Las nucleares de la UE pasarán una evaluación completa cada seis años
Los Estados acuerdan fijar criterios comunes para todas las centrales
El objetivo es reforzar la seguridad de las 132 plantas operativas en 14 países
Lucía Abellán
Bruselas, El País
La energía nuclear arrastra el estigma de inseguridad al que quedó asociada tras la tragedia de Fukushima. Tres años después del escape nuclear en Japón, Europa ha dado un paso adelante para reforzar la seguridad de sus plantas. Los representantes de los 28 países miembros acordaron ayer un nuevo marco que fija criterios comunes para todas las centrales y establece exámenes periódicos para verificar que las normas se cumplen. Con Fukushima en la cabeza, los Estados pretenden reducir al mínimo el riesgo de nuevos accidentes.
El pacto entre países miembros da vía libre a la directiva sobre seguridad nuclear que la Comisión Europea presentó hace un año para controlar mejor una energía que despierta recelos en todo el continente. La principal novedad se refiere a las evaluaciones que deberán pasar las plantas. Después de los exámenes a los que se sometieron algunas centrales en Europa tras la fuga radiactiva de Fukushima, Bruselas establece ahora un marco obligatorio para todos los países, que deberán examinar a sus nucleares cada seis años con criterios homogéneos.
A la cola del 'mix' energético
La energía nuclear es hoy la de menor peso en la cesta económica en la Unión Europea. Un 13% del total procede de la fusión nuclear, según datos de la Comisión Europea relativos a 2013, aunque en la producción de energía eléctrica representa un 27%. El porcentaje se ha mantenido estable en los últimos años, frente al crecimiento de las renovables, que aportan ya un 15% del mix energético, ligeramente por encima de la nuclear. Desde mediados de los noventa, el peso de las renovables se ha incrementado con creces, mientras que el carbón —y en menor medida petróleo— descienden.
El accidente de Fukushima congeló el porvenir de la energía nuclear en el panorama europeo. Forzada por el peso de su opinión pública, la canciller alemana Angela Merkel decidió acelerar el cierre de algunas centrales y acabó fijando el apagón nuclear completo en 2022. Aunque esta energía pesa menos del 10% en la cesta alemana, el giro de Berlín —al que se sumaron otros países como Italia— tuvo un importante efecto en el conjunto de Europa.
Otros países —principalmente Francia, cuya energía depende en más del 40% de las nucleares, pero también Reino Unido, donde representa alrededor del 10%— se reafirmaron en sus estrategias de invertir en energía nuclear. Londres anunció a finales del año pasado un acuerdo para construir dos nuevos reactores. Y En España, el Gobierno ya ha aprobado la ley que permite la reapertura de la central de Garoña, en Burgos, que ha solicitado además alargar su vida útil hasta 2031. Lo acordado ayer en la UE pretende allanar el terreno para que todos los recelos desaparezcan y los países puedan garantizar la seguridad de las plantas.
La aceptación de esta novedad supone superar la confrontación que se produjo entre Bruselas y los Estados miembros a mediados de 2012, cuando el Ejecutivo comunitario encargó pruebas de resistencia a varias centrales con criterios poco claros que inquietaron a las capitales. Dos años después, los países han aceptado un marco más general, principalmente porque cada país podrá adaptarlo a su legislación con cierto margen de maniobra.
En cada ocasión se elegirá un aspecto concreto de la seguridad y se evaluará en todas las centrales. Aunque serán los países miembros los que lo decidan, la Comisión podrá rechazarlo o imponer el suyo si no hay acuerdo. El primer examen, en todo caso, no llegará hasta 2017. En caso de accidente, la evaluación se hará sin demora, según el documento del Consejo Europeo.
La otra novedad de la norma consiste en establecer criterios comunes de seguridad para los 132 reactores que existen en 14 Estados comunitarios, además de otra docena en proceso de diseño o construcción. Se trata de controlar mejor todo el ciclo de vida de las nucleares (proyecto, construcción, adjudicación, funcionamiento y fin del contrato) para identificar los riesgos.
Hasta ahora existían algunos criterios comunes de funcionamiento de las nucleares, que se verán reemplazados por normas más precisas y garantistas. Se establece una mejora en la seguridad de los reactores, que deben incorporar los últimos avances tecnológicos relativos a la prevención de accidentes.
