España sopesa llevar el contencioso de Gibraltar a los foros internacionales
Margallo estudia denunciar en la ONU la negativa británica a hablar de soberanía
El ministro sondeará la posibilidad de un frente común con Argentina
Miguel González
Madrid, El País
A principios de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, viajará a Buenos Aires, en vísperas de que el Comité Olímpico Internacional (COI) anuncie si Madrid es agraciada con la organización de los Juegos de 2020. Con su homólogo argentino, Héctor Timerman, Margallo no solo abordará el pleito por la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF, sino que sondeará también la posibilidad de que España y Argentina hagan frente común en la ONU por Gibraltar y Las Malvinas. Hasta ahora, Madrid ha evitado vincular la reivindicación de ambas colonias británicas; a fin de cuentas, España y Reino Unido son socios en la UE y la OTAN, mientras que Argentina intentó recuperar Las Malvinas por la fuerza, en la aciaga guerra de 1982.
En este momento puede resultar atractiva una entente con Buenos Aires: Argentina forma parte del Consejo de Seguridad en el bienio 2013-2014 y podría incluir, o intentarlo al menos, el asunto gibraltareño en la agenda del máximo órgano decisorio de la ONU. Aunque el Reino Unido tiene derecho de veto en este foro, debería abstenerse en un tema que le afecta directamente.
La posibilidad de llevar el contencioso del Peñón al Consejo de Seguridad es solo una de las opciones que estudia Exteriores. Otra es acudir a la Asamblea General, donde España ya obtuvo resoluciones favorables a sus tesis a finales de los años sesenta —una reconocía su derecho a la “integridad territorial” (2.353) y otra pedía al Reino Unido que pusiera “término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969” (2.429)—, aunque sin que ello tuviera consecuencias prácticas.
La alternativa más arriesgada es acudir al Tribunal Internacional de La Haya para denunciar la ocupación ilegal del itsmo que une el Peñón con La Línea. De los tres contenciosos que se solapan en Gibraltar —el territorio cedido por el Tratado de Utrecht, las aguas territoriales y el istmo— es en este último donde los derechos de España son más claros. El istmo fue ocupado ilegalmente por los británicos a principios del siglo XIX, con el pretexto de montar un campamento sanitario ante una epidemia, y su anexión se consolidó con la construcción del aeropuerto aprovechando la Guerra Civil española. Exteriores cree que Londres no puede esgrimir una aceptación tácita de esta ocupación de facto, pues España nunca dejó de denunciarla. Aún así, la mayoría de los expertos desaconsejan acudir a La Haya, pues ello requiere la aquiescencia de Londres, y el fallo podría afectar al conjunto del contencioso y no solo al istmo. España podría verse en la tesitura de jugárselo todo a una carta.
En todo caso, el hecho de que Margallo haya encargado que se estudien todas estas opciones revela, según fuentes diplomáticas, que el ministro está dispuesto a dar un giro de 180 grados en la política hacia la colonia.
Al menos desde la declaración de Bruselas de 1984, España ha fiado la resolución del contencioso a la negociación bilateral con Reino Unido. El objetivo pareció al alcance de la mano en 2002, cuando el entonces jefe de la diplomacia española, Josep Piqué, y su colega Jack Straw llegaron a un principio de acuerdo sobre la cosoberanía, que fue rechazado en referédum por el 99% de los llanitos. Desde entonces, Londres se ha negado a hablar de soberanía sin el visto bueno de las autoridades del Peñón, que lo rechazan de plano. Pese a ello, españoles y británicos han pactado cada año en Nueva York un resolución inocua que el Comité de los 24 (Descolonización) endosa a la Cuarta Comisión y a la Asamblea General, sin que se llegue siquiera a votar.
En esta ocasión, sin embargo, España podría presentar una propuesta de resolución que denunciase el incumplimiento por el Reino Unido de los mandatos de la Asamblea General y sirviera como instrumento de presión para que se siente a negociar. La apuesta no está exenta de peligro, pues el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, pretende sacar a Gibraltar de la lista de territorios pendientes de descolonizar de la ONU, con el argumento de que los llanitos ya se han autodeterminado y han elegido seguir siendo británicos.
Pero la estrategia a medio plazo se ha visto desbordada, una vez más, por las urgencias del momento. El pasado día 24, con toda España conmocionada por el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, un remolcador y una gabarra arrojaron 70 bloques de hormigón en aguas contiguas al Peñón, segando la posibilidad de que los pescadores gaditanos vuelvan a faenar allí. El Gobierno español no fue avisado de la supuesta instalación de un arrecife artificial y, según asegura, tampoco el británico, aunque esto último es más dudoso, pues la policía gibraltareña depende del gobernador.
