EE UU incluye a Venezuela en su lista negra de países de tráfico de personas
La inclusión, también de Malasia y Tailandia, puede derivar en la aplicación de sanciones
Joan Faus
Washington, El País
En pleno distanciamiento diplomático de Washington con Caracas por la represión a las protestas opositoras, el Departamento de Estado incluyó este viernes a Venezuela en su lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos en la lucha contra el tráfico de personas por la reducción de los esfuerzos oficiales y la ausencia de un plan de acción en el país caribeño. También rebajó a Tailandia y Malasia a esa categoría, integrada por 23 países, entre ellos Cuba, Rusia, Irán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Siria, Algeria o Gambia.
La inclusión en ese listado puede suponer la imposición de sanciones en forma de suspensión de ayuda no humanitaria y no comercial, aunque la Casa Blanca hace una valoración concreta de cada caso. Por ejemplo, el año pasado China y Rusia no fueron objeto de penalizaciones porque estaba en el “interés nacional” de EE UU evitarlo y se buscaba promover determinados cambios legales en esos países, según recordó este viernes Luis Cdebaca, embajador especial de EE UU del programa de lucha contra el tráfico de personas, en una rueda de prensa telefónica.
En cambio, Cuba, Irán o Corea del Norte recibieron sanciones plenas; mientras naciones, como Siria o Zimbabue, fueron parcialmente castigadas. La entrada en la lista negra puede, además, alejar inversiones de multinacionales extranjeras en esos países y derivar en la oposición de Washington a que reciban préstamos de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
El informe anual del Departamento de Estado -elaborado entre abril de 2013 y marzo de 2014 a partir de información de los gobiernos extranjeros, las autoridades de EE UU, organizaciones sociales y artículos de prensa- clasifica a 188 países en cuatro categorías según su nivel de cumplimiento de las leyes internacionales de lucha contra el tráfico de personas, que se define como la acción de “reclutar, albergar, transportar o obtener una persona para realizar trabajos forzosos o actos sexuales mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción”. Según denunció el secretario de Estado, John Kerry, en el acto de presentación del informe, “más de 20 millones de personas, según cálculos conservadores, son víctimas de la trata humana” en el mundo, que genera más de 150.000 millones de dólares anuales.
No es la primera vez que Venezuela entra en el fatídico listado. En 2011 integraba la última categoría, pero en los dos años siguientes subió un escalón porque había varias investigaciones en curso y se intuía un “compromiso de trabajar conjuntamente entre la policía y los servicios de salud”. Un país puede permanecer solo dos años en esa tercera categoría y en caso de carecer de un plan concreto tras ese periodo, como Venezuela, cae de nuevo al último grupo. “No hay ningún mecanismo formal para identificar a las víctimas y no hay refugios diseñados para el tráfico de personas”, lamentó Cdebaca. “Parece que toda la atención a las víctimas la están llevando a cabo las ONG y organizaciones internacionales”.
El responsable del Departamento de Estado consideró, sin embargo, que la rebaja “más notable” en América Latina es si cabe la de Colombia que llevaba varios años consecutivos en la primera categoría y que en el informe de este año ha descendido a la segunda. El motivo es que Bogotá se concentró en la trata internacional de personas, pero descuidó la vigilancia a nivel interno.
En el otro extremo, sobresale el caso de Chile que se adentra en el primer grupo gracias al incremento de los programas gubernamentales y judiciales que luchan contra esta lacra, así como las crecientes investigaciones por parte de los tribunales y la policía. También mejora la calificación de Suiza por adoptar “pasos agresivos” para terminar con flancos legales que implícitamente amparaban que un menor pudiera prostituirse. El primer grupo está integrado por 31 países, la mayoría occidentales, entre ellos Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Reino Unido pero también Nicaragua.
El informe también aplaude los progresos alcanzados, alguno más profundos que otros, en países como Chad, Bahamas y Afganistán, mientras alerta de la vinculación entre el tráfico sexual y las explotaciones mineras en naciones como Perú. En cuanto a la caída de Tailandia y Malasia en la última categoría, la diplomacia estadounidense la atribuye a la falta de esfuerzos oficiales y la complicidad de parte de las autoridades en el tráfico de personas.
