Unasur, un organismo en entredicho
“No puede mediar, como lo dispone su Tratado Constitutivo, si no hay la petición de los dos países involucrados”, dice Samper
Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
Ernesto Samper lo admitió, impotente, en un comunicado el pasado martes: si bien el organismo que dirige como secretario general, Unasur, tiene la voluntad para contribuir a que Colombia y Venezuela –dos de sus países miembros- superen la actual crisis binacional, “no puede mediar, como lo dispone su Tratado Constitutivo, si no hay la petición de los dos países involucrados”.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es una de las entidades que en su momento el presidente Hugo Chávez promovió como piedra angular para una arquitectura interamericana alternativa a la tradicional, que, con la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza, el bolivarianismo revolucionario considera poco más que un ministerio de colonias de Estados Unidos.
Aunque la liga de gobiernos izquierdistas de América del Sur luego abrazaría la idea, el proyecto de Unasur solo adquirió credibilidad cuando Brasil, el gigante regional, también lo hizo suyo. Por fin, aunque el Tratado Constitutivo de la alianza se firmó en 2008 en Brasilia, entró en vigencia plena en 2011. Entre sus miembros fundadores, para sorpresa de muchos, estuvo Colombia, país que con los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos parecía encarnar la antítesis y mayor escollo para el proyecto continental bolivariano. Bogotá, en una arriesgada apuesta de sentido geoestratégico, decidió formar parte de Unasur, con lo que además confirió al organismo el sello de la pluralidad.
Desde entonces, sin embargo, solo la inauguración de su ultramoderna sede a las afueras de Quito, Ecuador, ha dado testimonio de que Unasur es algo real y tangible. Sobre el terreno no encuentra un nicho de especialidad que la diferencie y legitime. Hasta ahora viene funcionando como un grupo de apoyo para presidentes en problemas.
Por ejemplo, la crisis venezolana ha descubierto a Unasur en frecuentes vacilaciones y pasos en falso. En abril de 2012, la intervención de los presidentes de los otros 11 países que la constituyen, sirvió en la práctica como aval para el apretado triunfo en los comicios presidenciales de Nicolás Maduro. Después de las protestas callejeras de principios de 2014, una comisión de cancilleres de Unasur intentó propiciar el diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela, una tarea propulsada sobre todo por la activa participación del Vaticano y la cancillería brasileña. Pero la percepción, no siempre acertada, de que los mediadores aupaban a una de las partes, poco contribuyó para que avanzara un proceso que finalmente se disipó en la nada.
Ernesto Samper Pizano es titular de la Secretaría General de Unasur desde 2014, como sucesor del expresidente argentino Néstor Kirchner, cuyo deceso le impidió concluir el periodo oficial para el que fue elegido. Exmandatario. como Kirchner, el colombiano Samper arrastra sin embargo un currículo poco prolijo, lastrado para siempre por las cicatrices del Proceso 8000 que vinculó su campaña presidencial con el financiamiento del narcotráfico y que, para todo efecto práctico, neutralizó su administración entre 1994 y 1998.
El posicionamiento posterior de Samper, abiertamente antinorteamericano y, en definitiva, cobijado por el chavismo, parece agregar en estas horas de crisis más obstáculos que posibilidades a la mediación de Unasur. Por colombiano, podría pensarse que tendería a favorecer a Bogotá en el litigio; pero, a la vez, buena parte de la opinión pública colombiana, y quizás hasta el propio gobierno, lo tiene por una ficha del bolivarianismo hemisférico. El promedio de las dos imágenes, en vez de ubicarlo en un punto de equilibrio en el medio de las partes en disputa, le ha granjeado de hecho la desconfianza de ambas.
Apremiado por el fuego cruzado, Samper ha cometido aparentes contradicciones. El viernes 21, cuando Nicolás Maduro ordenó Estado de Excepción en varios municipios fronterizos y prolongó indefinidamente el cierre del paso entre los dos países, Samper tuiteó, en lo que lucía como una justificación de la medida: “Hace un año denunciamos el peligro de la intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela; hoy se confirma que es una realidad”.
El comentario provocó la reacción airada del expresidente de Colombia y ex secretario general de la OEA, César Gaviria, quien pidió en público la retirada de su país de Unasur. “No tiene sentido permanecer a una organización que corre tan rápido a condenarlos”, declaró Gaviria refiriéndose a sus compatriotas residentes en Venezuela.
Luego, como en compensación, Samper emitió un comunicado condenando la deportación indiscriminada de colombianos desde Venezuela, y solidarizándose con “los compatriotas que han vivido estos momentos de dificultad para que sus derechos sean reconocidos”.
Samper, en un gesto inusual, expuso el martes en un comunicado –el segundo en dos días- las cartas con las que habría esperado negociar con Caracas y Bogotá, que enumeró como premisas que había planteado en conversaciones telefónicas a los presidentes Santos, de Colombia, y Maduro, de Venezuela. Las condiciones incluían la inmediata suspensión de las deportaciones, la creación de un organismo conjunto para el combate contra el crimen organizado en la frontera, y la búsqueda concertada de mecanismos para dirimir las diferencias cambiarias en la zona.
Por lo que indican los hechos posteriores, nadie atendió sus planteamientos. En ello tampoco le ayuda el silencio de las principales capitales suramericanas, sobre todo de Brasilia, que han preferido no mojarse los pies en una controversia fangosa y de solución poco clara.
