Nueva ley española pena difusión de fotos de policía
Madrid, Ap
Hace tres años, apenas después de una manifestación contra la austeridad frente a la principal estación ferroviaria de Madrid, el camarógrafo independiente Juan Ramón Robles tomó un video de agentes antimotines golpeando a gente que decía no tener nada que ver con las manifestaciones.
Robles ganó premios por el filme que muestra a un joven cubierto de sangre y pasajeros anonadados y las imágenes de la estación de Atocha repercutieron en España y el mundo. Ahora teme que semejantes imágenes no podrían ser vistas debido a una nueva ley de seguridad pública vigente desde esta semana.
Un artículo de la norma que los detractores llaman "ley mordaza" impone multas de hasta 30.000 euros (33.000 dólares) por el "uso no autorizado" de imágenes de la Policía en acción que permita identificar a los agentes, poner en peligro su seguridad o impedirles cumplir su tarea.
También aclara que se debe respetar el derecho a la información, pero abogados de los medios y activistas por la libertad de expresión advierten sobre el lenguaje ambiguo de la ley y temen que la Policía la use para acumular cargos que conllevan cárcel o para destruir imágenes tomadas por periodistas —sean profesionales o simples ciudadanos_, activistas y el común de la gente.
Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, la ley dice que los ciudadanos comunes tienen derecho a tomar imágenes solamente cuando el gobierno lo autoriza.
Robles opinó que la nueva ley lo hubiera asegurado su detención en Atocha porque hubiera dado a la Policía la herramienta que necesitaban para arrestarlo y sus imágenes no hubieran podido difundirse.
Funcionarios españoles niegan que su intención sea amordazar la información y que la ley solo pretende proteger al público y las autoridades.
Entre los detractores de la ley se encuentran en opositor Partido Socialista, que ha prometido derogarla si gana las elecciones próximas; un panel de cinco expertos en derechos humanos de la ONU y el grupo Human Rights Watch. Los partidos opositores han recurrido la ley ante la Corte de Casación.
Hace tres años, apenas después de una manifestación contra la austeridad frente a la principal estación ferroviaria de Madrid, el camarógrafo independiente Juan Ramón Robles tomó un video de agentes antimotines golpeando a gente que decía no tener nada que ver con las manifestaciones.
Robles ganó premios por el filme que muestra a un joven cubierto de sangre y pasajeros anonadados y las imágenes de la estación de Atocha repercutieron en España y el mundo. Ahora teme que semejantes imágenes no podrían ser vistas debido a una nueva ley de seguridad pública vigente desde esta semana.
Un artículo de la norma que los detractores llaman "ley mordaza" impone multas de hasta 30.000 euros (33.000 dólares) por el "uso no autorizado" de imágenes de la Policía en acción que permita identificar a los agentes, poner en peligro su seguridad o impedirles cumplir su tarea.
También aclara que se debe respetar el derecho a la información, pero abogados de los medios y activistas por la libertad de expresión advierten sobre el lenguaje ambiguo de la ley y temen que la Policía la use para acumular cargos que conllevan cárcel o para destruir imágenes tomadas por periodistas —sean profesionales o simples ciudadanos_, activistas y el común de la gente.
Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, la ley dice que los ciudadanos comunes tienen derecho a tomar imágenes solamente cuando el gobierno lo autoriza.
Robles opinó que la nueva ley lo hubiera asegurado su detención en Atocha porque hubiera dado a la Policía la herramienta que necesitaban para arrestarlo y sus imágenes no hubieran podido difundirse.
Funcionarios españoles niegan que su intención sea amordazar la información y que la ley solo pretende proteger al público y las autoridades.
Entre los detractores de la ley se encuentran en opositor Partido Socialista, que ha prometido derogarla si gana las elecciones próximas; un panel de cinco expertos en derechos humanos de la ONU y el grupo Human Rights Watch. Los partidos opositores han recurrido la ley ante la Corte de Casación.