Washington, El País
En pleno distanciamiento diplomático de Washington con Caracas por la represión a las protestas opositoras, el Departamento de Estado incluyó este viernes a Venezuela en su lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos en la lucha contra el tráfico de personas por la reducción de los esfuerzos oficiales y la ausencia de un plan de acción en el país caribeño. También rebajó a Tailandia y Malasia a esa categoría, integrada por 23 países, entre ellos Cuba, Rusia, Irán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Siria, Algeria o Gambia.
La inclusión en ese listado puede suponer la imposición de sanciones en forma de suspensión de ayuda no humanitaria y no comercial, aunque la Casa Blanca hace una valoración concreta de cada caso. Por ejemplo, el año pasado China y Rusia no fueron objeto de penalizaciones porque estaba en el “interés nacional” de EE UU evitarlo y se buscaba promover determinados cambios legales en esos países, según recordó este viernes Luis Cdebaca, embajador especial de EE UU del programa de lucha contra el tráfico de personas, en una rueda de prensa telefónica.
En cambio, Cuba, Irán o Corea del Norte recibieron sanciones plenas; mientras naciones, como Siria o Zimbabue, fueron parcialmente castigadas. La entrada en la lista negra puede, además, alejar inversiones de multinacionales extranjeras en esos países y derivar en la oposición de Washington a que reciban préstamos de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
El informe anual del Departamento de Estado -elaborado entre abril de 2013 y marzo de 2014 a partir de información de los gobiernos extranjeros, las autoridades de EE UU, organizaciones sociales y artículos de prensa- clasifica a 188 países en cuatro categorías según su nivel de cumplimiento de las leyes internacionales de lucha contra el tráfico de personas, que se define como la acción de “reclutar, albergar, transportar o obtener una persona para realizar trabajos forzosos o actos sexuales mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción”. Según denunció el secretario de Estado, John Kerry, en el acto de presentación del informe, “más de 20 millones de personas, según cálculos conservadores, son víctimas de la trata humana” en el mundo, que genera más de 150.000 millones de dólares anuales.
No es la primera vez que Venezuela entra en el fatídico listado. En 2011 integraba la última categoría, pero en los dos años siguientes subió un escalón porque había varias investigaciones en curso y se intuía un “compromiso de trabajar conjuntamente entre la policía y los servicios de salud”. Un país puede permanecer solo dos años en esa tercera categoría y en caso de carecer de un plan concreto tras ese periodo, como Venezuela, cae de nuevo al último grupo. “No hay ningún mecanismo formal para identificar a las víctimas y no hay refugios diseñados para el tráfico de personas”, lamentó Cdebaca. “Parece que toda la atención a las víctimas la están llevando a cabo las ONG y organizaciones internacionales”.
El responsable del Departamento de Estado consideró, sin embargo, que la rebaja “más notable” en América Latina es si cabe la de Colombia que llevaba varios años consecutivos en la primera categoría y que en el informe de este año ha descendido a la segunda. El motivo es que Bogotá se concentró en la trata internacional de personas, pero descuidó la vigilancia a nivel interno.
En el otro extremo, sobresale el caso de Chile que se adentra en el primer grupo gracias al incremento de los programas gubernamentales y judiciales que luchan contra esta lacra, así como las crecientes investigaciones por parte de los tribunales y la policía. También mejora la calificación de Suiza por adoptar “pasos agresivos” para terminar con flancos legales que implícitamente amparaban que un menor pudiera prostituirse. El primer grupo está integrado por 31 países, la mayoría occidentales, entre ellos Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Reino Unido pero también Nicaragua.
El informe también aplaude los progresos alcanzados, alguno más profundos que otros, en países como Chad, Bahamas y Afganistán, mientras alerta de la vinculación entre el tráfico sexual y las explotaciones mineras en naciones como Perú. En cuanto a la caída de Tailandia y Malasia en la última categoría, la diplomacia estadounidense la atribuye a la falta de esfuerzos oficiales y la complicidad de parte de las autoridades en el tráfico de personas.