La reacción del Gobierno ante esta política de “hechos consumados” fue endurecer los controles en la verja, provocando colas kilométricas, aunque no se admita oficialmente que se trata de una represalia; y preparar una batería de medidas para demostrar que “las políticas contrarias a España tienen un coste”, según se advierte en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La crisis pareció encauzarse después de que, el pasado día 7, hablaran tefónicamente los dos primeros ministros, Mariano Rajoy y David Cameron, y sus respectivos cancilleres, Margallo y William Hague. Lo que tranquiliza menos es comprobar las discrepancias en torno al contenido de dichas conversaciones. Mientras, según Downing Street, Rajoy prometió suavizar los controles en la verja, La Moncloa lo niega de plano.
La Oficina de Información Diplomática informó de que los dos ministros se habían “comprometido a trabajar para resolver la situación, creando grupos de trabajo ad hoc en los que, además del Reino Unido y España, estén presentes aquellas autoridades que puedan tener competencias en esas materias” (protección del medio ambiente y pesca); es decir, el Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía. Más ambigua era la nota de Foreign Office, según la cual ambos “estuvieron de acuerdo en la necesidad del diálogo, en el contexto de las propuestas del secretario de Exteriores [Hague] de abril del año pasado para explorar un diálogo ad hoc que incluya al Gobierno de Gibraltar”; sin citar, pero tampoco excluir, a la Junta. Por si acaso, Picardo reafirmó ese mismo día su apuesta por el foro tripartito —que rechaza el Gobierno del PP porque sienta a la colonia en igualdad de condiciones con dos Estados soberanos— y mostró su rechazo absoluto a la creación de grupos de trabajo sobre pesca o medio ambiente, “asuntos que son de exclusiva competencia del Gobierno de Gibraltar”.
Exteriores sostiene que la creación de los grupos ad hoc fue propuesta por el propio Hague en una carta de 14 de abril de 2012, pero Rajoy no lo da por hecho y el pasado viernes, tras la audiencia con el Rey en Palma de Mallorca, reivindicó la negociación a cuatro bandas.
Si Londres sigue dando derecho de veto a las autoridades gibraltareñas, advierten fuentes diplomáticas, no habrá diálogo, ni sobre pesca ni sobre nada.
La baza que se guarda el Gobierno es la creación de una “tasa de congestión” de 50 euros a todo vehículo que entre o salga del Peñón. Margallo asegura que no se cobrará a los más de 4.000 trabajadores españoles que cada día van al Peñón y la ha comparado con la tasa que pagan los automóviles por acceder al centro de Londres. Fuentes diplomáticas admiten que se está estudiando cuidadosamente la fórmula, para asegurarse de que es compatible con la legislación comunitaria. Si se aplica, resultará menos rentable el contrabando de tabaco y más costoso residir en Gibraltar y tener una vivienda en la Costa del Sol, como hacen 6.700 llanitos. Sin llegar al extremo de cerrar la verja, como hizo hace 44 años el ministro Fernando María Castiella, el mismo que dio la batalla por Gibraltar en la ONU.
Un delito penado hasta con cinco años de prisión
El lanzamiento de 70 bloques de hormigón, cada uno de ellos de tres toneladas, en aguas contiguas al aeropuerto de Gibraltar ha supuesto, “según el sector pesquero de la bahía”, que haya “quedado afectada la totalidad de las modalidades y especies que eran habituales de la flota, tanto de Algeciras, como de La Línea de la Concepción”. Así figura en la denuncia que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presentó el pasado 29 de julio en la Fiscalía General del Estado.
“La consecuencia de estas acciones es la imposibilidad de pescar [en la zona] con rastro remolcado, mientras que en el caso del cerco dependerá de la profundidad a la que hayan sido hundidos los bloques que, al parecer, están recubiertos de ganchos que favorecen el enganche de redes”, prosigue el escrito. “El caladero de la bahía de Algeciras, el llamado de Poniente, ha quedado inutilizado al menos para el rastro remolcado y, muy probablemente, para el resto de las artes”, concluye.
A falta de estudiar las consecuencias para el ecosistema marino, la denuncia estima que se puede haber cometido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que el artículo 325 del Código Penal castiga con dos a cinco años de prisión, multa de hasta 24 meses e inhabilitación por hasta tres años.
