Si Cameron llevara Siria al Parlamento español
La Cámara de los Comunes rechazó la ofensiva bélica y Obama la presentará al Congreso
Rajoy nunca habría perdido una votación similar debido a las listas cerradas y la disciplina de grupo
Manuel Altozano, El País
El no del Parlamento británico a la acción armada en Siria propuesta por el primer ministro es un hito histórico. En España sería, sencillamente, inconcebible. Si David Cameron, en lugar de a la Cámara de los Comunes, hubiera llevado su iniciativa sobre la acción armada al Congreso de los Diputados de la madrileña carrera de San Jerónimo, los buques de la Royal Navy, casi con total seguridad, estarían ya rumbo al Mediterráneo oriental cargados de armamento. Pero a quien se debe el primer ministro británico, a quien tenía que pedir permiso para intervenir era a su Parlamento. Y no solo se lo negó la oposición laborista, algo que se produce en cada votación parlamentaria en España cuando el PSOE o IU rechazan iniciativas del Ejecutivo. Un total de 39 parlamentarios de la coalición entre tories y liberales que sostiene el Gobierno (30 conservadores y nueve liberales) también se opusieron provocando que perdiera la votación, algo inédito en nuestro país.
Inédito porque, como recuerda el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Alberto López Basaguren, en España los diputados y senadores deben su cargo únicamente al partido. “En nuestro país, si quieres estar en la lista electoral y por tanto en el Parlamento, no tienes que implicarte en la campaña electoral o trabajar a favor de tus electores en tu circunscripción. Debes camelarte al dirigente de tu partido que hace las listas”, prosigue Basaguren. “Esa misma razón es la que impide a los candidatos que luego se convierten en parlamentarios ir en contra del partido”.
Sin embargo, en Reino Unido, en muchos casos, sí es posible. “En algunas circunscripciones en las que es seguro que ganará uno u otro partido, estos colocan a sus candidatos más fieles, los que les garantizarán cierta disciplina en el Parlamento; pero en los distritos más disputados, el trabajo del candidato con sus electores, su cercanía a ellos y la percepción que estos tengan de él y de su trabajo es fundamental”, prosigue el catedrático vasco. Estos últimos son los que, tras la elección, adquieren gran fuerza política que les garantiza cierta independencia respecto de los aparatos. “Echarlos del partido o quitarles la candidatura si son indisciplinados con lo que ordena la formación es difícil, porque pueden seguir ganando su escaño presentándose como independientes”, concluye Basaguren.
Uno de esos diputados especialmente fuertes frente al partido es Sarah Wollaston. El pasado jueves votó en contra de la propuesta de Cameron, el líder de su partido, el conservador. Y al día siguiente explicó las razones que le llevaron a hacerlo en el diario The Guardian. “El país estaba abrumadoramente en contra de tal acción [armada]”, mantuvo en su artículo. “La gente sopesó los argumentos morales y los riesgos y concluyó que habría sido un error iniciar una guerra de mayor envergadura”, añadió. La diputada por la circunscripción de Totnes (suroeste de Inglaterra, 67.562 habitantes) señalaba que “la sombra de Irak” sobrevoló todo el debate en los Comunes y que la verdadera “línea roja” a la que se refiere Cameron y el Gobierno de EE UU —el uso de armas químicas por el ejército sirio como excusa para justificar la intervención— “se traspasó en 1985, cuando Sadam Husein desplegó esos horrores [las armas químicas] contra las fuerzas iraníes” mientras Occidente, según la diputada, miraba a otro lado.
Si se sigue la argumentación de Basaguren, el catedrático de la UPV, Wollaston pudo mantener esa posición públicamente y votar en contra del ataque que proponía el líder de su partido porque su puesto no depende únicamente de su formación. La conservadora, una médica de familia sin ninguna experiencia política hasta 2009, se convirtió en la candidata de ese partido por Totnes. Lo consiguió tras vencer a dos contrincantes en unas primarias abiertas a simpatizantes y no militantes de ese distrito electoral, después de que su antecesor se viera envuelto en el escándalo de los gastos de los parlamentarios que estalló ese año. Su segunda victoria la obtuvo en las elecciones generales de 2010, las que llevaron a Cameron al 10 de Downing Street.
