Bolivia y Chile medirán argumentos por primera vez en La Haya
A partir del 4 de mayo de 2015, Bolivia y Chile cruzarán por primera vez espadas verbales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), más conocida como el Tribunal de La Haya. Desde que el 24 de abril de 2013, una delegación encabezada por el canciller David Choquehuanca, presentara la demanda en esa ciudad holandesa, esta será la primera vez que los dos equipos de juristas se sentarán frente a frente para intercambiar sus dardos.
La CIJ es el máximo órgano de las Naciones Unidas, especializado en resolver controversias entre sus países afiliados. Sus miembros son elegidos en simultáneo por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, los principales cuerpos deliberativos existentes en el mundo. Cada juez es postulado como candidato de su país, pero para ser elegido requiere del respaldo de la mayoría de las 193 naciones. Una vez electo, cada magistrado analiza los casos en un marco de total independencia, porque deja de representar a sus mandantes.
La demanda boliviana busca que los jueces de la CIJ obliguen a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico. El argumento de base es que el gobierno de Santiago ofreció en 1950 y 1975 otorgarle a Bolivia una franja territorial que la conecte con el mar. En el primer caso, se buscaba un canje a cambio de agua del lago Titicaca; en el segundo, un trueque territorial. Dichas ofertas son consideradas por el Derecho Internacional como "actos unilaterales" de un Estado y en varios casos han sido definidos como compromisos válidos y exigibles.
Desde el lado chileno, se sostiene que cualquier posibilidad de otorgarle un acceso territorial a Bolivia obliga a modificar el Tratado de 1904, en el que se fijan las fronteras entre ambos países. Un reclamo para cambiar límites fronterizos implicaría, dicen los juristas chilenos, un golpe a la estabilidad del continente, porque abriría las puertas a una ola de exigencias similares orientadas a modificar la división política entre los estados.
Para el caso de América Latina, la CIJ no puede abordar litigios previos a 1948, año en el que los países del continente suscribieron el Pacto de Bogotá, por el cual se comprometen a ventilar sus conflictos posteriores. Esa es la razón por la cual Chile intenta reconducir la demanda de Bolivia hacia el año 1904, persiguiendo que la CIJ se declare incompetente para tocar el asunto.
El camino de la demanda
20 días antes de presentar la demanda ante la CIJ (el 24 de abril de 2013), el gobierno de Morales designó al exdignatario Eduardo Rodríguez Veltzé como el agente de Bolivia ante la Corte de la Haya. Chile hizo lo propio en mayo de ese año, al nombrar a Felipe Bulnes, entonces embajador de Chile en Estados Unidos, como su agente en el máximo tribunal de justicia internacional.
En junio de 2013, la Corte determina que Bolivia presente la memoria de la demanda (argumentos y razones de diversa índole) hasta abril de 2014. En tanto, Chile debía presentar su contra memoria hasta febrero de 2015. Bolivia cumplió con el plazo y el encargado de presentar la demanda fue el propio Presidente el 15 de abril de 2014. Tras una serie de reuniones de alto nivel en el vecino país, el gobierno de Michelle Bachelet optó por otra opción que le permitían las normas: objetar la competencia de Corte.
El siguiente paso del gobierno, fue la designación del expresidente Carlos Mesa como vocero internacional de la demanda, hecho suscitado el 28 de abril de 2014. El exgobernante está encargado de asistir a foros internacionales y hacer visitas a diferentes países del mundo para explicar la postura boliviana sobre el tema marítimo. Chile no se quedó atrás y nombró para las mismas funciones al expresidente Eduardo Frei.
Mientras el proceso cumplía sus plazos, tanto Bolivia como Chile empezaron la difusión de sus posturas a través de libros, redes sociales, videos y el lobby diplomático en varios países. Por un lado Bolivia presentó sus dos libros: “El libro del mar” y “Yo quiero un mar azul para Bolivia”. En tanto, el vecino país presentó: “Chile y la aspiración marítima boliviana, mito y realidad”, ambos acompañados con una fuerte campaña mediática ante sus opiniones públicas.
Conforme a los plazos, el 7 de noviembre del año pasado, Bolivia responde a la objeción chilena y pide al máximo tribunal declararse competente para abordar la demanda marítima. De ahí que, en febrero de este año, la CIJ fijó para el 4, 6, 7 y 8 de mayo la realización de los alegatos orales para resolver el recurso de incompetencia chilena.
De acuerdo con el Procurador General del Estado, Héctor Arce, la CIJ tiene tres posibilidades de resolución: Rechazar la objeción o adjuntarla a la causa principal, estas dos opciones favorecen a Bolivia. La última es que los jueces aceptan la objeción chilena y se declaren incompetentes para abordar el tema, es la menos esperada por el gobierno de Morales.
