puede incluir a personas con diferentes sentimientos de pertenencia nacional y que es perfectamente posible compatibilizar el sentimiento de pertenencia a una nación cultural y a la nación cívica que la integra”, explica Alberto López Basaguren, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. En la sentencia del 31/2010 del 28 de junio en la que abordó la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional ya rebatió en un tono seco y contundente el concepto político de nación que manejan los nacionalistas: “De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido, la Constitución no conoce otra que la nación española”.
Francisco Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado, abunda en esos fundamentos: “Un pilar clave de la reforma es ponerse de acuerdo sobre lo que entendemos por nación española. No habría inconveniente en aceptar que Cataluña es una realidad nacional, pero siempre que se entendiera por nación una entidad que no implique el derecho a la creación de un Estado. Al igual que Reino Unido, España englobaría a una serie de naciones que llevan siglos viviendo juntas. La Constitución actual ya da a entender que somos una nación de naciones aunque me parece que no se ha hecho pedagogía sobre eso”, apostilla. El gran jurista toca así el nervio de lo que algunos constitucionalistas proponen como mito fundacional del España: la existencia de una nación mayoritaria y otras minoritarias que quieren vivir juntas.
El tiempo ha venido a demostrar que la definición de España como “nación de naciones”, alumbrada en su día por el ensayista Anselmo Carretero, fue un hallazgo feliz que desde el punto de vista técnico-jurídico permite ahora abordar sin tanto estrépito el carácter plurinacional del Estado. Pero otra cosa es la reacción política del sistema y de la opinión pública. ¿Resultaría escandaloso establecer en el Título Preliminar de la nueva Constitución que España es un Estado plurinacional que integra las realidades nacionales de Cataluña y el País Vasco o, como en el caso de Quebec, serviría una solemne resolución parlamentaria proclamando que los quebequeses (catalanes y vascos) constituyen una nación dentro de Canadá (España)? Tampoco José María Gil Robles, expresidente del Parlamento Europeo y dirigente del PP, vería un problema en el término nación si quedara circunscrito al ámbito simbólico. “Esa imagen como de las muñecas rusas: Cataluña dentro de España, España dentro de Europa, me parece estupenda”, comenta. Al igual que otros políticos del PP, recela de las propuestas de crear estatutos específicos para Cataluña y Euskadi. “Cuando se quieren crear españoles de primera es porque va a haber españoles de segunda”, indica.
Es la asimetría, derivada de la singularidad, la que puede hacer descarrillar el proyecto de reforma pese a que la gran mayoría de los juristas descartan que la particularidad pueda traducirse en privilegios o ventajas económicas en una España federal. “Todo federalismo tiene partes heterogéneas, pero una cosa son las asimetrías de facto y otras las de iure (por derecho), que como en el caso del régimen foral permiten establecer diferencias estructurales”, apunta Josep Maria Castellá. “La singularidad de Cataluña y Euskadi debería estar acompañada de un trato competencial diferencial. Ampliar las competencias exclusivas o concurrentes en materias como la organización territorial, educación, cultura, justicia, régimen de lengua propia, derecho civil o seguridad no tiene por qué verse como privilegio, pero sí, se trata de una cuestión delicada”, admite Joaquín Tornos, jurista catalán que forma parte del grupo de expertos consultados por el PSOE. Autor de un ensayo comparativo Escocia-Cataluña, Joaquín Tornos se suma al numeroso grupo de constitucionalistas que respaldan la aplicación del principio de ordinalidad financiera y plantean un nuevo cálculo del cupo vasco para que también Euskadi dé cumplida cuenta de la solidaridad. Aunque muchos de ellos consideran que el régimen foral es un cuerpo extraño al constitucionalismo, pocos reclaman en estos momentos la eliminación del Concierto Económico Vasco y del Convenio navarro.
Precisamente, mientras el secesionismo catalán declara infructuosa la reforma, el nacionalismo vasco emite señales de que quiere estar presente en los consensos que vayan labrándose. En los foros de debate, el representante de la ejecutiva del PNV Iñaki Goikoetxea transmite la idea de que su partido busca un acomodo razonable en el futuro marco constitucional. Se trata de conjurar el riesgo de que las autonomías fiscales vasca y navarra acaben pagando los platos rotos, pero no deja de ser revelador que el nacionalismo vasco asuma el concepto de la “España plurinacional” y no rechace negociar en términos de solidaridad el montante del cupo.
“Yo me comprometería a alcanzar un acuerdo de reforma constitucional con el PSOE en 48 horas”, asegura el diputado del Partido Popular Gabriel Elorriaga. “La democracia española requiere reformas profundas. No hace falta una causa general sobre la Constitución, pero hay que dar un impulso de reacción democrática y avanzaremos mucho castigando con rapidez a los que roban. Debemos dar la batalla por la reforma constitucional, combatir la narrativa victimista y del privilegio”, enfatiza Ignacio Astarloa, ex secretario de Estado para la Seguridad y profesor de Derecho Constitucional.