Gracias a la legitimidad de esas victorias, Wollaston ha podido oponerse al menos en otras dos ocasiones al criterio del partido. La primera, en 2010, al sostener una enmienda procedente de la Cámara de los Lores que pretendía establecer un umbral del 40% de participación para los referéndums. Ese mismo año votó a favor de otra enmienda presentada en los Comunes por la oposición del partido laborista para incrementar el número de clientes de Equitable Life que pudieron pedir una indemnización tras la quiebra de la aseguradora.
Tras el revés de Cameron, los otros dos principales líderes favorables a la intervención, el presidente estadounidense, Barack Obama (demócrata), y el francés François Hollande (socialista) optaron también por debatir el polémico ataque en sus respectivos Parlamentos. Obama parece haber logrado el apoyo del Congreso al garantizarse el voto a favor de los principales líderes republicanos. La iniciativa de Hollande se debatió ayer mismo en la Asamblea Nacional aunque sin votación. Si la hubiera habido, los analistas creen que algunos de sus correligionarios hubieran podido votar en contra.
En la fortaleza (británica) o la debilidad (española) de los parlamentarios frente a sus partidos también tiene que ver el sistema electoral y el tamaño de la circunscripción. “El tamaño medio en Reino Unido es de unos 60.000 o 70.000 habitantes, lo que incrementa la cercanía del candidato y los electores”, explica Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. “El hecho de que el sistema sea uninominal [el candidato que obtiene más votos se queda el único escaño en juego y los demás se quedan sin nada] les obliga a acercarse a sus electores y a hacer campaña sobre temas locales”. El parlamentario se convierte en una especie de portavoz del territorio por el que fue elegido. “Un veterano miembro de la Cámara de los Comunes me contó una vez que un vecino de su distrito le escribió para que se eliminara el número 13 de todas las calles de su pueblo porque traía mala suerte”, cuenta Vallespín. “El parlamentario se puso manos a la obra para trasladar la petición a los políticos locales”, añade.
“En España, sin embargo, ocurre justo al contrario. La circunscripción provincial, el sistema proporcional y el hecho de que las listas, cerradas y bloqueadas [los ciudadanos no pueden elaborarlas ni alterar el orden de sus nombres], las elaboren los partidos provoca que gran parte de los electores desconozcan los nombres de la papeleta”, prosigue el profesor de la UAM. “Aquí se vota al partido o al candidato de cada formación a presidente del Gobierno más que a los que aparecen en la lista”. Al contrario que en el sistema inglés, los candidatos de cada circunscripción no cuentan. Cuentan el PP o el PSOE. Y sus líderes: Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba... Los candidatos reales son, para la mayoría, perfectos desconocidos.
Al igual que en Reino Unido, la Constitución Española da a los parlamentarios libertad absoluta a la hora de votar lo que quieran y prohíbe el mandato imperativo, es decir, la obligación de defender en el Parlamento lo que le exijan sus electores. Sin embargo, si los diputados o senadores desobedecen a los dirigentes de sus grupos parlamentarios —es decir, a sus formaciones— deben asumir las consecuencias. Es lo que se llama la disciplina de voto. Se recoge en los reglamentos internos de los grupos parlamentarios. El del grupo socialista en el Congreso, por ejemplo, establece sanciones que van de los 200 a los 600 euros a los que se ausenten injustificadamente o sin permiso de las votaciones parlamentarias o a los que voten en contra del criterio del grupo. Y desobedecer repetidamente puede suponer acabar en el grupo mixto o como diputado o senador no adscrito y no repetir como candidato, porque, como se ha dicho antes, las listas las hace el partido.
