Ley de Servicios Financieros busca reducir el sistema financiero privado, según experto
La Paz, ANFEl proyecto de Ley de Servicios Financieros induce a pensar que el Gobierno busca reducir las dimensiones del sistema financiero privado o sustituirlo paulatinamente con bancos estatales; en un proceso lento de estatización de la banca, afirmó el economista José Baldivia Urdininea en un documento difundido por la Fundación Milenio.
Según Baldivia Urdininea, un experto en microfinanzas, las entidades financieras no pueden incidir en los indicadores económicos y sociales ni apoyar el desarrollo del sector productivo si su intervención no está acompañada de políticas públicas eficaces y eficientes, que promuevan la inversión, el desarrollo del sector productivo y el empleo.
”El principal problema del proyecto de Ley de Servicios Financieros es que asume que las entidades financieras deben transformarse en instrumentos de la política de gobierno, incluyendo el curioso concepto del ‘vivir bien’”, afirmó Baldivia Urdininea al comentar el proyecto de ley.
En su opinión, “sería más importante liberar a las empresas industriales de obligaciones como el aporte solidario a las AFP, vincular los incrementos salariales anuales a la productividad y promover la calificación de la mano de obra”.
”Si el gobierno no es presa de una confusión de conceptos, querría decir que tiene la voluntad de reducir las dimensiones del sistema financiero privado o ir sustituyéndolo paulatinamente por bancos estatales; un proceso más lento pero idéntico al planteado en la amenaza del Ministro de Economía: la nacionalización (léase estatización) de la banca”, agregó.
Al comentar la intención del Gobierno de regular mediante decretos las tasas máximas que deberá cobrar el sistema financiero por sus créditos en general y para los dirigidos a los sectores de producción y vivienda en particular, estableciendo al mismo tiempo tasas mínimas por los depósitos, Baldivia Urdininea opinó que “la medida gozará sin duda de popularidad, pues es natural que los demandantes de crédito quieran pagar menos por ellos y que los ahorristas busquen obtener un mayor rendimiento de sus depósitos”.
Sin embargo, señaló que si se fijan topes demasiado bajos, las primeras entidades en verse afectadas serán las de microfinanzas, es decir, aquellas que tienen como clientela a pequeños prestatarios, quienes pagan tasas más altas debido a que obtienen créditos pequeños, por plazos cortos y generalmente sin garantías hipotecarias.
”Si estas tasas son forzadas artificialmente hacia abajo, la certidumbre de operar a pérdida hará que se restrinja el crédito a los pequeños prestatarios y microempresarios, exactamente al contrario de lo que dice buscar el gobierno”, subrayó.
Por otra parte, prosiguió, “fijar límites mínimos al rendimiento de los depósitos puede ser interesante para inducir a la banca a una mayor eficiencia y a tener una infraestructura menos ostentosa, siempre y cuando dichos límites consideren con realismo sus costos operativos y las nuevas obligaciones que le impone la propia ley”.
Entre estas nuevas obligaciones figuran cursos anuales de educación financiera, contribución al fondo de protección al ahorrista, cumplimiento de metas sociales a ser establecidas por la ASFI, mayores impuestos a la venta de moneda extranjera y mayor impuesto a las utilidades.
En relación a la propuesta de privilegiar el crédito a los sectores productivo y de vivienda social, el experto señaló que la obligación de dirigir montos crediticios crecientes hacia un sector productivo tan reducido, “generará inicialmente una lucha descarnada entre las instituciones financieras por arrebatarse clientes y más adelante las empujará a colocaciones de alto riesgo, poniendo en peligro los ahorros del público y la estabilidad del sistema en su conjunto”.
”Con este modelo, años atrás, se generó incluso corrupción al hacer figurar como productivos créditos que pertenecían a otras ramas de actividad”, recordó.
En cuanto al propósito gubernamental de desarrollar servicios financieros rurales en beneficio de campesinos e indígenas, el experto recordó que actualmente existen en el país once Instituciones Financieras de Desarrollo y cuatro entidades reguladas de microfinanzas con importante presencia rural, con tecnologías financieras adecuadas para los habitantes del campo y que en conjunto tienen una cartera de 737 millones dse dólares.
Asimismo, recordó que la población rural representa menos del 30% de la total y que en su gran mayoría está compuesta por ancianos y niños, pues la gente en edad productiva ha migrado mayoritariamente a las ciudades, que el 33% de las agencias del sistema financiero nacional son rurales (385) y que para abrir nuevas agencias rurales se requiere una masa crítica que no la tienen localidades de menos de 2.000 habitantes cuya PEA es indudablemente ínfima.
”Todo ello implica que la eventual obligación de abrir nuevas agencias rurales conlleva nuevos costos para las entidades financieras sin que puedan ellas garantizar más ingresos. Es decir, se está por introducir un nuevo factor de riesgo para el sistema financiero”, concluyó.
