Irán divide a Argentina
El pacto entre los dos países para investigar el atentado de 1994 en Buenos Aires enfrenta al Gobierno de Cristina Fernández con la comunidad judía y la oposición
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
Una de las cuestiones que más unidad genera en Argentina es el reclamo de las islas Malvinas. La otra es el afán de meter entre rejas a los autores del atentado con coche bomba que en 1994 mataron a 85 personas en la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Durante 19 años varios presidentes persiguieron ese objetivo. Pero los que más medios dedicaron fueron Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández. Fue bajo la Administración de Kirchner cuando se creó una fiscalía aún activa cuya única misión es investigar el atentado. Y fue ese fiscal, Alberto Nisman, el que apuntó hacia el Gobierno iraní como autor intelectual y a la organización Hizbulá como su brazo ejecutor. El trabajo de Nisman resultó vital para que la Interpol colocara en 2007 el código rojo -orden de búsqueda internacional- sobre cinco de los ocho sospechosos.
El problema es que entre esos cinco fugitivos se encuentra ni más ni menos que actual ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi. Los otros cuatro son el exministro de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari. Hasta ahora, Irán se había negado a que ninguno de ellos fuese sometido a ninguna pesquisa. Pero el pasado 27 de enero, el ministro de Exteriores argentinos, el judío Héctor Timerman, firmó con su par iraní en Etiopía un Memorándum de Entendimiento para investigar el atentado. Y ahí se fracturó la unidad que hasta el momento habían mostrado los argentinos respecto a la persecución de los sospechosos.
“En un país de 40 millones de habitantes, los judíos apenas llegaremos a 200.000”, explica el periodista Pepe Eliaschev. “La comunidad judía ha sido en su mayor parte un aliado natural del Gobierno kirchnerista, porque coincidía con su concepción de los derechos humanos. A partir de este acuerdo, ya nada será igual”.
El domingo 27 de enero la presidenta Fernández anunciaba en Twitter con cierta euforia los detalles del acuerdo y explicaba en 19 mensajes su dimensión histórica. El tratado prevé la creación de una Comisión de la Verdad formada por cinco juristas, dos propuestos por cada país y uno elegido de forma conjunta, que estudiarán las investigaciones emprendidas hasta ahora. Además, permite que las autoridades judiciales argentinas e iraníes interroguen a los cinco fugitivos buscados por Interpol.
Sin embargo, Fernández topó con el rechazo de casi todos los grupos parlamentarios y las principales asociaciones judías argentinas. Para ellos, la diferencia entre “interrogar” y someter a una “indagatoria” es esencial. La indagatoria, figura jurídica que no aparece mencionada en el memorándum, implicaría la posibilidad de arrestar al sospechoso. El interrogatorio podría equivaler a una mera entrevista, según los opositores.
El ministro de Exteriores argentino argumentó esta semana en el Parlamento que antes de firmar el acuerdo no se podía interrogar a nadie y ahora un juez argentino podrá hacerlo. “¿Pero de qué nos sirve que un juez vaya a Irán si no puede ordenar la prisión preventiva de nadie?”, se pregunta Julio Schloser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina (DAIA).
“Además, el acuerdo es muy vago, impreciso, no se fija ningún plazo para crear la Comisión”, explica Schloser. “Los expedientes del caso Amia ocupan 200.000 hojas. ¿Cuándo se van a leer eso los cinco juristas de la Comisión? ¿Cuánto van a tardar en traducirlo al farsi o al inglés?”
Otra de las razones que aducen los críticos con el acuerdo es que, una vez que el Parlamento iraní lo apruebe y se ratifique por los dos Estados, Interpol podría retirar la orden de búsqueda a los cinco sospechosos. “Interpol puede interpretar que ya se han cumplido los objetivos de las alertas rojas y que fruto de ellas, los dos Estados se han sentado a negociar”, explica el senador Ernesto Sanz, de la opositora Unión Cívica Radical.
Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque socialista en el Frente Amplio Progresista, señala que le extraña mucho “la urgencia”, con que el Gobierno planteó el tratado. “La lógica frente a un giro radical, un cambio de posición histórica de la Argentina en esta cuestión, hubiera sido facilitar un diálogo en la comisión de Exteriores del Parlamento. Pero sólo se remitió el acuerdo a una sesión extraordinaria del Parlamento para someterla a votación en un plazo perentorio”.
Zabalza, igual que otros portavoces de la oposición, creen que a partir de ahora Irán conseguirá aumentar su presencia económica en América latina. Pero la presidenta Fernández rechazó el viernes que hubiese ningún interés comercial o incluso de intercambio de material nuclear, tal como se llegó a publicar.
¿Por qué firmó el Gobierno el acuerdo? “Primero, porque soy una persona que le gusta hacer frente a los problemas”, explicó Fernández el viernes en el Congreso. Después añadió que solo pretende conocer “la verdad” de lo que pasó. Y cree que en el peor de los casos, todo quedaría tal como está ahora.
Sin embargo, varios opositores piensan que la razón oculta es el déficit energético de Argentina. El diputado opositor peronista Eduardo Amadeo señaló esta semana en el Parlamento: “Detrás de esto hay un modelo energético que se cae a pedazos, la necesidad desesperada de petróleo, la necesidad de dinero para capitalizar YPF. Ahora, ¿en qué mente cabe que la Argentina pueda cambiar derechos humanos por petróleo? Vamos a vender a las víctimas de la AMIA por un barril de petróleo”.
La oposición también acusa al Gobierno de alinearse de forma más evidente que nunca en el eje Cuba-Venezuela-Irán. Pero Fernández no pretende permitir que “nadie utilice la desgracia y la tragedia de los argentinos para fines de la geopolítica internacional”. Solo busca “la verdad”.