Jesús López-Medel, exdiputado del PP entre 1996 y 2008, no pudo votar en contra de la guerra de Irak porque el entonces presidente del Gobierno (y de su partido) José María Aznar no sometió la intervención española al Parlamento. “Tampoco lo habría hecho; no lo hice nunca”, señala. Pero sí manifestó públicamente su rechazo a esa operación militar y criticó algunos puntos de vista de su formación, como la defensa de la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M. “Al día siguiente sentí un aislamiento inmediato por parte de los dirigentes de mi grupo y de los diputados de base”, recuerda López-Medel. “Era el presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, la segunda más importante de la cámara, pero me convertí en una persona marginada”, añade. “Yo solo quería expresar matices, pero el grupo no lo admitía. Y en las juntas directivas del partido nadie expresaba su opinión, solo obedecían”, recuerda. El partido fue limitando poco a poco la actividad parlamentaria de López-Medel hasta que, en 2008, él mismo se dio cuenta de que no merecía la pena seguir y se retiró. “Todo esto provoca que los que tienen ideas propias huyan despavoridos de la política. Los que están en ella y aceptan en sistema tampoco los quieren allí. No puede confundirse la lealtad con la sumisión”, concluye.
Desde la llegada de la democracia, durante muchos años, esa sumisión de la que habla López-Medel no se ha cuestionado. Pero con la crisis y el paro, la inoperancia de los partidos mayoritarios para hacerles frente y la corrupción, movimientos como el 15-M lo pusieron en la agenda al grito de No nos representan. Entre las reivindicaciones de estos grupos sociales se encuentra un cambio en la ley electoral que permita las listas abiertas para que los parlamentarios vuelvan la vista a sus electores en lugar de mantenerla en el aparato de las formaciones a las que pertenecen.
Vallespín, el catedrático de Ciencia Política de la UAM, advierte de los riesgos de esas demandas. “Puede que los partidos tengan un poder excesivo que provoque que la representatividad de los parlamentarios se resienta, como mantienen estos movimientos, pero conviene recordar que el sistema electoral español, desde su creación, ha funcionado”, explica. “Desde la transición hemos tenido gobiernos estables, formados únicamente por grandes partidos que se han alternado en el poder y casi siempre han agotado las legislaturas”, prosigue. “Es el dilema entre representatividad y eficacia”.
Esos dos valores, representatividad y eficacia, tomarán previsiblemente gran relevancia en los próximos comicios. Las últimas encuestas reflejan un panorama devastador para los dos principales partidos, PP y PSOE, y un gran incremento de apoyo a IU y UPyD, dos formaciones que abogan por un cambio en la ley electoral. Quizá entonces la autonomía de nuestros parlamentarios respecto a sus formaciones saldrá reforzada.
El castigo a la discrepancia
El exsenador del PP Juan Morano.
Como el de David Cameron en Reino Unido, han sido varios los Gobiernos españoles que han perdido votaciones en las Cortes. En 1995 Felipe González (PSOE) tuvo que convocar elecciones al retirarle su apoyo CiU para aprobar los Presupuestos. Varias iniciativas de José Luis Rodríguez Zapatero también se encontraron con la oposición de la Cámara, aunque en ningún caso estuvo en peligro la estabilidad de su Ejecutivo. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas fue derrotada por los votos en contra de los diputados del partido gobernante. Los que se han alzado en contra del criterio del grupo han sido castigados. Estos son algunos ejemplos.
Juan Morano (PP). El veterano senador por León, exdiputado y exalcalde de esa capital, rompió en junio de 2012 la disciplina de su partido y votó a favor de enmiendas de la oposición a los Presupuestos que defendían la subsistencia de las ayudas al carbón que el Gobierno de Rajoy quería recortar. Su partido lo acusó de “deslealtad” y lo suspendió de funciones, pero Morano decidió abandonar el PP. Desde entonces ocupa un escaño del grupo mixto.
Carme Chacón (PSOE). 13 diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC) votaron el pasado 22 de febrero a favor del derecho a decidir en Cataluña junto a CiU, ERC e ICV. La exministra de Defensa no siguió las instrucciones ni del PSOE ni del PSC y se ausentó de la votación. El grupo impuso a todos ellos una multa de 600 euros y expulsó a los diputados del PSC de su dirección.
Celia Villalobos (PP). Votó a favor de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo elaborada por el Gobierno de Zapatero en contra del criterio de su partido. La diputada del PP fue sancionada por ello con una multa de 300 euros.
