Éxodo y crisis humanitaria en frontera entre Colombia y Venezuela
Cúcuta, Notimex
El puente internacional Simón Bolívar, situado sobre el río Táchira, principal cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela, dejó de ser el paso de camiones cargados con mercancías, para convertirse en un centro de desesperanza, dolor, hambre y muerte.
Este paso fronterizo fue cerrado el pasado 22 de agosto por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, como reacción a un ataque a la Guardia Bolivariana por parte de una banda de contrabandistas que dejó dos uniformados muertos y otros tres heridos.
El puente internacional Simón Bolívar, símbolo de la integración binacional, fue dividido en dos partes por una reja de alambre de púas que fue colocada por la Guardia Bolivariana en toda la mitad de esta mole de cemento, con barandas amarillas.
Al lado venezolano está la Guardia Bolivariana, que tiene como misión esperar los autobuses o vehículos oficiales que llegan desde San Antonio o de cualquier otro lugar de Venezuela, con decenas de colombianos que son recibidos en su país por agentes de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, organismos de socorro y la oficina colombiana de Migración.
Ancianos, niños, adultos y jóvenes bajan con sus maletines, con la cabeza gacha, con la mirada perdida, con sus bebés en brazos, con abuelas en sillas de ruedas, dejando atrás toda una vida de dos, seis, 10 y 30 años de residencia en Venezuela.
“Bienvenidos a Colombia” es la frase de recibimiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que tienen la misión de recabar las denuncias de violaciones de los derechos humanos de cada uno de los colombianos que va ingresando por un lado de la malla de alambre de púas.
“¿Deportado o retorno?”, pregunta el delegado de la Defensoría del Pueblo.
“Retorno, pero no voluntario”, responden unos y otros simplemente siguen caminando en silencio, con sus pocas pertenencias al otro lado del puente, donde se vive otra realidad.
Las deportaciones por el puente internacional Simón Bolívar están suspendidas desde el pasado fin de semana, cuando las autoridades colombianas reportaron un total de mil 97 personas, a quienes se les violaron los más mínimos derechos humanos.
Desde entonces por este paso fronterizo llegan diariamente centenares de colombianos que huyen del vecino país por el temor de ser detenidos por la Guardia Bolivariana, y perder sus pertenencias e incluso hasta sus hijos.
Cuando Notimex preguntó a los funcionarios colombianos apostados en la mitad del puente y la respuesta fue: “Muchos, no sé cuántos, pero son muchos, quizás siete u ocho mil personas, no sé”.
Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la cifra puede estar por encima de las 10 mil y 12 mil personas, que han retornado por miedo a ser deportados por la Guardia Bolivariana.
O simplemente son ciudadanos que tomaron la decisión de abandonar Venezuela porque ya no es el “país que era” hace 30, 40 o 50 años atrás, cuando migraron miles de colombianos con la llamada bonanza petrolera de las décadas de 1960 y 1970.
Entre esos retornados “voluntarios”, como los llama el gobierno de Maduro, está la abuela Orfa Castro, quien dejó Venezuela después de 30 años. Llegó asfixiada, cansada, descompensada, pues es diabética.
De inmediato los funcionarios colombianos dispusieron de una silla de ruedas y de una ambulancia para garantizar la salud de la anciana, que sólo quería llegar al otro extremo del puente para buscar a sus hijas que viven en otra ciudad del interior de Colombia.
Los retornados cruzan la mole de cemento y dejan atrás esa malla de alambre de púas, el rostro seco de los miembros de la Guardia Bolivariana, y se incorporan a la larga fila que hacen deportados y retornados en las oficinas del gobierno de Colombia para poder tener derecho a los auxilios gubernamentales.
Migración Colombia, Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Sistema Nacional de Riesgos y Desastres y Defensa Civil, son algunas de las instituciones responsables de atender a los colombianos que llegan desde el otro lado del puente.
Niños deshidratados, mujeres con bebés recién nacidos, discapacitados y adultos jóvenes hacen fila para buscar algún tipo de ayuda humanitaria, mientras otros piden una moneda para comprar una botella de agua o un huevo cocido con una papa fría.
El gobierno colombiano garantiza a través de estas entidades un subsidio de un arriendo por tres meses a cada familia, por un monto de 100 dólares aproximadamente, con opción de prorrogar por otros 90 días.
Reciben un paquete de aseo, mercado, subsidio de transporte para aquellas familias que buscan viajar a sus ciudades de origen, en el interior de Colombia.
Por el puente internacional Simón Bolívar también llegó el cuerpo sin vida de un joven colombiano que fue asesinado el miércoles en Venezuela, y cuyas causas aún se desconocen.
Deportados o retornados, lo que se vive es un verdadero éxodo, una tragedia humanitaria que si los dos gobiernos no llegan a concretar un acuerdo, la cifra podría llegar a 500 mil personas, en un escenario extremo.