Francisco Peregil Buenos Aires, El País
Una de las cuestiones que más unidad genera en Argentina es el reclamo de las islas Malvinas. La otra es el afán de meter entre rejas a los autores del atentado con coche bomba que en 1994 mataron a 85 personas en la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Durante 19 años varios presidentes persiguieron ese objetivo. Pero los que más medios dedicaron fueron Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández. Fue bajo la Administración de Kirchner cuando se creó una fiscalía aún activa cuya única misión es investigar el atentado. Y fue ese fiscal, Alberto Nisman, el que apuntó hacia el Gobierno iraní como autor intelectual y a la organización Hizbulá como su brazo ejecutor. El trabajo de Nisman resultó vital para que la Interpol colocara en 2007 el código rojo -orden de búsqueda internacional- sobre cinco de los ocho sospechosos.
El problema es que entre esos cinco fugitivos se encuentra ni más ni menos que actual ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi. Los otros cuatro son el exministro de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari. Hasta ahora, Irán se había negado a que ninguno de ellos fuese sometido a ninguna pesquisa. Pero el pasado 27 de enero, el ministro de Exteriores argentinos, el judío Héctor Timerman, firmó con su par iraní en Etiopía un Memorándum de Entendimiento para investigar el atentado. Y ahí se fracturó la unidad que hasta el momento habían mostrado los argentinos respecto a la persecución de los sospechosos.
“En un país de 40 millones de habitantes, los judíos apenas llegaremos a 200.000”, explica el periodista Pepe Eliaschev. “La comunidad judía ha sido en su mayor parte un aliado natural del Gobierno kirchnerista, porque coincidía con su concepción de los derechos humanos. A partir de este acuerdo, ya nada será igual”.
El domingo 27 de enero la presidenta Fernández anunciaba en Twitter con cierta euforia los detalles del acuerdo y explicaba en 19 mensajes su dimensión histórica. El tratado prevé la creación de una Comisión de la Verdad formada por cinco juristas, dos propuestos por cada país y uno elegido de forma conjunta, que estudiarán las investigaciones emprendidas hasta ahora. Además, permite que las autoridades judiciales argentinas e iraníes interroguen a los cinco fugitivos buscados por Interpol.
Sin embargo, Fernández topó con el rechazo de casi todos los grupos parlamentarios y las principales asociaciones judías argentinas. Para ellos, la diferencia entre “interrogar” y someter a una “indagatoria” es esencial. La indagatoria, figura jurídica que no aparece mencionada en el memorándum, implicaría la posibilidad de arrestar al sospechoso. El interrogatorio podría equivaler a una mera entrevista, según los opositores.
El ministro de Exteriores argentino argumentó esta semana en el Parlamento que antes de firmar el acuerdo no se podía interrogar a nadie y ahora un juez argentino podrá hacerlo. “¿Pero de qué nos sirve que un juez vaya a Irán si no puede ordenar la prisión preventiva de nadie?”, se pregunta Julio Schloser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina (DAIA).
“Además, el acuerdo es muy vago, impreciso, no se fija ningún plazo para crear la Comisión”, explica Schloser. “Los expedientes del caso Amia ocupan 200.000 hojas. ¿Cuándo se van a leer eso los cinco juristas de la Comisión? ¿Cuánto van a tardar en traducirlo al farsi o al inglés?”
Otra de las razones que aducen los críticos con el acuerdo es que, una vez que el Parlamento iraní lo apruebe y se ratifique por los dos Estados, Interpol podría retirar la orden de búsqueda a los cinco sospechosos. “Interpol puede interpretar que ya se han cumplido los objetivos de las alertas rojas y que fruto de ellas, los dos Estados se han sentado a negociar”, explica el senador Ernesto Sanz, de la opositora Unión Cívica Radical.
Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque socialista en el Frente Amplio Progresista, señala que le extraña mucho “la urgencia”, con que el Gobierno planteó el tratado. “La lógica frente a un giro radical, un cambio de posición histórica de la Argentina en esta cuestión, hubiera sido facilitar un diálogo en la comisión de Exteriores del Parlamento. Pero sólo se remitió el acuerdo a una sesión extraordinaria del Parlamento para someterla a votación en un plazo perentorio”.
Zabalza, igual que otros portavoces de la oposición, creen que a partir de ahora Irán conseguirá aumentar su presencia económica en América latina. Pero la presidenta Fernández rechazó el viernes que hubiese ningún interés comercial o incluso de intercambio de material nuclear, tal como se llegó a publicar.
¿Por qué firmó el Gobierno el acuerdo? “Primero, porque soy una persona que le gusta hacer frente a los problemas”, explicó Fernández el viernes en el Congreso. Después añadió que solo pretende conocer “la verdad” de lo que pasó. Y cree que en el peor de los casos, todo quedaría tal como está ahora.
Sin embargo, varios opositores piensan que la razón oculta es el déficit energético de Argentina. El diputado opositor peronista Eduardo Amadeo señaló esta semana en el Parlamento: “Detrás de esto hay un modelo energético que se cae a pedazos, la necesidad desesperada de petróleo, la necesidad de dinero para capitalizar YPF. Ahora, ¿en qué mente cabe que la Argentina pueda cambiar derechos humanos por petróleo? Vamos a vender a las víctimas de la AMIA por un barril de petróleo”.
La oposición también acusa al Gobierno de alinearse de forma más evidente que nunca en el eje Cuba-Venezuela-Irán. Pero Fernández no pretende permitir que “nadie utilice la desgracia y la tragedia de los argentinos para fines de la geopolítica internacional”. Solo busca “la verdad”.