Rajoy nunca habría perdido una votación similar debido a las listas cerradas y la disciplina de grupo
El no del Parlamento británico a la acción armada en Siria propuesta por el primer ministro es un hito histórico. En España sería, sencillamente, inconcebible. Si David Cameron, en lugar de a la Cámara de los Comunes, hubiera llevado su iniciativa sobre la acción armada al Congreso de los Diputados de la madrileña carrera de San Jerónimo, los buques de la Royal Navy, casi con total seguridad, estarían ya rumbo al Mediterráneo oriental cargados de armamento. Pero a quien se debe el primer ministro británico, a quien tenía que pedir permiso para intervenir era a su Parlamento. Y no solo se lo negó la oposición laborista, algo que se produce en cada votación parlamentaria en España cuando el PSOE o IU rechazan iniciativas del Ejecutivo. Un total de 39 parlamentarios de la coalición entre tories y liberales que sostiene el Gobierno (30 conservadores y nueve liberales) también se opusieron provocando que perdiera la votación, algo inédito en nuestro país.
Inédito porque, como recuerda el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Alberto López Basaguren, en España los diputados y senadores deben su cargo únicamente al partido. “En nuestro país, si quieres estar en la lista electoral y por tanto en el Parlamento, no tienes que implicarte en la campaña electoral o trabajar a favor de tus electores en tu circunscripción. Debes camelarte al dirigente de tu partido que hace las listas”, prosigue Basaguren. “Esa misma razón es la que impide a los candidatos que luego se convierten en parlamentarios ir en contra del partido”.
Sin embargo, en Reino Unido, en muchos casos, sí es posible. “En algunas circunscripciones en las que es seguro que ganará uno u otro partido, estos colocan a sus candidatos más fieles, los que les garantizarán cierta disciplina en el Parlamento; pero en los distritos más disputados, el trabajo del candidato con sus electores, su cercanía a ellos y la percepción que estos tengan de él y de su trabajo es fundamental”, prosigue el catedrático vasco. Estos últimos son los que, tras la elección, adquieren gran fuerza política que les garantiza cierta independencia respecto de los aparatos. “Echarlos del partido o quitarles la candidatura si son indisciplinados con lo que ordena la formación es difícil, porque pueden seguir ganando su escaño presentándose como independientes”, concluye Basaguren.
Uno de esos diputados especialmente fuertes frente al partido es Sarah Wollaston. El pasado jueves votó en contra de la propuesta de Cameron, el líder de su partido, el conservador. Y al día siguiente explicó las razones que le llevaron a hacerlo en el diario The Guardian. “El país estaba abrumadoramente en contra de tal acción [armada]”, mantuvo en su artículo. “La gente sopesó los argumentos morales y los riesgos y concluyó que habría sido un error iniciar una guerra de mayor envergadura”, añadió. La diputada por la circunscripción de Totnes (suroeste de Inglaterra, 67.562 habitantes) señalaba que “la sombra de Irak” sobrevoló todo el debate en los Comunes y que la verdadera “línea roja” a la que se refiere Cameron y el Gobierno de EE UU —el uso de armas químicas por el ejército sirio como excusa para justificar la intervención— “se traspasó en 1985, cuando Sadam Husein desplegó esos horrores [las armas químicas] contra las fuerzas iraníes” mientras Occidente, según la diputada, miraba a otro lado.
Si se sigue la argumentación de Basaguren, el catedrático de la UPV, Wollaston pudo mantener esa posición públicamente y votar en contra del ataque que proponía el líder de su partido porque su puesto no depende únicamente de su formación. La conservadora, una médica de familia sin ninguna experiencia política hasta 2009, se convirtió en la candidata de ese partido por Totnes. Lo consiguió tras vencer a dos contrincantes en unas primarias abiertas a simpatizantes y no militantes de ese distrito electoral, después de que su antecesor se viera envuelto en el escándalo de los gastos de los parlamentarios que estalló ese año. Su segunda victoria la obtuvo en las elecciones generales de 2010, las que llevaron a Cameron al 10 de Downing Street.