Caracas, El País
Ernesto Samper lo admitió, impotente, en un comunicado el pasado martes: si bien el organismo que dirige como secretario general, Unasur, tiene la voluntad para contribuir a que Colombia y Venezuela –dos de sus países miembros- superen la actual crisis binacional, “no puede mediar, como lo dispone su Tratado Constitutivo, si no hay la petición de los dos países involucrados”.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es una de las entidades que en su momento el presidente Hugo Chávez promovió como piedra angular para una arquitectura interamericana alternativa a la tradicional, que, con la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza, el bolivarianismo revolucionario considera poco más que un ministerio de colonias de Estados Unidos.
Aunque la liga de gobiernos izquierdistas de América del Sur luego abrazaría la idea, el proyecto de Unasur solo adquirió credibilidad cuando Brasil, el gigante regional, también lo hizo suyo. Por fin, aunque el Tratado Constitutivo de la alianza se firmó en 2008 en Brasilia, entró en vigencia plena en 2011. Entre sus miembros fundadores, para sorpresa de muchos, estuvo Colombia, país que con los Gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos parecía encarnar la antítesis y mayor escollo para el proyecto continental bolivariano. Bogotá, en una arriesgada apuesta de sentido geoestratégico, decidió formar parte de Unasur, con lo que además confirió al organismo el sello de la pluralidad.
Desde entonces, sin embargo, solo la inauguración de su ultramoderna sede a las afueras de Quito, Ecuador, ha dado testimonio de que Unasur es algo real y tangible. Sobre el terreno no encuentra un nicho de especialidad que la diferencie y legitime. Hasta ahora viene funcionando como un grupo de apoyo para presidentes en problemas.
Por ejemplo, la crisis venezolana ha descubierto a Unasur en frecuentes vacilaciones y pasos en falso. En abril de 2012, la intervención de los presidentes de los otros 11 países que la constituyen, sirvió en la práctica como aval para el apretado triunfo en los comicios presidenciales de Nicolás Maduro. Después de las protestas callejeras de principios de 2014, una comisión de cancilleres de Unasur intentó propiciar el diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela, una tarea propulsada sobre todo por la activa participación del Vaticano y la cancillería brasileña. Pero la percepción, no siempre acertada, de que los mediadores aupaban a una de las partes, poco contribuyó para que avanzara un proceso que finalmente se disipó en la nada.
Ernesto Samper Pizano es titular de la Secretaría General de Unasur desde 2014, como sucesor del expresidente argentino Néstor Kirchner, cuyo deceso le impidió concluir el periodo oficial para el que fue elegido. Exmandatario. como Kirchner, el colombiano Samper arrastra sin embargo un currículo poco prolijo, lastrado para siempre por las cicatrices del Proceso 8000 que vinculó su campaña presidencial con el financiamiento del narcotráfico y que, para todo efecto práctico, neutralizó su administración entre 1994 y 1998.
El posicionamiento posterior de Samper, abiertamente antinorteamericano y, en definitiva, cobijado por el chavismo, parece agregar en estas horas de crisis más obstáculos que posibilidades a la mediación de Unasur. Por colombiano, podría pensarse que tendería a favorecer a Bogotá en el litigio; pero, a la vez, buena parte de la opinión pública colombiana, y quizás hasta el propio gobierno, lo tiene por una ficha del bolivarianismo hemisférico. El promedio de las dos imágenes, en vez de ubicarlo en un punto de equilibrio en el medio de las partes en disputa, le ha granjeado de hecho la desconfianza de ambas.
Apremiado por el fuego cruzado, Samper ha cometido aparentes contradicciones. El viernes 21, cuando Nicolás Maduro ordenó Estado de Excepción en varios municipios fronterizos y prolongó indefinidamente el cierre del paso entre los dos países, Samper tuiteó, en lo que lucía como una justificación de la medida: “Hace un año denunciamos el peligro de la intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela; hoy se confirma que es una realidad”.
El comentario provocó la reacción airada del expresidente de Colombia y ex secretario general de la OEA, César Gaviria, quien pidió en público la retirada de su país de Unasur. “No tiene sentido permanecer a una organización que corre tan rápido a condenarlos”, declaró Gaviria refiriéndose a sus compatriotas residentes en Venezuela.
Luego, como en compensación, Samper emitió un comunicado condenando la deportación indiscriminada de colombianos desde Venezuela, y solidarizándose con “los compatriotas que han vivido estos momentos de dificultad para que sus derechos sean reconocidos”.
Samper, en un gesto inusual, expuso el martes en un comunicado –el segundo en dos días- las cartas con las que habría esperado negociar con Caracas y Bogotá, que enumeró como premisas que había planteado en conversaciones telefónicas a los presidentes Santos, de Colombia, y Maduro, de Venezuela. Las condiciones incluían la inmediata suspensión de las deportaciones, la creación de un organismo conjunto para el combate contra el crimen organizado en la frontera, y la búsqueda concertada de mecanismos para dirimir las diferencias cambiarias en la zona.
Por lo que indican los hechos posteriores, nadie atendió sus planteamientos. En ello tampoco le ayuda el silencio de las principales capitales suramericanas, sobre todo de Brasilia, que han preferido no mojarse los pies en una controversia fangosa y de solución poco clara.