EL PP no está en contra de la reforma, no, al menos, de una cierta reforma constitucional, aunque en pleno desafío secesionista y a pocas semanas de las elecciones generales, no ve condiciones políticas para darle su espaldarazo. “Lo que veo es un debate nacionalista sobre cómo burlar al Tribunal Constitucional, veo que el reconocimiento de la identidad y la lengua y todos los recursos que los españoles pusimos en 1978 han sido utilizados no para la integración sino para fabricar independentistas”, afirma Elorriaga. Los populares temen que un gesto de su parte sea interpretado como concesión al chantaje independentista y desconfían, además, de la utilización del término nación, el concepto totémico sobre el que los nacionalismos catalán y vasco erigen un pretendido derecho a la formación de un Estado. No pocos juristas que buscan una salida constitucional a la actual situación inspirándose en la fórmula “suficiente para Cataluña y aceptable para España” creen, sin embargo, que la palabra nación debe hacerse explícita por el alto valor simbólico que posee en los nacionalismos catalán y vasco, aunque convenientemente desacralizada y formulada en clave cultural.
“El concepto de nación ha sido reformulado y modernizado profundamente. De hecho, el Consejo de Europa dice que no es un concepto político, fundamento de la soberanía, sino un sentimiento personal de pertenencia a una comunidad cultural, lingüística o de otro tipo. Eso significa que una comunidad asentada en un territorio puede incluir a personas con diferentes sentimientos de pertenencia nacional y que es perfectamente posible compatibilizar el sentimiento de pertenencia a una nación cultural y a la nación cívica que la integra”, explica Alberto López Basaguren, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. En la sentencia del 31/2010 del 28 de junio en la que abordó la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional ya rebatió en un tono seco y contundente el concepto político de nación que manejan los nacionalistas: “De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido, la Constitución no conoce otra que la nación española”.
Francisco Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado, abunda en esos fundamentos: “Un pilar clave de la reforma es ponerse de acuerdo sobre lo que entendemos por nación española. No habría inconveniente en aceptar que Cataluña es una realidad nacional, pero siempre que se entendiera por nación una entidad que no implique el derecho a la creación de un Estado. Al igual que Reino Unido, España englobaría a una serie de naciones que llevan siglos viviendo juntas. La Constitución actual ya da a entender que somos una nación de naciones aunque me parece que no se ha hecho pedagogía sobre eso”, apostilla. El gran jurista toca así el nervio de lo que algunos constitucionalistas proponen como mito fundacional del España: la existencia de una nación mayoritaria y otras minoritarias que quieren vivir juntas.
El tiempo ha venido a demostrar que la definición de España como “nación de naciones”, alumbrada en su día por el ensayista Anselmo Carretero, fue un hallazgo feliz que desde el punto de vista técnico-jurídico permite ahora abordar sin tanto estrépito el carácter plurinacional del Estado. Pero otra cosa es la reacción política del sistema y de la opinión pública. ¿Resultaría escandaloso establecer en el Título Preliminar de la nueva Constitución que España es un Estado plurinacional que integra las realidades nacionales de Cataluña y el País Vasco o, como en el caso de Quebec, serviría una solemne resolución parlamentaria proclamando que los quebequeses (catalanes y vascos) constituyen una nación dentro de Canadá (España)? Tampoco José María Gil Robles, expresidente del Parlamento Europeo y dirigente del PP, vería un problema en el término nación si quedara circunscrito al ámbito simbólico. “Esa imagen como de las muñecas rusas: Cataluña dentro de España, España dentro de Europa, me parece estupenda”, comenta. Al igual que otros políticos del PP, recela de las propuestas de crear estatutos específicos para Cataluña y Euskadi. “Cuando se quieren crear españoles de primera es porque va a haber españoles de segunda”, indica.
Es la asimetría, derivada de la singularidad, la que puede hacer descarrillar el proyecto de reforma pese a que la gran mayoría de los juristas descartan que la particularidad pueda traducirse en privilegios o ventajas económicas en una España federal. “Todo federalismo tiene partes heterogéneas, pero una cosa son las asimetrías de facto y otras las de iure (por derecho), que como en el caso del régimen foral permiten establecer diferencias estructurales”, apunta Josep Maria Castellá. “La singularidad de Cataluña y Euskadi debería estar acompañada de un trato competencial diferencial. Ampliar las competencias exclusivas o concurrentes en materias como la organización territorial, educación, cultura, justicia, régimen de lengua propia, derecho civil o seguridad no tiene por qué verse como privilegio, pero sí, se trata de una cuestión delicada”, admite Joaquín Tornos, jurista catalán que forma parte del grupo de expertos consultados por el PSOE. Autor de un ensayo comparativo Escocia-Cataluña, Joaquín Tornos se suma al numeroso grupo de constitucionalistas que respaldan la aplicación del principio de ordinalidad financiera y plantean un nuevo cálculo del cupo vasco para que también Euskadi dé cumplida cuenta de la solidaridad. Aunque muchos de ellos consideran que el régimen foral es un cuerpo extraño al constitucionalismo, pocos reclaman en estos momentos la eliminación del Concierto Económico Vasco y del Convenio navarro.
Precisamente, mientras el secesionismo catalán declara infructuosa la reforma, el nacionalismo vasco emite señales de que quiere estar presente en los consensos que vayan labrándose. En los foros de debate, el representante de la ejecutiva del PNV Iñaki Goikoetxea transmite la idea de que su partido busca un acomodo razonable en el futuro marco constitucional. Se trata de conjurar el riesgo de que las autonomías fiscales vasca y navarra acaben pagando los platos rotos, pero no deja de ser revelador que el nacionalismo vasco asuma el concepto de la “España plurinacional” y no rechace negociar en términos de solidaridad el montante del cupo.