Gracias a la legitimidad de esas victorias, Wollaston ha podido oponerse al menos en otras dos ocasiones al criterio del partido. La primera, en 2010, al sostener una enmienda procedente de la Cámara de los Lores que pretendía establecer un umbral del 40% de participación para los referéndums. Ese mismo año votó a favor de otra enmienda presentada en los Comunes por la oposición del partido laborista para incrementar el número de clientes de Equitable Life que pudieron pedir una indemnización tras la quiebra de la aseguradora.
Tras el revés de Cameron, los otros dos principales líderes favorables a la intervención, el presidente estadounidense, Barack Obama (demócrata), y el francés François Hollande (socialista) optaron también por debatir el polémico ataque en sus respectivos Parlamentos. Obama parece haber logrado el apoyo del Congreso al garantizarse el voto a favor de los principales líderes republicanos. La iniciativa de Hollande se debatió ayer mismo en la Asamblea Nacional aunque sin votación. Si la hubiera habido, los analistas creen que algunos de sus correligionarios hubieran podido votar en contra.
En la fortaleza (británica) o la debilidad (española) de los parlamentarios frente a sus partidos también tiene que ver el sistema electoral y el tamaño de la circunscripción. “El tamaño medio en Reino Unido es de unos 60.000 o 70.000 habitantes, lo que incrementa la cercanía del candidato y los electores”, explica Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. “El hecho de que el sistema sea uninominal [el candidato que obtiene más votos se queda el único escaño en juego y los demás se quedan sin nada] les obliga a acercarse a sus electores y a hacer campaña sobre temas locales”. El parlamentario se convierte en una especie de portavoz del territorio por el que fue elegido. “Un veterano miembro de la Cámara de los Comunes me contó una vez que un vecino de su distrito le escribió para que se eliminara el número 13 de todas las calles de su pueblo porque traía mala suerte”, cuenta Vallespín. “El parlamentario se puso manos a la obra para trasladar la petición a los políticos locales”, añade.
“En España, sin embargo, ocurre justo al contrario. La circunscripción provincial, el sistema proporcional y el hecho de que las listas, cerradas y bloqueadas [los ciudadanos no pueden elaborarlas ni alterar el orden de sus nombres], las elaboren los partidos provoca que gran parte de los electores desconozcan los nombres de la papeleta”, prosigue el profesor de la UAM. “Aquí se vota al partido o al candidato de cada formación a presidente del Gobierno más que a los que aparecen en la lista”. Al contrario que en el sistema inglés, los candidatos de cada circunscripción no cuentan. Cuentan el PP o el PSOE. Y sus líderes: Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba... Los candidatos reales son, para la mayoría, perfectos desconocidos.
Al igual que en Reino Unido, la Constitución Española da a los parlamentarios libertad absoluta a la hora de votar lo que quieran y prohíbe el mandato imperativo, es decir, la obligación de defender en el Parlamento lo que le exijan sus electores. Sin embargo, si los diputados o senadores desobedecen a los dirigentes de sus grupos parlamentarios —es decir, a sus formaciones— deben asumir las consecuencias. Es lo que se llama la disciplina de voto. Se recoge en los reglamentos internos de los grupos parlamentarios. El del grupo socialista en el Congreso, por ejemplo, establece sanciones que van de los 200 a los 600 euros a los que se ausenten injustificadamente o sin permiso de las votaciones parlamentarias o a los que voten en contra del criterio del grupo. Y desobedecer repetidamente puede suponer acabar en el grupo mixto o como diputado o senador no adscrito y no repetir como candidato, porque, como se ha dicho antes, las listas las hace el partido.