El documento aprobado ayer incrementa la responsabilidad que se atribuye a las empresas que obtienen la licencia para explotar la central. Quienes opten a ella deben presentar una prueba de seguridad nuclear, que se definirá según los riesgos que comporte esa central en concreto. Además, las empresas informarán de los procedimientos que prevén en el caso de accidentes.
La directiva se aprobará formalmente en julio, aunque los Estados tienen tres años para incorporarla a sus legislaciones. Lo acordado por los representantes de los Estados miembros se ajusta casi completamente a lo que propuso la Comisión Europea, salvo algún detalle sobre los reactores nucleares que los Estados miembros han considerado demasiado prolijo, según el Consejo Europeo. El Ejecutivo comunitario se felicitó por lo acordado. “La seguridad nuclear es primordial para todos los ciudadanos europeos. Necesitamos emplear todos nuestros esfuerzos en asegurar que se siguen los estándares más rigurosos en cada central nuclear de la UE”, aseguró el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.
Mejorar la seguridad de las nucleares resulta crucial en la estrategia de Bruselas para asegurar el suministro energético en los próximos años. Lastrada por la fuerte dependencia de Rusia (un 39% del gas que consume Europa y un tercio del petróleo vienen de Moscú), la Unión Europea trata de potenciar cualquier fuente alternativa que le garantice una mayor estabilidad a raíz de la desconfianza hacia Rusia que ha provocado la crisis ucrania. Las centrales nucleares permiten a cada país gestionar su producción, aunque el uranio que necesitan para funcionar también proviene en un 95% del exterior. Pero al menos en este caso Europa trata con socios que considera más sólidos, como Australia y Canadá.
Los países han aceptado también una propuesta de la Comisión Europea que en la práctica será controvertida de aplicar: aumentar la independencia de los órganos reguladores. Los Estados se comprometen a tener “una autoridad regulatoria fuerte y competente, con independencia efectiva en la toma de decisiones”. El texto subraya la importancia de que actúen de manera “imparcial, transparente y libre de influencias”. Son tales los recelos a este respecto que la directiva insta a prestar especial atención a los conflictos de intereses, argumentando que, como hay pocos expertos en esta industria, el paso de las empresas al regulador y viceversa es frecuente y requiere atención.
El objetivo es reforzar la seguridad de las 132 plantas operativas en 14 países
Bruselas, El País
La energía nuclear arrastra el estigma de inseguridad al que quedó asociada tras la tragedia de Fukushima. Tres años después del escape nuclear en Japón, Europa ha dado un paso adelante para reforzar la seguridad de sus plantas. Los representantes de los 28 países miembros acordaron ayer un nuevo marco que fija criterios comunes para todas las centrales y establece exámenes periódicos para verificar que las normas se cumplen. Con Fukushima en la cabeza, los Estados pretenden reducir al mínimo el riesgo de nuevos accidentes.
El pacto entre países miembros da vía libre a la directiva sobre seguridad nuclear que la Comisión Europea presentó hace un año para controlar mejor una energía que despierta recelos en todo el continente. La principal novedad se refiere a las evaluaciones que deberán pasar las plantas. Después de los exámenes a los que se sometieron algunas centrales en Europa tras la fuga radiactiva de Fukushima, Bruselas establece ahora un marco obligatorio para todos los países, que deberán examinar a sus nucleares cada seis años con criterios homogéneos.
A la cola del 'mix' energético
La energía nuclear es hoy la de menor peso en la cesta económica en la Unión Europea. Un 13% del total procede de la fusión nuclear, según datos de la Comisión Europea relativos a 2013, aunque en la producción de energía eléctrica representa un 27%. El porcentaje se ha mantenido estable en los últimos años, frente al crecimiento de las renovables, que aportan ya un 15% del mix energético, ligeramente por encima de la nuclear. Desde mediados de los noventa, el peso de las renovables se ha incrementado con creces, mientras que el carbón —y en menor medida petróleo— descienden.
El accidente de Fukushima congeló el porvenir de la energía nuclear en el panorama europeo. Forzada por el peso de su opinión pública, la canciller alemana Angela Merkel decidió acelerar el cierre de algunas centrales y acabó fijando el apagón nuclear completo en 2022. Aunque esta energía pesa menos del 10% en la cesta alemana, el giro de Berlín —al que se sumaron otros países como Italia— tuvo un importante efecto en el conjunto de Europa.