El ministro sondeará la posibilidad de un frente común con Argentina
Miguel González
Madrid, El País
A principios de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, viajará a Buenos Aires, en vísperas de que el Comité Olímpico Internacional (COI) anuncie si Madrid es agraciada con la organización de los Juegos de 2020. Con su homólogo argentino, Héctor Timerman, Margallo no solo abordará el pleito por la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF, sino que sondeará también la posibilidad de que España y Argentina hagan frente común en la ONU por Gibraltar y Las Malvinas. Hasta ahora, Madrid ha evitado vincular la reivindicación de ambas colonias británicas; a fin de cuentas, España y Reino Unido son socios en la UE y la OTAN, mientras que Argentina intentó recuperar Las Malvinas por la fuerza, en la aciaga guerra de 1982.
En este momento puede resultar atractiva una entente con Buenos Aires: Argentina forma parte del Consejo de Seguridad en el bienio 2013-2014 y podría incluir, o intentarlo al menos, el asunto gibraltareño en la agenda del máximo órgano decisorio de la ONU. Aunque el Reino Unido tiene derecho de veto en este foro, debería abstenerse en un tema que le afecta directamente.
La posibilidad de llevar el contencioso del Peñón al Consejo de Seguridad es solo una de las opciones que estudia Exteriores. Otra es acudir a la Asamblea General, donde España ya obtuvo resoluciones favorables a sus tesis a finales de los años sesenta —una reconocía su derecho a la “integridad territorial” (2.353) y otra pedía al Reino Unido que pusiera “término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969” (2.429)—, aunque sin que ello tuviera consecuencias prácticas.
La alternativa más arriesgada es acudir al Tribunal Internacional de La Haya para denunciar la ocupación ilegal del itsmo que une el Peñón con La Línea. De los tres contenciosos que se solapan en Gibraltar —el territorio cedido por el Tratado de Utrecht, las aguas territoriales y el istmo— es en este último donde los derechos de España son más claros. El istmo fue ocupado ilegalmente por los británicos a principios del siglo XIX, con el pretexto de montar un campamento sanitario ante una epidemia, y su anexión se consolidó con la construcción del aeropuerto aprovechando la Guerra Civil española. Exteriores cree que Londres no puede esgrimir una aceptación tácita de esta ocupación de facto, pues España nunca dejó de denunciarla. Aún así, la mayoría de los expertos desaconsejan acudir a La Haya, pues ello requiere la aquiescencia de Londres, y el fallo podría afectar al conjunto del contencioso y no solo al istmo. España podría verse en la tesitura de jugárselo todo a una carta.
En todo caso, el hecho de que Margallo haya encargado que se estudien todas estas opciones revela, según fuentes diplomáticas, que el ministro está dispuesto a dar un giro de 180 grados en la política hacia la colonia.
Al menos desde la declaración de Bruselas de 1984, España ha fiado la resolución del contencioso a la negociación bilateral con Reino Unido. El objetivo pareció al alcance de la mano en 2002, cuando el entonces jefe de la diplomacia española, Josep Piqué, y su colega Jack Straw llegaron a un principio de acuerdo sobre la cosoberanía, que fue rechazado en referédum por el 99% de los llanitos. Desde entonces, Londres se ha negado a hablar de soberanía sin el visto bueno de las autoridades del Peñón, que lo rechazan de plano. Pese a ello, españoles y británicos han pactado cada año en Nueva York un resolución inocua que el Comité de los 24 (Descolonización) endosa a la Cuarta Comisión y a la Asamblea General, sin que se llegue siquiera a votar.
En esta ocasión, sin embargo, España podría presentar una propuesta de resolución que denunciase el incumplimiento por el Reino Unido de los mandatos de la Asamblea General y sirviera como instrumento de presión para que se siente a negociar. La apuesta no está exenta de peligro, pues el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, pretende sacar a Gibraltar de la lista de territorios pendientes de descolonizar de la ONU, con el argumento de que los llanitos ya se han autodeterminado y han elegido seguir siendo británicos.
Pero la estrategia a medio plazo se ha visto desbordada, una vez más, por las urgencias del momento. El pasado día 24, con toda España conmocionada por el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, un remolcador y una gabarra arrojaron 70 bloques de hormigón en aguas contiguas al Peñón, segando la posibilidad de que los pescadores gaditanos vuelvan a faenar allí. El Gobierno español no fue avisado de la supuesta instalación de un arrecife artificial y, según asegura, tampoco el británico, aunque esto último es más dudoso, pues la policía gibraltareña depende del gobernador.