El puente internacional Simón Bolívar, situado sobre el río Táchira, principal cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela, dejó de ser el paso de camiones cargados con mercancías, para convertirse en un centro de desesperanza, dolor, hambre y muerte.
Este paso fronterizo fue cerrado el pasado 22 de agosto por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, como reacción a un ataque a la Guardia Bolivariana por parte de una banda de contrabandistas que dejó dos uniformados muertos y otros tres heridos.
El puente internacional Simón Bolívar, símbolo de la integración binacional, fue dividido en dos partes por una reja de alambre de púas que fue colocada por la Guardia Bolivariana en toda la mitad de esta mole de cemento, con barandas amarillas.
Al lado venezolano está la Guardia Bolivariana, que tiene como misión esperar los autobuses o vehículos oficiales que llegan desde San Antonio o de cualquier otro lugar de Venezuela, con decenas de colombianos que son recibidos en su país por agentes de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, organismos de socorro y la oficina colombiana de Migración.
Ancianos, niños, adultos y jóvenes bajan con sus maletines, con la cabeza gacha, con la mirada perdida, con sus bebés en brazos, con abuelas en sillas de ruedas, dejando atrás toda una vida de dos, seis, 10 y 30 años de residencia en Venezuela.
“Bienvenidos a Colombia” es la frase de recibimiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que tienen la misión de recabar las denuncias de violaciones de los derechos humanos de cada uno de los colombianos que va ingresando por un lado de la malla de alambre de púas.
“¿Deportado o retorno?”, pregunta el delegado de la Defensoría del Pueblo.
“Retorno, pero no voluntario”, responden unos y otros simplemente siguen caminando en silencio, con sus pocas pertenencias al otro lado del puente, donde se vive otra realidad.
Las deportaciones por el puente internacional Simón Bolívar están suspendidas desde el pasado fin de semana, cuando las autoridades colombianas reportaron un total de mil 97 personas, a quienes se les violaron los más mínimos derechos humanos.
Desde entonces por este paso fronterizo llegan diariamente centenares de colombianos que huyen del vecino país por el temor de ser detenidos por la Guardia Bolivariana, y perder sus pertenencias e incluso hasta sus hijos.
Cuando Notimex preguntó a los funcionarios colombianos apostados en la mitad del puente y la respuesta fue: “Muchos, no sé cuántos, pero son muchos, quizás siete u ocho mil personas, no sé”.
Según las estimaciones de las Naciones Unidas, la cifra puede estar por encima de las 10 mil y 12 mil personas, que han retornado por miedo a ser deportados por la Guardia Bolivariana.
O simplemente son ciudadanos que tomaron la decisión de abandonar Venezuela porque ya no es el “país que era” hace 30, 40 o 50 años atrás, cuando migraron miles de colombianos con la llamada bonanza petrolera de las décadas de 1960 y 1970.
Entre esos retornados “voluntarios”, como los llama el gobierno de Maduro, está la abuela Orfa Castro, quien dejó Venezuela después de 30 años. Llegó asfixiada, cansada, descompensada, pues es diabética.
De inmediato los funcionarios colombianos dispusieron de una silla de ruedas y de una ambulancia para garantizar la salud de la anciana, que sólo quería llegar al otro extremo del puente para buscar a sus hijas que viven en otra ciudad del interior de Colombia.
Los retornados cruzan la mole de cemento y dejan atrás esa malla de alambre de púas, el rostro seco de los miembros de la Guardia Bolivariana, y se incorporan a la larga fila que hacen deportados y retornados en las oficinas del gobierno de Colombia para poder tener derecho a los auxilios gubernamentales.
Migración Colombia, Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Sistema Nacional de Riesgos y Desastres y Defensa Civil, son algunas de las instituciones responsables de atender a los colombianos que llegan desde el otro lado del puente.
Niños deshidratados, mujeres con bebés recién nacidos, discapacitados y adultos jóvenes hacen fila para buscar algún tipo de ayuda humanitaria, mientras otros piden una moneda para comprar una botella de agua o un huevo cocido con una papa fría.
El gobierno colombiano garantiza a través de estas entidades un subsidio de un arriendo por tres meses a cada familia, por un monto de 100 dólares aproximadamente, con opción de prorrogar por otros 90 días.
Reciben un paquete de aseo, mercado, subsidio de transporte para aquellas familias que buscan viajar a sus ciudades de origen, en el interior de Colombia.
Por el puente internacional Simón Bolívar también llegó el cuerpo sin vida de un joven colombiano que fue asesinado el miércoles en Venezuela, y cuyas causas aún se desconocen.
Deportados o retornados, lo que se vive es un verdadero éxodo, una tragedia humanitaria que si los dos gobiernos no llegan a concretar un acuerdo, la cifra podría llegar a 500 mil personas, en un escenario extremo.