Jesús López-Medel, exdiputado del PP entre 1996 y 2008, no pudo votar en contra de la guerra de Irak porque el entonces presidente del Gobierno (y de su partido) José María Aznar no sometió la intervención española al Parlamento. “Tampoco lo habría hecho; no lo hice nunca”, señala. Pero sí manifestó públicamente su rechazo a esa operación militar y criticó algunos puntos de vista de su formación, como la defensa de la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M. “Al día siguiente sentí un aislamiento inmediato por parte de los dirigentes de mi grupo y de los diputados de base”, recuerda López-Medel. “Era el presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, la segunda más importante de la cámara, pero me convertí en una persona marginada”, añade. “Yo solo quería expresar matices, pero el grupo no lo admitía. Y en las juntas directivas del partido nadie expresaba su opinión, solo obedecían”, recuerda. El partido fue limitando poco a poco la actividad parlamentaria de López-Medel hasta que, en 2008, él mismo se dio cuenta de que no merecía la pena seguir y se retiró. “Todo esto provoca que los que tienen ideas propias huyan despavoridos de la política. Los que están en ella y aceptan en sistema tampoco los quieren allí. No puede confundirse la lealtad con la sumisión”, concluye.
Desde la llegada de la democracia, durante muchos años, esa sumisión de la que habla López-Medel no se ha cuestionado. Pero con la crisis y el paro, la inoperancia de los partidos mayoritarios para hacerles frente y la corrupción, movimientos como el 15-M lo pusieron en la agenda al grito de No nos representan. Entre las reivindicaciones de estos grupos sociales se encuentra un cambio en la ley electoral que permita las listas abiertas para que los parlamentarios vuelvan la vista a sus electores en lugar de mantenerla en el aparato de las formaciones a las que pertenecen.
Vallespín, el catedrático de Ciencia Política de la UAM, advierte de los riesgos de esas demandas. “Puede que los partidos tengan un poder excesivo que provoque que la representatividad de los parlamentarios se resienta, como mantienen estos movimientos, pero conviene recordar que el sistema electoral español, desde su creación, ha funcionado”, explica. “Desde la transición hemos tenido gobiernos estables, formados únicamente por grandes partidos que se han alternado en el poder y casi siempre han agotado las legislaturas”, prosigue. “Es el dilema entre representatividad y eficacia”.
Esos dos valores, representatividad y eficacia, tomarán previsiblemente gran relevancia en los próximos comicios. Las últimas encuestas reflejan un panorama devastador para los dos principales partidos, PP y PSOE, y un gran incremento de apoyo a IU y UPyD, dos formaciones que abogan por un cambio en la ley electoral. Quizá entonces la autonomía de nuestros parlamentarios respecto a sus formaciones saldrá reforzada.
El castigo a la discrepancia
El exsenador del PP Juan Morano.
Como el de David Cameron en Reino Unido, han sido varios los Gobiernos españoles que han perdido votaciones en las Cortes. En 1995 Felipe González (PSOE) tuvo que convocar elecciones al retirarle su apoyo CiU para aprobar los Presupuestos. Varias iniciativas de José Luis Rodríguez Zapatero también se encontraron con la oposición de la Cámara, aunque en ningún caso estuvo en peligro la estabilidad de su Ejecutivo. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas fue derrotada por los votos en contra de los diputados del partido gobernante. Los que se han alzado en contra del criterio del grupo han sido castigados. Estos son algunos ejemplos.
Juan Morano (PP). El veterano senador por León, exdiputado y exalcalde de esa capital, rompió en junio de 2012 la disciplina de su partido y votó a favor de enmiendas de la oposición a los Presupuestos que defendían la subsistencia de las ayudas al carbón que el Gobierno de Rajoy quería recortar. Su partido lo acusó de “deslealtad” y lo suspendió de funciones, pero Morano decidió abandonar el PP. Desde entonces ocupa un escaño del grupo mixto.
Carme Chacón (PSOE). 13 diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC) votaron el pasado 22 de febrero a favor del derecho a decidir en Cataluña junto a CiU, ERC e ICV. La exministra de Defensa no siguió las instrucciones ni del PSOE ni del PSC y se ausentó de la votación. El grupo impuso a todos ellos una multa de 600 euros y expulsó a los diputados del PSC de su dirección.
Celia Villalobos (PP). Votó a favor de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo elaborada por el Gobierno de Zapatero en contra del criterio de su partido. La diputada del PP fue sancionada por ello con una multa de 300 euros.