Otros países —principalmente Francia, cuya energía depende en más del 40% de las nucleares, pero también Reino Unido, donde representa alrededor del 10%— se reafirmaron en sus estrategias de invertir en energía nuclear. Londres anunció a finales del año pasado un acuerdo para construir dos nuevos reactores. Y En España, el Gobierno ya ha aprobado la ley que permite la reapertura de la central de Garoña, en Burgos, que ha solicitado además alargar su vida útil hasta 2031. Lo acordado ayer en la UE pretende allanar el terreno para que todos los recelos desaparezcan y los países puedan garantizar la seguridad de las plantas.
La aceptación de esta novedad supone superar la confrontación que se produjo entre Bruselas y los Estados miembros a mediados de 2012, cuando el Ejecutivo comunitario encargó pruebas de resistencia a varias centrales con criterios poco claros que inquietaron a las capitales. Dos años después, los países han aceptado un marco más general, principalmente porque cada país podrá adaptarlo a su legislación con cierto margen de maniobra.
En cada ocasión se elegirá un aspecto concreto de la seguridad y se evaluará en todas las centrales. Aunque serán los países miembros los que lo decidan, la Comisión podrá rechazarlo o imponer el suyo si no hay acuerdo. El primer examen, en todo caso, no llegará hasta 2017. En caso de accidente, la evaluación se hará sin demora, según el documento del Consejo Europeo.
La otra novedad de la norma consiste en establecer criterios comunes de seguridad para los 132 reactores que existen en 14 Estados comunitarios, además de otra docena en proceso de diseño o construcción. Se trata de controlar mejor todo el ciclo de vida de las nucleares (proyecto, construcción, adjudicación, funcionamiento y fin del contrato) para identificar los riesgos.
Hasta ahora existían algunos criterios comunes de funcionamiento de las nucleares, que se verán reemplazados por normas más precisas y garantistas. Se establece una mejora en la seguridad de los reactores, que deben incorporar los últimos avances tecnológicos relativos a la prevención de accidentes.
El documento aprobado ayer incrementa la responsabilidad que se atribuye a las empresas que obtienen la licencia para explotar la central. Quienes opten a ella deben presentar una prueba de seguridad nuclear, que se definirá según los riesgos que comporte esa central en concreto. Además, las empresas informarán de los procedimientos que prevén en el caso de accidentes.
La directiva se aprobará formalmente en julio, aunque los Estados tienen tres años para incorporarla a sus legislaciones. Lo acordado por los representantes de los Estados miembros se ajusta casi completamente a lo que propuso la Comisión Europea, salvo algún detalle sobre los reactores nucleares que los Estados miembros han considerado demasiado prolijo, según el Consejo Europeo. El Ejecutivo comunitario se felicitó por lo acordado. “La seguridad nuclear es primordial para todos los ciudadanos europeos. Necesitamos emplear todos nuestros esfuerzos en asegurar que se siguen los estándares más rigurosos en cada central nuclear de la UE”, aseguró el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.
Mejorar la seguridad de las nucleares resulta crucial en la estrategia de Bruselas para asegurar el suministro energético en los próximos años. Lastrada por la fuerte dependencia de Rusia (un 39% del gas que consume Europa y un tercio del petróleo vienen de Moscú), la Unión Europea trata de potenciar cualquier fuente alternativa que le garantice una mayor estabilidad a raíz de la desconfianza hacia Rusia que ha provocado la crisis ucrania. Las centrales nucleares permiten a cada país gestionar su producción, aunque el uranio que necesitan para funcionar también proviene en un 95% del exterior. Pero al menos en este caso Europa trata con socios que considera más sólidos, como Australia y Canadá.
Los países han aceptado también una propuesta de la Comisión Europea que en la práctica será controvertida de aplicar: aumentar la independencia de los órganos reguladores. Los Estados se comprometen a tener “una autoridad regulatoria fuerte y competente, con independencia efectiva en la toma de decisiones”. El texto subraya la importancia de que actúen de manera “imparcial, transparente y libre de influencias”. Son tales los recelos a este respecto que la directiva insta a prestar especial atención a los conflictos de intereses, argumentando que, como hay pocos expertos en esta industria, el paso de las empresas al regulador y viceversa es frecuente y requiere atención.
