La CPI juzga a Bosco Ntaganda, el ‘Terminator’ congoleño
Está acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por violaciones, esclavismo sexual y haber reclutado niños soldado
Isabel Ferrer
La Haya, El País
Ruandés de la etnia tutsi de nacimiento, pero de nacionalidad congoleña, el exlíder guerrillero Bosco Ntaganda comparece este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de 18 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la región de Ituri (al noreste de la República Democrática de Congo). Entre 2002 y 2003, el que fuera comandante de milicias rebeldes, y también de fuerzas gubernamentales en Ruanda y Congo, alistó niños soldado para que combatieran en las filas de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo, brazo armado de la Unión de Patriotas Congoleña.
Los miembros de este movimiento rebelde son de la comunidad Hema, y según los fiscales, Ntaganda y sus hombres participaron en violaciones y asesinatos del grupo rival, los Lendu. El pillaje de sus bienes y el esclavismo sexual de sus mujeres y niñas aparece también en el pliego acusatorio. Apodado “Terminator” por la ferocidad de sus métodos, su jefe directo, el también congoleño Thomas Lubanga, fue condenado en 2012 por la propia Corte a 14 años de cárcel por crímenes similares.
Horas antes de la apertura del juicio, Ntaganda hizo saber a través de su abogado que “mantiene su inocencia, se encuentra bien y está dispuesto a presentar una defensa firme para limpiar su nombre de todos y cada uno de los cargos que le atribuyen”.
Por su parte, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, recordó que no se trata de sentar en el banquillo “a una etnia u otra, sino a un individuo que aprovechó las tensiones étnicas en beneficio propio para ganar poder y dinero y cometió en ese empeño crímenes atroces”. “Ahora se trata de Ntaganda, pero Sylvestre Maducumura también debe ser detenido por los delitos que asimismo le atribuimos, cometidos a su vez en Kivu”, dijo la jurista. Antiguo jefe de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, Maducumura sigue en rebeldía y fue comandante de la Guardia Presidencial durante el genocidio de 1994. La Corte le acusa de ataques a civiles entre 2009 y 2010.
De momento, la atención se centra en Ntaganda, cuya biografía mezcla episodios en la guerrilla con otros vistiendo el uniforme del Ejército de la República Democrática de Congo, donde alcanzó el rango de general. La CPI pidió su arresto en 2006. Hace tres años, cuando le reclamó de nuevo, era un renegado que supuestamente controlaba el tráfico ilegal en la zona minera de Kivu (este del país). Allí hay yacimientos de oro, coltán (usado en los condensadores de equipos electrónicos), tungsteno, diamantes y turmalina, y Naciones Unidas sostiene que montó un lucrativo negocio ilícito recaudando impuestos.
En el momento álgido de su carrera, cuando era general, tenía 50.000 soldados a sus órdenes y disponía de propiedades en Goma, la capital de Kivu. Reclamado desde 2006 por la justicia internacional, en 2013 se entregó en la Embajada de Estados Unidos en la capital ruandesa, Kigali. En ese momento, su situación era muy difícil: prófugo y con una orden de arresto pendiente, escapaba a su vez de las disputas internas de su grupo armado, el M23.
Aunque el Gobierno congoleño anunció que deseaba juzgarlo a domicilio, él pidió ser extraditado a La Haya, sede de la CPI. Temiendo por su vida, prefirió afrontar un juicio en la única instancia permanente que persigue el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Sobre todo porque no incluye la pena de muerte en su reglamento.
La Haya, El País
Ruandés de la etnia tutsi de nacimiento, pero de nacionalidad congoleña, el exlíder guerrillero Bosco Ntaganda comparece este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado de 18 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la región de Ituri (al noreste de la República Democrática de Congo). Entre 2002 y 2003, el que fuera comandante de milicias rebeldes, y también de fuerzas gubernamentales en Ruanda y Congo, alistó niños soldado para que combatieran en las filas de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo, brazo armado de la Unión de Patriotas Congoleña.
Los miembros de este movimiento rebelde son de la comunidad Hema, y según los fiscales, Ntaganda y sus hombres participaron en violaciones y asesinatos del grupo rival, los Lendu. El pillaje de sus bienes y el esclavismo sexual de sus mujeres y niñas aparece también en el pliego acusatorio. Apodado “Terminator” por la ferocidad de sus métodos, su jefe directo, el también congoleño Thomas Lubanga, fue condenado en 2012 por la propia Corte a 14 años de cárcel por crímenes similares.
Horas antes de la apertura del juicio, Ntaganda hizo saber a través de su abogado que “mantiene su inocencia, se encuentra bien y está dispuesto a presentar una defensa firme para limpiar su nombre de todos y cada uno de los cargos que le atribuyen”.
Por su parte, Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, recordó que no se trata de sentar en el banquillo “a una etnia u otra, sino a un individuo que aprovechó las tensiones étnicas en beneficio propio para ganar poder y dinero y cometió en ese empeño crímenes atroces”. “Ahora se trata de Ntaganda, pero Sylvestre Maducumura también debe ser detenido por los delitos que asimismo le atribuimos, cometidos a su vez en Kivu”, dijo la jurista. Antiguo jefe de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, Maducumura sigue en rebeldía y fue comandante de la Guardia Presidencial durante el genocidio de 1994. La Corte le acusa de ataques a civiles entre 2009 y 2010.
De momento, la atención se centra en Ntaganda, cuya biografía mezcla episodios en la guerrilla con otros vistiendo el uniforme del Ejército de la República Democrática de Congo, donde alcanzó el rango de general. La CPI pidió su arresto en 2006. Hace tres años, cuando le reclamó de nuevo, era un renegado que supuestamente controlaba el tráfico ilegal en la zona minera de Kivu (este del país). Allí hay yacimientos de oro, coltán (usado en los condensadores de equipos electrónicos), tungsteno, diamantes y turmalina, y Naciones Unidas sostiene que montó un lucrativo negocio ilícito recaudando impuestos.
En el momento álgido de su carrera, cuando era general, tenía 50.000 soldados a sus órdenes y disponía de propiedades en Goma, la capital de Kivu. Reclamado desde 2006 por la justicia internacional, en 2013 se entregó en la Embajada de Estados Unidos en la capital ruandesa, Kigali. En ese momento, su situación era muy difícil: prófugo y con una orden de arresto pendiente, escapaba a su vez de las disputas internas de su grupo armado, el M23.
Aunque el Gobierno congoleño anunció que deseaba juzgarlo a domicilio, él pidió ser extraditado a La Haya, sede de la CPI. Temiendo por su vida, prefirió afrontar un juicio en la única instancia permanente que persigue el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Sobre todo porque no incluye la pena de muerte en su reglamento.