La reacción del Gobierno ante esta política de “hechos consumados” fue endurecer los controles en la verja, provocando colas kilométricas, aunque no se admita oficialmente que se trata de una represalia; y preparar una batería de medidas para demostrar que “las políticas contrarias a España tienen un coste”, según se advierte en un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La crisis pareció encauzarse después de que, el pasado día 7, hablaran tefónicamente los dos primeros ministros, Mariano Rajoy y David Cameron, y sus respectivos cancilleres, Margallo y William Hague. Lo que tranquiliza menos es comprobar las discrepancias en torno al contenido de dichas conversaciones. Mientras, según Downing Street, Rajoy prometió suavizar los controles en la verja, La Moncloa lo niega de plano.
La Oficina de Información Diplomática informó de que los dos ministros se habían “comprometido a trabajar para resolver la situación, creando grupos de trabajo ad hoc en los que, además del Reino Unido y España, estén presentes aquellas autoridades que puedan tener competencias en esas materias” (protección del medio ambiente y pesca); es decir, el Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía. Más ambigua era la nota de Foreign Office, según la cual ambos “estuvieron de acuerdo en la necesidad del diálogo, en el contexto de las propuestas del secretario de Exteriores [Hague] de abril del año pasado para explorar un diálogo ad hoc que incluya al Gobierno de Gibraltar”; sin citar, pero tampoco excluir, a la Junta. Por si acaso, Picardo reafirmó ese mismo día su apuesta por el foro tripartito —que rechaza el Gobierno del PP porque sienta a la colonia en igualdad de condiciones con dos Estados soberanos— y mostró su rechazo absoluto a la creación de grupos de trabajo sobre pesca o medio ambiente, “asuntos que son de exclusiva competencia del Gobierno de Gibraltar”.
Exteriores sostiene que la creación de los grupos ad hoc fue propuesta por el propio Hague en una carta de 14 de abril de 2012, pero Rajoy no lo da por hecho y el pasado viernes, tras la audiencia con el Rey en Palma de Mallorca, reivindicó la negociación a cuatro bandas.
Si Londres sigue dando derecho de veto a las autoridades gibraltareñas, advierten fuentes diplomáticas, no habrá diálogo, ni sobre pesca ni sobre nada.
La baza que se guarda el Gobierno es la creación de una “tasa de congestión” de 50 euros a todo vehículo que entre o salga del Peñón. Margallo asegura que no se cobrará a los más de 4.000 trabajadores españoles que cada día van al Peñón y la ha comparado con la tasa que pagan los automóviles por acceder al centro de Londres. Fuentes diplomáticas admiten que se está estudiando cuidadosamente la fórmula, para asegurarse de que es compatible con la legislación comunitaria. Si se aplica, resultará menos rentable el contrabando de tabaco y más costoso residir en Gibraltar y tener una vivienda en la Costa del Sol, como hacen 6.700 llanitos. Sin llegar al extremo de cerrar la verja, como hizo hace 44 años el ministro Fernando María Castiella, el mismo que dio la batalla por Gibraltar en la ONU.
Un delito penado hasta con cinco años de prisión
El lanzamiento de 70 bloques de hormigón, cada uno de ellos de tres toneladas, en aguas contiguas al aeropuerto de Gibraltar ha supuesto, “según el sector pesquero de la bahía”, que haya “quedado afectada la totalidad de las modalidades y especies que eran habituales de la flota, tanto de Algeciras, como de La Línea de la Concepción”. Así figura en la denuncia que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presentó el pasado 29 de julio en la Fiscalía General del Estado.
“La consecuencia de estas acciones es la imposibilidad de pescar [en la zona] con rastro remolcado, mientras que en el caso del cerco dependerá de la profundidad a la que hayan sido hundidos los bloques que, al parecer, están recubiertos de ganchos que favorecen el enganche de redes”, prosigue el escrito. “El caladero de la bahía de Algeciras, el llamado de Poniente, ha quedado inutilizado al menos para el rastro remolcado y, muy probablemente, para el resto de las artes”, concluye.
A falta de estudiar las consecuencias para el ecosistema marino, la denuncia estima que se puede haber cometido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que el artículo 325 del Código Penal castiga con dos a cinco años de prisión, multa de hasta 24 meses e inhabilitación por hasta tres años.
